miércoles, 10 de octubre de 2007

CONTAMINAN Y CONTAMINAN

ETAPA CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN
Analizan los datos que develan en qué grado contaminan 11 ingenios
En los alrededores del ingenio La Trinidad, primerafuente registró el año pasado el agua contaminada.

Se preparan para pedir las máximas sanciones para los industriales

Mientras la Justicia Federal de Tucumán estudia los resultados de las muestras de agua de los ingenios, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero ya se prepara para constituirse como querellante en la causa, y pedir las máximas sanciones que contempla la ley para los responsables de las fábricas que podrían llevar a los empresarios a prisión, según publicó ayer el diario santiagueño El Liberal.

“Para aquellos que cometen delitos enmarcados dentro de la ley de Residuos Peligrosos, puede caber hasta la prisión”, alertó el ombudsman Darío Alarcón, quien aclaró que la intención es “ser parte del proceso, poder aportar las pruebas, y pedir que se impute a todos los responsables”.

Finalmente, el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, ya tiene en sus manos los resultados de las muestras de agua que extrajo personal de Gendarmería Nacional en 11 ingenios tucumanos. Estos datos, que aún no se darán a conocer, develan en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan las fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. El magistrado analizará los datos para luego determinar cuáles serán los pasos a seguir en la investigación. Si se comprueba el daño ambiental, llamarían a declarar a los industriales.

Los dueños de 11 ingenios no duermen tranquilos. El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, confirmó ayer a primerafuente que ya tiene en sus manos los resultados de las muestras de agua que fueron extraídas en 11 industrias azucareras en el marco de los allanamientos que ordenó el magistrado para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce.

El magistrado aclaró que no se darán a conocer los resultados hasta que culmine la etapa de análisis por parte de su Juzgado, que inició la pesquisa en el marco de una megacausa iniciada por el gobierno santiagueño en la que denunció el desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en la cuenca interprovincial. Estos datos resultan clave para determinar el rumbo de la investigación ya que develan el grado de contaminación que generan los ingenios. Y de esto último dependerá si el juez decide o no iniciar la instancia de las indagatorias contra los industriales involucrados.

Las extracciones de líquidos fueron sometidas a análisis en laboratorios especiales instalados en la provincia por parte de la Patrulla Ecológica de Gendarmería Nacional y luego fueron remitidas a Buenos Aires, donde se elaboraron los resultados finales. Con el líquido extraído de los efluentes, se realizaron dos tipos de análisis, uno referido a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y el otro a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). El mes pasado, fuentes cercanas a la investigación, habían adelantado que el informe parcial sobre las pericias realizadas arrojaban altos índices de contaminación.

Con respecto a la continuidad de la investigación de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, Racedo aseguró que hoy viajará a Buenos Aires para reunirse con autoridades de Gendarmería Nacional a fin de destrabar problemas presupuestarios que impiden que personal de Patrulla Ecológica siga con los operativos de extracción de muestras de agua en otras industrias tucumanas.

Otra cuestión pendiente para la Justicia Federal es avanzar en la medición de la contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, Racedo explicó que aún no cuentan con los elementos necesarios para medir el daño que se produce en el aire. Los vecinos del sur se cansaron de manifestar en contra de la lluvia de cenizas que inunda sus hogares.

Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=37611

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!