lunes, 26 de marzo de 2012

La situación de los diaguitas llegó a la CIDH


LA INJUSTICIA QUE PADECEN PUEBLOS ORGINARIOS DE TUCUMAN ES ANALIZADA INTERNACIONALMENTE


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó en una audiencia especial la "Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina", enfocándose especialmente en lo sucedido en el Pueblo Mapuche de Neuquén, el Pueblo Diaguita de Tucumán y el Pueblo Qom de Formosa. En el caso de nuestra provincia, se menciona el asesinato de Javier Chocobar (12 de octubre de 2009) en un enfrentamiento para evitar el desalojo de la comunidad de sus tierras ancestrales.
24/03/2012 10:28 PM | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó en una audiencia especial la "Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina", enfocándose especialmente en lo sucedido en el Pueblo Mapuche de Neuquén, el Pueblo Diaguita de Tucumán y el Pueblo Qom de Formosa. En el caso de nuestra provincia, se menciona el asesinato de Javier Chocobar (12 de octubre de 2009) en un enfrentamiento para evitar el desalojo de la comunidad de sus tierras ancestrales.
"En nuestro país, los pueblos indígenas padecen consecuencias de injusticias históricas: la colonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo. En la práctica no existen normas ni políticas de Estado que garanticen los derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como tales", comienza el documento firmado por Cels, Andhes y Odhpi, fundamentando la petición de audiencia. Integrantes de los tres pueblos concurrieron a la entrevista, en Washington (Estados Unidos) realizada el viernes último.
Las organizaciones de derechos humanos de Argentina remarcaron el incumplimiento de la legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas y, afirman, que el "Estado argentino no solo incumple su obligación de hacer efectivos los derechos territoriales indígenas sino que, en múltiples casos, los reclamos que llevan adelante las comunidades han derivado en respuestas violentas del Estado que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de particulares o miembros de las fuerzas de seguridad".
En 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Argentina. El Comité expresó su preocupación por los hechos de violencia del que son víctimas las comunidades. El mismo año, el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado "adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitarias de los pueblos indígenas". En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas de Formosa y Neuquén. Instó a que se garantice la vida, la integridad física y las prácticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de las policías o particulares. Una medida de similares características en favor de 10 comunidades de Tucumán se tramita ante la CIDH.
En diciembre pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de la Patagonia y del Norte del país. Alertó respecto al avance de industrias extractivas, el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la violación de derechos humanos.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

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