martes, 29 de septiembre de 2009

La Comunidad Indígena de El Nogalito resiste un desalojo


PELIGRAN UNAS 14 FAMILIAS
Rodeados de decenas de policías, los habitantes de la Comunidad Indígena de El Nogalito resisten en esos momentos un desalojo ordenado por la juez María Vera, a favor de un terrateniente. “Estamos custodiados por todos lados, con la policía armada, pero no nos vamos a ir”, expresó a primerafuente Margarita Mamani, de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar, quien se encuentra apoyando a los habitantes originarios. Se estima que unas 14 familias corren peligro de quedar sin sus tierras. La medida se produce a semanas de que se desató igual conflicto en la Comunidad Indígena Quilmes.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52983

URGENTE - Familias de la Comunidad Indígena de El Nogalito resisten desalojo

“Estamos custodiados por todos lados, con la policía armada, que amenazan a nuestros ancianos, mujeres y niños, pero no nos vamos a ir”.

Rodeados de decenas de policías, los habitantes de la Comunidad Indígena de El Nogalito Pueblo Lule, acompañados por la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita resisten en estos momentos un desalojo ordenado por la juez María Vera, a favor de un terrateniente de apellido Carro.

“Estamos custodiados por todos lados, con la policía armada, que amenazan a nuestros anciano, mujeres y niños, pero no nos vamos a ir”, expresó a primera fuente Margarita Mamani, de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar, quien se encuentra apoyando a los habitantes originarios.

Unas 14 familias de la comunidad El Nogalito corren peligro de quedar sin sus tierras ancestrales. La medida se produce a semanas de que se desató igual conflicto en la Comunidad Indígena Quilmes.

Dentro del espacio territorial en disputa -480 hectáreas-se encuentran caminos ancestrales, sitios sagrados, plantas medicinales, huertas comunitarias, cercos con sembradíos de hortalizas y sobre todo la parcela que reclama Carro ni está delimitada por alambres, porque es propiedad comunitaria y de posesión ancestral del Pueblo Lule.

Los representantes legales denuncian una nueva violación a la ley 26160 que prohíbe los desalojos en territorios indígenas

El cacique de la Comunidad, Joaquín Perez remarcó la ilegalidad e irregularidad de la medida y denunció amenazas anónimas a él y su familia por parte de los terratenientes.

CONTACTOS DE PRENSA EL NOGALITO
Joaquín Perez 0381-154766734

http://uniondiaguita.blogspot.com/2009/09/urgente-familias-de-la-comunidad.html

http://www.kaosenlared.net/noticia/argentina-urgente-familias-comunidad-indigena-nogalito-resisten-desalo

LAS MILAGROSAS REGLAMENTACIONES TUCUMANAS QUE BENEFICIARON A LA ALUMBRERA

El ambiente de la UNT está contaminado
Un informe sobre el canal de desagüe de Minera Alumbrera despertó la polémica en la Universidad
Mientra las voces contra la minería a cielo abierto y el debate por la renta minera comienza a instalarse con fuerza en la agenda pública nacional, la polémica también se instaló en la Universidad Nacional de Tucumán con el telón de fondo de la disputa interna entre los sectores que pugnan por el futuro control de la alta casa de Estudios.
Sucede que la UNT, socia de Minera Alumbrera, desde hace un par de años que comenzó a gozar de las utilidades del yacimiento que explotan en la provincia de Catamarca, que reparte el consorcio que integra junto a la provincia vecina y el Estado Nacional en Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
Los más de 300 millones de pesos que hasta ahora recibió la UNT, le han permito a la actual gestión sostener un plan de obras civiles para el mejoramiento de la infraestructura edilicia de las distintas facultades y encarar proyectos de extensión como nunca antes. Sin embargo, el uso de estos fondos por parte de los funcionarios universitarios está siendo cuestionado, a pesar de que tanto los que están en funciones como aquellos que fueron desplazados recientemente de sus cargos, los utilizaron sin preguntar demasiado.
El tema tomó relevancia institucional hace quince días cuando el Consejo Superior de la UNT se aprestaba a tratar un informe presentado por los directores de YMAD y ex rectores de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, sobre los controles de los efluentes que arroja Minera Alumbrera al Canal DP2. Tal como era de suponer, para los directores de YMAD, su socia, Minera Alumbrera, cumplía con las reglamentaciones provinciales en materia ambiental. Nada se dijo de la legislación nacional que es mucho más exigente que la reglamentación provincial.
Pero el tratamiento del informe fue postergado y se intentó abordar en la reunión del organismo colegiado el martes pasado. Esta vez, el periódico sirvió de recordatorio para los consejeros y decanos. Nuestro semanario aportó un detallado informe sobre la causa federal que procesó al directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney, justamente por el volcado de efluentes contaminantes al Canal DP2. Entonces, lo que podría haber sido un simple trámite de aprobación a mano alzada, quedó envuelto en un manto de sospechas y por unanimidad los consejeros resolvieron solicitar la presencia de Marigliano y Campero al recinto del Consejo para que brinden detalles de su informe. También propusieron conformar una comisión de especialistas que analice el impacto ambiental de la actividad minera en la provincia. Un poco tarde pero…
Por otra parte, el periódico también dio a conocer un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que advirtió sobre el escaso trabajo de control de la Unidad de Auditoría Interna del YMAD sobre su socia Minera Alumbrera Ltda. “La UAI no controló las actividades que realiza la concesión minera”, sentencia el informe.
De esta manera, se puso en cuestión la tarea de ambos directores que, como señalara irónicamente el ex legislador Alejandro Sangenis, disfrutan desde hace varios años de su “exilio dorado” en YMAD.
Así, el tema minero y su desempeño en YMAD, puede sentenciar la suerte de Mario Marigliano, de retornar al Rectorado. Tal parece ser su preocupación que fuentes universitarias confiaron que un día después de la mentada sesión del Consejo Superior, Marigliano visitó al rector Juan Alberto Cerisola para adelantarle que no asistiría al convite del Consejo. “Yo tampoco entiendo los números” del informe, le habría dicho Marigliano a Cerisola, refiriéndose así, al análisis técnico que presentara sobre los valores de contaminación en el canal de desagüe de la planta de secado del barro minero que Alumbrera tiene en Cruz Alta. “Mario, hacé lo quieras”, le respondió Cerisola y se fue.
Para un mejor entendimiento de nuestros lectores hemos decidido recurrir a un relevante informe que presentara en Manifestaciones Generales, el ex legislador Sangenis sobre el Canal DP2 y las complicidades oficiales de la contaminación. Un documento a la luz del actual debate, muy revelador.
La complicidad local
Analicemos la realidad local de ese entonces para mostrar como el “pirata moderno” se lanzó a los mares. En primer lugar el Ministro de la Producción Franco Augusto Fogliata mediante Resolución Ministerial designó como Autoridad de Aplicación de los temas ambientales derivados de la Minería a la entonces Dirección de Minería. Todo este procedimiento fue convalidado por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 551/3 del 3 de abril de 1996. En ese momento el titular de la Dirección de Minería fue el geólogo Hernando Lisiak. Aquí otra casualidad, Lisiak luego de dejar el cargo de Director de Minería fue nombrado como Gerente de Asuntos Corporativos de Minera Alumbrera cargo que ocupa hasta el día de hoy.
Luego se atacó por el lado de las leyes, decretos y resoluciones. Una primera movida partió del mismo General Bussi que “invitó” al entonces Secretario de Medio Ambiente de la Provincia Ing. Hugo Bardera y al entonces titular de la Dirección General de Saneamiento Ambiental Ing. Juan Carlos Luján a cambiar algunos parámetros físico –químico en la Resolución Nº 1219-CPS-85. En efecto, en esta última se establecía que el elemento arsénico no debía pasar de un valor de 0,05 miligramos por litro de agua. Luego de la “sugerencia” del gobernador Bussi el valor de arsénico se hace “más permisible” y pasa a ser de 0,5 miligramos por litro (¡se le sacó un 0! Haciéndolo 10 veces mayor), y así nace la resolución 1219-CPS-97. O sea, se flexibiliza a favor de alguna empresa sin duda, y ¡oh casualidad! la única que podría tener arsénico en sus efluentes era precisamente Minera Alumbrera.
Esta última resolución “además” expresa que el parámetro denominado Conductividad Eléctrica “se estudiará y se definirá según el caso”. Aquí conviene recordar que la conductividad eléctrica de un efluente es el primer síntoma de que puede haber contaminación inorgánica, como es el caso de Minera Alumbrera, ya que valores altos de conductividad indican una contaminación por algún elemento químico.
No conforme con esta “adecuación” de la ley a favor de la Empresa Minera Alumbrera y sobre todo porque los valores de conductividad eléctrica seguían apareciendo con valores muy altos, lo que indicaba a todas luces un alta contaminación, se dio el siguiente paso: adecuar los valores de la conductividad: Con fecha 28 de Julio de 1997 el Director de Medio Ambiente de la Pcia Ing. Hugo Bardera contesta una nota al entonces Director de Saneamiento Ambiental Lic. Juan Carlos Luján que “…esta de acuerdo con su criterio de flexibilizar el límite admisible del parámetro conductividad para efluentes industriales…” (Expte Nº 638-620 del 21 de Julio de 1997) y aclara que esto era a los efectos de vuelco de los efluentes de Minera Alumbrera.
Permisos para contaminar
Ya instalada la empresa se le extendió numerosos permisos de vuelco de efluentes en el Canal DP2 sin que los mismos cumplieran con la ley: a modo de ejemplo cito los siguientes casos:
Por Resolución Nº 093 de la Dirección General de Saneamiento Ambiental del 10 de febrero de 1997 y firmado por el Ing. Julio César Briones, otorga a la Empresa Minera Alumbrera permiso para el volcado de efluentes en el Canal DP2. Esta resolución es luego convalidada por resolución Nº 176/312 –DIM – 97 del 17 de septiembre de 1997 de la Dirección de Industria y Minería a cargo del Ing. Juan Alberto Díaz. Estas resoluciones argumentan que “los datos aportados por Minera Alumbrera sobre la calidad de sus efluentes se ajustan a los “niveles guías del Banco Mundial sobre medio ambiente, salud y seguridad. Minería y Molienda – Yacimiento a Cielo Abierto”. Nótese que nada se dice acerca de la legislación local ni nacional. Datos provenientes de la Dirección General de Saneamiento Ambiental contenidos en una denuncia al Defensor del Pueblo de la Nación en Octubre de 1997 (Actuación Nº 15499/97 de la Defensoría del Pueblo de la Nación) dan cuenta que algunos valores de Sólidos Totales, sulfatos y cobre mostraban signos de estar por encima de la legislación vigente local. Sin embargo, las autorizaciones continuaron.
El 30 de Marzo de 1999 el entonces Director Interino de la Dirección de Industria y Minería Ing. Ricardo Enrique Adra, por Resolución Nº 042/312- MID – 1999) autoriza el volcado de efluentes provenientes de la planta de Filtros y Secado de Minera Alumbrera a pesar de que los mismos no cumplían con los requisitos ambientales. En este caso se contó con el aval de la geóloga Sara Ferullo de la Dirección de Minería de la Provincia.
En la actualidad la empresa esta denunciada y uno de sus directivos, Julián Rooney, procesado por la Justicia Federal por contaminación con metales pesados al Canal DP2 que dicho sea de paso es un canal que va directamente al Dique de Termas de Río Hondo. Las muestras tomadas por Gendarmería Nacional demostraron esta contaminación. Los últimos análisis realizados en el año 2004 por el Instituto Nacional del Agua demostraron que los parámetros conductividad eléctrica y sulfatos estaban por arriba de los límites establecidos en la legislación local.
Datos históricos de la contaminación por Minera Alumbrera se encuentran en un causa (Actuación Nº 15499/97) del Defensor del Pueblo de la Nación que fuera girada a distintas dependencia en Tucumán, entre ellas al entonces Secretario de Minería de la provincia, Juan Carlos “el avión” Ramírez, pero que “murió” en algún despacho oficial.
A fin de tener idea de la cantidad de líquidos (efluentes) que se vuelcan en el Canal DP2 en Tucumán se cita que el caudal del mismo es de 50.000 litros por hora o sea de aproximadamente 1.200.000 litros de agua contaminada por día.
Otro dato: alguien se preguntó, ¿adonde van los residuos mineros que se generan en la planta de Filtrado y Secado que Minera Alumbrera posee en la zona de Ranchillos?, ¿Que elementos contienen?, ¿cómo lo sacan de la planta y adonde son depositados? ¿quien es la empresa transportista?, ¿que contenían los residuos interceptados por la Policía Ecológica el 20 de Agosto de 2004 y que provenía de la Planta de Filtrado y Secado que Minera Alumbrera posee en Ranchillos?. Esta causa hoy se encuentra en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Mario Racedo, en la Secretaría Penal Nº II ya que se encuadró dentro de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Nº 24.051)
El papel de la UNT
La actual situación también constituye un llamado de atención a nuestra Universidad Nacional de Tucumán que recibe una regalía por el oro declarado por la empresa. Dicho sea de paso, no corresponde también a la UNT el control de este emprendimiento ¿acaso el Lic. Mario César Alderete y el Dr. Julio García Aldonate no formaban parte como Directores, en representación de la UNT, en Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). En la actualidad esta dirección está a cargo del doctor en Medicina Rodolfo Campero y Mario Marigliano.
Cómo miembros de la UTE ¿que pasó con los informes que estos directores debieron elevar al Consejo Superior de la UNT?, ¿se aprobaron sin conocer los temas de contaminación, de evasión, de contrabando, con tal de contar con las regalías que todavía no llegan?.
Resumiendo el tema debe quedar claro que la contaminación provocada por Minera Alumbrera es una fuente constante de elementos que aún no conocemos sus efectos sobre el ambiente y sobre las personas. Es constante pues está presente durante 24 horas y 365 días al año y en un plazo que se estima de 20 años. Por otro lado, por más que se diga que no hay contaminación lo importante es que se están transportando y acumulando tanto en el Canal DP2 como en el Dique el Frontal, elementos químicos que antes no estaban, como es el caso del arsénico, cobre, hierro, aluminio, y otros compuestos orgánicos que la empresa utiliza para la separación del oro y que provocaría el agotamiento del oxígeno del agua con lo que se pone en peligro la fauna ictícola del dique.
Contrabando y evasión
No todo termina allí y hay otros elementos para demostrar como la piratería sigue actuando: Por ej. la justicia federal en Tucumán inició en el año 2002 una investigación para conocer si la empresa sólo sacaba oro y cobre del yacimiento o si había otros elementos químicos, considerados estratégicos en el mundo actual, que estarían siendo transportados por el mineraloducto a Tucumán y desde aquí al puerto de Rosario. A raíz de esta investigación el Fiscal Federal Nº 1 de Rosario a cargo del Dr. Ricardo Vásquez solicitó que se cite como imputados a directivos de la empresa Minera Alumbrera lo mismo que al ex titular de la AFIP Carlos Silvani y a Gustavo Pariño ex titular de la Aduana, ya que habrían permitido la salida de elementos no declarados y en consecuencia a pagar menos impuestos. Además se cita que entre los elementos químicos no declarados figurarían elementos como el torio y el uranio que son elementos radiactivos muy utilizados en energía nuclear además de otros elementos estratégicos como metales utilizados para aleación en la industria espacial y aeronáutica.
Nótese que estos funcionarios, de AFIP y Aduanas, son también de la era menemista. La causa contra Minera es por tráfico documental y exportación ilegal de metales. De manera que las supuestas regalías de la minería, que se calculan sobre el oro y cobre que la empresa declara, resultarían muy superiores a las efectivamente declaradas.
http://www.elperiodico.com.ar/verarticulo.php?id=87644096&fecha_edicion=29/08/2009

domingo, 27 de septiembre de 2009

El mineroducto de La Alumbrera sobre el río Gastona







Habría que llevarlo hasta los tribunales de Comodoro Py

El río Gastona nace en las Sierras del Aconquija (Tucumán) e históricamente viene vapuleado –si cabe la expresión- por los vertidos de la zafra azucarera, entre junio y octubre, por lo que presenta ausencia de oxígeno al desembocar en el Embalse de Río Hondo.
El mineroducto de La Alumbrera se hallaba al aire libre, con desgaste por fatiga de materiales y frecuentes roturas que son de dominio público, y cabalga sobre dicho cauce. En las fotos de nuestro compañero de ASANOA, Freddy Carbonell, que adjuntamos a este informe, se puede apreciar la faraónica reubicación del ducto, a mayor profundidad. Aguas abajo están extrayendo áridos para hacer una autopista. Cuenta Freddy que “fuimos el sábado con grupos de compañeros de Concepción (los hermanos Aranda, Ramón Arias -de Copeco-, Eduardo Carrizo, de una asociación de padres y educadores, y un periodista de la zona). Comencé a filmar la reubicación del mineroducto y gente de La Alumbrera con personal de la firma MAR -de Miguel Rojano- de las Estancias del Aconquija, impedía nuestros registros obligándonos a retirarnos. Mientras discutían –continúa relatando Freddy Carbonell- me filtré con dos chicos de ASANOA (Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino) en el campamento. Allí filmé todo a pesar de que la empresa de seguridad de La Alumbrera, Elite, y un ingeniero, metieron mano en mi cámara, comenzaron a indagarnos con prepotencia porque no admitían nuestras explicaciones de que “que el río es de todos.” Están trabajando en la mitad del río y los compañeros de Concepción y poblaciones aledañas viven con el corazón en la boca porque se siguen sumando vertidos tóxicos por mil y una irregularidad de la minera", insiste el documentalista y activista de las asambleas del noroste.
Freddy recalca que hicieron una denuncia en la fiscalía local para registrar oficialmente los trabajos sobre la cuenca del Gastona. Al mismo tiempo la Asamblea decidió hacer el sábado 26 del corriente, un abrazo al río, después de haber sesionado en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, luego del informe del YMAD que –tal como se divulgó- niegan todo tipo de contaminación. Esa acción de los asambleistas fue todo un símbolo frente a una universidad asociada a la transnacional del saqueo.
Nos vemos obligados a advertir una vez más, que nadie le pone límite a los múltiples derrames de un mineroducto colapsado y que la propia minera reconoce la necesidad de rotar anualmente el caño por desgaste de materiales y roturas. El mineroducto tiene 316 kilómetros desde la planta en Catamarca hasta Ranchillos en Tucumán y va sembrando la escoria de metales pesados y sopa química en su trayecto, y también en el vertido final en el canal DP2, que vuelca su torrente en el Embalse de Río Hondo.
Asimilar esto a escasas horas de haber sido anulado el procesamiento del vicepresidente de La Alumbrera, por la Cámara Nacional Penal de Casación, es literalmente imposible para muchos de nosotros.

Javier Rodríguez Pardo, Bs. As. 25 de septiembre de 2009
,
MACH- RENACE- UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS (UAC).

Contactos:
Freddy Carbonell: mgenisans@yahoo.com Celular: 0381 154044540
Javier Rodríguez Pardo: machpatagonia@gmail.com: 011 1567485340
Fotos adjuntas: Freddy Carbonell

jueves, 24 de septiembre de 2009

PALADÍN DE LA MEGAMINERÍA


Marigliano no se bancó las críticas de las ONG y las acusó de hacer “fascismo verde”
El cuestionado director del YMAD calificó al creciente rechazo de las organizaciones antimineras como parte de una “ola de fascismo verde”. Además aseguró que la Justicia “se equivocó” en procesar al directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney, ya que no hay niveles de contaminación ilegal en el canal DP2.

Si ya eran el blanco de una avalancha de críticas, después de la sesión del Consejo Superior, la sensación de bronca contra ellos superó los altos techos del Rectorado. No era para menos tras semejante defensa a Minera Alumbrera por parte de los técnicos y los directores del YMAD por la UNT, Rodolfo Campero y Mario Marigliano. Fue justamente este el primero en reaccionar ante los reclamos de sectores sociales, en su mayoría progresistas, a los que este ex rector los calificó, paradójicamente, de hacer “fascismo verde”. Es que para Marigliano, el cada vez más creciente rechazo de sectores sociales a las megaexplotaciones mineras forma parte de “una ola verde”, donde se hace una especie de “fascismo verde”, en el que según dijo, “todo lo que tenga que ver con la minería es malo”. Visiblemente molesto por la requisitoria periodística no oficialista –junto a primerafuente también fue abordado por el medio alternativo Contrapunto- Marigliano recomendó a quienes lo interrogaban leer un libro referido a su pregonado “fascismo verde”. Sin embrago, su exhortación instructiva se quedó corta: poco pudo decir sobre la temática de su publicación afín y menos sobre quien era su autor. La cadena de incertidumbres y grises también se vio reflejada a la hora de responder sobre los tres análisis que se presentaron ante el Consejo de la UNT y que negaban niveles ilegales de contaminación en el canal DP2 por parte de Minera Alumbrera. Según Marigliano, los estudios sobre los vuelcos de efluentes desde la planta de secado de la minera sí respetan tanto los parámetros de contaminación fijados por normativas provinciales y nacionales. Sin embargo, el director del YMAD no puedo con su genio y volvió a aconsejar a los periodistas. “Ojo con el tema de los parámetros; no se dejen llevar por lo que dice algún hombre de la Justicia”, sostuvo en clara alusión al fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez a quien prefirió no identificar. “Los parámetros de La Rioja no son los mismos que los de Tucumán. En el sur también son diferentes ya que varían según la morfología propia del terreno”, agregó. Claro que Marigliano no pudo o no quiso darse cuenta que los niveles fijados por la ley nacional 24.051 sobre residuos peligrosos -la cual señaló que sí se la respeta- son aplicables para todas las provincias por igual más allá “morfología propia del terreno” que el inculca. Justamente, la sospecha que causan estos informes ambientales del canal DP2 radican en que se basaron en resoluciones del Siprosa, mucho más flexibles que lo establecido por la citada ley federal. Y fue justamente a partir de esta norma que Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán procesó al directivo de Minera Alumbrera Julián Rooney por aparente contaminación en el DP2. Sin embargo, Marigliano fue más allá, y afirmó que la Justicia “se equivocó” en procesar a Rooney debido a que se manejó con pruebas tomadas por Gendarmería “que no es laboratorio acreditado para este tipo de estudios”. “Esas muestras dicen que se va (por el canal DP2) cobre en cantidades industriales. De ser así, la minera estaría perdiendo plata”.
http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52974

miércoles, 23 de septiembre de 2009

POR EL AGUA PARA LA VIDA ABRAZO AL RÍO GASTONA


PUEBLO DESPIERTA, el lecho del Río Gastona está siendo tajeado una vez mas por la multinacional ECOCIDA – GENOCIDA Minera ALUMBRERA – YMAD

Somos el pueblo que sabe de los graves daños que ya ha ocasionado esta empresa en la Ciudad de Concepción y toda la Región del NOA.

Asamblea - Abrazo y campamento en el lecho del Río

VAMOS TODOS AL RÍO GASTONA

el Sábado 26 de setiembre porque el Gastona es NUESTRO

Concentración en Plaza Mitre 10 horas Ciudad de Concepción – Tucumán

Luego nos localizamos en Parque La Joven Argentina

(cancha de Huirapuca o en lecho del Río)

Cada Uno lleva lo suyo y para compartir. (alimentos, agua, protector solar; abrigo e instrumentos musicales para quien decida pasar la noche …)

CONVOCA: ASAMBLEA SOCIOAMBIENTAL DEL NOA

Impresionante quema de caña en el sur de la provincia



YA ES UNA POSTAL TÍPICA. Estas imágenes fueron tomadas durante el mediodía de ayer sobre la ruta provincial Nº 329 (une Concepción con la localidad de Monteagudo) a la altura del paraje de San Ramón. Según vecinos que mandaron estas fotos a primerafuente, las llamas produjeron cortocircuitos en el tendido eléctrico que bordea la ruta. Por acción del viento el fuego se acercó peligrosamente a viviendas cercanas al incendio a su vez que el humo disminuyó sensiblemente la visibilidad en la ruta con el peligro que esto conlleva. Según Gustavo Masmud, vecino de Concepción, en forma inmediata se denunció el ilícito en la Secretaría de Medio Ambiente. Por su parte, con respecto al fracaso del gobierno para frenar este flagelo, el titular del PE, José Alperovich, aseguró que continúan realizándose denuncias penales contra los responsables de los incendios y que se aportará a la Justicia un helicóptero para inspecciones aéreas.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52933

¿LES SUENA LA LEY 24.051?


El fiscal Gustavo Gómez presenció la exposición en defensa de Minera Alumbrera en la sesión del Consejo Superior.

Advierten que la UNT podría ser condenada por daño ambiental en el canal DP2

Mientras en el seno del Consejo Superior se negó que Minera Alumbrera contamine el canal DP2 en base a normativas del Siprosa, un fiscal federal salió al cruce de dicho informe. El funcionario judicial advirtió sobre la vigencia de la ley federal sobre residuos peligrosos y, de paso, les mandó una advertencia a los consejeros superiores: “parece que no saben que la Cámara Federal procesó a Rooney en base a normas federales y no en una resolución del Siprosa”.

El mensaje parece apuntar a la frente de los directores de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y a los hasta ahora despreocupados integrantes del Consejo Superior: la Universidad también podría ser condenada en la causa por la aparente violación de las leyes penales ambientales en la causa vinculada al canal DP2. Así lo estimó el propio fiscal general federal, Antonio Gustavo Gómez, quien ayer estuvo presente en la sesión del Consejo Superior de la UNT donde se defendió un informe que niega que Minera Alumbrera arroje al canal DP2 –afluente de la cuenca Salí-Dulce- desechos con niveles ilegales de contaminación. En diálogo con primerafuente, el funcionario judicial salió al cruce de los argumentos esgrimidos por los técnicos y directores del YMAD por la UNT, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, quienes descartaron contaminación alguna y desvincularon a la universidad ante cualquier revés judicial que la multinacional minera pudiera sufrir. “La UNT también podría ser considerada responsable en caso que (Julián) Rooney sea condenado por la Justicia por daño ambiental. Están negando con excusas la aplicación de una ley penal”, advirtió Gómez. En contraposición con la presentación prominera, el fiscal remarcó que el delito ambiental por parte de Minera Alumbrera en el canal DP2 (ubicado en Ranchillos, Cruz Alta) “está claramente probado”. “Los mismos informes de impacto ambiental de Minera Alumbrera establecen índices de contaminación por encima de lo fijado por la ley. Esto lo sostiene la propia Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que justamente a partir de esto propició el procesamiento de directivo de esa empresa, Julián Rooney”, advirtió. Por este motivo, Gómez instó a los consejeros superiores a que comparen los índices de contaminación asentados en el expediente Nº 810 que fue presentado ayer en sesión con la ley 24.051, sobre residuos peligrosos y no con resoluciones provinciales que sustentaron la exposición de los directores del YMAD. Así el fiscal tiró abajo el argumento oficial esgrimido por Campero y Marigliano (y sus técnicos) al sostener que el informe que presentaron ayer se basó en una resolución provincial del Siprosa que “permite que la minera contamine” debido a que los parámetros de tolerancia son mucho más flexibles que la norma federal. “Es como si en Tucumán se aprobara una ley que permita la venta de cocaína por considerarnos autónomos de la Nación. La 24.051 es una ley federal aplicable a todo el país sin excepciones. Sin embargo, parece que el Consejo Superior no sabe que la Cámara Federal procesó a Rooney en base a normas federales y no en una resolución del Siprosa”, advirtió. Por Esteban Stanich
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52944


UNT: PROHIBIDO TOCAR A LA SOCIA MINERA



La exposición prominera en el Consejo de la UNT incrementó la bronca de las agrupaciones sociales
“Minera Alumbrera aporta recursos económicos y no viola ninguna ley sobre el cuidado del medio ambiente”. Los directores del YMAD por la UNT, junto a sus técnicos, brindaron ayer en el Consejo Superior una férrea defensa a la archidenunciada empresa minera. Por las dudas, se cuidaron en afirmar que cualquier revés judicial que pueda sufrir la minera no rozará a la Universidad. Evitan debatir el informe ambiental del canal DP2 y lo patean a una comisión. Fuerte malestar de las organizaciones sociales que coparon el recinto de sesiones universitario.

La serie de escuetas exposiciones tenían dos objetivos claros: negar contaminación alguna –en niveles ilegales- por parte de Minera Alumbrera en el canal DP2 y desvincular a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ante cualquier revés judicial que la multinacional pueda sufrir.

El principal argumento de los técnicos que los directores del Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) Rodolfo Campero y Mario Marigliano llevaron ayer a la sesión del Consejo Superior, ya era harto conocido: los efluentes que la minera arroja a la cuenca Salí-Dulce se ajustan a normativas provinciales, por ende, no hay delito. Sobre esta idea se basaron Yolanda Vaca (asesora legal), el geólogo Alfredo Tineo y el gerente ambiental de YMAD, Hugo Magnago.

Justamente, sobre el respeto a los parámetros de contaminación fijados por el Siprosa se basó la exposición de los directores del YMAD por la UNT ante el Consejo Superior para defender una serie de estudios realizados desde el año pasado hasta mediados de este año en cuanto a la situación ambiental del canal DP2, en la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí, Minera Alumbrera arroja sus efluentes industriales emanados de la planta de secado del concretado proveniente del mineraloducto que se extiende desde Catamarca.
La expectativa por las exposiciones en defensa del informe prominero fue enorme y generó un escenario atípico para una sesión del órgano deliberativo universitario. Desde temprano el patio del Rectorado se cubrió de banderas con consignas ambientalistas en repudio al vínculo existente entre la denunciada empresa minera y la UNT. El contraste entre estas manifestaciones sociales y lo expresado por los ex rectores de la UNT en el recinto alimentó la fuerte expectativa que despertó el encuentro. Es que tanto Marigliano como Campero (junto a los técnicos que expusieron) salieron a capa y espada a defender a la explotación minera en todos sus aspectos –resaltaron desde supuestos beneficios económicos hasta el máximo respeto por las leyes ambientales por parte del proyecto- que en el aire del Rectorado muchos terminaron atragantados de bronca. Malestar fuertemente condimentado con el papel casi intrascendente de la mayoría de los consejeros superiores que jamás atinaron a objetar palabra alguna de los expositores. Una fuerte pestilencia de ignorancia y complicidad invadió el recinto para incrementar el fastidio de las organizaciones sociales que esperaban, al menos, un tibio debate. Cuando muchos creían que tras la exposición de los profesionales del YMAD comenzaría el esperado debate, se optó por un camino mucho más fácil: derivar directamente el informe a una comisión especial de profesionales universitarios creada para analizar los estudios técnicos sobre el impacto ambiental en el DP2. Varios respiraron aliviados por el abrupto escape. La presencia de referentes ambientalistas de peso, de profesionales críticos de la megaminería y del fiscal general federal Gustavo Gómez –impulsor del procesamiento contra el directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney- entre otros, fue demasiada presión para que algún consejero se anime a respaldar semejante exhibición prominera. Por Esteban Stanich.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52943

Para el ex rector Marigliano, rechazar los fondos de Alumbrera es “fachismo verde”

EVIDENTES CONTRADICCIONES EN EL DISCURSO DEL YMAD

Mario Marigliano es uno de los directores por la Universidad en la empresa estatal YMAD. Según trascendió, había pedido que el informe ambiental presentado ayer se tratara en sesión secreta en el Consejo Superior. Asegura que Alumbrera no contamina, aunque los parámetros que toma surgen de…él. Entrevista (Contrapunto y Esteban Stanich-PrimeraFuente).

EUGENIO ADORNI

“La causa contra Julián Rooney (directivo de Alumbrera) fue hecha en base a un análisis que hizo gendarmería que no es institución autorizada para hacer ese tipo de análisis”, asegura Mario Marigliano.

¿Cómo explica la contaminación del Embalse Río Hondo?

“Esa contaminación es producida por ingenios azucareros, citrícolas, El Bracho, las napas freáticas de los pueblos aledaños que no tienen cloacas. No sólo vuelca la minera, hay 70 vuelcos hasta que llega al Dique de Termas”.

Entonces, ¿también Alumbrera?

“No. Absolutamente no. Presentamos 3 informes de vuelcos que dicen que el vuelco es normal, que está dentro de los parámetros. Parámetros nacionales y provinciales hechos por Cromaquim, laboratorio certificado de Buenos Aires; por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) y por Tucumán”.

Se dice que deberían tomarse los parámetros de medición nacionales…
“Ojo con el tema de los parámetros, no se deje llevar por lo que dice algún hombre de la justicia. Los parámetros que se toman en La Rioja no son los mismos con que se deba medir en Tucumán”.

Eso lo afirma según ¿quién?

“Según yo”.

Entonces, ¿Ud. tiene más autoridad que gendarmería?

“Gendarmería no es un laboratorio acreditado”.

¿Ud. si?

No yo no digo nada. Yo no avalo nada, los parámetros con que se miden las impurezas que puede tener el agua son distintos en cada una de las provincias.

¿Se puede tomar la Ley 24051 para hacer los análisis?
Yo no sabría decirte qué es exactamente esa ley.

Esa la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
“Si…por sup..estem…si la Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene parámetros para tomar, es cierto, sí que los tiene”.

¿Se los está usando para la evaluación?
Supongo que si, que lo usa SEGEMAR.

Porque es a partir de esta ley que está procesado Rooney…
“Rooney está procesado porque Gendarmería, que no es laboratorio autorizado hizo una toma que, de acuerdo a Minera Alumbrera la hizo mal, y no cuidando ciertos parámetros que hay que tener para tomar una muestra”.

¿Queda a criterio de las empresas entonces qué parámetros tomar?
“Y por supuesto, ellos se van a defender”.

¿La justicia entonces se equivocó?
“Pienso que sí, eso lo vamos a saber dentro de poco”.

¿Cómo explica el rechazo de distintas facultades de todo el país a los fondos de Alumbrera?
“Porque hay una onda verde, donde se hace una especie de fachismo verde, donde todo lo que tenga que ver con la minería es malo”.

¿Qué es el fachismo verde?
Es lo que están haciendo Uds. Insistiendo en que está contaminado y yo te digo que no. Eso es fachismo verde.

EUGENIO ADORNI

¿Y según la Justicia Federal?
“Bueno, olvídense de la pericia de gendarmería. El punto central es que el propio Informe de Impacto Ambiental que presenta Alumbrera y ese expediente (nº 810-09) que está presentando el YMAD aquí, comparados con la Ley Penal Ambiental, comete delito de contaminación”, asegura el Fiscal General Antonio G. Gómez.
Consultado sobre las declaraciones de Marigliano sobre la diferencia entre aplicar parámetros provinciales y nacionales de medición de vertidos, Gómez respondió que “es lo mismo que argumentar que podemos autorizar la venta de cocaína acá porque nosotros somos autónomos respecto de la Nación. Es una Ley Penal federal, que se aplica en todo el país sin excepción. Es como cometer un homicidio y decir ‘no, acá no se aplica el Código Penal’. No es razonable”.
Por otra parte, sobre las demás causas de contaminación (ingenios azucareros, citrícolas, El Bracho, las napas freáticas) argumentadas por Marigliano, el Fiscal Gómez respondió que “eso es seguro, pero yo con el informe de impacto ambiental, donde ellos mismos hicieron la prueba -no la Justicia- está acreditado que se comete el delito de contaminación. Y la Cámara Federal, cuando procesa a Julián Rooney, toma los informes de impacto ambiental [de la minera] que acá elogian”.

CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa

redaccioncontrapunto@gmail.com

lunes, 21 de septiembre de 2009

COMUNIDAD INDIA QUILMES - COMUNICADO DE PRENSA

Hacemos saber a la opinión publica que las 40 familias, a las que como autoridades de esta comunidad y en ejercicio de nuestros derechos como Pueblo Originario hemos asignado lotes de nuestro territorio comunitario para la construcción de sus viviendas y salir del hacinamiento en que vivían en la Comunidad de Base de Colalao, se encuentran ante la amenaza de un inminente desalojo ordenado por el juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, haciendo lugar a un amparo a la Simple Tenencia por parte de la señora Encarnación Rodríguez de Colombo, invocando supuestos derechos sobre nuestra tierras ancestrales.

La resolución de este juez, que ha violado abiertamente la Ley Nº 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, (que prohíbe los desalojos de las Comunidades de sus tierras tradicionales), responde a intereses existentes de personas vinculadas incluso con las instituciones estatales locales como la Comuna Rural de Colalao del Valle que son parte interesada en este caso.

Nuestra comunidad ha realizado las presentaciones correspondientes ante la justicia de Tucumán, y ha planteado la inconstitucionalidad de la Ley provincial de Amparo a la Simple Tenencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la que aun no se ha expedido.

Una vez mas, seremos victimas de la violencia que la fuerza publica ejercerá contra nuestros comuneros en lamentable contradicción con el avanzado marco jurídico de reconocimiento existente en el país respecto a nuestros derechos como Pueblo Originario.

Solicitamos a las autoridades pertinentes se expidan a favor de nuestros derechos consagrados constitucionalmente y la solidaridad de la sociedad toda.

CONSEJO

DE

DELEGADOS CACIQUE

Indígenas buscan la intervención del PE en el conflicto por el desalojo

Alrededor de 70 integrantes de la Comunidad India Quilmes se encuentra en la Plaza Independencia en espera de ser recibidos por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse. Los manifestantes buscan la intervención del PE provincial luego de que fueron desalojados de sus tierras en Colalao del Valle por el juez de Paz, Adolfo Salazar. En conversación con primerafuente el cacique de la Comunidad India Quilmes, Francisco Chaila, explicó que en las próximas horas realizarán diversas presentaciones en el ámbito judicial para volver atrás la medida que consideraron autoritaria e injusta. “Esta medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden público, infringe los derechos de los pobladores originarios reconocidos en pactos internacionales, la constitución nacional y provincial”, indicó, por su parte, Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52893

Bussi: cárcel VIP y sin custodia

LOS REPRESORES DISFRUTAN DE SU ESTADÍA EN CASAS DE LUJO MIENTRAS ESPERAN SER JUZGADOS

Image

Mientras espera para afrontar un nuevo juicio que comenzará en el 2010, Antonio Domingo Bussi pasa sus días cómodamente en su casa del Golf Country Club de Yerba Buena. Su hogar se encuentra sin guardia policial desde hace más de seis meses, por lo que nadie controlaría que se cumplan las reglas establecidas por el Tribunal Oral Federal en el fallo por la causa Vargas Aignasse. Según la sentencia, Bussi sólo puede recibir visitas –que no sean de su familia, médicos o abogados- dos días a las semanas y no puede haber más de cuatro personas en simultáneo. El incumplimiento de algunas de estas normas es razón de revocación de la prisión domiciliaria. CONTRAPUNTO EDICIÓN IMPRESA

El 28 de agosto del año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF), presidido por Gabriel Eduardo Casas e integrado además por Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, dictaba a los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez una condena a cadena perpetua por una serie de hechos calificados como delitos de lesa humanidad.
En el fallo, el TOF resolvió que Bussi cumpla la prisión preventiva -preventiva hasta tanto quede firme la sentencia- en el Golf Country Club de Yerba Buena, calle 8 “Los Aromos”, Lote 150.
Además, dictaminó una serie de reglas “pertinentes” y “razonables” a ser observadas. Entre ellas, que “la guardia dispuesta en el domicilio llevará un libro diario de registro de las circunstancias relevantes que se produzcan y de las visitas, consignando fecha y hora de las mismas, que será constatado semanalmente por la Ujiería de este Tribunal Oral”.
El fallo también planteó que “el ámbito físico de cumplimiento del presente régimen está acotado al perímetro del inmueble que habita el imputado y excluye la posibilidad de desplazarse fuera del mismo por ningún motivo” y que solo podrá recibir visitas los miércoles y domingos, no admitiéndose más de cuatro personas conjuntamente.
Finalmente, la sentencia indicó que “la verificación del incumplimiento de alguna de las reglas arriba enumeradas producirá la revocación de la prisión preventiva en la modalidad dispuesta”.
Según las imágenes a las que pudo acceder Contrapunto y las distintas versiones de los vecinos, desde hace aproximadamente seis meses que la casa en la que vive el represor Antonio Bussi estaría sin guardia policial. Desde febrero, cuando las denuncias de distintas personas que viven en el Golf Country llegaron a la redacción, Contrapunto viene haciendo un seguimiento de la situación. Por eso, cuenta con diferentes testimonios fotográficos que prueban la denuncia.

Toda cárcel es política
Bussi cumple la prisión domiciliaria en una casa de lujo. Tal vez sea una de las casas menos ostentosas que podrían encontrarse en el Golf Country. Pero sin dudas es mejor que cualquiera de las celdas de Villa Urquiza, donde cientos de presos deben vivir en condiciones indignas por delitos que no tienen ni punto de comparación con los realizados (y comprobados judicialmente) por parte del represor.
La casa es alquilada. El verdadero dueño sería Juan Manuel Cossio, un famoso médico tucumano y esposo de Ana Cristina García Hamilton. La mujer es hija de Enrique García Hamilton, quien presidió La Gaceta S.A. y la Sociedad de Beneficencia de Tucumán.
Ellos dirían que una cosa es la ideología y otra son los negocios. Alquilarle la casa a Bussi no significa estar de acuerdo con sus métodos. ¿O sí?

Miedo, asados y vida nocturna
En el Golf Country se respira un tenso clima cuando se habla del “tema Bussi”. Por un lado, muchos vecinos están disgustados con la idea de que un represor viva en el lugar. Años atrás, cuando el represor ya cumplía prisión preventiva, fue a comer al Club House. Esto le valió una denuncia por parte de una habitante del Country, quién requirió que no se lo deje ingresar más por los lugares comunes, tal cuál lo había dispuesto la justicia.
Sin embargo, también viven dirigentes y ex referentes de Fuerza Republicana, que aún siguen reconociendo en Bussi a su líder político. Claudio Viña (actual concejal capitalino) y Ernesto Padilla (hoy en Recrear), entre otros.
Esto produce una convivencia compleja. Un importante sector de los habitantes del Country prefiere no hablar; la seguridad privada que cuida la entrada al lugar no puede contar nada al respecto, porque afirman que les podría costar el puesto laboral.
Pero hay gente que se anima a hablar. Pidiendo resguardo de su identidad.
Así, cuentan que a mediados del año pasado, los policías federales se peleaban para poder cumplir guardia en la casa de Bussi; es que, según dicen, los asados que ofrecía a sus custodios eran de los más jugosos.
Otros vecinos indicaron que, durante las noches, “se escuchaba música, risas y un ambiente no acorde con el significado de una prisión domiciliaria”.

Guardia no hay
Por lo menos hasta principios de febrero, una guardia policial de dos personas se turnaba para custodiar el hogar de Bussi. En esos días, comenzaron los problemas. Los miembros de las fuerzas de seguridad se quejaban porque los vecinos no les permitían usar el baño. Así, indicaban, los turnos de ocho horas se les volvían intolerables.
De a poco, habrían comenzado a incumplir con sus deberes. El relajamiento del Tribunal Oral Federal podría haber colaborado con que los guardias dejen de asistir al lugar.
En este sentido, según denuncias de los vecinos corroboradas con las imágenes que confirman esos dichos, desde hace casi siete meses que la casa de Bussi no contaría con la custodia policial que debe controlar que se cumplan las reglas impuestas por el TOF para el efectivo cumplimiento de la prisión domiciliaria.
Igualmente, todos los viernes iría un funcionario del Tribunal Oral a la casa del represor para corroborar su presencia y hacerle firmar un documento.

Revocación de la prisión
A partir de esta denuncia, el Fiscal Federal Alfredo Terraf, debería pedir que se abra una investigación. En caso de comprobarse la veracidad del relato, podría pedir la revocación de la prisión domiciliaria.
“Se podría pedir la revocación de la prisión domiciliaria en las otras causas por las que está procesado, siempre y cuando sea comprobado el incumplimiento”, explicaron desde los organismos de Derechos Humanos, al tiempo que adelantaron que realizarán presentaciones al respecto al TOF.
Ya existen antecedentes de revocación de prisión domiciliaria por incumplimiento en el régimen. En abril del 2006, el juez federal Ariel Lijo dispuso revocar el beneficio de la detención domiciliaria al represor Pascual Oscar Guerrieri, preso en su casa desde el 30 de diciembre de 2004, fecha en la que cumplió los 70 años.
Para revocarle el beneficio, el juez analizó videos aportados por el equipo de producción del programa Caiga quien Caiga (CQC) que filmó a Guerrieri mientras se retiraba de su domicilio en abierta violación al régimen de arresto domiciliario.
El TOF ha decidido posponer el inicio del primer juicio en Tucumán por Centros Clandestino de Detención para febrero. Dilata así, las posibilidades de avanzar en el camino por la justicia Pero su responsabilidad no es solamente ser los garantes del “punto final biológico”. Sino además, ser una pata fundamental de ese Estado que desde hace 26 años brinda a la impunidad un marco de seguridad. Esa seguridad que tanto le gusta a la derecha.

Rodolfo Zosa | CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
\n redaccioncontrapunto@gmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Cuarenta familias de la comunidad Quilmes siguen apostadas a la vera de la ruta


El desalojo de la Policía por orden del Juez de Paz, Adolfo Salazar, dejó en la calle a decenas de personas de la comunidad Quilmes que vivían hasta el jueves en Colalao del Valle. Ahora los residentes, en su mayoría mujeres y niños, acampan al costado de la ruta 307. Los pobladores echados comenzaron a trazar estrategias legales para presentar en las próximas horas diversos recursos ante al Justicia e insisten que el procedimiento fue ilegal y que atenta contra los derechos adquiridos. No descartan bloquear los caminos de los valles.

La situación de las 40 familias indígenas de la comunidad Quilmes que fueron desalojados el jueves pasado por por efectivos de la policía de Tucumán se tornó más compleja, y todo indica que se profundizará en los próximos días en el ámbito judicial.

La orden del juez de Paz, Adolfo Salazar, generó el malestar no solamente de estas familias que en su mayoría está integrada por mujeres y niños, también del resto de las comunidades de los pueblos originarios que se reunirán en la tarde del viernes para emprender en forma conjunta diversas acciones directas y así poder recuperar las cuatros hectárea en donde vivían estos pobladores.

En conversación con primerafuente el cacique de la Comunidad India Quilmes, Francisco Chaila, explicó que en las próximas horas realizarán diversas presentaciones en el ámbito judicial para volver atrás la medida que consideraron autoritaria e injusta.

“El sábado hay una reunión con otras comunidades aborígenes y realizaremos documentos que serán presentados ante la justicia y las diversas instituciones del Estado. La comunidad toda debe saber que fuimos expulsados con impunidad y que estas tierras pertenecen a la comunidad aborigen”, dijo preocupado Chaila.

El cacique manifestó que por ahora las acciones directas para recuperar su lugar son analizadas, pero si no hay soluciones por las vías legales no descartan bloquear los caminos de los valles.

Cabe recordar que el jueves alrededor de las 8, un mega operativo sorpresa que incluyó a unos 90 efectivos de la policía de la provincia desalojó a las 40 familias de la de la comunidad India Quilmes que viven en la entrada a Colalao del Valle sobre la ruta 307.

Al consultarle sobre quienes están interesados en esas tierras ancestrales Chaila contó que Encarnación de Colombo (la impulsora de la medida) atribuye los terrenos a una comunidad también aborigen. “Dice que es para una comunidad indígena. Comunidad fantasma porque no se sabe que familia y además no está registrado ninguna otra comunidad. Es todo raro”, dijo el cacique.

Para el dirigente de la comunidad India Quilmes existe la Ley Nacional 26.160 de ordenamiento territorial que prohíbe cualquier desalojo a los pueblos originarios de sus territorios por el término de cuatro años hasta que se culmine con un relevamiento territorial. En la provincia este relevamiento se lleva adelante y lo ejecuta la Universidad Nacional de Tucumán.

“Esta medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden público, infringe los derechos de los pobladores originarios reconocidos en pactos internacionales, la constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52868

sábado, 19 de septiembre de 2009

UNT: EL 22/9/9 TODOS AL RECTORADO!!!

MOVILIZACION AMBIENTAL CONTRA EL INFORME

DE MARIGLIANO Y CAMPERO

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE – SESION CONSEJO SUPERIOR

El martes 22 de septiembre el Consejo Superior de la Universidad de Tucumán convalidará un informe ambiental que pretende desconocer la contaminación de Minera Alumbrera a pesar de la Justicia Federal , las denuncias de expertos, los reclamos de nuestras organizaciones y las demandas de los pueblos originarios. Alumnos, profesores y organismos vamos a concurrir a la sesión de ese día para exigir el rechazo al informe de los ex rectores Rodolfo Campero y Mario Marigliano hoy representantes de la UNT en YMAD. Tenemos que adherirnos, hoy más que nunca, frente al creciente repudio por los fondos sucios de la minería en otras facultades del país.. Los consejeros no deben callar frente al saqueo y la depredación del medio ambiente y aprobar en silencio un informe viciado de datos y pagados por la Minera.

Lidia Rodríguez de Terán
Docente

Un nuevo blog cuestiona a dos ex Rectores, por su responsabilidad en Ymad

Tomensela: interjección dual.

La discusión de asuntos referidos al manejo de la UNT se trasladó a la web con la irrupcíón de un punzante blog que defenestra a los ex rectores Rodolfo Campero y Mario Marigliano, por sus responsabilidades como directores de YMAD con una elocuente ilustración en su debut en la web.

Este es el artículo del nuevo blog, que no especifica el perfl del “bloguero”, pero que sin duda pone nuevos condimientos a la interna universitaria. ” La pasión por la ignorancia es nuestra enemiga, por ello les recordamos que: 1) El próximo martes el Consejo Superior de la UNT tendrá una responsabilidad histórica: convalidar u observar el informe que presentará el tándem de directores del Ymad -y ex rectores de la UNT- Rodolfo Campero y Mario Marigliano. Desde ya esta presentación técnica será absolutamente falaz: más allá de los innumerables datos químicos y físicos todo el análisis se ampara en resoluciones que fueron establecidas por el Siprosa en beneficio de Minera Alumbrera. Este organismo provincial NO tiene autoridad científica para medir la contaminación ya que llegó a aumentar hasta 10 (diez) veces sus parámetros para adecuarlos a la contaminación minera. 2) Como botón de muestra cabe recordarles que el ex gobernador Antonio Bussi impulsó cambios en los parámetros fisicoquímicos de la Resolución Nº 1219-CPS-85. En esta última se establecía –por Ej.- que el elemento arsénico no debía pasar de un valor de 0,05 miligramos por litro de agua. Pero el gobernador Bussi logró que el límite pasase a ser de 0,5 miligramos por litro!!!, y así nace la resolución 1219-CPS-97. Ohh casualidad la única empresa que podría tener ese nivel de arsénico en sus efluentes era precisamente Minera Alumbrera. No conforme con esta “adecuación” de las normas a favor de la Empresa Minera Alumbrera, y sobre todo porque los valores de conductividad eléctrica de los efluentes seguían apareciendo muy altos lo que indicaba a todas luces un alta contaminación, el Siprosa procedió a “adecuar” también sus valores de la conductividad -mediante expediente te Nº 638-620 del 21 de Julio de 1997-. Eso sí, en dicho expediente el Siprosa aclara que dicha adecuación era “a los efectos de vuelco de los efluentes de Minera Alumbrera” (SIC). ¿Escandaloso, no creen? 3) La crisis en la que está sumida la UNT es fruto del oscurantismo en su política minera y ambiental expresada en las inexistentes rendiciones de cuentas de los ex rectores Marigliano y Campero, quienes aún le deben serias explicaciones a la comunidad universitaria a pesar de llevar años como sus representantes en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. 4) Es evidente que el tándem de ex rectores desoye desde hace años las demandas de las comunidades afectadas: pueblos originarios, organizaciones ambientalistas, ciudades pero también intelectuales, investigadores, universitarios, medios masivos de comunicación y hasta la misma Justicia Federal - http://www.fiscaliagraltucuman.gov.ar/medio-ambiente/ -. 5) Llama poderosamente la atención que muchos decanos declaren públicamente no conocer la normativa vigente ni las responsabilidades de la UNT o la de ellos mismos en esta situación, desnudando una pasión por la ignorancia que indigna a quienes integramos la academia universitaria. 6) Gracias al silencio cómplice de los vocales de YMAD aún se desconocen las implicancias de las serias observaciones que le hiciera la SIGEN sobre la falta de controles a la minera por parte de YMAD. Esto compromete seriamente a la UNT, no tan solo frente a la Justicia por los delitos ambientales comprobados, sino que compromete a nuestra Universidad frente a la sociedad toda que observa estupefacta la ausencia de explicaciones de su academia sobre el envenenamiento de sus ríos y de su suelo por parte de quienes supuestamente deberían aportar conocimiento y soluciones a dicha problemática. 7) Por otra parte, sorprende a los docentes, estudiantes e investigadores el distraído tratamiento del Consejo de otros ítems no menos graves que rozan a YMAD y que nunca aparecieron sobre la mesa de debate. Como las causas tramitadas ante la Justicia Federal de Tucumán, una de ellas ya procesó a un directivo de Minera, la investigación por contrabando de metales en la Justicia Federal de Rosario y una reciente denuncia en San Juan que menciona a YMAD entre sus imputados. 8) El clima de indignación se agrava cuando Rodolfo Campero –cual George Bush- habla de “talibanes de la ecología” (Diario EL Siglo del Viernes 11 de Septiembre de 2009); o cuando Marigliano asegura que no rendirá cuentas a esta altura de su vida (El Tribuno del 8 de septiembre). 9) En realidad, los indignos se hicieron visibles. Por ello, es que les solicitamos como miembros de la Comunidad Universidad de Tucumán que estén a la altura que las circunstancias, y sus cargos, les reclaman.

http://www.estoestucuman.com.ar/index.php/2009/09/18/un-nuevo-blog-cuestiona-a-dos-ex-rectores-por-su-responsabilidad-en-ymad/

Desalojo en Colalao del Valle: "Destruyeron todas las construcciones".

LA CIQ DENUNCIA PÚBLICAMENTE LA VIOLACIÓN DE LA LEY 26.160

“La medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos ”, indicó Daniel Carlorosi, de ANDHES. Denunciaron que cincuenta efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres. Producto del desalojo y sin fundamentos, la policía detuvo a dos personas de la CIQ. En este sentido, el abogado de la comunidad, Eduardo Nieva, confirmó que las dos personas ya fueron liberadas. REPRODUCIMOS COMUNICADOS DE PRENSA DE LA CIQ Y DE ANDHES.

COMUNIDAD INDIA QUILMES
PERSONERIA JURIDICA N° 441 RUTA NACIONAL N° 40 – KM 999

COMUNICADO DE PRENSA

A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los pueblos originarios de su territorio por el termino de cuatro años, y que en nuestra provincia ya se esta haciendo el Relevamiento Territorial de nuestras tierras tradicionales, en el día de hoy se realizo en Colalao del Valle, el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes, destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban.

La Comunidad India Quilmes denuncia públicamente la violación de la Ley 26.160 por parte de la justicia local en la persona del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar y el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nom. Dr. Juan Carlos Peral, quienes en todo momento desconocieron la legislación vigente y las presentaciones realizadas por nuestra Comunidad, en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando nuestros derechos adquiridos.

Hacemos responsables a los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como al Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas y las consecuencias que ello traiga para nuestros comuneros en desmedro de sus derechos individuales y colectivos.

POR NUESTROS TITAQUINES

CACIQUE - CONSEJO DE DELEGADOS

Publicado por UPND en: http://www.uniondiaguita.blogspot.com/?zx=70e08416e7475a5--
Prensa y Comunicación
- UPND -

Desalojaron a 40 familias de la Comunidad India Quilmes

La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los Pueblos Originarios de su territorio por el termino de cuatro años hasta tanto se efectúe el relevamiento territorial -el cual se esta realizando actualmente en la provincia-. A pesar de esto, en la mañana de hoy se realizo en Colalao del Valle el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes (CIQ), destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban.

Hace una semana, la Comunidad India Quilmes (CIQ) denunciaba que se reactivaba el peligro de desalojo contra las 40 familias integrantes de esa comunidad en la localidad de Colalao del Valle. Tal como lo previeron, en la mañana de hoy se efectivizó la medida.

“La medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos en pactos internacionales, constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
En igual sentido, desde la organización de Derechos Humanos denunciaron que cincuenta efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres. Producto del desalojo y sin fundamentos, la policía detuvo a dos personas de la CIQ.
Esta medida fue articulada arteramente por el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, quien a pesar de estar denunciado por la CIQ ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sigue actuando y cometiendo distintos tipos de atropellos contra la comunidad.

Asimismo, es necesario destacar que la medida fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nominación, Juan Carlos Peral, quien en todo momento desconoció la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad India Quilmes en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando los derechos adquiridos.
La medida de desalojo se encuentra apelada mediante un recurso de queja ante la Corte por inconstitucionalidad pendiente de resolución fundado, entre otras razones, en las arbitrariedades e imparcialidad que mostró el Juez de Paz en la tramitación del proceso.
“La medida de desalojo llevada adelante conlleva la responsabilidad del los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como también la responsabilidad internacional del Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas”, explicó Carlorosi.

ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
www.andhes.org.ar
Mendoza 654, Of. 410
Tel./Fax: (0381) 4305025
http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1

La policía desalojó a 40 familias indígenas en Colalao del Valle

Ayer por la mañana alrededor de 90 efectivos de la Policía de la provincia y por orden del Juez de Paz, Adolfo Salazar, fueron desalojadas 40 familias de la comunidad indígena de Colalao del Valle. La medida que venía dilatándose hace más de 8 meses se concretó con la destrucción de tres casas levantadas por la colectividad Quilmes. En este sentido, el cacique de esta comunidad Francisco Chaila, cuestionó la medida asegurando que existe la Ley Nacional 26.160 que protege de cualquier desalojo a pueblos originarios de su territoriio por cuatro años hasta que se concrete un relevamiento territorial. “Es una medida arbitraria, ilegitima que responde a intereses personales privados. Pedimos justicia y por ello pelearemos hasta el final”, dijo Chaila.

En un mega operativo sorpresa que incluyó a unos 90 efectivos de la policía de la provincia y por orden del juez de Paz, Adolfo Salazar, de la comuna de Colalao del Valle , ayer a las 8, fueron desalojados unas 40 familias de la comunidad India Quilmes que viven en la entrada a esa localidad. La medida consistió en levantar todas las pertenencias de las familias e incluso tres casas fueron tiradas.

En diálogo con primerafuente, el cacique de la comunidad Indígena Quilmes, Francisco Chaila, relató que la medida ya se venía proyectando desde hace unos 8 meses y que finalmente se concretó ayer con toda la fuerza policial. “Ingresaron unos 90 efectivos, con camiones, caballos y perros. No se hizo demasiada resistencia porque había poca gente y nos tomó por sorpresa”, contó el cacique.

Hasta pasadas las 16, los efectivos seguían sacando las pertenencias de los pobladores originarios. En tanto, a medida que la comunidad se enteraba de lo sucedido se fueron instalando en frente a las tierras que los pobladores habitaban. En las próximas horas esta comunidad decidirá las próximas acciones ya que deben realizar las correspondientes asambleas.

“Por ahora hemos preferido también sacar las cosas y no que los efectivos nos rompan las pertenencias con las maquinas que trajeron”, dijo molesto el dirigente. Al consultarle sobre quienes están interesados en esas tierras ancestrales Chaila contó que Encarnación de Colombo atribuye los terrenos a una comunidad también aborigen. “Dice que es para una comunidad indígena. Comunidad fantasma porque no se sabe que familia y además no está registrado ninguna otra comunidad. Es todo raro”, dijo el cacique.

Para el dirigente de la comunidad India Quilmes existe la Ley Nacional 26.160 de ordenamiento territorial que prohíbe cualquier desalojo a los pueblos originarios de sus territorios por el término de cuatro años hasta que se culmine con un relevamiento territorial. En la provincia este relevamiento se lleva adelante y lo ejecuta la Universidad Nacional de Tucumán.

“Esta medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden público, infringe los derechos de los pobladores originarios reconocidos en pactos internacionales, la constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

En igual sentido, desde la organización de Derechos Humanos denunciaron que los efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres y que dos personas fueron detenidas.

Para los defensores de esta comunidad, la medida fue articulada arteramente y denunciaron que el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, es el responsable máximo a pesar de estar ya denunciado por la comunidad ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Desde el organismo de Derechos Humanos también destacaron que la medida fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de la 3 º Nominación, Juan Carlos Peral, desconociendo la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad India Quilmes en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando los derechos adquiridos.

“La medida de desalojo llevada adelante conlleva la responsabilidad del los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como también la responsabilidad internacional del Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas”, explicó Carlorosi.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52844

jueves, 17 de septiembre de 2009

Urgente: policía desalojó hoy a la mañana a 40 familias de la Comunidad India Quilmes

Por orden del juez de paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar, y sin preaviso de ningún tipo, a las 8hs se presentaron en el predio 80 oficiales de policía de infantería y de montada, para desalojar el lugar en donde permanecían 40 familias. Contrapunto se comunicó con quienes permanecen en el terreno, que denunciaron que rompieron parte de sus pertenencias. Al mismo tiempo, solicitaron la solidaridad ante el nuevo atropello a sus derechos.

En contacto telefónico con una comunera que permanece en el lugar, denunciaron que la policía al sacarlos del lugar les rompió cosas, además de tratarlos con violencia. El juez de Paz de Adolfo Salazar, encabezó la medida, y si bien se había comprometido a cumplir con el aviso legal si la medida fuera a efectivizarse, la policía irrumpió en el terreno concretando el desalojo sorpresivamente en horas de la mañana, cerca de las 8hs.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia había decidido la suspensión del desalojo y el llamado a una mediación con los terratenientes que reclaman esas tierras, pero los mismos no se presentaron, por lo que la causa, plagada de irregularidades y cuyo juez incluso fue recusado por la Comunidad India Quilmes, volvió a activarse.

En este momento las familias permanecen en el lugar, junto con Eduardo Nieva, abogado representante de la CIQ, quien además es Cacique de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle.

Contactos en Colalao del Valle:
Viviana – CIQ
0381-155930226
Angela- CIQ
0381- 156327922
ANDHES- Daniel Carlorosi, Área Pueblos Originarios
0381-156425622

LA CIQ DENUNCIA PÚBLICAMENTE LA VIOLACIÓN DE LA LEY 26.160

“La medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos ”, indicó Daniel Carlorosi, de ANDHES. Denunciaron que cincuenta efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres. Producto del desalojo y sin fundamentos, la policía detuvo a dos personas de la CIQ. En este sentido, el abogado de la comunidad, Eduardo Nieva, confirmó que las dos personas ya fueron liberadas. REPRODUCIMOS COMUNICADOS DE PRENSA DE LA CIQ Y DE ANDHES.

COMUNIDAD INDIA QUILMES
PERSONERIA JURIDICA N° 441 RUTA NACIONAL N° 40 – KM 999

COMUNICADO DE PRENSA

A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los pueblos originarios de su territorio por el termino de cuatro años, y que en nuestra provincia ya se esta haciendo el Relevamiento Territorial de nuestras tierras tradicionales, en el día de hoy se realizo en Colalao del Valle, el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes, destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban.

La Comunidad India Quilmes denuncia públicamente la violación de la Ley 26.160 por parte de la justicia local en la persona del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar y el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nom. Dr. Juan Carlos Peral, quienes en todo momento desconocieron la legislación vigente y las presentaciones realizadas por nuestra Comunidad, en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando nuestros derechos adquiridos.

Hacemos responsables a los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como al Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas y las consecuencias que ello traiga para nuestros comuneros en desmedro de sus derechos individuales y colectivos.

POR NUESTROS TITAQUINES

CACIQUE - CONSEJO DE DELEGADOS

Publicado por UPND en: http://www.uniondiaguita.blogspot.com/?zx=70e08416e7475a5--
Prensa y Comunicación
- UPND -

Desalojaron a 40 familias de la Comunidad India Quilmes

La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los Pueblos Originarios de su territorio por el termino de cuatro años hasta tanto se efectúe el relevamiento territorial -el cual se esta realizando actualmente en la provincia-. A pesar de esto, en la mañana de hoy se realizo en Colalao del Valle el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes (CIQ), destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban.

Hace una semana, la Comunidad India Quilmes (CIQ) denunciaba que se reactivaba el peligro de desalojo contra las 40 familias integrantes de esa comunidad en la localidad de Colalao del Valle. Tal como lo previeron, en la mañana de hoy se efectivizó la medida.

“La medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos en pactos internacionales, constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
En igual sentido, desde la organización de Derechos Humanos denunciaron que cincuenta efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres. Producto del desalojo y sin fundamentos, la policía detuvo a dos personas de la CIQ.
Esta medida fue articulada arteramente por el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, quien a pesar de estar denunciado por la CIQ ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sigue actuando y cometiendo distintos tipos de atropellos contra la comunidad.

Asimismo, es necesario destacar que la medida fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nominación, Juan Carlos Peral, quien en todo momento desconoció la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad India Quilmes en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando los derechos adquiridos.
La medida de desalojo se encuentra apelada mediante un recurso de queja ante la Corte por inconstitucionalidad pendiente de resolución fundado, entre otras razones, en las arbitrariedades e imparcialidad que mostró el Juez de Paz en la tramitación del proceso.
“La medida de desalojo llevada adelante conlleva la responsabilidad del los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como también la responsabilidad internacional del Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas”, explicó Carlorosi.

ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
www.andhes.org.ar
Mendoza 654, Of. 410
Tel./Fax: (0381) 4305025
http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!