jueves, 30 de diciembre de 2010

Ambientalistas protestarán en contra del Dakar

SE CONCENTRARÁN EN PLAZA INDEPENDENCIA
Publicado el: 30/12/2010 | La organización ambientalista Pro-Eco realizará hoy, desde las 10, una protesta en Plaza Independencia frente a la sede del Ente Tucumán Turismo en contra del Rally Dakar.El Dakar fue definido por los asambleístas como una “ataque a la Madre Tierra” , en el marco de una competencia de profundo espíritu neocolonial “que justifica el modelo imperante de extracción, saqueo y consumo”.“Se trata de una carrera que cuando estuvo en África causó mucho muertos y un fuerte daño al ambiente. Las multinacionales eligen lugares como África o Sudamérica para competir porque saben que en Canadá o Europa estarían prohibidas por el daño que causan.”, explicó Alfredo Carbonel, referente de Pro-Eco, a primerafuente.

Los ambientalistas cuestionaron también el derroche energético que este rally implica. “Miles de litros de combustible, energía, neumáticos para una competencia entre empresas capitalistas. Lo peor es que hasta nuestro propio gobierno cede fondos público s para fomentar este tipo de competiciones”, afirmó Carbonel.

En los pueblos originarios el paso del Dakar genera posiciones antagónicas

POSTURAS ENCONTRADAS EN LOS VALLES CALCHAQUÍES

Publicado el: 30/12/2010 | El paso de la competencia internacional encuentra posiciones muy diferentes entre integrantes de los pueblos originarios de los Valles Calchaquíes, escenario de un tramo del rally.

El cacique de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, Eduardo Nieva, ve en esta competición una oportunidad única para que los comuneros “puedan ofrecer sus productos a los turistas que venga a ver la carrera”.
“Creo en los beneficios que esto puede tener para nosotros. Aquí la comunidad se prepara con productos típicos y artesanías para ofrecer a los visitantes. Es una gran ocasión para fomentar nuestro desarrollo”, expresó Nieva a primerafuente.
Sin querer polemizar, Marcos Pastrana, integrante de la Comunidad India de Tafí del Valle, dio una visión ubicada en las antípodas con respecto a la postura del cacique amaichense.
“Mi posición, como la de muchos comuneros, se mantiene inalterable como desde la primera vez que se anunció el paso del rally por los Valles Calchaquíes. Lo rechazamos porque resulta una competencia destructiva para nuestros territorios y para la biodiversidad. Jamás se hizo estudio alguno del impacto ambiental que causarán los vehículos porque el trazado del rally se define a ultimo momento”, se quejó Pastrana.
Para el referente taficinisto esta carrera es un ejemplo más de cómo las corporaciones multinacionales avasallan a los pueblos en alianza con el Estado.
Nieva, por su parte, entiende que el impacto de la caravana será mínimo debido a que los vehículos se desplazarán sobre la ruta y pocos kilómetros sobre campo abierto. “Por los Valles más que nada vendrán de pasada, muy poco territorio se ocupará para la competencia en sí. Además, una empresa se encargará de recoger los desechos que se generen aunque, por supuesto, sí nos preocupa que la reparación se haga bien y que no se afecte al medio ambiente”, afirmó el líder indígena a primerafuente.
La largada del tramo del Dakar por los Valles Calchaquíes se realizará el martes 4 de enero, a partir de las 7 de la mañana. Los vehículos se dirigirán hacia Salta y luego hacia San Salvador de Jujuy.
http://www.primerafuente.com.ar/index.php/noticia/en-los-pueblos-originarios-el-paso-del-dakar-genera-posiciones-antagonicas

SI EL CORTE DE 15 HORAS FUERA POR RECLAMOS SOCIOAMBIENTALES, SEGURAMENTE EL GOBIERNO REPRIMIRÍA, PERO EL RALLY ES EL RALLY...

PASARÁN UNOS 500 CORREDORES POR LOS VALLES

Cortarán durante 15 horas la ruta 307 por el Rally Dakar 2011

Publicado el: 24/12/2010 | Desde las 23 del día 3 de enero hasta las 14 del día siguiente permanecerá cortada la ruta 307, desde Las Mesadas hasta El Mollar, en el marco de la competencia internacional del Rally Dakar 2011. Así lo confirmó el jefe de Policía, Hugo Sánchez, en declaraciones al programa televisivo “Los Primeros”. “Es una zona de altísimo riesgo, si tenemos en cuenta que van a pasar unos 500 corredores, y si a eso le sumamos la gente desesperada, es necesario tomar cortar el tránsito para particulares”, explicó. El funcionario acotó que también se cortará la ruta 307, a la altura de la rotonda de Amaicha del Valle hasta el río Santa María.

El cura de los represores

EL PADRE JOSÉ ELOY MIJALCHYK IMPUTADO EN LA CAUSA POR EL CCD ARSENAL
ImageEl segundo juicio por Centro Clandestino de Detención en Tucumán será el del Arsenal Miguel de Azcuénaga. En el marco de esta causa declaró como imputado el Padre José Eloy Mijalchyk, que -como lo denunció ContraPunto en Julio de 2009- habría sido cómplice de los delitos cometidos en ese lugar. Es el primer miembro de la iglesia acusado en Tucumán en el marco del genocidio de la última dictadura militar. A pesar de esto, sigue ejerciendo como sacerdote en la Iglesia San José Obrero de El Colmenar. La participación cómplice de sectores no militares en el plan de genocidio vuelve a ser puesta sobre el tapete.Por ContraPunto.
 
 
  
 
  
Según la acusación de la Fiscalía Federal, el Padre José Eloy Mijalchyk fue de hecho el capellán del Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga entre 1976 y 1977. Está imputado como colaborador de la dictadura militar y fue citado ante el Juzgado Federal nº1, donde prestó declaración indagatoria el 10 de noviembre de 2010.
La abogada querellante Laura Figueroa -integrante de la Agrupación Tucumana Contra la Impunidad (ATCI)- explicó que “en Arsenal murieron alrededor de 1.000 personas, allí fueron ejecutadas personas que estuvieron cautivas en otros CCD. Existe la certeza de que en Arsenales se perpetraron actos genocidas”.
El “Padre Pepe” está imputado como partícipe penalmente responsable de los delitos cometidos en perjuicio de Félix Viterbo Corbalán (privación ilegitima de la libertad y tormentos, homicidio calificado), María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero (privación ilegitima de la libertad y tormentos en las tres ocasiones), ejecutando éstas conductas como parte de una asociación ilícita calificada. “Hay motivos para pensar que se trata de una persona que efectuó un aporte que representó una cooperación para la comisión de tales delitos y por ello debe vinculárselo con estos ilícitos” manifiesta en su pedido de indagatoria Emilio Ferrer, fiscal interviniente hasta su jubilación en octubre de 2010.
Félix Viterbo Corbalán fue secuestrado por las fuerzas represivas de su ferretería ubicada en Monteagudo 2700 en agosto de 1976. Pasó por el CCD Arsenal. Su familia, desesperada por la situación, acudió al cura Mijalchyk quién se desempeñaba como párroco en la Iglesia San José Obrero. No encontraron respuestas. Osvaldo Humberto Pérez lo menciona como una persona que visitaba con asiduidad el CCD Arsenal.

“¿Qué dictadura?”

En su declaración como imputado realizada en noviembre último ante la Fiscalía Federal. El religioso negó conocer a las personas y causas por las está imputado (salvo a Félix Corbalán por terceros) y desconocer el rol que cumplía en la última dictadura la iglesia. El Juez Federal Daniel Bejas debe resolver ahora si lo procesa o no por los delitos por los que fuera imputado, aunque provisoriamente permanece en libertad.
Contrariamente a esta posición, en su declaración ante la justicia del 20 de diciembre de 1986 Mijalchyk tenía un discurso afín a la dictadura y justificaba el plan sistemático de exterminio. Textualmente manifestó que “sabía perfectamente de la forma en que se movían estas organizaciones, ya que tuvo oportunidad de conversar con personas que lo contaban. Todo esto trajo aparejado que el PEN transformara a Tucumán en Zona de Operaciones para poder luchar con posibilidades de éxito contra las fuerzas irregulares que mantenían en vilo a la población”. Conocía esto no solo “como ciudadano” sino también por “sus funciones como sacerdote”, según u propio relato.

El rol del “Padre Pepe”
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Desde 1968 y hasta la actualidad, el Padre Pepe sigue a cargo de la parroquia San José Obrero de El Colmenar. El 18 de mayo de 1982 fue nombrado Capellán Auxiliar del Regimiento 19 de Infantería de Tucumán por su propio pedido. En ese rol el 24 de septiembre de este año ofició como prelado en los festejos de la Virgen de la Merced, patrona del ejército.
En su solicitud de indagatoria, la Fiscalía afirma que el accionar y la presencia de Mijalchyk “contribuyeron a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en el centro clandestino dentro del cual cometieron los delitos”. Ferrer consideró probado que el cura era un “capellán de hecho”, antes de ser nombrado formalmente. Circulaba libremente por el CCD. Además tenía “contacto directo con las personas que sufrían el cautiverio en la denigrantes condiciones que han sido ya descriptas y teniendo respecto de los guardias un grado de superioridad que se explicitaba en su libre deambular por el centro”. El sólo hecho de permanecer las personas en estos centros clandestinos de detención y tortura durante el terrorismo estatal, ya implica tortura.
El rol de Mijalchyk era ayudar, apoyándose en su condición de religioso, al quebrantamiento de la voluntad de las personas en cautiverio y ayudar en los interrogatorios. Al igual que el rol jugado por Von Wernich en La Plata, la presencia de un religioso legitimaba en cierta forma lo que allí sucedía. Según la fiscalía federal “tenía un rol específico y las funciones que le tocó desempeñar en el esquema represivo del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga marcan un conocimiento del plan criminal en marcha y su intención de favorecer al mismo ofreciendo su especial participación en un rol clave”.

Los documentos de Juan Carlos Clemente
Durante el juicio por el CCD de Jefatura que se celebró entre febrero y julio de este año, un testigo puso a disposición de la justicia una importante cantidad de documentos que sustrajo del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la Policía provincial. Dos sendas carpetas conteniendo papeles que fueron sustraídos a fines de 1977.
Los mismos dan cuenta de listas de desaparecidos, nóminas de cadáveres, informes de inteligencia, declaraciones bajo tortura, comunicación formal entre la patota, entrega de cadáveres, informes de empresas azucareras sobre sus empleados, informes de la UNT sobre sus docentes y estudiantes, entre otras.
Es en esta prueba en donde también figura José Eloy Mijalchyk, como colaborador de la policía provincial ayudando a identificar a posibles militantes o personas vinculadas a las organizaciones revolucionarios o guerrilleras o que simplemente resultaran sospechosas de estar en contra de la dictadura militar. “Esto es cosa de los zurdos”, dijo el cura en declaraciones a Clarín, y sin ponerse colorado agregó que “los zurdos hace rato que me quieren agarrar, porque soy capellán castrense y le doy asistencia espiritual al general Menéndez, como se la di a Zimmermann y Cattáneo hasta que se murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron”. Este caso es parte de la prueba de que la dictadura fue cívico-militar y se llevó a cabo con un plan sistemático de exterminio, del que participaron además de los militares civiles, policía, empresarios, sectores de la justicia y de la iglesia.

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jueves, 23 de diciembre de 2010

“Hay que limpiar el río Salí”


El defensor del Pueblo de Tucumán dijo que los industriales “no tienen más excusas”.
Ampliar imagen | La última mortandad se registró hace pocos días.
La última mortandad de peces, que se produjo en el dique frontal de Las Termas, produjo una gran preocupación en los vecinos de la ciudad, así como también en las autoridades tanto provinciales como de Tucumán y, nuevamente, surgió el debate sobre las causas que produjeron la mortandad y las acciones que se deben adoptar para frenar dicha situación.
En este sentido, el defensor del Pueblo de Tucumán, Daniel Posse, recordó que por la contaminación del río Salí, Santiago del Estero presentó 11 recursos de amparo, solicitando medidas de no innovar para que no se produzca etanol en Tucumán y, al respecto, destacó que “es una bomba de tiempo que puede afectar seriamente la actividad económica de la provincia”, advirtió.
Además, hizo hincapié en que “hay que limpiar el Salí. (Para los industriales) no hay más excusas de que no hay plata, tendrán crédito del Estado para hacerlo”, aseveró.
En ese sentido, Posse reconoció que el Comité de la Cuenca Hídrica, integrado por defensores del Pueblo no logró grandes avances, de todas maneras confía en que tendrá mejor suerte el comité que integran los gobernadores, para dar una respuesta.

Controlarán cada semana los caudales de ríos
Anta la continua mortandad de peces que se registró en Las Termas durante este año, el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, dijo que en el próximo año “se medirán semanalmente los caudales de los ríos para valorar la carga orgánica, el potasio y el fósforo, entre otros parámetros”.
Además, resaltó que desde la mortandad que se produjo en el mes de agosto, “semanalmente se monitorean los ríos, control que antes se hacía mensualmente”. Resaltó que “la presencia efectiva en los ríos está a cargo del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, que integran representantes de Tucumán, Córdoba, Salta y Catamarca”.
De todas maneras, precisó que éste “fue un año atípico. Se trabajó mucho para reducir y evitar la contaminación del ambiente (aire, suelo y agua), pero se produjeron fenómenos complejos que potenciaron la problemática, como la extrema sequía” y resaltó que dicho fenómeno, “al igual que las inundaciones, impacta en cualquier hábitat natural, porque desequilibra, daña y afecta el orden ecológico, lo normal. La flora y la fauna no escaparon al cimbronazo de la falta de lluvia”, dijo.
Además, puntualizó que esta vez “los peces no murieron envenenados con sustancias tóxicas de efluentes industriales, tema que fue tratado y analizado en el Comité de la Cuenca Salí-Dulce”.
De todas maneras, consideró que la sequía fue abrumadora. Hasta octubre, la lluvia registrada fue del 50% por debajo de la media histórica y en noviembre del 40%. Los ríos van con poquísima agua y, en esta época, los peces remontan el cauce para desovar río arriba, pero las pocas precipitaciones removieron y movilizaron el material orgánico que permanecía depositado en los ríos provocando la falta de oxígeno, que en definitiva causó la muerte de la gran cantidad de peces que fueron a parar al embalse de Río Hondo”, detalló.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/189556/Locales/Daniel_Posse:_%E2%80%9CHay_limpiar_r%C3%ADo_Sal%C3%AD%E2%80%9D.html

viernes, 17 de diciembre de 2010

La Corte Suprema debe definir si se clausura Pacará Pintado.

EL DESTINO DE LA BASURA

Viernes 17 de Diciembre de 2010 | La empresa concesionaria recurrió en casación un fallo que dispuso el cierre de la planta. La firma insiste en que el centro de disposición final de los residuos no genera contaminación y criticó la sentencia de Cámara.

Cargando, aguarde un momento...
EN FUNCIONAMIENTO. Pacará Pintado sigue en actividad, aunque como centro de separación de los residuos. LA GACETA / HECTOR PERALTA
La clausura de la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado será resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Finalmente, la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL presentó un recurso de casación en contra del fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, que dispuso el cierre del predio al concluir que contamina el medio ambiente.

La concesionaria del servicio de tratamiento de los desechos urbanos del Gran San Miguel de Tucumán, con el patrocinio de la abogada Silvia Peyracchia, interpuso una queja ante los vocales de la sala II, Carlos Miguel Ibáñez yAugusto Avila. La letrada consideró que la sentencia de los camaristas coloca a la Provincia en "situación de emergencia ambiental grave", atento a que con un eventual cierre de la planta, la basura que genere la población no tendrá destino específico. 

Recaudos

En la sentencia Nº 309/10, los magistrados habían revocado un fallo de primera instancia, mediante el que se rechazaba una acción de amparo colectivo interpuesta en 2007 por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Tras la apelación, los camaristas hicieron lugar al amparo y, en consecuencia, dictaron el cierre inmediato del vertedero. A su vez, ordenaron a la concesionaria que elimine los residuos depositados en la planta en un plazo de ocho meses desde el momento en que el fallo quede firme. Igualmente, prohibieron que sigan realizándose vertidos de basura en el lugar.

Un día después de firmado el primer fallo condenatorio, Avila e Ibáñez rubricaron una sentencia aclaratoria. En la resolución correctiva, ratificaron la orden de clausura de la planta, pero permitieron a la empresa que presente en un plazo de 10 días un "plan de cierre y disposición final de los residuos sólidos urbanos". De esa manera, no sería necesario que se retiren los residuos allí depositados durante los últimos seis años. 

"La cuestión resuelta configura un supuesto de gravedad institucional, porque al afectar directamente intereses de la comunidad excede a la empresa, toda vez que imposibilita la ejecución del servicio público de recolección, transporte y disposición final de los residuos, que se cumple con intervención necesaria y forzosa de la planta", argumentó Peyracchia en su planteo.

La empresa, además, insistió en que cuenta con todos los permisos legales exigidos para funcionar, y que se encuentra en marcha un programa de tratamiento de los residuos, "los que quedan sometidos a un procedimiento técnico de disposición final de alta tecnología, reuniendo la planta todas las habilitaciones que por ley corresponden".

Paralelamente, la concesionaria volvió a refutar las pericias técnicas que dan cuenta de la contaminación que producen las actividades. "Se tomaron todos los recaudos para aislar convenientemente el predio. La planta cuenta con 15 freatímetros para el control de las aguas subterráneas y se remiten permanentemente las muestras requeridas al Siprosa para su análisis, sin observación alguna hasta el presente", justificó Peyracchia. 

Además de hacer reserva del caso federal, la empresa fue tajante en sus reproches al fallo: "lejos de representar un basural a cielo abierto y de producir contaminación ambiental, la planta resulta una radicación legítima".
http://www.lagaceta.com.ar/nota/413460/Politica/Corte-Suprema-debe-definir-si-clausura-Pacara-Pintado.html

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Plantean elevar a la Corte Suprema el conflicto por los desalojos en Colalao del Valle

 Así lo adelantaron desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tras una reunión realizada ayer en la Defensoría del Pueblo luego del violento desalojo a un dirigente de la Comunidad India de Colalao del Valle.
Según confirmó a primerafuente el técnico territorial de este organismo, Federico Casinelli, se esperan los resultados provenientes del relevamiento territorial elaborado por la UNT como paso previo para realizar un planteo ante la Corte Suprema de Justicia.
En la posible presentación se denunciarán presuntas irregularidades en torno al violento desalojo que sufrió el martes pasado, Benito Toledo, delegado de base de la Comunidad India de Colalao del Valle.
Se entiende que el juez de Paz de Trancas que dio la orden de la medida de fuerza, Ciro Castro, se extralimitó en sus funciones ya que el territorio en disputa -ubicado en la localidad de Riarte Norte, Choromoro, en el límite con Salta- se encontraría fuera de su jurisdicción.
Por otra parte, la secretaria de la comunidad, María Lilia Delgado, aseguró que Toledo fue desalojado bajo amenazas de muerte por tres presuntos policías de la comisaría de San Pedro de Colalao Uno de ellos, que se habría identificado con un nombre falso, apuntó con un arma de fuego al referente indígena.
A todo esto se suma el aparente incumplimiento de la ley nacional Nº 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades originarias hasta noviembre de 2013.
Todo esto se definirá en una reunión que hoy, desde las 8.30, mantendrán todas las partes que intervienen en la problemática y que ayer formaron parte de un encuentro en la sede de Defensoría del Pueblo: el INAI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, junto a referentes de diferentes comunidades indígenas.
En total, se disputan 19.700 hectáreas en las que viven 17 familias. “Estas tierras nos pertenecen ancestralmente como pueblos originarios, Generaciones enteras las ocuparon por siempre”, afirmó Delgado. El latifundio es reclamado por el empresario agrícola Fredy Moreno Núñez Vera quien asegura tener papeles que avalan su propiedad.

http://www.primerafuente.com.ar/index.php/noticia/plantean-elevar-a-la-corte-suprema-el-conflicto-por-los-desalojos-en-colalao-del-valle

El violento desalojo de un comunero indígena hace temer otro Chuschagasta


Publicado el: 11/12/2010 | El martes un delegado de base de la Comunidad India de Colalao del Valle fue desalojado bajo amenazas de muerte por tres presuntos policías de la comisaría de San Pedro de Colalao. Uno de ellos, que se habría identificado con un nombre falso, apuntó con un arma de fuego al referente indígena.
Según relató a primerafuente la secretaria de la comunidad, María Lilia Delgado, el desalojo sufrido por Benito Toledo, es el corolario de una serie de amenazas que vienen recibiendo desde hace semanas.
Delgado responsabilizó al empresario boliviano Fredy Moreno Núñez Vera por los hechos de violencia. “Junto a las amenazas que sufrimos, también mandó cerrar con un portón una servidumbre de paso de la que depende toda la comunidad para acceder al río Los Sauces”, explicó. Nuñez Vera, por su parte, posee escrituras que avalarían la propiedad de las tierras.
En total, se disputan 19.700 hectáreas ubicadas en la localidad de Riarte Norte, Choromoro, en el límite con Salta, en las que viven 17 familias. “Estas tierras nos pertenecen ancestralmente como pueblos originarios, Generaciones enteras las ocuparon por siempre”, afirmó Delgado.
“Nuestra situación es muy similar a lo que sucedió en Chuschagasta. Tememos por nuestra integridad”, confesó la secretaria de la comunidad quien confirmó que se realizó una denuncia en la Fiscalía IV de Instrucción Penal a cargo de Alejandro Noguera.
Vale recordar que el 12 de octubre del año pasado, Luis "El Niño" Gómez, cuñado del Jefe de Policía de la provincia, Hugo Sánchez y ex integrante del comando parapolicial represor “Atila”, junto a dos ex policías, asesinaron al referente de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, Javier Chocobar (68 años), en el marco de una disputa por tierras que se pretende quitar al pueblo originario de origen diaguita.
El jueves, una delegación de comuneros de Colalao del Valle mantuvo un encuentro con el delegado en Tucumán de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Ricardo Rooschild quien se interiorizó en la problemática. Posteriormente acudieron al INADI y se acordó un encuentro con el ombudsman, Daniel Posse, para el martes próximo a las 10.
http://www.primerafuente.com.ar/index.php/noticia/el-violento-desalojo-de-un-comunero-indigena-hace-temer-otro-chuschagasta

sábado, 11 de diciembre de 2010

COMUNICADO DE PRENSA-COMUNIDAD INDIO COLALAO

COMUNICADO DE PRENSA
En la Comunidad Indio Colalao, territorio ancestral en lo que hoy se conoce comùnmente  como San Pedro de Colalao, distante a 100 Km de San Miguel de Tucumán.La situaciòn actual se ha tornado tensa en lo que se refiere a los conflictos territoriales y grave violaciòn de los Derechos  de los Pueblos Originarios y Derechos Humanos. Amenazas de muerte al comunero Benito Toledo, seguido de desalojo de su vivienda y espojo de sus pertenencias personales, tratos crueles y discriminaciòn por pertenecer a la Comunidad Indigena, sin orden judicial. Todo dado por el terrateniente  Fredy Moreno Nuñez Vela Empresa Zanja Honda S.A., Jorge Posse de Agroavance S.A.;  comùnmente conocidos como la flia. Paz Posse de Tucumán. La Comunidad Indio Colalao además esta siendo victima de  la  privaciòn de pasos de servidumbre que conecta la Pcia de Tucumán- Salta, o sea Riarte y entre El corte - El Sausalito - Miraflores.; siendo este uno de los ingresos  al territorio  de la Comunidad Indio Colalao que se encuentra en la actualidad con custodia permanente, se informa que este porton ha sido cerrado luego de una Asamblea que ha realizado la comunidad.Tambièn se pone en conocimiento pùblico que la flia Terrateniente los obliga Psicologicamente a algunos comuneros a mantener trabajos esclavos.A la fecha nos encontramos haciendo las denuncias correspondientes acompañado por el Dr Garmendia. puesto que en las comisarias no reconocen nuestro Derecho y no nos toman las denuncias. Tambièn exigirle a los CPI   por el Pueblo Diaguita de Tucumán , David Sanchez y Santiago Mamani, cumplan con su funciòn del trámite respeto a la Personerìa Jurìdica de esta Comunidad , trámite solicitado hace 4 años; del mismo modo solicitamos al Referente Territorial  por parte del Inai por Tuc, Jorge Aimaro, cumpla con su rol de funcionario público, puesto que en reiteradas ocaciones hemos solicitado talleres de fortalecimiento hacia nuestra comunidad, sabiendo de las amenazas de los terratenientes a los comuneros y nunca han escuchado nuestras solicitudes, siempre con promesas, lo que solicitamos es simplemente que cumplan con su trabajo. Solicitamos a los Hnos/ nas, compañeros y al resto de Sociedad nos acompañen con adheciones a este reclamo, porque no queremos a Otro hno muerto, Ni un Javier Chocobar màs !!! ni un Qom , ni un PILAGÀ MÀS!!!  EXIGIMOS AL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS  LLEVE A CABO EL PROYECTO DE LEY DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA PARA LA REGULARIZACIÒN DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS PARA QUE SE CUMPLA DE UNA VEZ POR TODAS CON NUESTRO DERECHO!!!

domingo, 5 de diciembre de 2010

Presentan una nueva denuncia en la Justicia Federal por la contaminación del agua de Concepción

Publicado el: 02/12/2010 | Dos vecinos de esa ciudad presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General Federal para investigar casos de contaminación del agua. Apuntan a la SAT y a Minera Alumbrera y piden que se llame a indagatoria a directivos de ambas empresas.
El agosto de 2007 el Gobierno obligó a Minera Alumbrera a extraer material que enterró por la rotura de su mineraloducto en 1999, en Alpachiri.
Pasaron más de once años desde que el concentrado que transporta el mineraloducto de Minera Alumbrera fuera enterrado en cercanías del dique Villa Lola, en Alpachiri (a 14 kilómetros de Concepción), pero el temor ante la posible contaminación que este hecho habría causado al agua que consume la población aún no se disipó. Posteriores nuevas roturas de este ducto no hicieron más que aumentar las sospechas.
El 19 de noviembre pasado, Eduardo Carrizo y Josefina Ferrer, integrantes de la Comisión de Padres de Alumnos de Tucumán, presentaron ante el fiscal general federal, Antonio Gustavo Gómez, una denuncia en la que solicitaron que se llame a prestar declaración indagatoria al titular de la Sociedad Aguas del Tucumán, Alfredo Calvo, a directivos de Minera Alumbrera, al Gobierno provincial y al municipio de Concepción.
Más allá de los derrames por roturas del ducto de la minera ( se extiende desde la explotación de Bajo La Alumbrera en Catamarca hasta la planta de secado en Ranchillos, Tucumán), los denunciantes pretenden que se investigue el hipoclorito de sodio que usa la SAT ya que entienden, que es otro de los factores que contaminan el agua de esa ciudad.
Además, requirieron que el Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact) efectúe permanentes controles de calidad del agua de la provincia y de los químicos que intervienen en su potabilización.
Vale recordar que en junio de 2007 el ex legislador Alejandro Sangenis denunció a la SAT por el aparente uso de cloro contaminado con mercurio.
En septiembre de 2006 un informe de la Comisión Nacioal de Energía Atómica (CNEA) encargado por la Federación de ONG Ambientalistas, determinó que el agua de la plaza Abel Peirano, del barrio El Nevado de Concepción, contenía un 160 por ciento de mercurio por arriba de los límites establecidos por el Código Alimentario Nacional para el agua potable.
A partir de estos resultados, se creó una comisión especial integrada por la Federación Ambiental, la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, el Ersact, la SAT, el Siprosa y la Intendencia local entre otros, para estudiar el estado del agua en esa ciudad y sus ríos. En tanto, la Unión de Vecinos del Sur renunció a la comisión y abrió una causa en la Justicia luego de que en dichos estudios se comprobara (en un muestro) la presencia de níquel y cromo.
Al respecto, los denunciantes también solicitaron en la presentación a Gómez la continuidad del monitoreo de agua y napas subterráneas de Concepción.
En forma paralela se pidió que la Justicia exija al Siprosa informes sobre la totalidad de los resultados del control epidemiológico en un universo de 120 niños realizado en esa ciudad.
En cuanto a Minera Alumbrera, pretenden que se realice un pedido de informes sobre las obras realizadas en el cauce del río Gastona, en septiembre del año 2009, y el destino final del concentrado minero extraído por trabajos efectuados en el mineraloducto.
Oportunamente, desde la minera se negó contaminación alguna al agua en su emprendimiento. “Minera Alumbrera es una empresa responsable en su gestión ambiental, que trabaja bajo los parámetros más estrictos en esta materia y cumple con la normativa local y las exigencias internacionales”, aseguró la firma mediante un comunicado.“La empresa no utiliza sustancias tóxicas como arsénico, mercurio o cianuro en ninguna de las instancias del proceso industrial”, concluyó entonces la compañía.
“Será en definitiva la Justicia Penal Federal, quien indague sobre una cuestión tan seria como es la contaminación por adulteración del agua para consumo humano que produjo la SAT y los distintos accidentes de Minera Bajo la Alumbrera que causaron tanto perjuicio al arruinar napas subterráneas y dañar la ecología que beneficiaba a la ciudad de Concepción en su conjunto”, agregaron los denunciantes en su presentación a la que tuvo acceso primerafuente. Por Esteban Stanich

viernes, 26 de noviembre de 2010

FUEROS FEDERALES

Cansados de la impunidad con que se contamina, acudieron a los fueros federales. A raíz de falta de respuestas con relación a la adulteración del agua, la contaminación de napas subterráneas, y daños a la ecología, integrantes de la Comisión de Padres de Alumnos de Tucumán, como ciudadanos comprometidos, presentaron el caso ante el Fiscal Federal Gustavo Gómez. Así lo manifestaron Eduardo Carrizo y Josefina Ferrer, quienes desde el año 2001, fueron protagonistas en la lucha que devolvió la legalidad a la educación en la Provincia de Tucumán, en la peor crisis educativa que se recuerde.
 Los mismos, manifestaron a este medio que: “Por no concebir calidad educativa, si la misma no va acompañada por políticas de salud que aseguren el bienestar y la salud de nuestros hijos y todos los niños en la provincia, y por no haber tenido respuestas ni por parte de las empresas involucradas en la contaminación, la SAT-SAPEM y Minera Bajo La Alumbrera Ltd., con un Estado abandónico como es el Provincial y la Municipalidad de la ciudad de Concepción, decidimos que el Fiscal Federal, Dr. Gustavo Antonio Gómez intervenga en ésta causa ”. “Será en definitiva la Justicia Penal Federal, quien indague sobre una cuestión tan seria como es la contaminación por adulteración del agua para consumo humano, que produjo la SAT-SAPEM y los distintos accidentes de Minera Bajo la Alumbrera que causaron tanto perjuicio al arruinar napas subterráneas y dañar la ecología que beneficiaba a la ciudad de Concepción en su conjunto”, agregaron. Cabe recordar que la contaminación por adulteración del agua, fue descubierta mediante análisis de la CNEA – Comisión Nacional de Energía Atómica – que determinó que el agua que se consumía en Concepción, y más precisamente en el Barrio El Nevado de esa ciudad, contenía un 160% más de mercurio que lo que indica el Código Alimentario Nacional para el agua de consumo humano, por ello, también se sumó a esta denuncia José Vargas habitante de ese barrio concepcionense. Innumerables fueron las acciones generadas por vecinos de la “Perla del Sur” y hasta con presentaciones judiciales en el fuero Contencioso Administrativo. “Resulta por demás llamativo que, con la repercusión que tomó este caso, que hasta medios nacionales cubrieron la información, nadie, haya dado muestras de un cambio en el estado de las cosas, con el agravante que, quienes tienen la responsabilidad directa por el daño ocasionado, la SAT-SAPEM y Minera Bajo la Alumbrera Ltd., siempre se vieron beneficiadas por la complicidad del sector gobernante” se quejan los afectados.
El 01/12/2009 y en una sesión histórica del Honorable Consejo Superior de la UNT, donde el mismo escuchó la voz de ambientalistas, hicimos también nuestra denuncia sobre la contaminación minera sufrida en la ciudad de Concepción, a causa de un enterramiento clandestino de concentrado minero, realizado por Minera Bajo La Alumbrera, en márgenes del Dique de “Villa Lola”, como así también al tremendo daño ecológico con la desaparición de más de 6 Hectáreas y 60 árboles autóctonos que produjo esta empresa minera la que, por proteger su mineraloducto con la construcción de un terraplén, desvió de su cauce natural al río Gastona dejándonos sin parte de ese pulmón ecológico situado en la confluencia de los Ríos Gastona y Chirimayo, recordó Carrizo, quien llevó esta queja en representación de los vecinos de Concepción a la UNT. “Nuestra solicitud, para la reparación del daño ocasionado, por Minera Bajo La Alumbrera tanto sea en el desentierro total del barro minero enterrado en el Dique de “Villa Lola”, como en la reforestación en la ciudad de Concepción, tampoco tuvo respuestas en el seno del Honorable Consejo Superior.
El petitorio realizado al Fiscal Federal es el siguiente:
1- SE PROHÍBA A LA EMPRESA SAT-SAPEM CONTINUAR HACIENDO USO DEL HIPOCLORITO DE SODIO CONTAMINADO CON MERCURIO.
2- SE EXIJA AL ERSACT, A REALIZAR PERMANENTES CONTROLES DE CALIDAD DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN Y DE LOS QUÍMICOS QUE INTERVIENEN EN SU POTABILIZACIÓN.
3- SE EXIJA A QUIENES INTERVINIERON EN EL MONITOREO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, A CONTINUAR CON DICHOS TRABAJOS, COMO ASÍ TAMBIÉN AL ESTUDIO DE NAPAS SUBTERRÁNEAS.
4- SE EXIJA AL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE SUS ORGANISMOS A CARGO, INFORMAR A LA JUSTICIA FEDERAL SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO EN UN UNIVERSO DE 120 NIÑOS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN BAJO LA COORDINACIÓN DEL ÁREA OPERATIVA SUR DEPENDIENTE DEL SI.PRO.SA.
5- SE EXIJA A MINERA BAJO LA ALUMBRERA LTD., AL SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA, Y MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Y VECINOS DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, AL TOTAL RETIRO DEL MATERIAL CONTAMINANTE, ENTERRADO CLANDESTINA Y CRIMINALMENTE EN MÁRGENES DEL DIQUE DE “VILLA LOLA”.
6- SE EXIJA A MINERA BAJO LA ALUMBRERA LTD., UN COMPLETO INFORME SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAUCE DEL RÍO GASTONA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009, Y EL DESTINO FINAL DEL CONCENTRADO MINERO EXTRAÍDO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MINERALODUCTO.
7- SE EXIJA A MINERA BAJO LA ALUMBRERA LTDA., LA REFORESTACIÓN MULTIPLICADA POR 10 (DIEZ) DE LAS ESPECIES DE ÁRBOLES AUTÓCTONOS PERDIDOS POR SU IRRESPONSABLE PROCEDER.
8- SE LLAME A INDAGATORIA, AL TITULAR DE LA SAT-SALEM, DIRECTIVOS DE MINERA BAJO LA ALUMBRERA LTD., Y EN FORMA CONJUNTA, TAMBIÉN AL SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, POR CONSIDERARLOS PARTÍCIPES NECESARIOS EN LOS DELITOS COMETIDOS POR ESTAS DOS EMPRESAS.
“Resulta lamentable concluir que quienes nos gobiernan ignoran el Artículo 41 de la Constitución Nacional, norma mayor que rige el comportamiento de funcionarios y ciudadanos, lugares desde los cuales tienen que respetar y hacer respetar el derecho a un ambiente saludable entre otros”. “Sin olvidarnos que también existen otras normas que respetar como Pactos Internacionales de rango constitucional a los que Argentina adhirió en su momento”. “Haciendo uso de nuestros derechos como ciudadanos, cumpliendo y exigiendo cumplimiento de aquellos que desde lugares de circunstanciales administradores de un país, jamás deben anteponer los intereses económicos con fines políticos al interés supremo que significa salvaguardar la salud y la vida de las personas que gobiernan”. “Como ciudadanos comprometidos con esos pactos y exigiendo su cumplimiento, nos consideramos ciudadanos del mundo unidos al reclamo de millones de personas que junto a sus líderes luchan por sostener un planeta libre de contaminación”. “Sería traicionar a nuestros pares el no pretender como ellos un medio ambiente saludable, el cual es protegido por más cantidad de personas que aquellos que lo contaminan, la lucha por la vida es de todos”. Josefina Ferrer - Eduardo Carrizo – José Vargas.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

INGENIERIA DI BACCO: UNA INDUSTRIA TUCUMANA ORGULLOSA DE PRODUCIR PARA LA DESTRUCCION

Construyen en Tucumán el balde para minería más grande del mundo

La empresa "Ingeniería Di Bacco" es la encargada de este proyecto que será empleado en minas de cobre chilenas
Una empresa tucumana construyó el balde para
                  minería más grande del mundo.
Una empresa tucumana construyó el balde para minería más grande del mundo.
Una empresa tucumana construyó el balde para minería más grande del mundo.
Un gran paso para la industria provincial. De esa forma puede caracterizarse la última hazaña de la empresa tucumana "Ingeniería Di Bacco" que concretó la construcción del modelo de balde más grande del mundo (que hasta el momento se encuentra en funcionamiento) utilizado en los yacimientos mineros, en especial los relacionados con la extracción de cobre en Chile.
 
"Esta realización es un verdadero orgullo para todos los tucumanos ya que se trata de una pieza de altísima complejidad metalmecánica", señaló el gerente de operaciones, Raúl Midagh. Asimismo, destacó que es la primera vez que se entabla una construcción de estas cualidades en Argentina e incluso, de acuerdo a datos preliminares, sería la única en su tipo en Sudamérica.
 
Lo que vale resaltar es que a nivel mundial sólo existen 50 unidades de este tipo de maquinarias y la totalidad fueron construidos en Europa o bien los Estados Unidos. En esta oportunidad, por factores tales como operatividad, precio y recursos humanos, se decidió que todo el plan atinente a la elaboración del armatoste sea configurado en nuestra provincia.
 
La pieza de ingeniería (que no es independiente, ya que será adosada a una pala gigante de casi seis pisos de alto denominada Bucyrus) posee como particularidades técnicas el pesar de manera individual cerca de 70 toneladas al tiempo de que en cada ciclo de carga puede acopiar hasta 110 toneladas de los residuos excavados, lo que traducido a capacidad neta del balde se habla de las 73 yardas cúbicas.
 
El período temporal en el cual fue llevado a cabo el proyecto (cuyo monto total estimado osciló el 1,5 millones de pesos desagregándose entre financiamiento propio y el aporte provisto por el cliente que encargó el producto) fue precisado en un año, teniendo en cuenta procesos concatenados de ingeniería, fabricación y traslado. 
 
Vale recalcar que la pieza debió ser desmantelada en dos fracciones, por un lado la tapa cuyo peso es de 15 toneladas y el balde en sí. Para lograr el desarme de la estructura se utilizó una grúa con una resistencia cercana a las 40 toneladas. Entre las particularidades que pueden apreciarse en la construcción de esta maquinaria, se destaca que la articulación y montaje de las diversas partes que conforman la unidad estructural fue llevada a cabo por soldaduras mediante parrillas quemadoras a una temperatura de 180 grados centígrados, con lo cual se evita el quiebre de las piezas dada por tensiones internas promovidas por diferencias térmicas. La metodología de soldadura fue realizada manualmente y con tecnología automática (a través de soldadura lineal por riel, lo que permite una operatividad pareja y perfecta). A lo largo de todo el proceso intervinieron 74 agentes, desde los sectores administrativos hasta personal de maestranza. (El Siglo)
http://www.eldiario24.com/nota.php?id=210130

domingo, 21 de noviembre de 2010

OJO QUE ES LA MISMA EMPRESA QUE MANEJA EL BASURAL DE PACARA PINTADO...

Procesaron a Criado por presunta contaminación en Pacará Pintado

Miércoles 17 de Noviembre de 2010 | El juez federal Racedo consideró que el empresario afectó la calidad de las aguas del río Salí. Al gerente de la empresa concesionaria de Overa Pozo le imputaron un delito que prevé penas de entre tres y diez años de prisión.


Mario Delfor Criado, el gerente de Pacará Pintado, fue procesado -sin prisión preventiva- y le trabaron embargo sobre sus bienes por $ 100.000, como consecuencia de la presunta contaminación que genera la planta de disposición final de los residuos sólidos urbanos al cauce del río Salí.

La resolución fue dispuesta por Mario Racedo, quien subroga el Juzgado Federal Nº 2. El magistrado intervino en la causa a partir de una actividad preventiva concretada el 31 de octubre de 2007 por Gendarmería Nacional, que alertó acerca de que en el lugar podrían violarse las disposiciones de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos. El eventual derrame de efluentes a un cauce conectado a un sistema hídrico interjurisdiccional (el Salí-Dulce, que desemboca en Las Termas de Río Hondo) es lo que justifica la competencia federal.

Precisamente, Racedo le imputó al empresario la supuesta violación al artículo 55 de la norma nacional, que impone penas de entre tres y 10 años de prisión a quien "utilizando los residuos envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

En un fallo de 25 fojas, el juez sustentó su decisión en informes técnicos concretados en 2008 por los profesionales de la UNT, Juan Alberto Ruiz y Pedro Jorge Albornoz; y en 2010, por los especialistas Sergio GeorgieffMaría Elena Puchulu y Diego Fernández. Los expertos fueron sumamente críticos con respecto a los recaudos tomados por la empresa concesionaria para mitigar una eventual afectación al medio ambiente.

En consecuencia, a criterio de Racedo, las pericias acreditaron que la planta en la que seis municipios arrojaron unas 800 toneladas diarias de basura durante los últimos cinco años "habría contaminado con amonio y cromo el curso de agua del río Salí", atento a que en el lugar no existe una planta de tratamiento de efluentes.

"La contaminación resultaría de la presencia de lixiviados generados por los residuos sólidos que debe tratar la empresa a cargo del imputado en las napas freáticas de la planta, con contenidos elevados de materia orgánica, hierro, manganeso, amonio, cloruros, cromo y zinc", añadió en el documento. Según concluyó el magistrado, esos lixiviados se filtran a las aguas subterráneas del predio y, en consecuencia, afloran fuera del perímetro en el antiguo cauce del río, desembocando finalmente en las aguas del Salí.

"Factores ajenos"
En los fundamentos, Racedo refutó la declaración brindada por Criado el 6 de octubre. En los tribunales federales, el responsable de Servicios y Construcciones La Banda SRL negó haber afectado el medio ambiente y aseguró que la presencia de elementos contaminantes obedece a factores ajenos al predio.

En su defensa, Criado mencionó que en un radio de 300 metros adyacentes a Pacará Pintado los líquidos cloacales desembocan sin ninguna restricción al río, y que existen basurales clandestinos y residuos con hidrocarburos. Según dijo, la empresa cumplió con toda la responsabilidad, cuenta con todas las habilitaciones oficiales y nunca fue sancionada. No obstante, Racedo retrucó que las certificaciones estatales no garantizan que no haya contaminación; y aseguró que para el procesamiento del imputado, en el marco de la Ley de Residuos Peligrosos, basta con la mera convalidación de la sospecha, "no siendo necesaria una certidumbre".

"El titular de la planta, conociendo las deficiencias que el predio tiene en el tratamiento de los lixiviados, no concluye la planta de tratamiento (de efluentes), ni adecua el suelo y demás instalaciones para evitar la filtración en su faz intermedia, advirtiendo que con dicho accionar contamina de un modo peligroso para la salud y el ambiente en general", concluyó el magistrado en su resolución.

sábado, 20 de noviembre de 2010

¿Y SI EN LUGAR DE ESPERAR LA GUITA, EVITAN LOS DESMONTES Y TALAS QUE AUN CONTINUAN?

Tucumán recibiría en 2011 más de $13 millones para la conservación de bosques


Publicado el: 19/11/2010 | El Presupuesto nacional para el año próximo prevé 300 millones de pesos en el marco del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Sin embargo, esa cifra representa mucho menos de lo que organizaciones ambientalistas reclaman, de acuerdo a lo estipulado por la ley de protección de bosques nativos.
Daniel Manso, director de Flora, Fauna y Suelos de la provincia.
Si se compara con este año, a simple vista parece ser una muy buena noticia: prácticamente la triplicación de fondos para la conservación de bosques nativos. Es decir, de 4.4 millones de pesos a más de 13 millones que la Nación entregaría a Tucumán de un total de 300 millones (este año fueron 97 millones) comprendidos por Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Sin embargo, la cifra, pese a su incremento, se halla muy lejos de lo que estipula la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental (26.331). Esta norma crea un fondo de compensación a cada provincia por conservar sus bosques nativos como servicios ambientales que, en realidad, debería rondar los 1.119 millones de pesos. Es decir, el 0,3 por ciento del presupuesto nacional según lo foja el artículo 31 de la citada Ley de Bosques y tal como lo reclaman organizaciones ambientalistas.
Para el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia, Daniel Manso, el respeto tácito de esta ley hoy es imposible de ser cumplido. “La ley 26.331 exige la constitución de un fideicomiso a través del cual se distribuya entre las provincias el 0,3 por ciento del presupuesto. Pero ese fondo de coparticipación hoy no podría distribuirse ya que hay varias provincias que aún no realizaron su ordenamiento territorial de sus bosques nativos”, explicó.
“Hoy no se puede definir la fórmula de distribución porque hasta el 30 de julio sólo 10 provincias aprobaron su ordenamiento. Luego se agregaron Córdoba y Catamarca. En el Consejo Federal de Medio Ambiente ya se podría comenzar recién ahora (con 12 provincias listas) a estudiar los porcentajes de distribución. Pero no creo que se termine antes de que se sancione el Presupuesto”, estimó Manso en diálogo con primerafuente.
El funcionario explicó que los montos que recibe cada provincia se ajustan de acuerdo a la proporción de áreas rojas, amarrilla y verde que mantengan. Según el ordenamiento realizado, en Tucumán quedan algo más de 900 mil hectáreas de bosques nativos. Se estima que antes de fin de año, la Legislatura apruebe la reglamentación de la norma que, pese a esto, sí se encuentra operativa en su aplicación.
El titular de Flora y Fauna afirmó que los fondos a distribuir tienen como finalidad pagar subsidios por un servicio ambiental. “Esto quiere decir que no se dará dinero sólo por tener un bosque. Para acceder a este beneficio se deberá presentar un plan de conservación el espacio verde y que éste preste un servicio ambiental como podría ser captura de carbono, conservación de cuenca, generación de agua o mantenimiento de biodiversidad”, explicó.
 Por Esteban Stanich
http://www.primerafuente.com.ar/index.php/noticia/tucuman-recibiria-en-2011-mas-de-13-millones-para-la-conservacion-de-bosques

ANTONIO GÓMEZ "Detrás de cada delito ambiental, se esconde un funcionario corrupto"

El fiscal federal Antonio Gómez es el representante de la Argentina ante la Red Latinoamericana de los Ministerios Públicos Ambientales, organismo creado con el objetivo de paliar un problema regional: la escasa efectividad a la hora de implementar las leyes ambientales. En 2008, sobre la base de denuncias de las comunidades de Catamarca y Tucumán, comenzó una investigación contra Minera Alumbrera. Por S.R.


- ¿En qué estado se encuentra actualmente el caso Alumbrera?
- La denuncia penal está abierta; el señor Julián Rooney fue indagado y, como consecuencia de esa indagatoria, no puede salir del país sin autorización del juzgado. Es cierto que la Cámara Federal de Tucumán lo procesó por el delito de contaminación ambiental de modo doloso y que la Cámara de Casación Penal anuló ese procesamiento porque consideró que es prioridad del juez federal decidir si lo procesa o no. En caso de que no lo haga, entonces la Cámara Federal puede hacerlo.
- ¿Podemos entonces afirmar que se trata de un tecnicismo?
- Exacto. La verdad es que la causa no está cerraday no solo está imputado Julián Rooney, sino también el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral -a quien todavía no se le tomó indagatoria- porque estoy convencido de que no puede ignorar la contaminación de la minera.
- ¿Cuáles fueron los fundamentos de la acusación?
-Los datos que surgen del informe de impacto ambiental de la propia empresa señalan que están contaminando, declaran valores por encima de los niveles permitidos por nuestra propia ley ambiental, que es la Ley 24051. No lo decimos nosotros sino que la prueba esencial del delito de contaminación surge del propio informe de impacto ambiental y la propia página de la Secretaría de Minería de la Nación.

-¿Cuál es el organismo responsable de la aprobación de este informe?

-La Secretaría de Minería y la de Ambiente de la provincia. Para ser precisos, ambos organismos no aprobaron los informes, sino que señalaron los excesos que figuraban en ellos. Sobre esa base actuamos nosotros. El fallo de la Cámara Federal, cuando lo procesa a Julián Rooney, justamente hace hincapié en las observaciones realizadas por las secretarías provinciales, que son las encargadas de estas inspecciones. Seguramente usted se pregunta cómo pudo entonces haberse habilitado, y debo contestar que es parte del sistema de corrupción que tenemos aquí: a lo largo de tantos años de trabajar en esta problemática he comprobado que detrás de cada delito ambiental, hay un funcionario corrupto. En este caso específico, aun cuando los valores declarados exceden los permitidos y hay observaciones desde el punto de vista técnico, la empresa puede continuar contaminando sobre la base de una suerte de compromiso de estudiar esos valores. Por eso la acusación es contra el secretario de Minería de la Nación (Jorge Mayoral), entre otros funcionarios.

-¿Me puede dar el ejemplo de algún contaminante en particular?

-Por supuesto. Tomemos el caso del cadmio, que es uno de los metales pesados más tóxicos. La minera comunica, en sus informes de los años 2001 y de 2003, que está liberando un miligramo por litro, cifra que excede los valores permitidos por la ley en 5000, 100 o 50 veces según el agua se use para consumo humano, animal o siembra. El caso del mercurio es similar. En el informe figura que tiran un miligramo por litro y, en el caso de este metal, la proporción es 10 mil veces por encima de lo permitido. Hay que ser claro, estas sustancias afectan severamente el ambiente y la salud de las personas y lo que se está contaminando es un río donde la gente va a tomar agua. A pesar de todo, como se trata de una inversión de más de 1200 millones de dólares, no pasa absolutamente nada con los organismos administrativos ni con los de la propia Secretaría de Minería.

-¿No tiene injerencia en el tema la Secretaría de Salud provincial?

-Debería tenerla, pero la Secretaría de Salud de Tucumán hizo un decreto expreso para permitirle a la empresa contaminar por encima de estos niveles. Esta es la resolución que invoca Minera Alumbrera para afirmar que no contamina, aunque esté en niveles muy por encima de los del orden federal. Es como si este mismo organismo hiciera una resolución permitiendo el consumo de marihuana a pesar de que es un delito federal.

-Lo que usted relata da la sensación de que nos encontramos ante una verdadera cadena de permisividad.

-Si todavía quedan dudas al respecto, le doy otro dato reciente. A los efectos de valorar el contenido de las pruebas y recoger muestras, hace unos días se presentó en Minera Alumbrera el fiscal federal Emilio Ferrer y no lo dejaron pasar. Fíjese el poder de la empresa, que no permite avanzar a un fiscal y, peor todavía, la historia continúa: cuando Ferrer se lo comunica al juez, el magistrado le contesta que se vuelva porque iba a averiguar qué había pasado... En definitiva, estamos hablando de algo que llega incluso a afectar al mismo Poder Judicial. Por eso, nosotros sostenemos que la responsabilidad no corresponde solamente a los empresarios, sino también a los funcionarios públicos que firman las autorizaciones aprobando los vertidos ilegales.

-¿Me puede explicar a que se denomina "delito de peligro"?

-Vuelvo al tema droga. Los delitos ambientales -al igual que el narcotráfico- afectan la salud pública. Para secuestrar un kilo de cocaína de un domicilio no se necesita que alguien haya consumido o que haya sido afectada una persona en particular, por eso es un delito de peligro. Es un delito abstracto o potencial porque la sola tenencia es suficiente para configurar una infracción. Pasando al tema de la contaminación ambiental, es mucho más grave, porque la droga afecta la salud del que quiere consumir cocaína, pero la contaminación la padecemos todos, aunque nos opongamos a hacerlo. Es más grave, pero también se encuadra en esa figura penal: no se necesita que alguien esté afectado, el solo vertido de un líquido contaminante es suficiente para configurar el delito. Así lo establece la ley. Pensar en probar el daño es pensar que la ley es perversa.

-¿Hay algún país donde esto se aplique a los delitos ambientales?

-Sí. En España, por ejemplo, y hay países que tienen incluido dentro del Código Penal los delitos contra el medio ambiente de un modo más genérico. En la Argentina, para que quede configurado dentro de la Justicia, lo que hacemos es una aplicación de una ley de residuos peligrosos. Mientras que en España, entonces, talar un bosque es un delito, en nuestro país es una infracción administrativa.

-¿Qué opinión tiene acerca de las promesas de cuidado ambiental, desarrollo local, puestos de trabajo numerosos, entre otros conceptos, siempre presentes en el discurso de las empresas?

-Yo lo llamo contaminación social. ¿Por qué? Porque es la misma técnica que utiliza un narcotraficante que produce droga en un ámbito local: darle plata a la iglesia para el campanario nuevo, a la municipalidad para un gimnasio, al gobierno de la provincia para que mejore un hospital o a la universidad para ampliar instalaciones. Es una técnica que algunos llaman de compromiso social empresario, donde lo que se pretende adquirir es el consenso social para seguir contaminando, pero es falso. A poco de andar, si uno analiza moralmente, comprende que nadie puede ganar dinero a costa de la salud de las personas.

-Por ley, las mineras deben donar dinero a las universidades. Hubo casos en que estas casas de estudios han rechazado las donaciones, ¿son hechos aislados o un patrón general?

-La mayoría de universidades ha aceptado las donaciones. En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, lamentablemente tiene una causa penal abierta porque recibe 20 millones de dólares por año de Minera Alumbrera, que se supone deben ser invertidos en infraestructura y al parecer han sido desviados para otros fines.

-¿Qué expectativas tiene respecto al caso de Minera Alumbrera?

-Mire, cuando me siento a trabajar, si bien tengo en miras el resultado, el tema es la batalla que se dé, porque es muy complicado lograr concretar las condenas en la administración de la justicia penal. Ahora bien, si hablamos de esperanzas, por supuesto que las tengo y así como fue procesado Julián Rooney, en algún momento espero poder hacer un juicio oral y público. En Tucumán tenemos antecedentes positivos, entre ellos, la condena de tres años de prisión a los propietarios de un sanatorio por contaminar con residuos patogénicos y el proceso a más de seis intendentes por delitos de contaminación. Estos hechos me alientan y me habilitan para decir que existe una jurisprudencia que quizás el día de mañana sirva para condenar a una empresa como Minera Alumbrera. Tampoco soy ingenuo y sé que entre el sanatorio y la minera hay una diferencia de varios miles de millones de dólares.
-¿Qué le diría a quienes lo acusan de querer cerrar empresas?
-Yo soy un especialista en delitos ambientales -actividad que ejerzo hace 20 años- y cada vez que encuentro un caso, lo investigo como tal. Cuando no excede los niveles permitidos por la ley, no le presto atención porque no es mi tema. Dicho de otro modo, yo estoy en contra de cualquier delito ambiental. Si una actividad no contamina por encima de los niveles permitidos por la ley, es un problema de los que controlan el ambiente pero no es un delito, entonces a mí no me interesa.

La sequía hace mella en los ríos del sur y crece la preocupación de los agricultores


Publicado el: 19/11/2010 | La inusual falta de lluvias en esta época del año preocupa sobre todo a los agricultores del sur de la provincia, que necesitan del agua de los ríos para poder regar sus cultivos. El tabaco, la soja y la caña de azúcar serían los más afectados si esta situación persiste. Ambientalistas alertan que la sequía también es producto de las explotaciones de las minas a cielo abierto.
El río Gastona, en uno de sus niveles más críticos. Foto de Silvia Alderete.
Desde la Dirección de Recursos Hídricos se prohibió el riego de los cultivos en zona del dique Escaba, ubicado a unos 28 Km. al oeste de la ciudad de Juan B Alberdi, y de ser necesario no se descarta la posibilidad extender la medida a otros sectores del territorio tucumano.
“En Escaba sólo estamos liberando un metro cúbico por segundo, lo que denominamos caudal ecológico, es por ello que se suprimieron el riego de los cultivos en esa parte de la provincia”, señaló Desiderio Dode, director de Recursos Hídricos.
En este sentido, el funcionario indicó que deberán esperar al menos unos 10 días y observar el compartimiento del caudal de los ríos, para que los agricultores puedan reiniciar la actividad.
Por otra parte, Recursos Hídricos también informó que el servicio de agua potable por el momento no corre peligro, sin embargo alientan a los usuarios extremar el uso del tan necesario líquido.
Algunos movimientos ambientalistas del sur tucumano, también hicieron sentir sus voces debido a la sequía que impera en Tucumán, explicando que estos cambios climáticos se deben a la contaminación ambiental y al uso excesivo del agua por parte la actividad minera.
“Desde hace tiempo vemos como ha descendido el nivel de agua de los ríos en esta parte de la provincia, y esto mucho tiene que ver con las explotaciones de las minas a cielo abierto, por la extraordinaria cantidad de agua que necesitan para extraer los minerales”, explicaron miembros del grupo ambientalista, Juan Calchaquí.

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!