jueves, 29 de noviembre de 2007

SEMINARIO INTERNACIONAL


Reforma agraria y biocombustibles: tema de debate de especialistas en la CTA
Bajo la consiga “Reforma Agraria, Territorio, Soberanía Alimentaria y Biocombustibles” la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realizará hoy y mañana un seminario internacional para discutir sobre los diferentes problemas que enfrenta la población por la desigual distribución de las riquezas. De la convocatoria participarán especialistas y dirigentes de Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y de varias provincias.

A partir de las 9, arrancará hoy el seminario internacional organizado la Central de Trabajadores Argentino (CTA) cuya consigna será “Reforma Agraria, Territorio, Soberanía Alimentaria y Biocombustibles”. “El modelo agrario se expande a expensas de la anulación de la biodiversidad, y las cifras récord de la producción a gran escala esconden el deterioro social y la violencia hacia las comunidades locales. El latifundio territorial y genético destruye por igual agua, suelo, bosques y ecosistemas en general. Las generaciones actuales están pagando con su vida las consecuencias de este modelo”, manifestaron, a través de un comunicado, los organizadores de este evento.

Según se informó, disertarán especialistas de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Además, varias organizaciones sociales expondrán sobre los flagelos que viven en sus tierras tal el caso de la lucha emprendida por los trabajadores nucleados en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

Los organizadores de las áreas de Bienes Naturales, Modelos Productivo y Distribución de la Riqueza de la CTA, la Confederación General de la Educación de la República Argentina (Ctera) y el Programa Argentina Sustentable (PAS), indicaron que la población debe estar organizada para contemplar cómo se tiene que proveer lo que se necesita para garantizar desarrollo, asumiendo además soberanamente cuánto está dispuesto a exponer la calidad de su ambiente para garantizarlo. También indicaron que para hacer posible esto implica una puesta en el funcionamiento de un modelo de extracción, producción, transporte y distribución.

La dirigencia nacional de la central recalcó que en la actualidad se transita un camino de construcción colectiva de organizaciones con lucha y movilización, pero también con debate y con propuestas de los compañeros en su territorio. “Este proyecto requiere la capacidad de superar la idea del saber separado de la acción para gestar un nuevo modelo en relación a los bienes naturales. Este es uno de los ejes estratégicos para avanzar hacia la Constituyente Social que no es posible sin la participación de cada uno, sus organizaciones, sus luchas y sus sueños”, reflejaron en su escrito los dirigentes.

RECLAMO IGNORADO















El empresario Héctor Cruz administraría ilegalmente un hotel con la vista gorda del Estado.


http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=38711

Los Quilmes, en pie de lucha para recuperar su Ciudad Sagrada




Las ancestrales tierras de los Quilmes hoy están en manos de un empresario al que el Estado no quiere desalojar. Al fondo de la imagen se visualizan un hotel y el museo.







El valor de la Ciudad Sagrada
“La Ciudad Sagrada es el lugar de la última resistencia a la invasión española y fue el centro de la organización social y cultural de nuestra comunidad. Por lo tanto aquí se encuentran concentrados las personas, elementos y sabiduría ancestrales con que se rigieron. También representa los centros ceremoniales más importantes. Aquí descansan los restos de nuestros antepasados y queremos recuperarlos. La idea es administrar el lugar en conjunto con el Estado y la Universidad”, afirmó a primerafuente el cacique de Quilmes, Francisco Chaile.




La nota en imágenes
Iniciaron ayer un corte sobre la ruta 307 que impide el acceso a lo que se conoce como Ruinas de Quilmes. Intentan recuperar sus tierras y administrar el complejo turístico que allí funciona. Denuncian que hace 5 años que se venció el permiso de explotación a los actuales concesionarios. Pese a los constantes decretos del Gobierno que disponen la restitución de las tierras, hasta ahora, se hizo la vista gorda hacia las comunidades autóctonas. Petitorios en Fiscalía de Estado y el Ente Tucumán Turismo.

Desde la mañana de ayer, un centenar de integrantes de la Comunidad India Quilmes mantienen un corte sobre la ruta 307 (desvío de la ruta 40, sobre el kilómetro 999) para impedir el acceso a su Ciudad Sagrada (conocida como Ruinas de Quilmes). Reclaman la restitución inmediata de este territorio en cumplimiento con el decreto Nº 2731. A partir del mismo, el 20 de julio pasado Poder Ejecutivo instruyó al Ente Tucumán Turismo para que proceda a la recuperación del predio (fue la tercera vez que lo hizo) pero, hasta hora, los años de reclamo no fueron atendidos por el Estado. En el lugar, funciona un complejo denominado “Ruinas de Quilmes” donde, junto a la réplica de construcciones indígenas, funciona un museo y un hotel perteneciente a la Provincia. En marzo de 1992, el entonces gobernador Ramón Ortega, concedió al empresario Héctor Cruz la concesión del predio por 10 años con un ínfimo canon de sólo 110 pesos, según denunciaron integrantes de la Comunidad India Quilmes (CIQ) compuesta de 600 familias y habitantes del lugar desde hace más de 11 mil años. Una vez finalizado el permiso, el 23 de diciembre de 2002, el Estado dispuso mediante el decreto Nº 2723 finalizar el contrato de concesión dada la caducidad del plazo acordado y el poco apego de Cruz por cumplir con los pagos correspondientes de la irrisoria suma. Así, a través de la Secretaría de Turismo se dictó una resolución para hacer efectiva la restitución del mencionado complejo turístico. El intento de desalojo de Cruz por entonces fue realizado con el auxilio de la Policía de Tucumán y con la intervención del Juez de Paz de Colalao del Valle. Sin embargo, y a pesar de dos intentos formales de recuperación de ese lugar Cruz siguió ocupando y explotando el predio de forma manifiestamente ilegítima e ilegal, según sostiene un relato cronológico realizado por los habitantes originarios al que tuvo acceso primerafuente. Posteriormente, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán ordenó al Gobierno que resolviera el pedido de desalojo y recuperación efectuado por la CIQ. De esa manera y con fecha 10 de abril de 2006, el PE dictó el decreto Nº 935 que autorizó a Fiscalía de Estado a iniciar las correspondientes acciones judiciales de desalojo lo que tampoco se concretó. Recién el pasado 20 de julio, y ante nuevas presentaciones de la CIQ, Fiscalía de Estado ordenó al Ente Tucumán Turismo (ETT) que efectivice finalmente el desalojo de Cruz. Justamente, mientras se realizaba la protesta, dos delegados de la comunidad Sergio Condolí (Quilmes Bajo) y Delfín Gerónimo (El Paso) se acercaron ayer hasta la sede del Ente Tucumán Turismo y hasta Fiscalía de Estado, para presentar un petitorio asentando sus reclamos. Gerónimo confirmó a primerafuente que hoy, en horas del mediodía, serán recibidos por autoridades del ETT.

viernes, 23 de noviembre de 2007

VÍA LIBRE A LA LEY DE BOSQUES

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=38591

Ambientalistas piden a la Nación un monitoreo para determinar qué queda de los bosques nativos
Vecinos denunciaron desde hace tiempo es constante el avance de la tala indiscriminada en el pedemonte de la localidad de Monte Bello.
El Senado de la Nación sancionó el miércoles con modificaciones la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El proyecto suspende por un año el desmonte, para que cada jurisdicción defina en ese plazo el concepto de bosque nativo dentro de su territorio. “Después de ese plazo, todo desmonte requerirá una autorización de las autoridades jurisdiccionales, que será otorgada luego de un estudio de impacto ambiental”, explicó a primerafuente Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Habrá tres categorías de bosques nativos: rojos (muy alto valor de conservación), amarillos (mediano valor) y verdes (admiten transformación parcial o total).

Tras la sanción con modificaciones de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos del miércoles, por parte del Senado de la Nación, desde la organización internacional ambientalista Greenpeace pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación un exhaustivo monitoreo a fin de determinar qué cantidad de bosques nativos quedan en el país.

Para esto, será esencial, según afirmaron, que la Nación tome los recaudos necesarios a fin de que la iniciativa, una vez vigente, se cumpla efectivamente. Este es uno de los principales temores reconocidos desde los sectores que bregaron por la instauración del proyecto como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), la Asociación Forestal Argentina (AFOA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre, entre otros.

En diálogo con primerafuente, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, reconoció que el Senado, si bien hubo alteraciones al despacho de Diputados, “no modificó el espíritu de la iniciativa que se impulsaba”.

El proyecto suspende por un año el desmonte, para que cada jurisdicción defina en ese plazo el concepto de bosque nativo dentro de su territorio. “Después de ese plazo, todo desmonte requerirá una autorización de las autoridades jurisdiccionales, que será otorgada luego de un estudio de impacto ambiental”, agregó Giardini a primerafuente.

Otra modificación realizada, avalada por Greenpeace, fue la de exceptuar de la prohibición de talar árboles durante un año a los pequeños productores con hasta diez hectáreas de bosques y a las comunidades indígenas.

El proyecto crea un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los bosques Nativos, con recursos del Presupuesto Nacional en una proporción no inferior al 0,3 por ciento más lo obtenido mediante la recaudación del 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones de origen agrícolo-ganadero.

Se estima que estos recursos podrían reunir unos 1.000 millones de pesos anuales y el proyecto propone distribuir un 70 por ciento entre los productores privados y un 30 por ciento entre los estados provinciales que hayan sancionado su ordenamiento de bosques nativos.

Durante la veda, las autoridades de cada jurisdicción deberán realizar un ordenamiento de sus bosques de acuerdo con los criterios de sustentabilidad establecidos en un anexo del proyecto sancionado. El proyecto establece tres categorías de bosques nativos diferencias por colores en el mapa, donde la franja roja comprende los de muy alto valor de conservación, que no podrán ser talados. En el sector amarillo están los de mediano valor de conservación, que tampoco podrán ser sometidos a tala, y en el verde se ubican los bosques que admiten transformación parcial o total, aunque dentro de los criterios que establece la norma.

El respaldo obtenido por el proyecto flexibilizado en el Senado obliga ahora a la Cámara de Diputados a obtener igual proporción para insistir con su sanción original.

Denuncian tala indiscriminada en el sur de la provincia
Vecinos del sur de la provincia denunciaron que desde hace tiempo es constante el avance de la tala indiscriminada en el pedemonte de la localidad de Monte Bello (14 kilómetros al oeste de Aguilares, Departamento Río Chico) causado por empresarios limoneros y azucareros. Según el ex delegado comunal de ese lugar, Pedro Ismael, se trata de desmontes que se habrían extendido por más de 200 hectáreas en las zonas de Cañada Monte Bello y Santa Ana. “El desmonte en ese lugar no tan sólo es ilegal sino que representa un grave peligro en caso de lluvias. Nadie controla como se debe y se hace la vista gorda”, denunció. Por su parte, el integrante de la agrupación ambiental Unión de Vecinos del Sur (Univec), Gustavo Masmud, advirtió que hechos similares suceden constantemente en bosques nativos de La Cocha y Alberdi.

En tres meses se otorgaron permisos para desmontar mil hectáreas en Tucumán

A partir de una modificación a la ley provincial Nº 7.731, declara la emergencia de las masas boscosas naturales nativas por el término de dos años en terrenos públicos y privados en toda la provincia, desde hace aproximadamente tres meses la Dirección de Flora, Fauna y Suelos de Tucumán volvió a otorgar permisos de desmontes. Consultado por primerafuente, el titular de la repartición, Juan Manuel Imbert, aclaró que todos los permisos se otorgaron previo estudio de impacto ambiental aprobado y otorgado por la Dirección de Medio Ambiente. Según el funcionario, pese a la gran cantidad de pedidos de desmonte realizados por productores (en su mayoría sojeros, agroganaderos, plantaciones mixtas) hasta ahora, en los últimos 90 días de entregaron permisos de intervención sobre, aproximadamente, mil hectáreas. “Esto no representa una cantidad importante en cuanto a superficie. Además, la mayoría de los desmontes se realizarán en zonas de llanura, aptas para ganadería. Muy pocas fueron las autorizaciones para zonas pedemontanas”, afirmó Imbert. En cuanto a detecciones de tala indiscriminada e ilegal en diferentes puntos de la provincia, aclaró que estas disminuyeron sensiblemente en comparación con años anteriores debido a que –según afirmó- “la gente prefiere trabajar en la legalidad y evitar cualquier tipo de sanciones por realizar trabajos sin permisos”.


martes, 20 de noviembre de 2007

AHORA ME QUEDO MAS TRANQUILO: VIERON QUE LOS AMBIENTALISTAS SON UNOS MENTIROSOS

BASURAL MODELO
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Avedeprensa.com

Cumpliendo órdenes del juez federal Mario Agustín Racedo, personal del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional allanó las instalaciones de la planta de procesamiento de residuos de Pacará Pintado. Provisto -se supone- de medios tecnológicos suficientemente idóneos y del concurso de especialistas, se dedicó durante más de ocho horas a constatar en qué medida la empresa La Banda SRL cumple con las exigencias normadas por las leyes 25.612 y 24.051, que se refieren a las características que deben tener este tipo de plantas.

El resultado de tan exhaustivo examen resultó altamente satisfactorio, por lo menos para quienes le otorgan credibilidad. Los miembros de la Gendarmería Nacional dicen haber constatado -y así lo consignaron en la correspondiente acta- que "el basural no tiene comunicación superficial o subterránea con cursos de agua", lo que debe llevar al sosiego a distintas organizaciones ambientalistas que vienen expresando su preocupación por la posible contaminación del muy cercano Río Salí.

También asegura que "tiene construcciones perimetrales aptas para evitar todo tipo de contaminación y/o derrames y/o contactos de los residuos líquidos o sólidos con cursos de agua que derivaren en otro u otros que tuvieren proyección interjurisdiccional". Asegura más: "...las tales construcciones y/o edificaciones son aptas para evitar la contaminación y/o derrame de los residuos con cursos de agua en época de lluvia", circunstancia aparentemente probada aunque el día en que se practicó el allanamiento -2 de noviembre- no fue lluvioso.

Finalmente refiere "que en el lugar hay una planta de tratamiento de residuos que no arroja líquidos lixiviados en los alrededores ni en el interior de la planta, debido a que estos líquidos forman parte del procesamiento de los residuos sólidos urbanos".

En consecuencia, pueden estar tranquilos los ambientalistas y el propio juez federal actuante: los tucumanos cuentan con una planta de tratamiento de RSU que puede suscitar la envidia de los países más avanzados en dicha materia, cuyos representantes deberían visitar Pacará Pintado para imitar su ejemplo. Hasta es posible que el modélico basural termine convirtiéndose en un importante polo de atracción turística, si se lo promociona debidamente.

Corresponde señalar que en esta ocasión la Justicia Federal parece haber actuado con una notable diligencia, en oposición a lo sucedido en otros casos de similar naturaleza. Debe recordarse que el pasado día 6 del corriente mes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó al ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, a un año de prisión condicional por encontrarlo responsable -sólo a él- del delito de contaminación ambiental con residuos patógenos. Pero para llegar a tal decisión pasaron nada menos que siete años.

Es de celebrarse, entonces, que el juez federal subrogante Mario Agustín Racedo haya logrado en un plazo tan breve constatar que la empresa del señor Mario Criado cumple escrupulosamente con las leyes ambientales, para tranquilidad de los ciudadanos que en muchos casos fueron atemorizados con antojadizas versiones sobre la incidencia en la salud pública que podía estar provocando el célebre basural.



- Fecha de publicación: 15/11/2007- 22:15:03
- Publicado por: Ave de Prensa

CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA SALÍ-DULCE

Esperan los resultados de las muestras de agua de 4 ingenios
El ingenio La Corona fue uno de los más cuestionados por los vecinos del sur durante este año.
Tal como ocurrió con 11 ingenios azucareros, la Justicia Federal espera ahora el resultado de las muestras de agua de las cuatro fábricas restantes (son 15 en total). Se trata de la causa que agrupa a los ingenios Concepción, Marapa, Leales y La Corona, que está en manos del juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas. Personal de Gendarmería allanó las industrias y extrajo muestras de líquidos de sus efluentes. En el primer grupo de industrias, ya se comprobó que exceden los valores permitidos de contaminación.

Mientras se termina otra zafra azucarera, todavía no hay grandes avances en las causas en las que se investiga a los ingenios por contaminación en la Justicia Federal. El juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, aún espera los resultados de las muestras de agua que se extrajeron de los efluentes de cuatro fábricas que, según se sospecha, contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce. Las muestras fueron tomadas en el marco de allanamientos que concretó personal de Gendarmería Nacional.

Se trata de los ingenios Concepción, Marapa, Leales y La Corona, que están en manos de Bejas, luego de que su par, el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, se excusó de actuar en estos casos debido a actuaciones profesionales que mantuvo con sus propietarios con anterioridad a su cargo como magistrado. Bejas siguió los mismos pasos de Racedo (tiene en sus manos los 11 ingenios restantes) y ordenó el allanamiento de las fábricas para que se extrajeran líquidos de sus efluentes que ahora son sometidos a los análisis referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).

En el caso de los ingenios de Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa, Racedo ya tiene en sus manos el informe del Jefe de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, Alfredo José Poggio, quien confirmó que, en general, las industrias exceden los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. En términos más precisos del escrito, señaló que superan los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.

A partir de este dato revelador (y que confirmó lo que todos sospechaban), Racedo pidió informes al responsable de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, respecto a los programas ambientales y a los estudios de impacto ambiental a los que están sometidos los ingenios azucareros. Después de este paso, no se sabe si se avanzará en la etapa del llamado a indagatorias como presuntos responsables por la violación a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Cabe recordar que la causa fue iniciada por el gobierno de Santiago del Estero por el desastre ambiental que se produce en la Cuenca Salí-Dulce.

Una cuestión pendiente para ambos Juzgados es la medición de la contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, las explicaciones oficiales indican que todavía no cuentan con los elementos necesarios para medir el daño que se produce en el aire, mientras los vecinos del sur pasaron otro año tapados por la lluvia negra causada por las cenizas.

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=38484

“Vamos a exigir que lleven al banquillo de los acusados a los industriales que contaminan”
Los vecinos llevaron en varias oportunidades las cenizas a las puertas del ingenio La Corona.

“Así como procesaron y condenaron al ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, vamos a exigir que lleven al banquillo de los acusados a los dueños de los ingenios que contaminan”, sostuvo Gustavo Masmud, en representación de la agrupación Unión Vecinos del Sur (Univec). El dirigente dijo que si bien los habitantes del sur tienen expectativas con respecto a las causas que se tramitan en la Justicia Federal, hay ciertas sospechas de que no se avanzaría en los procesamientos a los industriales responsables del daño ambiental que generan las fábricas azucareras.

“El hecho de que el juez federal Mario Racedo le pidiera informes a Alfredo Montalván (secretario de Medio Ambiente) sobre los planes a los que están adheridos los ingenios para reducir la contaminación, nos hace sospechar de que no se avanzaría en los procesamientos”, disparó Masmud al dejar sentado que los vecinos del sur continúan con el plan de lucha. Y volviendo al caso Muedra (fue sentenciado el 6 de noviembre pasado a un año de prisión condicional y a un período igual de inhabilitación para ejercer cargos públicos), el dirigente anheló que la ley se aplique a todos por igual y que la condena a Muedra no sea un “chivo expiatorio”.

Para el dirigente vecinal, el 2008 será un año de fuego tanto para el Gobierno como para los vecinos, ya que las industrias tendrán que cumplir con todas las inversiones prometidas ante la Nación en el marco del Plan de Reconversión Industrial (PRI).



miércoles, 14 de noviembre de 2007

HISTÓRICO JUICIO AL EX INTENDENTE

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=38372
Para la Justicia, Muedra descuidó el basural contaminante pero no quiso atentar contra el medio ambiente
El presidente del Tribunal, Gabriel Casas (izquierda), expuso ayer la fundamentación del fallo que condenó a Muedra.

El sustento legal del fallo contra Muedra
Capitulo 9 (Régimen Penal de la Ley 24.051)ARTICULO 55. - Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión. ARTICULO 56 - Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un mes a dos años. Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contamina.

De esta forma, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal justificó por qué entendió que el ex intendente de Concepción fue culpado de actuar con negligencia y no con dolo en cuanto al tratamiento de los residuos patógenos en su municipio. Los magistrados concluyeron, sin embargo, que el vaciadero sí contaminó al suelo y al río Gastona.

Los residuos patógenos que la Municipalidad arrojaba a cielo abierto en el basural de Concepción contaminaron el suelo y al río Gastona. Además, su nulo tratamiento pudo haber generado una peligrosa emanación de alimañas e insectos transmisores de patologías. Esto fue lo que consideró el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán a la hora de condenar al ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, a un año de prisión con ejecución condicional y a igual periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto se desprende de los fundamentos del fallo que ayer fueron expuestos por el presidente del Tribunal, Gabriel Eduardo Casas, sin la presencia del condenado ni de ninguna de las partes contendientes: el defensor público oficial, Ciro Vicente Lo Pinto, y el fiscal general subrogante Alberto Federico García Biagosch. En su alocución, Casas argumentó por qué, pese a los hechos descriptos, Muedra incurrió en una conducta negligente y no dolosa, lo que habría agravado sensiblemente su pena. Para el Tribunal, hubo una omisión en el control de una fuente de peligro (el basural) que produjo el resultado de la contaminación del ambiente. “Se representó el peligro de la contaminación pero no quiso el resultado, con lo que incurrió en una conducta negligente en la que quiso la conducta descuidada (sic) pero no el hecho resultante”, expresa el fallo. Por esta razón, se entendió que la conducta del ex jefe municipal sureño se encuadra en el supuesto típico del artículo 56º de la ley nacional de residuos peligrosos 24.051 (ver recuadro aparte) “por haber contaminado al medio ambiente en general de modo peligroso para la salud, por negligencia”, agregó Casas, quien sólo estuvo acompañado por el juez de Cámara, Carlos Enrique Jiménez Montilla. Tras un juicio iniciado y terminado el 6 de noviembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a Muedra (intendente de Concepción entre 1999 y 2003) por la supuesta violación de la ley federal de residuos peligrosos Nº 24.051. La defensa había pedido la absolución del político de origen radical. La causa se inició tras una denuncia efectuada por la Policía Ecológica, el 22 de abril de 2000, cuando efectivos de esta dependencia, detectaron en un vaciadero a cielo abierto (situado al final de calle Juramento, sobre la margen derecha del río Gastona, afluente del Salí.) todo tipo de residuos provenientes de la recolección diaria de la basura de esa ciudad. Este era el lugar donde los camiones del municipio local debían arrojar los desechos aparentemente por disposición de la Intendencia. Todo esto fue corroborado y ampliado por cada uno de los testigos que declararon en el histórico juicio ambiental. Entre ellos, se resaltaron los aspectos más importantes de las declaraciones vertidas ante el Tribunal por parte de los ex directores de Medio Ambiente provincial Juan González y Patricia Jalil, por directivos del Hospital Regional de Concepción y por efectivos de la Policía Ecológica y Federal que participaron de operativos en el basural, entre otros.











El ex intendente deberá aprender Gestión Ambiental y trabajar en el hospital de Concepción

Mas allá del año de prisión con ejecución condicional y la inhabilitación por igual tiempo para ejercer cargos públicos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán también dispuso que el jefe municipal de Concepción entre 1999 y 2003, Octavio Muedra, realice tareas de capacitación y de bien comunitario.

En la lectura de los argumentos de la condena, el presidente del cuerpo magistrado, Gabriel Eduardo Casas, agregó que el condenado deberá realizar una serie de “reglas de conductas” impuestas. Así, Muedra deberá asistir como oyente a los cursos que restan y hasta la finalización de la Maestría Interdisciplinaria de Gestión Ambiental de la Faculta de Ciencias Naturales de la UNT. También estará obligado a realizar trabajos no remunerados en el hospital de Concepción consistentes en tareas administrativas en la gestión de residuos patológicos, un día por mes, de 16 a 20, durante dos años. El ex intendente, además, deberá fijar residencia y se someterá al cuidado del patronato correspondiente al lugar donde fije la misma. Todas estas disposiciones se cumplirán bajo el control del Juez de Ejecución Penal del Tribunal.

lunes, 12 de noviembre de 2007

Relanzan un plan para el tratamiento de los efluentes contaminantes de Tafí Viejo

AMBICIOSO PROYECTO

Representantes de diversos sectores de comprometieron a trabajar para la concresión de la iniciativa.
La nota en imágenes
El objetivo es construir una planta de procesamiento de los desechos cloacales y de citrícolas de Tafí Viejo y Las Talitas. Mediante un sistema de lagunas de tratamiento se buscará reducir la carga contaminante de los desechos para transfórmala en material de riego. Se trata de un proyecto presentado hace ocho años que nunca fue puesto en marcha.

“Todo esto forma parte de un compromiso que asumí con los vecinos de Tafí Viejo para mejorar las condiciones ambientales existentes. Con esta reunión se buscó hacer conocer a todas las partes vinculadas las características del proyecto original. Luego, se debatirá su actualización y alcances de su regionalización”, destacó Alfredo Montalván, secretario provincial del área, minutos antes de partir a El Mollar para supervisar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la planta del lugar.El sector norte de la cuenca Salí-Dulce aporta una importante cantidad de contaminación a la conjunción de ríos interprovincial. Por este motivo, y tras ocho años de su presentación original, el viernes, en la Secretaría de Medio Ambiente provincial, volvió a rediscutirse la viabilidad de un ambicioso plan: construir una planta de tratamiento de efluentes industriales y urbanos de todo el área norte de la cuenca, abarcando, especialmente, el departamento de Tafí Viejo. Con la participación de funcionarios provinciales del área, representantes de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), vecinos y autoridades de la Municipalidad de Tafí Viejo y la ONG ambientalista Pro-Eco, el encuentro se basó en presentar a los diversos sectores el proyecto elaborado para el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por parte del ingeniero especialista Juan Yapur. El anteproyecto se basa en la construcción de un sistema de colectores principales con dos tramos diferenciados. Uno abarcaría los efluentes de las citrícolas Citromax, Cota más los desechos urbanos de Tafí Viejo y Las Talitas. El otro colector tomaría los desechos de las citrícolas Trapani y Litoral Citrus. Ambos desembocarían en una planta de tratamiento de desagües. Consultado por primerafuente, Yapur explicó que esta planta tendría como función, mediante un proceso biológico, disminuir la carga contaminante de los efluentes que hoy van a parar a los cursos de agua naturales, mediante una reducción de su demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Una vez tratado, el líquido podría ser usado para riego. Si bien desde un principio el secretario de Medio Ambiente impulsó la regionalización del proyecto, en la reunión surgieron una serie de interrogantes de cara a la concreción de las obras. Uno de los principales puntos a resolver es si la iniciativa abarcará el faraónico proyecto Lomas de Tafí (implicará una población aproximada de 18 mil habitantes) y si fábricas de otros rubros, más allá de las citrícolas, arrojarán sus efluentes a las colectoras. También se analizó la proyección de las obras teniendo en cuenta tanto el crecimiento demográfico de la población como la modificación de la capacidad productiva de las empresas (o bien de nuevas empresas que podrían instalarse en la zona) para los próximos 20 años. El lugar pensado para el emplazamiento de la planta de tratamientos será un predio de unas 120 hectáreas situada al este del río Salí, en las inmediaciones del canal El Bajo. Se buscará un terreno ubicado a por lo menos 1.500 metros de zonas urbanizadas y teniendo en cuanta la influencia de los vientos en cuanto al traslado de los olores nauseabundos derivados del tratamiento de los desechos. El proyecto contempla, además, un programa de restauración ecológica a fin de recuperar las condiciones ambientales del tramo entre El Cadillal y San Miguel de Tucumán, sector norte de la Cuenca Salí-Dulce. En este tramo las principales fuentes de contaminación son los desperdicios sólidos y líquidos provenientes de cinco industrias citrícolas y los desechos cloacales. El daño a la cuenca se potencia por las canteras de extracción de áridos, los basurales a cielo abierto y la destrucción del bosque ribereño a nivel del cauce.
http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=38303

viernes, 9 de noviembre de 2007

Ahora, Gendarmería allana y toma muestras en citrícolas y frigoríficos


05/11/2007 | Nuevos avances en la causa iniciada por el Gobierno santiagueño en la Justicia Federal de Tucumán

Los resultados de las muestras extraídas por Gendarmería en 11 ingenios constatarían que se arroja efluentes que exceden lo permitido.

La causa iniciada por el Gobierno santiagueño por la contaminación a la cuenca Salí-Dulce está teniendo nuevos avances, ya que según publicó el diario tucumano primerafuente, después de que los análisis de las muestras líquidas develaron que 11 ingenios contaminan la cuenca, el juez federal subrogante 2 de Tucumán, Mario Racedo, ordenó allanamientos en citrícolas, frigoríficos y mataderos.
Tal como se tomaron las anteriores pruebas, ahora también las acciones son concretadas por personal de Gendarmería Nacional, que procede a la extracción de líquidos de los efluentes de las fábricas.
El medio tucumano remarca que los análisis de las muestras de agua confirmaron que once ingenios tucumanos exceden los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la Provincia, tal como lo anticipó Nuevo Diario en los primeros días de octubre.
De esta forma, los informes ya están en poder del juez Racedo, y ahora dispuso que personal de la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional realice una serie de allanamientos en citrícolas, mataderos y frigoríficos, para continuar con la causa en la que se investiga si los empresarios violaron la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Según se dio a conocer, en base a actuaciones preventivas de Gendarmería, que develan indicios de contaminación, el magistrado ordenó los allanamientos en las fábricas donde, al igual que los ingenios, se toman muestras de agua para realizar los análisis referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), según indica el diario primerafuente.
“En el caso de los 11 ingenios (los cuatro restantes están en manos del juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas), con la firma del jefe de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, Alfredo José Poggio, se reveló que los grados de contaminación de las fábricas superaron los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud”, agrega el diario tucumano.
En su oportunidad, fuentes confiables aseguraron a Nuevo Diario que las muestras extraídas superan los estándares permitidos por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, ya que consideraron que “son niveles muy altos”, sin embargo no quisieron dar más detalles de los informes presentados a la Justicia tucumana por cuestiones legales.
Esta problemática de la contaminación es de larga data, y si bien recién estos últimos tiempos se están llevando a cabo importantes pasos para buscar una solución definitiva, todavía parece ser que las medidas no alcanzan.
A pesar de que quince ingenios, siete citrícolas y ocho faenadoras de Tucumán ingresaron al Plan de Reconversión Industrial (PRI), un programa impulsado por el Gobierno nacional, desde las distintas instituciones sociales y ONG‘s tanto de Tucumán como de Santiago del Estero reclaman medidas más directas.
Por lo pronto, mientras se firman acuerdos de compromiso de evitar contaminar las aguas del Salí y el Dulce, la causa judicial iniciada por el Gobierno santiagueño continúa y se espera la resolución de la Justicia Federal.
http://nuevodiarioweb.com.ar/VerNota.aspx?id=76651

IMPACTO A LA CUENCA SALÍ-DULCE


Presentan un proyecto para disminuir la contaminación de las citrícolas
Los efluentes de las citrícolas taficeñas contaminan la cuenca Salí-Dulce.
Desde el Consejo Federal de Inversiones de presentará un plan para el saneamiento del sector superior de la cuenca Salí-Dulce. Se prevé tratar en plantas especiales los desechos cloacales e industriales de las citrícolas taficeñas. El encuentro se realizará en la Secretaría de Medio Ambiente, desde las 9. Participarán referentes de la SAT, citrícolas y ONG ambientalistas.

El impacto ambiental que causan las empresas citrícolas y desechos cloacales de Tafí Viejo a cursos de agua naturales de la provincia será el motivo por el que referentes de diversos sectores públicos y sociales se reunirán hoy, desde las 9, en la Secretaría de Medio Ambiente (Haití 197). Para esto, el representante del Consejo Federal de Inversiones, Jorge Yapur, presentará un anteproyecto de saneamiento ambiental que permitiría conducir y tratar los efluentes industriales y cloacales para ser aprovechados en la agricultura y forestación. La iniciativa prevé un sistema de colectores principales para el que se habilitarán dos tramos diferenciados: el primero conducirá los efluentes de las empresas citrícolas Citromax y Cota, y de las poblaciones de Tafí Viejo y Las Talitas, a una planta de tratamiento de desagües urbanos e industriales. En tanto, un segundo colector se destinará para el tratamiento de los desagües de las firmas Trapani y Litoral Citrus. El proyecto contempla, además, un programa de restauración ecológica a fin de recuperar las condiciones ambientales del tramo entre El Cadillal y San Miguel de Tucumán, sector norte de la Cuenca Salí-Dulce. En este tramo las principales fuentes de contaminación son los desperdicios sólidos y líquidos provenientes de cinco industrias citrícolas y los desechos cloacales. El daño a la cuenca se potencia por las canteras de extracción de áridos, los basurales a cielo abierto y la destrucción del bosque ribereño a nivel del cauce. De la reunión también participarán el secretario de Medio Ambiente provincial, Alfredo Montalván, representantes de las empresas citrícolas de Tafí Viejo, funcionarios de ese municipio, integrantes de la agrupación ambiental local Pro-Eco y profesionales de la SAT.
http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=38269

martes, 6 de noviembre de 2007

LA HORA DE LA VERDAD

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=38197
Comienza hoy el juicio contra un ex intendente por atentar contra el medio ambiente
A Muedra se lo culpa por el daño ambiental que causó un basural municipal durante su gestión como intendente. (Foto Municipalidad de Concepción).
A partir de las 9.30, y durante toda la jornada, se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal el primer juicio contra un intendente tucumano por daño al medio ambiente. Al ex jefe municipal de Concepción (1999-2003) Octavio Muedra se lo responsabiliza de la existencia de un basural donde se arrojaron, sin tratamiento, residuos domiciliarios y patógenos que contaminaron la tierra, napas freáticas y hasta un río afluente de la cuenca interprovincial Salí-Dulce.

Cuando hoy se siente en el banquillo de los acusados, Octavio Muedra entrará en la historia al ser el primer intendente que irá a juicio por violar leyes que protegen al medio ambiente. Tal como lo adelantó en forma exclusiva primerafuente, el ex jefe municipal de Concepción entre 1999 y 2003, será juzgado por su presunta responsabilidad en la violación de la ley Nº 24.051 sobre desechos peligrosos, como consecuencia del ilegal manejo de residuos patógenos y sólidos urbanos en el basural dependiente del municipio. Del juicio, que comenzará a las 9.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, se desprenderá si Muedra es culpable de la comisión del ilícito previsto y penado por el artículo 55, primer párrafo, de la mencionada norma federal. Esta sostiene que será reprimido -con las mismas sanciones establecidas en el artículo 200° del Código Penal- “el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo el agua la atmósfera o el ambiente en general”. El tribunal a cargo del juicio estará integrado por Gabriel Eduardo Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli. En tanto, Alberto Federico García Biagosch se desempeñará como fiscal general del Tribunal Oral en reemplazo de Miguel Terraf, ausente por razones de salud. García Biagosch es integrante de la lista de fiscales ad hoc de Tribunales Federales. Muedra, ex candidato a concejal en las recientes elecciones provinciales por el Partido de los Trabajadores (acoplado al alperovichismo) podría ser condenado de tres a diez años de reclusión o prisión, según lo dispuesto por el capítulo IV del Código Penal sobre delitos contra la salud pública (ver apartado). A partir de una denuncia efectuada por la Policía Ecológica, el 22 de abril de 2000, efectivos de esta dependencia, al mando del oficial Marcelo Antonio Godoy y el sargento Roberto Reynaga, detectaron en el vaciadero municipal a cielo abierto (situado al final de calle Juramento, sobre la margen derecha del río Gastona) todo tipo de de residuos provenientes de la recolección diaria de la basura de esa ciudad. Junto a estos desperdicios, los agentes comprobaron que en el lugar se arrojaban toda clase de residuos patológicos (jeringas, gasas con sangre, guantes de látex, sondas, saches de suero, etc), afectando el suelo, el aire y el agua de la zona, según concluyó el fiscal federal a cargo de la causa Emilio Ferrer (Nº 1). Según la investigación, se comprobó que los desechos peligrosos provenientes de centros sanitarios de la ciudad se arrojaban, sin tratamiento alguno, junto a los residuos domiciliarios y que, dada la proximidad del río, se contaminó el agua de su curso con las consecuencias que esto implica. El basural tampoco contaba con cercas circundantes ni letreros que prohíban el ingreso público. Es más, los agentes de la Policía Ecológica encontraron tres familias viviendo en el predio que se abastecían con agua contaminada extraída mediante una bomba aspirante impelente. Incluso, se realizó en el vaciadero una perforación a 9,30 metros de profundidad a través de la cual se confirmó que la napa freática se encontraba contaminada con excretas desagües. En su defensa, Muedra sostuvo que los residuos patógenos eran responsabilidad de los centros sanitarios que los generaban y que estos los depositaban indebidamente en contenedores del Municipio destinados a desechos domiciliarios. Por su parte, el director del Hospital de Concepción, Julio César Nacul, en declaración indagatoria, aseguró que el incinerador del establecimiento se encontraba descompuesto desde hace varios años y negó que se hayan mezclado desechos peligrosos con residuos comunes. Junto a las mencionadas pruebas, el propio Muedra reconoció ante la Justicia la existencia del basurero y admitió que los desechos se arrojaban a cielo abierto sin tratamiento más que un tapado periódico con tierra. Incluso, un grupo de empleados municipales aseguró que en el vaciadero en cuestión se depositaban desechos domiciliarios y patológicos provenientes del hospital local y sanatorios privados, por orden de la Municipalidad de Concepción. Así, el 10 de marzo de 2003, el juez federal Nº 2 Felipe Terán (destituido en octubre del año pasado y reemplazado por el juez Mario Racedo) ordenó el procesamiento del ex intendente de origen radical y, posteriormente, elevó la causa a juicio tras un requerimiento de Ferrer realizado el 26 se setiembre de 2005. Previamente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán había confirmado el procesamiento sin prisión preventiva de Muedra. En tanto, la Justicia también se dispuso el sobreseimiento parcial y definitivo de Nacul.

Durante la jornada de hoy declararán 25 testigos en el caso contra Muedra
El juicio contra el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, que comenzará hoy en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (Chacabuco 125) tendrá una extensa lista de 25 testigos que deberán declarar en dos turnos, todos durante la jornada de hoy. A partir de las 9.30, se citó a la jefa del Laboratorio de Agua Potable del Departamento de Saneamiento Básico del Siprosa, Graciela Ojeda; a los integrantes de la Policía Ecológica provincial José Tejeda, Marcelo Godoy, Roberto Reynaga, Carlos Gómez y Norma Casado y a los agentes federales Gerardo Sarmiento, José Galip, Dante Rejas y Sergio Díaz. Por la tarde, a las 16.30, deberán concurrir los testigos Julio Nacul, Jorge Dip Coronel (vicedirector del hospital de Concepción), Emilio Vargas Graña (en calidad de director general Saneamiento Ambiental del Siprosa), José Viapiano (jefe del Departamento Saneamiento Ambiental del Siprosa), Julio Medina (jefe de la Sección de Inspección Ambiental del Siprosa) y Patricia Jalil (ex directora de Medio Ambiente provincial hasta junio pasado). También se llamó a comparecer, a la misma hora, a Carlos González, Ramón Carabajal, Roque Robles, Fabián Luján, Carlos Sosa, Fabián Maza, Adrián Robles, Víctor Varas y al ex director de Medio Ambiente provincial durante la gobernación de Julio Miranda, Juan Antonio González.

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!