lunes, 12 de marzo de 2012

“El funcionario responsable de la contaminación tiene nombre y apellido: Alfredo Montalván”.


"Falta una decisión en la Justicia para avanzar con las causas ambientales"

Falta una decision en la Justicia para avanzar con las causas ambientales
REFLEXIÓN. Juzgó que para acabar con la impunidad se necesita el apoyo del Estado y de la sociedad.

Publicado el 12/03/2012 - El fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gómez, recorre Europa brindando conferencias sobre la contaminación en la cuenca Salí-Dulce y la dificultad para avanzar con las causas ambientales. Desde Francia donde realizará en los próximos días una serie de actividades relacionadas con esta temática, Gómez habló en exclusiva con EL LIBERAL y dijo: “Hay una falta de decisión de la administración de Justicia de avanzar con las causas penales vinculadas a la contaminación de la cuenca”. 
Consultado acerca de la demora para llegar a juicio oral en estos casos, afirmó que “hay una tremenda impunidad en materia de delitos ambientales”. Al respecto, consideró que la “impunidad en nuestro país sólo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando detrás del magistrado hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como reclamo propio si no es imposible avanzar”, sostuvo.
En su caso, dijo que es un fiscal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales, como agrotóxicos, vinaza y residuos radiactivos y que si se destaca, es porque no hay muchos “fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales”.
En tanto, reiteró: “Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito (como los dueños de un sanatorio y el intendente de Concepción)”. En el caso específico de la cuenca Salí-Dulce, afirmó que el funcionario responsable de la contaminación tiene nombre y apellido: “Una vez más tengo que ratificar el pedido de declaración indagatoria del ingeniero Montalván (secretario de Ambiente tucumano) como responsable directo de la contaminación que se arroja por su falta de impulso en su responsabilidad para controlar la contaminación”. 
Luego, diferenció la actitud del gobernador Gerardo Zamora que se convirtió en querellante por la contaminación del embalse, mientras que su par tucumano, José Alperovich, no.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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