jueves, 29 de mayo de 2008

Las inversiones para disminuir la contaminación no alcanzan para calmar el malestar de la población

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=42601
Las inversiones para disminuir la contaminación no alcanzan para calmar el malestar de la población
Daniel Hines (a la derecha) relata al secretario de Medio Ambiente (segundo desde la izquierda) cómo es vivir rodeado de la contaminación de tres ingenios y una citrícola.
La nota en imágenes
El Gobierno convocó a ambientalistas para presentarles los avances del Plan de Reconversión Industrial en las empresas tucumanas. Sin embargo, debió soportar airadas críticas por parte de vecinos de las fábricas por la contaminación que padecen. Prevén avances en el control de los efluentes en ingenios. Presencia de funcionarios nacionales.

Los convocaron para anunciarles los avances concretados en torno al Plan de Reconversión Industrial (PRI) pero debieron soportar las críticas y quejas de los vecinos. Mientras desde el Gobierno se explicaron los pasos resueltos hacia una política de producción limpia, quienes viven en las cercanías de las industrias exteriorizaron sus padecimientos ante lo que ellos entienden como más promesas frente a cambios que, por ahora, aún no fueron comprobados. Así, durante la noche del martes, autoridades de las Secretarías de Medio Ambiente local y de la Nación recibieron un glosario de penurias de vecinos de diferentes puntos de la provincia. La citrícola Citrusvil y el ingenio San Juan en Banda del Río Salí; las fábricas azucareras Marapa en Alberdi o La Corona en Concepción; la citrícola Citromax en Tafí Viejo o los ruidos insoportables y el hollín del ingenio Aguilares. Desde cada uno de los puntos cardinales de la geografía provincial se exteriorizaron realidades que ya llevan años de tolerancia. La intención de los funcionarios se centró en demostrar cómo, a seis meses de firmados los convenios individuales con alrededor de 30 empresas, las inversiones en cada una de ellas comenzaron a realizarse a fin de mitigar el impacto ambiental que generan. A través de la exposición del Coordinador Técnico del PRI a nivel provincial, Rubén Dip, se confirmaron los pasos dados por los ingenios con el objeto de llegar a la zafra del año próximo con la totalidad de las emanaciones filtradas. Para alcanzar esta meta, Dip trazó un panorama de las inversiones realizadas para tal fin en los últimos años. Según sostuvo, mientras en 2006 sólo se filtraba el 18,6 por ciento de los gases de las chimeneas de los ingenios, en 2007 se avanzó al 62 por ciento. Para esta zafra se prevé un control total del 77, 3 por ciento. En cuanto a la cachaza, se aseveró que para esta temporada se controlaría la totalidad de este desecho en cuanto a su disposición en cursos de agua naturales. En total, se estima que la cachaza representa el 14 por ciento de la carga orgánica que se deriva a la Cuenca Salí-Dulce. En tanto, en cuanto al tratamiento de la vinaza se confirmó la instalación de un nuevo sistema de tratamiento que será instalado por el ingenio La Trinidad a partir de un convenio con la Universidad de Valparaíso (Chile). De prosperar esta iniciativa, la intención es aplicarla a la mayor cantidad de ingenios provinciales. Hasta ahora, cada una de las empresas locales que rubricaron el PRI (ingenios, frigoríficos, papeleras, citrícolas, etc) presentó tres informes bimestrales sobre el avance de las obras realizadas. Estos estudios luego son cotejados a través de inspecciones de la que forman parte el Departamento de Fiscalización Sanitaria del Siprosa, el área de Calidad de Agua de la Dirección de Recursos Hídricos y el Jefe de Distrito de Recursos Hídricos. De la reunión, realizada en la sede de la Dirección de Medio Ambiente provincial, participaron el secretario del área, Alfredo Montalván, el director Sergio Villafañe, el director nacional del Programa de Producción Limpia de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Ariel Carabajal; el director de Residuos Peligrosos de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de la Nación, Alberto Capra; y la titular de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Miriam Gallardo. Además, participaron vecinos de Concepción, Alberdi, La Trinidad, Banda del Río Salí, Pacará Pintado, Aguilares y Tafí Viejo. También hubo integrantes de las organizaciones Univec, Pro-Eco, Federación de ONGs Ambientalistas, entre otras.

Ecos de los reclamos vecinales que debieron escuchar los funcionarios
José Fernández Mendoza, vecino de Concepción, reclamó que las fábricas realicen estudios de impacto ambiental sobre sus efluentes.
Aún resuena en la sala de reuniones de la Dirección de Medio Ambiente provincial las quejas de los vecinos en cuanto a la contaminación que producen las fábricas en sus vidas. El encuentro estuvo cargado de intervenciones en las que se expuso el malestar existente en diferentes puntos de la provincia. Un grupo de mujeres cuyas residencias se encuentran próximas al ingenio Aguilares encabezó el derrotero de denuncias que debieron escuchar los funcionarios. Marta Yunta tomo la iniciativa al denunciar que el PRI sólo otorga beneficios a las empresas pero no a la población. “¿Cómo se explica que este ingenio que, según dicen, realizó inversiones millonarias esté ahora mismo sepultándonos otra vez de ceniza?, bramó, mientras hacía escuchar a través de su celular la grabación del ensordecedor ruido que la fábrica azucarera genera al permitir escapes de vapor a través de sus calderas. Interrumpido en su alocución, el coordinador local del PRI, Rubén Dip, intentó calmar los ánimos al asegurar que en una semana el nuevo filtro scrubber que instaló Aguilares estaría en pleno funcionamiento. Las vecinas retrucaron exigiendo la conformación de un acta acuerdo en las que se asiente qué se hará para erradicar los ruidos molestos y los olores nauseabundos de una laguna de sacrificio de vinaza y desechos de la empresa. La posta la tomó el vecino del basural de Pacará Pintado, José Argañaraz, quien acusó a Montalván de haber mentido en cuanto a la caducidad del funcionamiento del vaciadero. Además, reclamó que sea la propia Secretaría de Medio Ambiente la que se constituya como querellante en los juicios contra las empresas contaminantes. “No podemos solventar con nuestros bolsillos los juicios contra ellos”, se quejó. Montalván contestó que todo vecino tiene derecho a iniciar acciones legales por su cuenta y que es obligación del Estado garantizar la paz social en lo que respecta a garantizar las fuentes de trabajo y el derecho a un medio ambiente sano. “El PRI es un programa que tiene condiciones que lo hacen más efectivo. Si las empresas no cumplen lo prometido, el acuerdo se cae”, garantizó. Por su parte, el referente de la Unión de Vecinos del Sur, Gustavo Masmud, solicitó a la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Miriam Gallardo, que elabore proyectos de ley que eximan de pagos de impuestos a quienes padezcan las consecuencias de la contaminación ambiental que les causan las fábricas lindantes y que se obligue al Estado a iniciar acciones legales en la Justicia Federal contra los empresarios que no cumplan las normas que protegen al medio ambiente. Carlos Aguilar expresó los padecimientos que hace años soporta por vivir a metros del ingenio Marapa en Alberdi. Sostuvo que debió cambiar dos veces el techo de su vivienda por el hollín y la lluvia ácida que ocasiona la contaminación de esta empresa. “Con la poca plata que tengo me compré hace seis meses otra casa. Hoy podría desplomarse por las grietas causadas por la vibración que de la maquinaria de la destilería del ingenio ¿Quién se hace responsable de este daño que sufrí?

miércoles, 21 de mayo de 2008

SITUACIÓN AMBIENTAL

A días de la zafra, la situación de los ingenios despierta incertidumbre entre los vecinos
El secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván (a la derecha) participó junto a los vecinos de las recorridas por los ingenios. (Foto UNIVEC).
Habitantes de zonas lindantes a los ingenios Aguilares y La Corona recorrieron ayer ambas fábricas para verificar si se realizaron obras que mitiguen la contaminación ambiental. Mientras la situación del Aguilares despertó cierta expectativa, el ingenio de Concepción sólo aparejó dudas entre los visitantes. Temen que siga cayendo cenizas y la emanación de olores nauseabundos de la vinaza. Optimismo en la Secretaría de Medio Ambiente.

Una visita les generó expectativas; otra, incertidumbre. El recorrido que un grupo de vecinos del sur de la provincia realizó ayer a dos ingenios no hizo más que exponenciar la contrastante realidad que existe entre las fábricas azucareras y su real compromiso en invertir para dejar de contaminar. La inspección al ingenio Aguilares abrió un dejo de esperanza entre los representantes de las poblaciones lindantes a esta fábrica. Hastiados de años de vivir sepultados de hollín, comprobaron la concreción de trabajos que prometen posibles cambios. Se llevaron el compromiso de directivos de disminuir en más de un 90 por ciento la emanación de partículas a la atmósfera tras la instalación de un nuevo filtro en una de sus calderas. Junto a esto, se estudiaría la posibilidad de instalar silenciadores en para evitar las insoportables estridencias que causan los escapes de vapor, otro padecimiento que deben tolerar los vecinos de la planta. De todas formas, las expectativas no superan la cautela “Comprobamos un real movimiento de trabajo en la fábrica. Vimos el filtro instalado que podría aminorar la situación existente. Ahora, nada de todo esto es una garantía. La verdad se sabrá en dos semanas, cuando el ingenio Aguilares se encuentre en pleno proceso productivo”, advirtió Gustavo Masmud, integrante de la agrupación ambientalista Unión de Vecinos del Sur (Univec). Las expectativas de posibles cambios comenzaron a relativizarse aún más cuando se recorrieron las instalaciones del ingenio concepcionense La Corona. Acompañados del secretario de Medio Ambiente provincial, el grupo de vecinos se llevó un sabor agridulce en cuanto a una proyección de lo que esta fábrica causará en las poblaciones lindantes cuando en los próximos días inicie su zafra. Si bien los visitantes aclararon a primerafuente haber constatado la realización de obras en el interior de la planta, la insatisfacción se centró en el lento avance de las mismas. “No dudamos de que intentan cambiar su situación. Pero la instalación del filtro tipo scrubber en la chimenea más grande de la fábrica ni siquiera comenzó. Es más, el artefacto aún no está ensamblado. Si la zafra comienza la semana próxima no veo posible que este filtro esté en funcionamiento”, alertó a primerafuente Graciela Saavedra, quien integró la comitiva. Por su parte, Masmud puso un manto de sospecha en cuanto al tratamiento que este ingenio hará con la vinaza resultante de la producción. “El plan de la empresa genera incertidumbre. Dicen que trasladarán la vinaza en camiones a una finca ubicada en la localidad de Los Trejo (20 kilómetros al este de Concepción) pero los vecinos de allí ya advirtieron sobre los olores nauseabundos que esto causaría”, explicó el ambientalista. Por lo pronto, según Montalván, ambas empresas estarían trabajando dentro de los plazos acordados en el Plan de Producción Limpia (PRI) en cuanto a la concreción de tecnologías que apunten a disminuir la contaminación. Durante la semana próxima se realizaría una nueva visita de vecinos al ingenio La Trinidad.

viernes, 16 de mayo de 2008

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Piden el archivo de la denuncia contra las protestas que irritaron a un juez
En febrero pasado, los ambientalistas pidieron que la Cámara resuelva la causa contra un ejecutvio de Minera Alumbrera.

Los hechos democráticos que molestaron a Sanjuan

Los jueves 14, 21 y 28 de febrero, integrantes de las agrupaciones Pro-Eco, Conciencia Solidaria, Orejanos, Aconquija por la Vida, entre otras entidades agrupadas en Asanoa, junto a activistas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), realizaron una protesta frente a Tribunales. En las tres oportunidades entregaron panfletos a particulares y a los propios funcionarios judiciales.

Los ambientalistas reclamaron la resolución de una causa que inició el biólogo Juan Antonio González (ex director de Medio Ambiente provincial) y que se tramita en Tribunales Federales desde el 5 de agosto de 2005, sin que hasta el momento la Cámara haya emitido su pronunciamiento respecto al imputado Julián Rooney.

En la causa se investigó el al aparente daño ambiental producido por la Minera Alumbrera en el canal de desagüe DP2, ubicado en la ruta provincial 302, de la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en Ranchillos, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la mencionada empresa minera extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).

En 2005, el destituido juez federal Felipe Terán dispuso la falta de mérito a Rooney lo que fue apelado ante la Cámara Federal por el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, sin respuestas hasta el momento.

El fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, pidió el archivo de una denuncia penal que inició el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuan, en contra de un grupo de ambientalistas que protestó por la demora de una causa contra un ejecutivo de Minera Alumbrera. “La manifestación no puede recriminarse penalmente porque sólo responde al libre ejercicio de derechos de expresión, reunión y petición a las autoridades garantizados por la Constitución Nacional”, concluyó Ferrer. Ahora, la última palabra la tiene el juez Mario Racedo. En diálogo con primerafuente, Sanjuan ratificó su denuncia y dijo que “fue un apriete”.

“La manifestación, escrito o reclamo que pudiera haberse hecho no puede recriminarse penalmente porque sólo responde al libre ejercicio de los derechos de expresión, reunión y petición a las autoridades, garantizados por la Constitución Nacional; aunque tomen la forma de protesta pública”. Con este argumento, el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, pidió el archivo de la polémica denuncia penal que realizó el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Mario Sanjuan, en contra de ambientalistas que reclamaron por la demora en la resolución de una causa contra Julián Rooney, quien se desempeñaba como directivo de Minera Alumbrera al iniciarse la investigación judicial.

Antes de conocer el pedido de archivo por parte de Ferrer, Sanjuan recibió en su despacho a primerafuente y ratificó su denuncia penal. “Esa manifestación fue un apriete. No me pueden exigir como juez tal o cual decisión respecto a Rooney ni de nadie”, dijo molesto por la protesta pública.

Molesto por las tres manifestaciones públicas que se realizaron en febrero pasado frente al edificio de Tribunales Federales, Sanjuan presentó el 10 de marzo último una denuncia penal contra los ambientalistas aduciendo una “posible comisión del delito previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal”. En otras palabras, el magistrado relacionó la protesta a un hecho extorsivo. La causa cayó en manos del fiscal Ferrer y del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, quien ahora debe decidir si se archivan o no las actuaciones.

Al respecto, Ferrer concluyó que de estas manifestaciones “no surgen conductas que puedan interpretarse como extorsivas ni tampoco amenazas que permitan presumir la imputación de conducta que afecte el honor o la violación del secreto”. Inclusive, señala que en ningún momento se personalizó a algún miembro de la Cámara.

En su denuncia, el juez aclara no constarle la real existencia de la Asamblea Socio Ambiental del Noa (nuclea a la mayoría de las ONGs que realizaron las manifestaciones) y consideró que los ambientalistas tratan de exigirle “una resolución judicial sujeta a oscuros intereses”. “Utilizan lo que se denomina en el argot común `chantaje´ como modalidad del delito de `extorsión´, de tal manera que esa amenaza se transforma en pública; como consecuencia de lo cual, llevan publicidad lo que afecta la honra o el honor de la persona”, reza en forma textual la controvertida acusación de Sanjuan.

En la presentación, a la que tuvo acceso primerafuente, el camarista también había pedido a la Policía Federal la identificación de cada uno de los integrantes de Asanoa, su personería jurídica y datos de quienes repartieron panfletos en reclamo de justicia.









EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=42329
EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Piden el archivo de la denuncia contra las protestas que irritaron a un juez
En febrero pasado, los ambientalistas pidieron que la Cámara resuelva la causa contra un ejecutvio de Minera Alumbrera.

Los hechos democráticos que molestaron a Sanjuan

Los jueves 14, 21 y 28 de febrero, integrantes de las agrupaciones Pro-Eco, Conciencia Solidaria, Orejanos, Aconquija por la Vida, entre otras entidades agrupadas en Asanoa, junto a activistas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), realizaron una protesta frente a Tribunales. En las tres oportunidades entregaron panfletos a particulares y a los propios funcionarios judiciales.

Los ambientalistas reclamaron la resolución de una causa que inició el biólogo Juan Antonio González (ex director de Medio Ambiente provincial) y que se tramita en Tribunales Federales desde el 5 de agosto de 2005, sin que hasta el momento la Cámara haya emitido su pronunciamiento respecto al imputado Julián Rooney.

En la causa se investigó el al aparente daño ambiental producido por la Minera Alumbrera en el canal de desagüe DP2, ubicado en la ruta provincial 302, de la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en Ranchillos, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la mencionada empresa minera extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).

En 2005, el destituido juez federal Felipe Terán dispuso la falta de mérito a Rooney lo que fue apelado ante la Cámara Federal por el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, sin respuestas hasta el momento.


viernes, 9 de mayo de 2008

CUANDO LA JUSTICIA DA MIEDO

Estimados, como integrante de ASANOA (Asamblea Socio Ambiental del NOA) les adjunto esta información totalmente verídica de lo sucedido:
Ante protestas realizadas por miembros de nuestra asamblea ante el Juzgado Federal de Tucumán sede de la Cámara Federal de Apelaciones para reclamar que los jueces se expidan sobre el procesamiento de Minera Alumbrera, la reacción de uno de los jueces (Sanjuan) fue denunciarnos penalmente por el delito de extorsión, en lugar de hacer lo que debería que es expedirse de una vez en una causa grave sobre contaminación ambiental. Varias veces hemos concurrido al juzgado y nos hemos entrevistado con varios jueces de la Cámara (con resultados diversos) para agregar información y aportar más pruebas. Nada hemos conseguido. Luego hicimos las protestas y ahora la reacción de un alto representante de la "justicia" que debería protegernos: NOS DENUNCIAN PENALMENTE.
En una caprichosa y forzada interpretación de los art- 168 y 169 del código penal pretenden encuadrarnos en el delito de "EXTORSION" cuando lo que hemos hecho fue simplemente EJERCER NUESTRO DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES.
Esto desnuda una vez más de qué lado están los jueces (en su gran mayoría) y dónde queda la justicia.
ESTO NO NOS AMEDRENTARÁ Y SEGUIREMOS RECLAMANDO QUE SE HAGA JUSTICIA.

Norberto Costa

Agradecemos al portal Primera Fuente que ha difundido ampliamente lo sucedido.

Nota aparecida en http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=42173

CUANDO LA JUSTICIA DA MIEDO

Un juez busca acusar de extorsión a ambientalistas que realizaron una protesta callejera



Myrian Genisans de Pro-Eco adivierte que las organizaciones ambientalistas defenderán sus derechos ciudadanos de reclamar por justic







El miembro de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuan, denunció a ambientalistas que realizaron protestas para que se agilice una causa contra Minera Alumbrera. Los acusó de chantaje y extorsión y podría iniciarles una demanda penal. Los ecologistas exigen que, tras más de dos años de mora, la Cámara determine la situación de un alto directivo de esa minera. En vez de revolver este planteo, Sanjuan aseguró que el pedido de los ambientalistas "responde a oscuros intereses" y, no conforme con eso, pidió a la Policía Federal que se identifique a cada uno de los que participaron de la protesta.

Si un juez federal entiende que una protesta callejera de vecinos en búsqueda de celeridad en una causa trabada hace años es un "chantaje", ¿adónde queda el constitucional derecho a reclamar por la real búsqueda de justicia? Si este magistrado, peor aún, considera que este reclamo popular se ajusta a "oscuros intereses" orientados a amenazarlo y extorsionarlo, ¿qué lugar ocupa el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente y peticionar que se cumplan las leyes que protegen al medio ambiente?

Que un funcionario judicial inicie una denuncia, como aparente instancia preparatoria de una acción penal, contra un grupo de ciudadanos que reclamó públicamente mayor celeridad en una causa, parece circunscribirnos a los peores años oscuros de nuestra historia, cuando las garantías constitucionales se pisoteaban sin contemplaciones mínimas.

Tres concentraciones de ambientalistas realizadas frente a las puertas de Tribunales Federales de Tucumán bastaron para que el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Mario Sanjuan, dé los pasos iniciales hacia una probable denuncia penal contra los manifestantes.

Mediante una denuncia (aparentemente presentada ante el juez federal Nº 2, Mario Racedo), Sanjuan, vinculó el accionar de los ambientalistas a una "posible comisión del delito previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal". En otras palabras, el magistrado relacionó la protesta a un hecho extorsivo.

En su denuncia, el juez aclara no constarle la real existencia de la Asamblea Socio Ambiental del Noa (nuclea a la mayoría de las ONGs que realizaron las manifestaciones) y consideró que los ambientalistas tratan de exigirle "una resolución judicial sujeta a oscuros intereses". "Utilizan lo que se denomina en el argot común `chantaje´ como modalidad del delito de `extorsión´, de tal manera que esa amenaza se transforma en pública; como consecuencia de lo cual, llevan publicidad lo que afecta la honra o el honor de la persona", reza en forma textual la controvertida acusación de Sanjuan.

En la presentación, a la que tuvo acceso primerafuente,el camarista también pidió a la Policía Federal la identificación de cada uno de los integrantes de Asanoa, su personería jurídica y datos de quienes repartieron panfletos en reclamo de justicia.

Los jueves 14, 21 y 28 de febrero, integrantes de las agrupaciones Pro-Eco, Conciencia Solidaria, Orejanos, Aconquija por la Vida, entre otras entidades agrupadas en Asanoa, junto a activistas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), realizaron una protesta frente a Tribunales. En la misma se entregaron panfletos a particulares y a los propios funcionarios judiciales en el cual se asentaban sus reclamos. La medida, generó fuerte malestar entre los integrantes Cámara Federal de Apelaciones, según reconocieron fuentes judiciales.

La brasa caliente que permanece estancada en la Cámara Federal

La causa a la que los ambientalistas reclaman premura se inició en 1999 luego de una denuncia del biólogo Juan Antonio González (ex director de Medio Ambiente provincial) como investigador del Instituto Miguel Lillo. En la misma, quedó involucrado en alto directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney debido al aparente daño ambiental producido en el canal de desagüe DP2, ubicado en la ruta provincial 302, de la localidad de Ranchillos (Cruz Alta).

Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en Ranchillos, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la mencionada empresa minera extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).

El presunto delito de contaminación en cuestión está previsto y penado en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

En 2005, el destituido juez federal Felipe Terán dispuso la falta de mérito a Rooney lo que fue apelado ante la Cámara Federal por el el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, sin respuestas hasta el momento.

La Cámara (integrada además por su presidente Ernesto Wayar, Raúl Mender, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercado) debe resolver si rechaza la apelación del fiscal a la falta de mérito resuelta por Terán o bien, dar lugar al planteo, lo que permitiría continuar la investigación contra Rooney en camino a su posible procesamiento.

"Nos quieren amedrentar y dar miedo, pero no lo lograrán"

Cuando el integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuan, pidió en su denuncia que la Policía Federal verifique la personería jurídica de la ONG que tuvo la "osadía" de reclamarle celeridad en una causa contra Minera Alumbrera, se topó con la organización ambiental taficeña Pro-Eco, vigente desde 1997 e integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina (UAC) y de la Asamblea Socio Ambiental del Noa.

En diálogo con primerafuente, una de sus referentes, Myrian Genisans, no disimuló su repudio ante la aparente denuncia penal que podrían recibir y calificó como un intento de amedrentación el accionar del cuestionado camarista.

"Parece que Sanjuan se olvida que existe un derecho a la información pública y que él, como funcionario, tiene la obligación de otorgarla y divulgarla. Hace más de dos años que queremos saber qué pasa con la apelación a la falta de mérito dispuesta a favor de Julián Rooney (directivo de Minera Alumbrera) y, hasta ahora, no encontramos repuestas ni hay fallo alguno", señaló.

Para la ambientalista, las tres protestas realizadas en febrero frente a Tribunales Federales "apuntaron a recordarle a los camaristas que son trabajadores del Estado y garantes de nuestros derechos por lo que no deben seguir demorando un fallo frente este delito de contaminación", se quejó la docente de la facultad de Artes de la UNT.

En las concentraciones, se repartieron panfletos a particulares y funcionarios judiciales donde se reclamaba celeridad en la causa contra Rooney y se informaba a la población el impacto que esta minera causó al medio ambiente.

"Todo esto se vincula con la Ley Antiterrorista y la criminalización de la protesta que nos quieren imponer. Pero si no reaccionamos ante este atropello haremos más fáciles prácticas que son propias de la dictadura", concluyó la luchadora ambiental.

Algunos artículos que los ambientalistas reclaman a Sanjuan tener en cuenta

Más allá de los derechos constitucionales al acceso a la información pública, a la protesta y a la libertad de expresión, los ambientalistas de Pro-Eco, advirtieron la existencia de artículos de la Ley General del Ambiente (Nº 25.675) los que recomendaron al juez Sanjuan tener en cuenta antes de iniciar denuncia alguna.

Entre otros, mencionaron los artículos de la mencionada ley vinculados a la Participación Ciudadana que, a continuación, aquí se transcriben.

ARTICULO 19. — Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.

ARTICULO 20. — Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

ARTICULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!