lunes, 21 de septiembre de 2009

Cuarenta familias de la comunidad Quilmes siguen apostadas a la vera de la ruta


El desalojo de la Policía por orden del Juez de Paz, Adolfo Salazar, dejó en la calle a decenas de personas de la comunidad Quilmes que vivían hasta el jueves en Colalao del Valle. Ahora los residentes, en su mayoría mujeres y niños, acampan al costado de la ruta 307. Los pobladores echados comenzaron a trazar estrategias legales para presentar en las próximas horas diversos recursos ante al Justicia e insisten que el procedimiento fue ilegal y que atenta contra los derechos adquiridos. No descartan bloquear los caminos de los valles.

La situación de las 40 familias indígenas de la comunidad Quilmes que fueron desalojados el jueves pasado por por efectivos de la policía de Tucumán se tornó más compleja, y todo indica que se profundizará en los próximos días en el ámbito judicial.

La orden del juez de Paz, Adolfo Salazar, generó el malestar no solamente de estas familias que en su mayoría está integrada por mujeres y niños, también del resto de las comunidades de los pueblos originarios que se reunirán en la tarde del viernes para emprender en forma conjunta diversas acciones directas y así poder recuperar las cuatros hectárea en donde vivían estos pobladores.

En conversación con primerafuente el cacique de la Comunidad India Quilmes, Francisco Chaila, explicó que en las próximas horas realizarán diversas presentaciones en el ámbito judicial para volver atrás la medida que consideraron autoritaria e injusta.

“El sábado hay una reunión con otras comunidades aborígenes y realizaremos documentos que serán presentados ante la justicia y las diversas instituciones del Estado. La comunidad toda debe saber que fuimos expulsados con impunidad y que estas tierras pertenecen a la comunidad aborigen”, dijo preocupado Chaila.

El cacique manifestó que por ahora las acciones directas para recuperar su lugar son analizadas, pero si no hay soluciones por las vías legales no descartan bloquear los caminos de los valles.

Cabe recordar que el jueves alrededor de las 8, un mega operativo sorpresa que incluyó a unos 90 efectivos de la policía de la provincia desalojó a las 40 familias de la de la comunidad India Quilmes que viven en la entrada a Colalao del Valle sobre la ruta 307.

Al consultarle sobre quienes están interesados en esas tierras ancestrales Chaila contó que Encarnación de Colombo (la impulsora de la medida) atribuye los terrenos a una comunidad también aborigen. “Dice que es para una comunidad indígena. Comunidad fantasma porque no se sabe que familia y además no está registrado ninguna otra comunidad. Es todo raro”, dijo el cacique.

Para el dirigente de la comunidad India Quilmes existe la Ley Nacional 26.160 de ordenamiento territorial que prohíbe cualquier desalojo a los pueblos originarios de sus territorios por el término de cuatro años hasta que se culmine con un relevamiento territorial. En la provincia este relevamiento se lleva adelante y lo ejecuta la Universidad Nacional de Tucumán.

“Esta medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden público, infringe los derechos de los pobladores originarios reconocidos en pactos internacionales, la constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52868

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  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
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