lunes, 29 de octubre de 2007

EN LA MIRA DE LA JUSTICIA

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=37997
Juan Orellana, otro intendente cerca de un juicio por contaminación
Gracias a la reforma contitucional, Juan Orellana también tendrá privilegios como intendente de Famaillá.
La existencia de un basural contaminante a cielo abierto durante su gestión como intendente de Famaillá, entre 1999 y 2003, depositaría a Juan Enrique Orellana en el banquillo de los acusados. Según el Código Penal el ex legislador podría sufrir una pena máxima de hasta 10 años de cárcel por violación a la ley federal de residuos peligrosos. Sin embargo, al contar con fueros tras ser reelegido como intendente, la última palabra la tendría el Concejo Deliberante.

Así como el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, podría contar sus días en prisión por violación a la ley nacional de residuos peligrosos (Nº 24.051), el recientemente reelegido jefe municipal de Famaillá, Juan Enrique Orellana, también podría soportar un juicio en su contra por contaminación ambiental.

Durante su primera gestión al frente de la Intendencia famaillense, entre 1999 y 2003, Orellana fue denunciado por el entonces director de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, como presunto responsable de la existencia de un basural municipal a cielo abierto. A partir de ello, la Justicia Federal inició una investigación y lo procesó como supuesto autor del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Esta disposición legal sostiene que será reprimido -con las mismas sanciones establecidas en el artículo 200° del Código Penal- “el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo el agua la atmósfera o el ambiente en general”. En otras palabras, el legislador provincial saliente podría ser reprimido con tres a diez años de reclusión o prisión en caso de que la Justicia lo encuentre culpable de haber puesto en peligro la salud pública a través de la contaminación ambiental causada por el basural que dispuso el municipio mientras él estuvo a cargo.

La causa contra el intendente ultra alperovichista se encuentra ahora en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal que debe resolver los planteos presentados por la defensa en cuanto a la incompetencia de la Justicia Federal y la nulidad e inconstitucionalidad de la causa.

Cuando el expediente pasó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal, se abrió la polémica por su desafuero ya que en ese entonces Orellana se desempeñaba como legislador provincial (periodo 2003-2007). De esta forma, los magistrados federales solicitaron su desafuero ante la Legislatura provincial, paso que no llegó a concretarse por los planteos interpuestos por la defensa.

Posteriormente, el fiscal general del Tribunal Federal, Alfredo Miguel Terraf, apeló esta decisión al considerar que se podía continuar con la causa sin necesidad de quitarle la inmunidad al entonces parlamentario, en base a la Ley 25.320, más conocida como la Ley Carrió (Elisa Carrió fue quien la impulsó). Esta norma, que se publicó el 13 de setiembre de 2000, derogó varios artículos del Código Procesal Penal de la Nación y dispuso que cuando se abra una causa penal a un legislador, el Tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. En definitiva, el caso todavía espera una resolución en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Sin embargo, tras el nombramiento de Orellana nuevamente como intendente de Famaillá, se abre un panorama diferente pero con la misma complejidad. Tras la reforma constitucional impulsada a beneficio del gobernador José Alperovich y su séquito, se dispuso a través del artículo 138º, que los intendentes cuenten con idénticas prerrogativas procesales a las del titular del PE provincial. De esta forma, se extendió el privilegio constitucional a los jefes municipales que sólo podrán perderlos en caso de que una mayoría calificada del Concejo Deliberante lo disponga en sesión.

Por lo pronto, el 6 de noviembre el ex intendente de Concepción entre 1999 y 2003, Octavio Muedra, deberá afrontar en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán un juicio en su contra por su presunta responsabilidad en la violación de la ley Nº 24.051 sobre desechos peligrosos, como consecuencia del ilegal manejo de residuos patógenos y sólidos urbanos en el basural dependiente de ese municipio. Este será el primer juicio contra un ex intendente por un delito ambiental.

jueves, 25 de octubre de 2007

HISTÓRICO JUICIO AMBIENTAL

Información recogida de primerafuente.com.ar
Un ex intendente irá a juicio por atentar contra el medio ambiente




La Policía Ecológica inspeccionó y tomó imágenes del basural que se constituyó en un enorme foco contaminante.



El artículo 200 del Código Penal
Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.




La nota en imágenes
Se trata del ex jefe municipal de Concepción, Octavio Muedra, por la supuesta violación de la ley federal de residuos peligrosos. Se lo acusa de haber permitido la existencia de un basural donde el municipio arrojaba, sin tratamiento alguno, desechos domiciliarios y patógenos. Aseguran que se contaminaron las napas freáticas y al río Gastona. Podría recibir una pena máxima de 10 años de prisión. El juicio comenzará el 6 de noviembre y será el primero que se realice contra un ex intendente por un delito ambiental.

El ex intendente de Concepción entre 1999 y 2003, Octavio Muedra, deberá afrontar, desde el 6 de noviembre próximo, un juicio en su contra por su presunta responsabilidad en la violación de la ley Nº 24.051 sobre desechos peligrosos, como consecuencia del ilegal manejo de residuos patógenos y sólidos urbanos en el basural dependiente del municipio. Este será el primer juicio contra un ex intendente por un delito ambiental.

En rigor, Muedra será enjuiciado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán por su aparente comisión del ilícito previsto y penado por el artículo 55, primer párrafo, de la mencionada norma federal. Esta sostiene que será reprimido -con las mismas sanciones establecidas en el artículo 200° del Código Penal- “el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo el agua la atmósfera o el ambiente en general”.

De esta forma, el ex candidato a concejal en las recientes elecciones provinciales por el Partido de los Trabajadores (acoplado al alperovichismo) podría ser condenado de tres a diez años de reclusión o prisión, según lo dispuesto por el capítulo IV del Código Penal sobre delitos contra la salud pública (ver apartado).

A partir de una denuncia efectuada por la Policía Ecológica, el 22 de abril de 2000, efectivos de esta dependencia, al mando del oficial Marcelo Antonio Godoy y el sargento Roberto Reynaga, detectaron en el vaciadero municipal a cielo abierto (situado al final de calle Juramento, sobre la margen derecha del río Gastona) todo tipo de de residuos provenientes de la recolección diaria de la basura de esa ciudad. Junto a estos desperdicios, los agentes comprobaron que en el lugar se arrojaban toda clase de residuos patológicos (jeringas, gasas con sangre, guantes de látex, sondas, saches de suero, etc), afectando el suelo, el aire y el agua de la zona, según concluyó el fiscal federal a cargo de la causa Emilio Ferrer (Nº 1).

Según la investigación, se comprobó que los desechos peligrosos provenientes de centros sanitarios de la ciudad se arrojaban, sin tratamiento alguno, junto a los residuos domiciliarios y que, dada la proximidad del río, se contaminó el agua de su curso con las consecuencias que esto implica.

El basural tampoco contaba con cercas circundantes ni letreros que prohíban el ingreso público. Es más, los agentes de la Policía Ecológica encontraron tres familias viviendo en el predio que se abastecían con agua contaminada extraída mediante una bomba aspirante impelente.

Incluso, se realizó en el vaciadero una perforación a 9,30 metros de profundidad a través de la cual se confirmó que la napa freática se encontraba contaminada con excretas desagües.

La defensa de Muedra y el llamado a juicio

En su defensa, Muedra sostuvo que los residuos patógenos eran responsabilidad de los centros sanitarios que los generaban y que estos los depositaban indebidamente en contenedores del Municipio destinados a desechos domiciliarios. Por su parte, el director del Hospital de Concepción, Julio César Nacul, en declaración indagatoria, aseguró que el incinerador del establecimiento se encontraba descompuesto desde hace varios años y negó que se hayan mezclado desechos peligrosos con residuos comunes.

Junto a las mencionadas pruebas, el propio Muedra reconoció ante la Justicia la existencia del basurero y admitió que los desechos se arrojaban a cielo abierto sin tratamiento más que un tapado periódico con tierra. Incluso, un grupo de empleados municipales aseguró que en el vaciadero en cuestión se depositaban desechos domiciliarios y patológicos provenientes del hospital local y sanatorios privados, por orden de la Municipalidad de Concepción.

Así, el 10 de marzo de 2003, el juez federal Nº 2 Felipe Terán (destituido en octubre del año pasado y reemplazado por el juez Mario Racedo) ordenó el procesamiento del ex intendente de origen radical y, posteriormente, elevó la causa a juicio tras un requerimiento de Ferrer realizado el 26 se setiembre de 2005. Previamente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán había confirmado el procesamiento sin prisión preventiva de Muedra. En tanto, la Justicia también se dispuso el sobreseimiento parcial y definitivo de Nacul.

El tribunal a cargo del juicio estará integrado por Gabriel Eduardo Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli. Se estima que el proceso no demandará más de dos días, según adelantaron a primerafuente fuentes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Por Patricia Aguirre y Esteban Stanich

Dos ex directores de Medio Ambiente deberán declarar en el juicio contra el ex intendente




Patricia Jalil aportará su testimonio en la causa contra Muedra.


El juicio contra el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, tendrá como fecha de iniciación el 6 de noviembre próximo, a las 9.30, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (Chacabuco 125). Una lista integrada por 25 testigos fue citada para declarar en el debate oral. Para el primer día, desde las 9.30, se citó a la jefa del Laboratorio de Agua Potable del Departamento de Saneamiento Básico del Siprosa, Graciela Ojeda; a los integrantes de la Policía Ecológica provincial José Tejeda, Marcelo Godoy, Roberto Reynaga, Carlos Gómez y Norma Casado y a los agentes federales Gerardo Sarmiento, José Galip, Dante Rejas y Sergio Díaz.

Para ese mismo día, a las 16.30, deberán concurrir los testigos Julio Nacul, Jorge Dip Coronel (vicedirector del hospital de Concepción), Emilio Vargas Graña (en calidad de director general Saneamiento Ambiental del Siprosa), José Viapiano (jefe del Departamento Saneamiento Ambiental del Siprosa), Julio Medina (jefe de la Sección de Inspección Ambiental del Siprosa) y Patricia Jalil (ex directora de Medio Ambiente provincial hasta junio pasado).

También se llamó a comparecer, a la misma hora, a Carlos González, Ramón Carabajal, Roque Robles, Fabián Luján, Carlos Sosa, Fabián Maza, Adrián Robles, Víctor Varas y al ex director de Medio Ambiente provincial durante la gobernación de Julio Miranda, Juan Antonio González.

Ya condenaron a dueños de un sanatorio por arrojar residuos patológicos




Gabriel Casas preside el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.



De las decenas de denuncias por contaminación ambiental que llegaron en los últimos años a la Justicia Federal, solo una llevó a los responsables al banquillo de los acusados. En mayo de 2006, a través de un juicio abreviado dispuesto junto al Ministerio Público, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a Liliana Alicia del Valle Sánchez y a José Luis González a tres años de prisión de ejecución condicional y a una serie de reglas de conducta, como la de someterse al patronato correspondiente al lugar donde fijen su residencia, de abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y la de realizar trabajos no remunerados a favor del Estado (dos días domingos por mes durante dos años en un Hospital Público de esa ciudad).

Se trata de los dueños del Sanatorio Santo Cristo Río Sane SRL, quienes fueron acusados de arrojar residuos patológicos en el río Los Sosa (Monteros). En primer lugar, el Tribunal concluyó que quedó demostrado que cometieron el delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 ya que los empresarios no controlaron la fuente de peligro que presuponen los residuos patológicos utilizando los mecanismos y las formas previstas por la ley, “creando con su conducta un peligro jurídicamente desaprobado”.

La causa se inició a raíz de una denuncia del ex director de Medio Ambiente de la provincia durante la gestión de Julio Miranda, Juan Antonio González, quien –junto a un grupo interdisciplinario de profesionales- realizó en mayo de se año un operativo de inspección en el que se comprobó que se habían arrojado 60 bolsas de color rojo (contenían residuos patológicos) en la margen derecha del río Sosa (Monteros) a la altura del kilómetro 15 y medio de la ruta provincial Nº 307. En esas bolsas, según consta en el expediente judicial, había agujas y jeringas descartables usadas, gasas con material purulento y sanguinolento, restos de yeso, guantes de cirugía, algodones y vendas usadas, entre otros elementos.

En su denuncia, González alertó que todo lixiado, el líquido resultante de la descomposición de material orgánico (como sangre, medicamentos líquidos y suero), contamina el suelo y la atmósfera, ya que se constató pestilencia proveniente de las bolsas y la presencia de vectores, como son las moscas y que son un factor fundamental en la transmisión de patología. A esto se sumó que el hecho ocurría en una zona de recreación para bañistas.casi ninguna llevó hasta el momento a los supuestos responsables mientras que miles de tucumanos siguen padeciendo los efectos nocivos de los residuos peligrosos que generan las industrias, empresas y municipios en manos de quienes poco y nada les importa la salud de la población.

miércoles, 24 de octubre de 2007

VISTA GORDA Y MÁS HOLLÍN

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=37887
Ambientalistas repudian la inacción de una jueza en una causa contra los ingenios
La jueza Emely Amenábar fue responsabilizada por su pasividad ante la contaminación de las fábricas azucareras.
Un proceso judicial contra una docena de ingenios permanece estancado desde hace más de cuatro meses pese a que pericias demostraron que las fábricas no cumplieron con la ley que los obliga a disponer filtros en todas sus chimeneas. Malestar desde la Federación de ONGs Ambientalistas. En tanto, otros tres ingenios se comprometieron a no arrojar más hollín a la atmósfera una vez iniciada la zafra de 2009.

Hace cuatro meses finalizaron las pericias judiciales que constataron que doce ingenios provinciales carecen de dispositivos para prevenir la contaminación aérea en todas sus chimeneas o calderas, tal como lo establece la ley Nº 7.460. Sin embargo, desde entonces, ninguna fábrica azucarera recibió sanción alguna ante la evidencia del incumplimiento legal lo que generó el repudio de la Federación de ONG Ambientalistas de Tucumán, parte denunciante en la causa iniciada por violación a la mencionada norma. En este sentido, desde la entidad responsabilizaron a la jueza Emely Ana Amenábar (IV Nominación de la Cámara Civil y Comercial Común) por la dilación del proceso contra las empresas contaminantes. “La jueza está demorando la causa al dar lugar a cada una de las chicanas que presentan los empresarios para embarrar la causa. Hay una ley vigente y tiene en sus manos los resultados de las pericias que ella misma mandó realizar en cada ingenio pero hasta ahora no tomó decisión alguna para frenar las contaminación que se está causando durante esta zafra”, se quejó Juan Manuel Prado Iratchet, secretario general de la Federación. El dirigente ambiental fue más allá y aseguró que todo el sistema actual “está armado para que los ingenios no paren de producir ni de contaminar”. “Queremos que de una vez por todas se dicte una sentencia para saber cómo sigue la causa y si podemos o no hacer algo al respecto”, agregó Iratchet en diálogo con primerafuente. El 18 de mayo de 2006 la Federación Ambiental presentó una acción de amparo colectivo a fin de obligar a que todas las fábricas azucareras cumplan con la ley 7.460. Luego, en el marco de una serie de audiencias de conciliación, sólo los ingenios La Trinidad, Santa Rosa y La Corona, acordaron con la ONG y con la Justicia suscribir un plan de reducción gradual de la contaminación aérea a fin de llegar a la zafra de 2009 con la erradicación total de sus emanaciones de hollín. En tanto, en junio pasado, Amenábar dispuso una serie de inspecciones a los doce ingenios restantes a fin de verificar el cumplimiento de la exigencia de instalar los filtros. Tras la pericia, se comprobó que ningún ingenio respetó la ley vigente, aunque algunos se encontraban en peor situación que otros en cuanto a las inversiones realizadas para tal fin. Desde entonces, la causa permanece estancada y otra zafra más a punto de concluir sepultó poblaciones enteras con partículas de hollín contaminantes.

viernes, 19 de octubre de 2007

MENTIRAS, COMPLICIDADES Y BENEFICIOS EMPRESARIOS: EL PUEBLO AFUERA


Estimados:
A continuación tres notas aparecidas en el portal informativo (muy bueno) primerafuente.com.ar
Quizás les lleve un poco de tiempo leerlas y si no conocen la problemática de la Cuenca Salí - Dulce se les haga un poco difícil de entender, pero vale la pena el esfuerzo.
En 1) se aprecia el accionar de la justicia que da a conocer los resultados de los muestreos que confirman que los ingenios contaminan. Se da a conocer justo al día siguiente que los empresarios firmaron un acuerdo con Picolotti y el juez espera que le presenten "un plan integrado basado en el sistema de progresividad que prevea como objetivos ambientales la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos ...." ¿Qué significa esto, acaso el juez no debe juzgar sobre los hechos delictivos ya comprobados?
Por otro lado en 2) los empresarios se muestran relajados y muy contentos al firmar el acuerdo, dentro del PRI (plan de reconversión industrial). Ver foto adjunta. Cómo no van a estar contentos si los van a premiar por haber contaminado durante muchos años.
En 3) la protesta de los vecinos a funcionarios y empresarios y la entrega del petitorio a Picolotti, asumiendo una firme posición al no haber participado en la firma de los acuerdos para no avalarlos con su presencia, y demostrando que si bien respiran hollín a la fuerza, no mascan vidrio.
En fin, hace varios días hice llegar a muchos medios los comentarios que siguen, y por supuesto nadie se hizo eco:

"Como es su costumbre, nuestros gobernantes, funcionarios y empresarios siguen mintiendo. La tan promocionada firma del PRI, Plan de Reconversión Industrial, por parte de ingenios, citrícolas, etc. es una farsa.

En Tucumán existió desde el 2003 un PPL (Plan de Producción Limpia) que concluyó en un rotundo fracaso, pues solamente se integraron a él 3 empresas. Luego la titular de medio ambiente de la nación, Romina Picolotti, en conjunto con el gobierno de Tucumán, inventó este PRI

¿Cuál es la mentira? Muy simple: el PRI es una reedición del PPL, a saber:

1) El PRI no es obligatorio, igual que el PPL

2) En el PRI los parámetros de contaminación permitidos a las empresas son exactamente iguales a los de PPL. Están fijados por la resolución provincial 1265/2003 del Siprosa (Tucumán)

3) Tanto el PPL como el PRI son violatorios de la ley federal de Residuos Peligrosos Nro. 24051, pues la resolución 1265/03 fija valores muy por encima de los estipulados en la ley federal.

4) Pero ahora el PRI en lugar de castigar, premia a los empresarios que han contaminado y envenenado todos los cursos de agua de Tucumán y el lago de Termas de Río Hondo, otorgándoles créditos blandos para "reconvertir sus procesos de desechos de efluentes".

5) Los proyectos de "reconversión" los preparan los empresarios, ellos se beneficiarán con los créditos blandos, la población seguirá sufriendo la contaminación hasta que a ellos les parezca, y los créditos los financiaremos entre todos los habitantes del país.

UNA FARSA, Y UNA MANIOBRA PARA HACER CREER A LA POBLACION QUE AHORA SÍ SE SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA SALÍ-DULCE."

1) UN TRAGO AMARGO PARA LOS AZUCAREROS
Confirmado: 11 ingenios contaminan el agua que desemboca en la cuenca Salí-Dulce



primerafuente detectó el año pasado el agua sucia que provenía de los efluentes del ingenio La Trinidad.







La medición atmosférica sigue pendiente

Otra cuestión pendiente para la Justicia Federal es avanzar en la medición de la contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, el juez federal subrogante Nº2, Mario Racedo, no cuenta con los elementos necesarios para medir el daño que se produce en el aire, mientras los vecinos del sur siguen protestando en contra de la lluvia de cenizas que soportan a diario.

Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa.

Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.





El esperado informe de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional develó que 11 ingenios tucumanos, en general, exceden los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. Los resultados surgen de las muestras de agua que fueron extraídas en las fábricas azucareras en el marco de allanamientos ordenados por el juez federal subrogante Nº2, Mario Racedo. Ahora, el magistrado le pidió al secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, que rinda cuenta sobre los planes, controles y estudios de impacto ambiental a los que están sometidas las industrias.

Lo que todos saben y lo que los vecinos del sur padecen y denuncian hasta el cansancio fue confirmado por un estudio de la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional. Los resultados de las muestras de agua que fueron extraídas por peritos de la fuerza nacional en 11 ingenios azucareros develaron que, en general, exceden los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia, con lo que se complica aún más la situación judicial de los industriales involucrados en la causa que está en manos del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo.

Con la firma del Jefe de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el esperado informe, al que tuvo acceso primerafuente, confirmó que los valores de los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superan los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.

Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado en setiembre pasado el juez Racedo para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua.

El juez pidió a Montalván que rinda cuenta sobre los planes y controles

Racedo recibió dicho informe, que data del 24 de setiembre pasado, hace más de una semana y tras un minucioso análisis de los resultados que arrojaron las muestras de agua, libró un oficio al secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván. A través del escrito, le solicitó que en un plazo de 10 días le informe si los ingenios involucrados formalizaron o presentaron "un plan integrado basado en el sistema de progresividad que prevea como objetivos ambientales la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseoso que emanasen de la fábrica, objetivos a lograrse en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal".

A ello, agregó que en caso afirmativo, remita la copia de dicho plan e informe sobre los controles efectuados y si el programa se encuentra cumplimentado a la fecha comprometida. También le solicitó al funcionario que envíe informes de los estudios de impacto y de ordenamiento ambientales de los 11 ingenios.

2) PICOLOTTI LE TOMÓ LA PALABRA A LOS INDUSTRIALES
Para disminuir el daño ambiental, 22 industrias prometieron invertir $156 millones



A las risas, el industrial Jorge Rochia Ferro, Picolotti y Alperovich comparten la rúbrica del acuerdo ambiental.



La nota en imágenes
"Ya no hay excusas para que no se comprometan y bajen los grados de contaminación", alertó ayer en Tucumán la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, luego de firmar acuerdos ambientales con los 15 ingenios azucareros y 7 citrícolas en el marco del Plan de Reconversión Industrial (PRI). Los industriales se comprometieron a invertir $156 millones durante dos años para disminuir progresivamente la contaminación que generan en la cuenca Salí-Dulce. Picolotti volvió a amenazar con fuertes controles y sanciones económicas si las industrias no cumplen. "En esos dos años, deben reducir a cero el vertido de vinaza y la cachaza en los cursos de agua que desembocan en la cuenca", alertó.

En un sencillo acto protocolar que se realizó ayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, los representantes de los 15 ingenios azucareros y 7 industrias citrícolas y las autoridades del Gobierno nacional y local, rubricaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI) para disminuir los grados de contaminación en la cuenca Salí-Dulce. El acto fue presidido por la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, quien en conferencia de prensa explicó que los ingenios y citrícolas invertirán 156 millones de pesos durante 24 meses para minimizar el impacto de la contaminación. También dejó una vez más la promesa de sancionar a las empresas que no cumplan con el acuerdo y en ese sentido alertó que los industriales deben reducir a cero el vertido de vinaza y la cachaza en los cursos de agua que desembocan en la cuenca.

Si bien Picolotti resaltó el compromiso que asumieron los empresarios, dejó en claro que de ahora en más no hay más excusas para que los industriales no reduzcan realmente la contaminación. "Ya no hay excusas para que no se comprometan y bajen los grados de contaminación. El Estado fomentó todas sus herramientas para coordinar en forma conjunta acciones positivas. Ahora utilizará fuertemente sus herramientas de control y económicas para prevenir y bajar los grados de contaminación", amenazó y agregó que se han proporcionado hasta técnicos en forma gratuita para asesorar a las empresas.

La funcionaria nacional que visitó la provincia por escasas horas especificó que a partir de diciembre se abrirán líneas créditos en el Banco Nación a tasas cero para aquellas empresas que firmaron el (PRI). "La obligación de cuidar el medio ambiente, es una obligación legal, hay una responsabilidad del Estado, del ciudadano, pero también una obligación moral", dijo.

En el acto, que se realizó con la presencia del gobernador José Alperovich, el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y los gerentes de las diferentes empresas, Picolotti sostuvo que desde los gobiernos tanto nacional como local se asumió un compromiso hace diez meses de fomentar y promover el mayor control a las empresas con una política de Estado.

Con este convenio, las 22 industrias tucumanas se comprometieron a cumplir pautas de inversión y de mejoras ambientales que serán monitoreadas. Si estas compañías no cumplen con sus obligaciones asumidas, los organismos de control podrán sancionar y multar económicamente a las firmas y hasta incluso hacer caer el convenio. Cabe recordar que este plan de reconversión industrial fue elaborado por técnicos y especialistas de la nación y de las cinco provincias involucradas en la cuenca Salí-Dulce (Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Catamarca y la Rioja). También destacaron que la provincia será la pionera en llevar adelante con este tipo de plan anti-descontaminante.

Durante el acto, también firmaron el convenio marco ocho empresas faenadoras de carnes vacunas, que iniciaron la primera etapa del proceso para ingresar al PRI.

3) Vecinos del sur exigieron a Picolotti acciones directas para frenar el desastre ambiental



Con un esqueleto humano y barbijos, los habitantes del sur protestaron en las escalinatas de Casa de Gobierno.



Mientras en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se llevaba adelante el acto protocolar de la firma del Plan de Reconversión Industrial (PRI), un grupo de vecinos del sur de la provincia realizaba una colorida protesta con afiches y un esqueleto humano en las escalinatas del Palacio Gubernamental exigiéndole a la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, que actué directamente contra aquellas industrias que continúan generando contaminación. Luego de cumplir con su compromiso oficial, la funcionaria atendió en pocos minutos a estos defensores del medio ambiente destinándoles.

En este encuentro improvisado, según comentó Gustavo Masmud, miembro de la ONG Unión de Vecinos del Sur, Picolotti se comprometió a atender personalmente el planteo que se le formuló por escrito. "Este acuerdo que rubricaron con el sector empresarial nos produce incertidumbre y desconfianza porque no sabemos realmente qué acordaron. Ya tenemos malas experiencias teniendo en cuenta el Plan de Producción de Limpia que fue un fracaso total en la provincia", alertó Masmud.

El ambientalista también comentó que la funcionaria les prometió que seguirán de cerca el monitoreo a cada una de las empresas que más exponen a la población con sus desechos contaminantes. En este sentido, los vecinos le aseguraron a Picolotti que independientemente de las disposiciones del Estado se seguirá de cerca a las empresas aportando elementos de pruebas directamente en la Justicia Federal por los daños que causan las industrias tucumanas.

En el petitorio los vecinos solicitaron lo siguiente:

1) Dentro del Plan de Reconversión Industrial (PRI) se exija que los valores de contaminación a tener en cuenta sean los mismos que los establecidos por las leyes nacionales Nº 20.051 y 20.284.

2) Que se presente como querellante en todas y cada una de las causas iniciadas por contaminación ante los juzgados federales de Tucumán contra los ingenios. Además, solicitan que desde la Secretaria de Medio Ambiente se designen abogados a disposición de la organización civil por carecer de recursos económicos.

3) Se provea un subsidio a los familiares del niño Rodrigo Exequiel Agullo, para obtener remedios, oxígeno y la asistencia médica necesaria.

4) En atención a que todos tenemos derechos a un ambiente sano y este derecho constitucional sólo lo gozan algunos que tienen la posibilidad de vivir en zonas no contaminadas, en mérito a que somos todos iguales ante la Ley, pedimos una exención impositiva, tributaria y de tasas municipales a todos los vecinos afectados por la contaminación.

5) Se instalen en la provincia de modo permanente y con el monitoreo de ONGs, como la nuestra, de medidores de gases y partículas contaminantes ya que los jueces federales han afirmado que no se puede probar el delito porque en la provincia no hay equipos de medición normatizados.

6) Que los planes con metas y resultados sean puestos a disposición (en internet) para conocimiento y aporte de la sociedad tucumana.

7) Que también se delegue la responsabilidad del control del cumplimiento de lo acordado por los industriales (sin violar los presupuestos mínimos establecidos por la leyes nacionales como lo indica la Ley Nº 24.051 Y 20.284, entre otras) a los intendentes y delegados comunales pero con la participación de la ciudadanía.



video

jueves, 18 de octubre de 2007

EL DAÑO AMBIENTAL CONTINÚA

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=37779#
Picolotti sellará otra promesa de las industrias para que dejen de contaminar
Desde el año 2005, los vecinos del sur denuncian la lluvia negra que causan los ingenios, pero hasta el momento no hubo solución.

Se mudarán las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente
Desde el próximo lunes, las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Villafañe, que funcionan en Casa de Gobierno se mudarán al edificio de la avenida Brígido Terán 657, donde funciona actualmente la Secretaría de Minería. Allí, estarán habilitados los siguientes teléfonos: 4302838 y 4202757.

Mientras se acerca la finalización de la zafra y continúan las protestas de los vecinos del sur contra la contaminación, la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, firmará hoy acuerdos ambientales con quince ingenios y siete citrícolas para que inicien inversiones que tiendan a disminuir gradualmente los niveles de contaminación. Se trata del segundo paso de las fábricas en el marco del denominado Plan de Reconversión Industrial (PRI), a través del cual también podrán acceder a créditos “verdes”. Se sumarían la papelera y los frigoríficos.

Pasó otro año más y el daño ambiental continúa en la provincia. La interminable lluvia de cenizas y la contaminación de los cauces de agua por parte de las industrias tucumanas hacen que hoy sea una casualidad que en el Día de la Protección de la Naturaleza la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, venga a Tucumán a firmar acuerdos ambientales con las fábricas azucareras y citrícolas.

Más que una protección del medio ambiente, la rúbrica de estos pactos representan una promesa más por parte de los industriales para que de una vez por todas comiencen a disminuir en forma progresiva sus niveles de contaminación tanto atmosférica como la causada a través de sus efluentes líquidos.

La funcionaria kirchnerista arribará a las 8 al aeropuerto Benjamín Matienzo y permanecerá en la provincia hasta las 13.30, según confirmaron desde Ceremonial de dicha Secretaría. En tanto, el acto central, que en un principio iba a realizarse el martes pasado pero fue suspendido por problemas de agenda de Picolotti, se llevará a cabo a las 11 en el Salón Blanco, con la presencia del secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, y el gobernador José Alperovich. Los acuerdos serán rubricados con quince ingenios y siete citrícolas de la provincia en el marco del denominado Plan de Reconversión Industrial (PRI). A las 22 empresas mencionadas, se sumarían Papelera Tucumán y doce frigoríficos locales.

Se trata del segundo paso después que el 22 de marzo pasado, directivos de las citrícolas y las fábricas azucareras ya suscribieron un convenio marco que luego fue ratificado con la presentación, tanto a la Provincia como a la Nación, de sus respectivos programas de inversiones ambientales para los próximos dos años.

“Cada empresa se compromete a cumplir pautas de inversión y de mejoras ambientales que serán monitoreadas permanentemente. Esto no quiere decir que no se les aplicará sanciones por contaminar, al contrario, si no cumplen lo acordado cualquier empresa podrá ser multada y hasta se les podría hacer caer la vigencia del PRI que rubricaron debido a su incumplimiento”, explicó Montalván a primerafuente con respecto a los nuevos acuerdos específicos.

El acceso al PRI también posibilita a las empresas gestionar ante la Nación una serie de créditos “verdes” que deberán destinarse a inversiones tecnológicas y asesoramiento técnico para disminuir el daño que se está causando al medio ambiente.

En tanto, la Justicia Federal sigue investigando la contaminación que generan las industrias tucumanas. Se calcula que más del 70 por ciento de los desechos contaminantes que afectan la cuenca Salí-Dulce provienen, justamente, de las citrícolas y los ingenios tucumanos quienes arrojan sus residuos industriales a cursos de agua naturales que desembocan en el embale de Río Hondo. Por estos días, el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, evalúa los resultados de las muestras de agua que se tomaron en 11 ingenios en el marco de allanamientos que realizó el mes pasado personal de Gendarmería nacional.


martes, 16 de octubre de 2007

PACARA PINTADO DE ABANDONO


EN EL SUBSUELO DEL ABANDONO
http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=37690#
La indigencia y la exclusión parecen no encontrar límites en Pacará Pintado



Una acequia cargada de desechos supuestamente fisiológicos de colectivos de larga distancia hace irrespirable el aire en Pacará Pintado.



La nota en imágenes
Gran parte de la basura de Tucumán se concentra en esta pequeña localidad cercada por el abandono. Mientras una acequia transporta turbias aguas cargadas de hedor, el olor y las moscas que emanan colosales montañas de desperdicios empujan hacia lo insoportable. Napas contaminadas y falta de agua confluyen en un panorama cargado de abandono.

Ni siquiera el intenso aroma del café que Cecilia Juárez ofreció a sus vecinos pudo, ni por un instante, mitigar la pestilencia proveniente del propio frente de su casa. Resulta difícil comprender cómo decenas de familias pueden convivir con semejante congregación de focos contaminantes y hasta infecciosos. En realidad, ni ellos mismos saben cuál será el límite (y las consecuencias) de su hartazgo. Los habitantes de la localidad bandeña de Pacará Pintado enfrentan diariamente una suma de infortunios ante los que no hace falta pasar demasiado tiempo en el lugar para tomarse una idea, aunque más no sea aproximada, de lo difícil que resulta tolerar las adversidades que a esta población se les impuso. Como si la falta de empleo y su consecuente pobreza o la ausencia de servicios básicos como agua y cloacas no parecieran ser problemas suficientes, la desmesurada ampliación del vaciadero de desechos de la zona aportó un nuevo elemento a las conocidas penurias. Cuando desde diciembre de 2004 comenzaron a arrojarse allí unas 450 toneladas que por día genera la capital (lo que triplicó la cantidad de basura que hasta entonces se recibía) el impacto que recibió Pacará Pintado aún hoy cuesta soportarse. La multiplicación de los desperdicios en la planta de disposición final a cargo de la firma Servicios y Construcciones La Banda SRL también implicó una proliferación de insectos, alimañazas y olores nauseabundos que se sumaron a la postración de toda una población lindante. Y, si el “progreso” para esta gente fue pasar de la carencia total de agua de red a poder proveerse de esta al menos una hora al día, ese anhelo de crecimiento se hizo añicos cuando días atrás, médicos del Siprosa advirtieron no consumir de esta agua dado el grado de contaminación existente. Supuestas filtraciones de lixiviados provenientes del basural cercano podrían ser una de las causas. Otra aparente procedencia temida de este mal, se vincula a los efluentes líquidos que, según denunciaron los vecinos, desde hace algunos meses se arrojan a una acequia por parte de un taller y depósito de ómnibus de larga distancia. Utilizando una excavación para desagües pluviales, comenzaron a verterse allí supuestos desechos provenientes de los baños de los colectivos junto a aceites utilizados a la hora de arreglar y limpiar los vehículos. Ubicada a lo largo del kilómetro 8 de la ruta 306 (departamento de Cruz Alta), acercarse a esta acequia representa un desafío irritable. Se hace difícil poder respirar cerca de las turbias aguas que esta canal transporta en sus 800 metros de extensión. El olor fétido que de allí se emana queda esparcido por las precarias viviendas que se extienden a lo largo de la ruta. Es el mismo hedor que acompaña a los cientos de chicos que por allí caminan para ir a la única escuela primaria que hay en la zona. Entre la planta de basura y esta corriente de agua con desperdicios, según los vecinos de Pacará Pintado, está la causa por la que ya no pueden utilizar sus bombas para proveerse de agua, ni mucho menos beber la que por contados y añorados minutos sale de sus canillas. Algunos, que de a poco intentan superar la pobreza acuciante, tienen, en ocasiones, la posibilidad de proveerse de bidones de agua mineral para poder cocinar o beber. El agua, para ellos, se usa para bañarse o lavar la ropa. Por esto, no extraña ver prendas colgadas manchadas por la turbiedad del agua contaminada. Los guardapolvos hace rato que dejaron de ser blancos. Otros, aún mas escasos de recursos, no tienen alternativas. Para ellos, la advertencia de los médicos pesa menos que la necesidad imperiosa de proveerse y consumir de esta agua poco salubre que sólo se asoma por los grifos no más que un rato cada mañana. Por esto, en cada casa, pilas de tachos y botellas se aglomeran en torno a las canillas. De la cantidad de agua que pueda juntarse depende si durante el resto de la jornada la familia podrá, por ejemplo, bañarse o comer. A pocos metros, una inmensa montaña de basura se asoma impunemente sin toparse con un techo. La situación de indigencia parece no encontrar límites en Pacará Pintado.
Testimonios de los vecinos a primerafuente



Llevan décadas viviendo en Pacará Pintado. Nunca estuvieron peor.



“Ya enviamos varias notas a la Municipalidad de Banda del Río Salí para que tapen esta acequia repleta de excrementos. Cómo puede ser que de un día para el otro una empresa decida someternos con sus inmundicias. No hay derecho. Cortaremos la ruta para que los colectivos no puedan ingresar al deposito”, amenazó Cecilia Jiménez de Taberna, en referencia al canal que transporta desechos supuestamente provenientes de un taller de colectivos de larga distancia ubicado en el kilómetro 8 de la ruta 306, en Pacará Pintado, Cruz Alta. “No sólo el basural y las aguas de la empresa de colectivos nos tienen mal. Hasta acá llegan los olores de los desperdicios que arroja el frigorífico Velardez y las citrícolas. Todo va a parar al río Salí que está a pocos kilómetros de nuestras casas. Vivimos en el olvido”, Graciela Herrera, de la comuna de San Andrés. “Hace 20 años que vivo aquí y ahora estamos peor que nunca. Ya son varios los chicos que por jugar se cayeron a esta acequia podrida. Yo ya soy vieja, pero me preocupan los niños. No le importamos a nadie parece”, América Juárez, de 75 años, vecina de Pacará Pintado. El frente de su casa se encuentra a sólo dos metros del canal contaminado con desechos. “No nos queda otra que comprar bidones de agua. En esta casita vivimos diez personas. Es todo un presupuesto. Por culpa de la acequia y el vaciadero se filtró contaminación a las napas y ya no puedo usar mi bomba para extraer agua de pozo. Nos arruinaron la vida”, Cecilia Juárez de Taberna de Pacará Pintado. “Por toda la contaminación que sufrimos constantemente hay que llevar a los hijos al médico. El único dispensario está en San Andrés, a 4 kilómetros de aquí. Nunca hay un médico ni tienen medicamentos. La delegada comunal, Carla Martín, debería estar presa. Compra a la gente con bolsones por eso reeligieron”, Sandra Torres, barrio La Estación de San Andrés. “La política ambiental del Gobierno es un desastre. Si ahora estamos muy mal no quiero imaginar lo que será en el verano. Cuando sube la temperatura se llena de moscas verdes. Hay gente que sabes que e agua está contaminada pero lo mismo la toma, son tan pobres que no tienen otra alternativa. El basural nos cagó la vida”, Rubén Páez, vecino de Pacará Pintado.

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!