jueves, 31 de diciembre de 2009

Oficializan la cesión de Overo Pozo a la firma que hoy trata la basura en Pacará Pintado


GESTIÓN DE LOS RSU. Representantes de las intendencias que forman parte del consorcio metropolitano se reunieron el miércoles en asamblea, en la presidencia del Concejo Deliberante capitalino, para concretar avances burocráticos en torno al proyecto para tratar los residuos sólidos urbanos en una futura planta ubicada en Overo Pozo, Cruz Alta. En la reunión se analizó el inicio de gestiones ante la AFIP a fin de abrir una cuenta bancaria con titularidad del consorcio metropolitano. Además, se trató la elaboración y aprobación de la memoria anual, inventario, balance general y estado de resultados del proyecto. A tal fin deberá convocarse a sesión de la comisión revisoría de cuentas del consorcio. En tanto, se oficializó la cesión del contrato a favor de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL (que hoy opera en la planta de Pacará Pintado), para explote la futura planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos hasta el 31 de diciembre 2012.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=55003

miércoles, 30 de diciembre de 2009

Minera Alumbrera: el pecado del YMAD

La minera que explota la propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán y
de la Provincia de Catamarca en números. El saqueo que se realiza gracias
a leyes infames y autoridades académicas cómplices.

Minera Alumbrera es operada por el grupo minero diversificado Xstrata, el
cual posee el 50% de la inversión, mientras que las empresas canadienses
Goldcorp y Yamana Gold cuentan con el 37,5 % y el 12,5 % respectivamente.
La inversión en infraestructura del emprendimiento desde su puesta en
marcha hasta la fecha ha sido de US$ 1.663 millones.
Las instalaciones de Minera Alumbrera están compuestas por el yacimiento a
cielo abierto y la planta de procesamiento situada en la mina (Catamarca),
un mineraloducto de 317 km que atraviesa las provincias de Catamarca y
Tucumán, un electroducto de 202 km desde la subestación El Bracho en
Tucumán para el transporte de energía de 220 kV, la planta de filtros y
las instalaciones de carga ferroviaria situadas en Cruz del Norte
(provincia de Tucumán) y el puerto y las instalaciones de transferencia de
carga ubicadas en Puerto General San Martín, en las inmediaciones de
Rosario (provincia de Santa Fe).
Las empresas Minera Alumbrera, BHP Minerals y Agua Rica compraron a los
pequeños productores de la zona aproximadamente 55 mil hectáreas ubicadas
dentro del reservorio acuífero del Campo del Arenal, pagando entre 10 y 12
pesos la hectárea, y por otro lado están en gestiones para adquirir otras
31 mil hectáreas más.
"En total son 54.995 hectáreas que fueron compradas a los propietarios,
vecinos de la zona que utilizaban esos campos para el pastoreo. Les
pagaron 10 pesos la hectárea, especialmente en la zona de El Recreo, donde
están los pozos exploratorios”
La compra data de 10 años atrás, y Minera Alumbrera es la principal
propietaria, con 53.620 hectáreas, lo que constituye aproximadamente el
80% de la superficie del depósito subterráneo".

Hay 31 mil hectáreas más que están en la mira de las empresas, también en
la zona del Campo del Arenal. Agua Rica tiene elevado interes sobre la
propiedad denominada Aguas Coloradas de 21.000 Has., "ubicada al SE de la
cuenca del Arenal, donde se encuentra El Ingenio, lugar donde tiene
instalado su campamento, en la zona donde están explorando pozos para la
extracción de agua", y otra propiedad, actualmente en manos de BHP, hacia
el Norte del Campo del Arenal de 10 mil hectáreas.

La cuenca del Campo del Arenal debe entenderse como un reservorio
prácticamente cerrado, es decir un gran recipiente cuya superficie son
unos 4.700 kilómetros cuadrados. La extracción de 25Hm3/año que hace Bajo
La Alumbrera alterará el esquema de flujo actual y los egresos naturales
del reservorio".
"El campo del Arenal es un regulador ambiental de la región, su simple
modificación traerá aparejado efectos de desertificación hacia el norte y
sur del reservorio", advierte el estudio, consignando que "el intenso
bombeo sobre el Campo del Arenal ha desequilibrado el sistema y los
efectos ya están siendo observados por los productores santamarianos"..
"La recarga del acuífero no alcanza para compensar la extracción sobre el
Campo del Arenal, el efecto de desertificación se puso en marcha y las
autoridades provinciales no tomaron recaudos para evitar el impacto, más
aún, en octubre de 1999, la secretaría de Minería le otorgó la
declaratoria de Impacto Ambiental a Bajo La Alumbrera".
"A todo esto debe sumársele Agua Rica y Filo Colorado que también intentan
poner en marcha sus respectivos proyectos de mayor o igual envergadura que
Alumbrera, pretendiendo tomar agua del acuifero", añadió.


La actividad agropecuaria, que es la responsable del desarrollo económico
del departamento, genera aproximadamente $27.000.000 anuales, de los
cuales $26.323.000 corresponden a la agricultura y $750.000 a la
ganadería. Entre 1998 y 2005, la superficie cultivada ha disminuido de
3.370 a 2.310 hectáreas, lo que representa un porcentaje de pérdida del
31%. Es decir que se han perdido aproximadamente unas 1.060 hectáreas en
diversos cultivos a lo largo del Valle de Santa María.
La zona más afectada es el sector Oeste y Norte del río Santa María. A
ello debe sumársele la cantidad de hectáreas de cultivo que ya han
disminuido en esta campaña por el agravamiento de la falta de agua.
También se puede observar la disminución de la actividad ganadera en más
del 50%.
"Las causas de la disminución de las superficies cultivadas de los
pequeños productores minifundistas de Santa María son diversas: la escasez
de agua superficial en momentos críticos, baja de los niveles de aguas
subterráneas en las perforaciones y escasez de recursos económicos. Todo
ello influyó para que los productores abandonen gran parte de sus tierras
y quintas de frutales que no pudieron sostener. Así se fue agravando la
situación y ahora sólo trabajan lo mínimo a causa de la falta de agua",
explicó Roque Chaile. Los productores aseguraron que, en 2006, el 90% de
los productores perderá sus cosechas.
"Minera Alumbrera está extrayendo 100.000.000 de litros de agua por día
del acuífero Campo del Arenal, agua que es destinada para uso industrial y
luego de que es alterada y degradada químicamente termina contaminada en
Tucumán.


Se viene “Agua Rica”

Un nuevo proyecto minero se gesta en Catamarca, y descargaría sus desechos
en el canal pluvial DP2 que desemboca en las aguas del embalse Río Hondo.
La explotación minera generaría un importante movimiento económico en
varias provincias, principalmente en Catamarca, pero ya fue rechazada por
los ambientalistas.

La mina a cielo abierto comenzaría a trabajar en el 2011, para extraer
oro, cobre y molibdeno. El yacimiento está enclavado al norte de
Andalgalá, a 200 kilómetros de la capital catamarqueña. Desde la planta de
procesamiento, el material concentrado se enviaría por un mineraloducto
hasta la planta de filtros en Tucumán, y los efluentes serían descargados
en el canal pluvial tucumano.

La mina enviará material concentrado a través de un mineraloducto hasta
una planta de filtros en Cebil Pozo en Tucumán. Los desechos de la
actividad de Agua Rica luego del tratamiento del agua, serán vertidos al
DP2 que fluye hacia el río Salí y éste hacia el embalse Río Hondo que
recibiría los desechos del proyecto minero. La mina a cielo abierto
proyectada en Andalgalá, Catamarca, procesará 90.000 toneladas de
minerales por día para extraer oro, cobre y molibdeno. Se estima que es
mayor que Minera La Alumbrera. La concesión está cargo de Minera Agua Rica
LLC, subsidiaria argentina de Northern Orion Resources Inc y la canadiense
Yamana Gold Inc. La mina tiene según los estudios, una vida útil de 24
años.



La Ley Minera

La llegada de las empresas transnacionales y el comienzo de la gran
minería en Argentina se hizo posible a partir de 1993, cuando fue
sancionada la Ley
24.196 de Inversiones Mineras, que desreguló todo el sector minero y
estableció una serie de beneficios para estas empresas, sin exigirles nada
en contraparte. Esta ley fue modificada por las leyes 24.296, 25.161 y
25.429, que acentuaron el tratamiento preferencial a las mismas. Los
gobiernos de De la Rúa, Duhalde y Kirchner siguieron el camino trazado por
Menem en los años 1990.
Que la ley 24.196 de Inversiones Mineras establece una serie de incentivos
fiscales a la exploración y explotación minera; las empresas pueden
deducir el 100% de sus gastos de exploración del cálculo del impuesto a
las ganancias; se les devuelve el IVA a la exploración, así como el IVA en
importación o compra de bienes e inversiones de infraestructura; no pagan
derechos de importación; no pagan el impuesto al cheque; pueden deducir el
100% del Impuesto
a los combustibles líquidos. Además están autorizadas a no ingresar al
país el 100% de las divisas obtenidas por sus exportaciones (decretos
417/03 y 753/04) y no pagan ninguna carga o impuesto para transferir
capitales al exterior del país. La Ley establece asimismo que estos
beneficios no les podrán ser retirados por un periodo de treinta años a
partir de su instalación Que en contraparte de todos esos beneficios, las
empresas mineras tienen que pagar regalías a las provincias, pero la ley
24.196 fija como tope el 3% del valor del mineral extraído en boca de
mina, que en ciertos casos ese monto termina siendo menor a todos los
reintegros hechos a la empresas mineras. Así el Estado Nacional y las
provincias pagan a las empresas mineras para que se lleven los recursos
minerales afuera del país La gran mayoría de las empresas mineras se
instalan en las zonas pobres del país, y se aprovechan de la
vulnerabilidad de las poblaciones locales. La
llegada de un proyecto minero altera de manera profunda la vida de los
pueblos aledaños: todas las áreas están afectadas, desde lo ambiental a lo
económico, lo político, lo cultural. La actividad minera provoca a su vez,
contaminación del aire, del agua yde los suelos. Esta contaminación tiene
graves consecuencias para la salud del ambiente, de las personas y de los
animales que habitan los lugares cercanos al emprendimiento. La
explotación minera produce impactos sobre la salud humana, provocando una
serie de enfermedades, algunas muy graves: problemas de crecimiento y de
desarrollo del coeficiente mental, enfermedades de la piel, etc. La
acumulación de metales pesados en la sangre y los pulmones es lenta, y
sólo se detecta con análisis específicos, por lo que muchas personas se
enteran de su presencia cuando el problema de salud es ya muy grave,
también se conocen los efectos terribles sobre la salud que provocan la
emisión de gases tóxicos a la atmósfera y la lluvia ácida. Algunas
empresas mineras tienen una política de contratación del personal
diversificada, para no aumentar las estadísticas de cáncer
y enfermedades bronco-pulmonares La Contaminación de los suelos por
depósito de partículas sedimentadas producto de las lluvias, por el
vertido directo de los productos líquidos de la actividad minera, o por la
infiltración de productos de lixiviación del entorno minero, tiene un
impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y sobre la productividad
de esos suelos. Se infiltran y contaminan la capa superficial del suelo y
las napas de agua, se favorece la erosión y por lo tanto la
desertificación, acelerando ese proceso ya problemático en zonas áridas,
como es el caso de Catamarca.
Al impedir el desarrollo de las actividades económicas tradicionales, las
empresas mineras como Minera Alumbrera Ltd. atentan también contra los
derechos culturales de las poblaciones locales. La práctica de la
ganadería o de otras actividades económicas es parte de la identidad de
esos pobladores. En particular, es el caso de los pueblos originarios,
cuya relación con el medio ambiente es un aspecto central de su cultura.
La destrucción del medio ambiente, de la fauna y de la flora, causada por
sus actividades es una amenaza directa a su identidad y a su cultura.
Numerosas provincias se ven directa o indirectamente afectadas por Minera
Alumbrera, como Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba ya que
la mina tiene influencia sobre la cuenca de los sistemas Vis Vis-Amanao en
Catamarca, y por trasvasamiento en la cuenca del sistema Salí-Dulce en
Tucumán.
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ADIUNT


CONADU Histórica


Asociación de Docentes e Investigadores


de la Universidad Nacional de Tucumán

Inscripción Gremial Nº2197

Rechazan que peritos de la UNT estudien la contaminación de Minera Alumbrera en el DP2


A partir de febrero, por orden de la Justicia Federal, peritos de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT analizarán el impacto ambiental que causa Minera Alumbrera en el canal DP2. Por su parte, ONG ambientalistas se oponen a que el peritaje sea realizado por personal dependiente de una universidad hoy constituida como socia de la denunciada minera. “Es vergonzoso y poco creíble que un socio investigue a otro”, advirtieron desde Asanoa.

A prima facie la poca seriedad que esto representa, fundamenta los reclamos de las organizaciones ambientalistas. La aparente decisión del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, de designar cinco peritos dependientes de la Universidad Nacional de Tucumán para analizar la contaminación que causa Minera Alumbrera en el canal DP2, generó malestar en la Asamblea Socioambiental del NOA (Asanoa). Es que el vínculo societario entre la empresa minera y la UNT, a través de la UTE Yacimientos Mineros Aguas de Dioniso (YMAD), pone un manto de dudas sobre la credibilidad de los peritos encargados por la Justicia para realizar las tomas de muestras de los efluentes provenientes de la planta de filtros que la minera tiene en Ranchillos. “Es posible que desde Asanoa se realice una presentación para impedir que la UNT forme parte de esta investigación debido a que es socia de la minera denunciada. La Universidad debería ser excusada en este proceso, no por una cuestión de idoneidad sino por la credibilidad de los resultados”, afirmó a primerafuente Alfredo Carbonel, referente de Asanoa. El martes un grupo de ambientalistas estuvo en el Juzgado Federal Nº 2 donde se confirmó que la toma de muestras de los efluentes de la minera se realizará en febrero por parte de cinco peritos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT designados por sorteo. A ellos se les sumarán otros escogidos por la denunciada empresa minera. Racedo tiene en sus manos la causa iniciada por el ex director de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, por la presunta violación a ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) por parte de Minera Alumbrera en el canal DP2, afluente de la cuenca Salí-Dulce. “La causa contra el directivo de la minera, Julián Rooney, no está resuelta. Mientras tanto Minera Alumbrera continúa contaminando y saqueando nuestros territorios del NOA y desinformando a la población a través de reconocidos medios sobre la causa de contaminación de la trasnacional minera. A la vez, la Dirección de Minería de Tucumán continúa otorgándole permisos provisorios a esta trasnacional para que vuelque sus efluentes contaminantes en el canal DP2. Se le otorga así esta licencia para contaminar pues sus efluentes están excedidos en cuanto a conductividad eléctrica y sulfatos entre otros elementos establecido por la resolución local del Siprosa (1265/03) cuya resolución a su vez es inconstitucional y violatoria de la ley federal de residuos peligrosos 24051”, denunciaron desde Asanoa.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=55001

ESTO ES FALSO: MINERA ALUMBRERA NO CUMPLE CON LA LEY NACIONAL 24051 DE RESIDUOS PELIGROSOS

CUANDO SE HACEN AUTOMOBO CON ESTE TIPO DE NOTICIAS OMITEN MENCIONAR QUE NO SE AJUSTAN A LA LEY 24051 SINO A RESOLUCIONES PROVINCIALES DEL SIPROSA DE TUCUMAN HECHAS A LA MEDIDA DE LA CONTAMINACION MINERA

LA JUSTICIA COMPROBO NUEVAMENTE QUE LA DESCARGA DE MINERA ALUMBRERA CUMPLE CON NORMAS AMBIENTALES


Una nueva pericia técnica llevada a cabo por la Justicia Federal corroboró que Minera Alumbrera cumple con la totalidad de los parámetros establecidos en las normas aplicables en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Cruz del Norte, provincia de Tucumán.

En virtud de ello, la Justicia Federal de Tucumán determinó el archivo de la causa caratulada “Gendarmería Nacional sobre actuaciones complementarias de prevención” (Expte. N° 568/08), en la que se investigaba el cumplimiento ambiental de la descarga de Minera Alumbrera en el canal DP2.

En dichas actuaciones, y por decisión del Juez Federal interviniente, personal de la Policía Científica de Gendarmería Nacional, junto a representantes de la Secretaría Medio Ambiente de Tucumán, tomaron muestras de la descarga de Minera Alumbrera.

El laboratorio de aguas de la Estación Experimental Agro Industrial Obispo Colombres de Tucumán, por decisión del Juez Federal, realizó los análisis de metales pesados (Cobre, Zinc, Cadmio, Cromo, Arsénico, Mercurio), de otros parámetros físicos-químicos y de fenoles.

Luego del análisis de los resultados de la pericia presentada por los peritos designados por la Justicia, el Fiscal Federal interviniente sostuvo:

“En base a los datos de la presente pericia, se puede concluir que las aguas que Minera Alumbrera vierte al canal de desagüe pluvial DP2 no superan las normas establecidas por la Resolución N° 030 para fenoles ni para metales pesados”.

Ante la evidencia aportada y la recomendación del Fiscal, el Juez interviniente resolvió archivar la causa.

Por consiguiente, la Justicia Federal ha podido corroborar una vez más, mediante una nueva pericia, el cumplimiento ambiental de Minera Alumbrera, la cual opera bajo los parámetros ambientales más estrictos a nivel nacional e internacional. Esta actuación reafirma también el manejo responsable y sustentable de su explotación como eje de su política empresaria.

http://www.panoramaminero.com.ar/noti2.htm


VECINOS DE LA MATERIA FECAL


Los desbordes cloacales no dan respiro a los vecinos del sur de la capital

CONDENADOS A LOS FOCOS INFECCIOSOS. Vecinos de varios barrios del sur de la capital denunciaron a primerafuente la delicada situación sanitaria que padecen debido a la permanente circulación de desechos cloacales por las puertas de sus casas. “El sistema está colapsado. Pese a las constantes quejas a la SAT nadie vino a solucionar esto durante los últimos días. Las bocas de registro están desbordadas y el agua fluye en forma permanente por las calles”, se quejó María Ledesma, vecina del barrio CGT. Para colmo, en varias casas de la zona, los efluentes rebalsaron a tal punto que los baños domiciliarios debieron ser clausurados. “La gente pide prestado los baños de vecinos. Muchos debieron pasar la Navidad en casas de parientes por el olor y la suciedad en el que viven”, agregó Ledesma. Esta situación se repite en los barrios Blasco, Mediterráneo, Lapacho Sur, Parque Sur y en San Felipe, entre otros.
A minutos de Casa de Gobierno, miles de personas viven en medio de arroyos de aguas cloacales
Las calles de los barrios del sur de la capital son verdaderos manantiales de aguas servidas. Es tal el volumen de líquido que va a parar a esa zona que el sistema cloacal se colapsa en forma reiterada. Bocas de registros destapadas y napas freáticas que rebalsan los pozos ciegos de las viviendas. Vecinos del Mercofrut deben vivir con enormes piletones de materia fecal en las puertas de sus casas. Un conflicto sanitario de vieja data.



No hay cuadra sin pestilencias. Los innumerables cauces de desechos cloacales circulando por las destruidas calles de los barrios del sur de la capital son una postal que, gracias a su permanencia, ya se volvió típica. Así viven miles de vecinos del canal sur. Un gran número de ellos ni siquiera cuentan con cloacas. Los pozos ciegos son una alternativa que deja a la delicada realidad sanitaria como un complemento ineludible de la miseria en la que esta gente vive. La saturación de este precario sistema junto a la superficialidad de las napas freáticas no da margen a una calidad de vida al menos digna. A tal extremo llega esta situación que en los sectores más humildes, los vecinos deben compartir el pozo de las pocas viviendas que aún soporta más desechos. En otras palabras, al carecer de baños y tener sus pozos rebalsados deben acudir al del vecino. Por más insólito y triste que parezca. “Una vez que los inodoros y pozos se rebalsan toda la casa de llena de aguas servidas. Inmediatamente se llena de moscas verdes y luego se forman gusanos. Así se vive aquí. Las infecciones que padecemos son frecuentes. Estamos abandonados por el gobierno”, lamentó resignada Juana Rosa Alderete. Fuera de las viviendas tampoco se encuentra alivio. El olor nauseabundo hace irrespirable cada rincón de ese extremo de la capital. Allí van a parar los líquidos cloacales de todo el norte y oeste de la ciudad. Es tal el volumen de líquido que se transporta que el sistema se colapsa, las bocas de registro se destapan y el agua fluye en forma permanente por las calles. El panorama, pese a las inversiones que se están realizando, no parece alentador. En el centro se están levantando alrededor de un centenar de edificios pero la red cloacal, que ya tiene más de un siglo de antigüedad, en proporción, creció muy poco. La casa de María Angélica Razuk es un ejemplo de esta realidad. Ubicada en la intersección de La Rioja y Fortunata García, en Los Vázquez, debe soportar, cada vez que llueve, la inundación de su vivienda por la colmatación de su cámara séptica. Pese a esta contingencia, se siente afortunada: está entre los “privilegiados” de la zona que sí cuenta con conexión cloacal. Detrás del Mercofrut, un polo infeccioso El periplo por los manantiales de cloacas tiene un punto insoslayable en la unión de los barrios Alejandro Heredia y El Salvador, detrás del Mercofrut. La solución para “tratar” los desechos de la gran cantidad de baños que existen en el centro de ventas frutihortícola fue la instalación de enormes piletones a cielo abierto donde van a parar las aguas servidas (ver video aparte). El foco infeccioso que estos pantanos de material fecal representan es difícil de tolerar. Entre los olores nauseabundos, los mosquitos y un paisaje deplorable, quienes allí viven se sienten habitantes de segunda. Inodoros saturados, aguas cloacales que recorren las puertas de las casas, pestilencias irrespirables. El asco ya se naturalizó entre los vecinos de la zona.

“Ya no sabemos cómo quejarnos ante la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Necesitamos que los camiones sanitarios vengan más seguido a captar los desechos de los pozos rebalsados. Ahora, como los caños del Mercofrut que desembocan en los piletones se trancaron no tuvieron mejor idea que arrojar los desechos cloacales a la calle. Que todo el mundo sepa que este infierno se está viviendo a pocos minutos de plaza Independencia”, bramó en declaraciones a primerafuente, Ángel Tolosa.

Por Esteban Stanich

Primera Fuente

martes, 22 de diciembre de 2009

¡Basta de criminalizar la pobreza!

La denuncia y Acción desde las Organizaciones Sociales
Un grupo de Instituciones y Organizaciones Sociales que desarrollan sus tareas junto a los barrios con poblaciones de alta vulnerabilidad social de la ciudad de San Miguel de Tucumán repudian la Represión Policial ocurrida el día lunes 30 de Noviembre, en el Comedor “Los Lapachos Tucumanos” del Barrio Juan Pablo II conocido como El Sifón.

Al mismo tiempo convocan a la ciudadanía a unirse a este repudio, a expresar que la criminalización de la pobreza no es el camino, uniéndose a la muestra de actividades artísticas que desarrollarán el próximo miércoles 23 de diciembre en la Plaza Independencia desde las 11 Hs.

¡Basta de Criminalizar la Pobreza! Bajen las armas, que aquí solo hay niñosleyendo, aprendiendo, haciendo música, cantando, pintando, jugando, creciendo, resistiendo, bailando, construyendo, organizando… es el lema con el que convocan a esa jornada.

Con esta actividad se busca expresar el repudio a las prácticas policiales represivas y de abuso de poder que es práctica común en los barrios populares, todas similares a las ejecutadas el 30 de Noviembre en el Bº El Sifón, en el momento en que un grupo de adolescentes se encontraban en un Taller de Teatro en el Comedor Los Lapachos.

Frente a la lógica que dice que a la pobreza se combate con Represión Policial, el conjunto de Organizaciones Sociales coinciden que sus prácticas cotidianas son otras formas de intervenir. Que la lucha es contra la pobreza y no contra los más pobres: redistribución de las riquezas, organización popular, desarme del aparato represivo, trabajo dignificante y genuino, educación, arte y cultura para todos son las únicas salidas sustentables.

Convocan y Adhieren:

Asociación Civil Crecer Juntos

Comedor Los Lapachos

Asociación Música Esperanza Tucumán

COBA

Biblioteca Popular La Randa

Colectivo de Trabajo Popular Gallo Rojo

Revista villaBom

CONTACTOS DE PRENSA: 3815083577

jueves, 17 de diciembre de 2009

LICITACIÓN A LA BASURA

El Concejo aprobó que La Banda SRL se haga cargo de Overo Pozo en forma directa


PACARÁ SERÁ UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA. El Concejo Deliberante capitalino avaló ayer esquivar una licitación pública y ceder en forma directa los derechos de construcción y administración de la futura planta de residuos de Overo Pozo (Cruz Alta) a la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL , firma que hoy trata los derechos del área metropolitana en Pacará Pintado. El acuerdo sería en un principio hasta 2012 –cuando finaliza el acuerdo con Yerba Buena, último contrato vigente de la empresa con Yerba Buena- aunque, dada la millonaria inversión que debe realizar la prestataria, se presume que se extendería por varios años más. Uno de los que se opuso a la medida fue el edil Claudio Viña (FR) quien negó que el contrato con dicho municipio deba se contemplado. “El consorcio nació para barajar y dar de nuevo, no para regalarle un predio que vale millones a una empresa ineficiente que nos cobre una fortuna para amontonar residuos como lo hace en Pacará Pintado. Debe llamarse a licitación", sostuvo Viña a primerafuente.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54793

El Consejo Superior de la UNT le pidió a Cerisola que actúe con prudencia

Buscan limitar la contratación de personal cuando el déficit mensual supera el millón de pesos. Los consejeros superiores, que acompañaron la moción impulsada por la comisión de Hacienda, denunciaron que en los últimos cuatro meses hubo casi 167 contrataciones.

A pesar de los esfuerzos del oficialismo por maquillar el desarrollo de las reuniones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), todo indica que el el rector Juan Alberto Cerisola cerró el año con un nuevo revés para sus aspiraciones reeleccionistas.

El Consejo Superior le advirtió que ponga límites a la discrecionalidad con la que contrató a más de cien personas en menos de dos meses. Según el órgano de gobierno universitario, esta empleomanía pone en riesgo a las finanzas de la UNT que ya presentan un déficit mensual de más de un millón de pesos, que se cubre con los fondos de libre disponibilidad del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD).

Aunque los consejeros oficialistas intentaron presentar la decisión del Consejo Superior como un triunfo, el rector no pudo evitar el chubasco por la puesta en evidencia de su política administrativa.

Los consejeros superiores, que acompañaron la moción impulsada por la comisión de Hacienda, denunciaron que en los últimos cuatro meses hubo casi 167 contrataciones. La mayoría de los contratos pertenecen al ámbito del Rectorado, en las secretarías de Bienestar Universitario y Extensión Universitaria.

Santiago Yanotti, representante de los estudiantes cuestionó a Cerisola. “Nos acusa de ser personeros de la vieja política y sus funcionarios salen en los diarios hablando desde los partidos que el cuestiona. Su secretario general es un referente del PJ más tradicional y el secretario de Bienestar Universitario se propuso como presidente de la UCR. No me parece mal, pero el rector debiera cambiar de discurso y dejar de engañar a la comunidad universitaria”.

La decisión adoptada por el Consejo Superior exhorta expresamente al rector “en el sentido de no autorizar, ni efectuar, ni dar curso a ninguna nueva designación de personal no docente, sea interino o en planta permanente, ningún nuevo contracto de locación de servicios, ni asignación de puntos para nuevos cargos docentes interinos o cambios de dedicación, durante un período de seis meses. Se establece además, que las designaciones en planta permanente o interinas ya realizadas, así como los contratos ya instrumentados, las designaciones docentes interinas y los concursos en trámite, que contaren con la debida autorización de las partidas correspondientes, continuarán ejecutándose".
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=54755

miércoles, 16 de diciembre de 2009

ES INMINENTE UN NUEVO DESALOJO EN TERRITORIO QUILMES

Nuevamente la Comunidad de Base Colalao del Valle se ve asediada por una decisión de la Justicia provincial quien procederá a ejecutar un segundo desalojo en el mismo predio en el que, meses atrás, más de medio centenar de policías, conjuntamente con una empresa privada destruyeran las casas en donde moraban familias de jóvenes comuneros, miembros de la CIQ. En aquella oportunidad los efectivos trasladados para el efecto, desde distintas unidades de la Regional Oeste, fueron albergados y alimentados en la Hostería de Colalao del Valle dependiente de la Comuna Rural.

Posteriormente, la Comunidad India Quilmes conjuntamente con otras Autoridades Tradicionales, resolvieron recuperar el territorio posesionando a los comuneros expulsados en el mes de septiembre pasado. En esa oportunidad emitieron un comunicado observando “con gran preocupación que en todos estos años la justicia occidental siempre ha sido injusticia para los PI. … la jurisprudencia en la Provincia al respecto es mínima, a pesar de haber un importante reconocimiento sobre DDII, no existe voluntad política de complementar el formalismo clásico con el sistema jurídico de los PI.” También señalaban que el Poder Ejecutivo de la provincia “no tiene una política clara y sincera, respecto a los PI. El poder legislativo carece de toda voluntad de reglamentar leyes con la participación plena y efectiva de las Comunidades Indígenas, El Poder Judicial resiste en aplicar y efectivizar las leyes vigentes. Todas sus interpretaciones son clásicas, arbitrarias y carecen de honestidad jurídica.” En dicho documento resolvieron “hacer efectivo por medios pacíficos la legislación vigente, y en particular, resistir y no permitir ningún desalojo en las tierras indígenas, aun con sentencia judicial occidental.” Y en ese sentido, “promover el ejercicio progresivo del derecho a la libre-determinación

Luego de la recuperación del territorio desde la Delegación Comunal de Colalao del Valle se prohibió el uso del agua de un pozo anexo al mismo como medida coercitiva para que los habitantes abandonaran el lugar.

En la actualidad y, de acuerdo a informaciones extraoficiales el próximo jueves 17 de diciembra se estaría por ejecutar un nuevo desalojo por lo que sus principales referentes llamaron a los comuneros a mantenerse en estado de alerta y movilización. De igual manera solicitaron la solidaridad del resto de las organizaciones sociales y de derechos humanos a la ciudadanía en general y partidos y organizaciones políticas, dirigiéndose al 3815220039

Las razones de la reincidencia en el desalojo

Como es sabido, las pretensiones de los terratenientes de Colalao de Valle en desconocer la legitimidad de la Comunidad India Quilmes sobre su territorio, los lleva a acusar a los comuneros de “usurpadores que hacen un asentamiento ilegal” se explica puesto que la zona tiene un potencial vitivinícola muy alto, considerándosela más apta que la de Cafayate (distante a solo 40 Km., hacia el norte) para la elaboración de vinos de alta gama. Igual interés y desconocimiento activo de la Comunidad Indígena, tienen “emprendedores vitivinícolas” que son en realidad funcionarios políticos o parientes de funcionarios políticos de Tucumán quienes públicamente cuestionaron el estatus jurídico de la tierra en el “Diario la Gaceta” del 01/04/07. En esa nota se reflejaba la preocupación de los "pioneros vitivinícolas” (Posse, Sarrulle, Penna) sobre la falta de seguridad de la tierra en el Valle Calchaquí. Refiriéndose a los fundos que estos "emprendedores" tienen en las zonas de Colalao del Valle y Quilmes (territorio de la Comunidad India Quilmes). Esta versión que busca desinformar y defiende las pretensiones de estos “emprendedores” es falaz, puesto que la "seguridad jurídica sobre la tierra" a la que se refieren y que el diario en cuestión reproduce, no se refiere a la seguridad en términos individuales sino comunitarios y que están ampliamente expresados en los artículos constitucionales, nacional (75 Inc. 17) y provincial (Art. 149).

PRENSA UNION DE LOS PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA



Publicado en: http://www.uniondiaguita.blogspot.com/

domingo, 6 de diciembre de 2009

Tucumán: Brutal represión a educadores populares

Tucumán (Agencia Paco Urondo), jueves 3 de diciembre de 2009;

La policía provincial irrumpió con desproporcional violencia represiva en un comedor comunitario donde se realizaba un taller artístico del Programa Vida, del gobierno provincial, en busca de un adolescente. Sesenta uniformados de cuatro grupos distintos repartieron golpes y arrojaron gases lacrimógenos, balas de goma y de armas reglamentarias contra personas desarmadas. Las organizaciones sociales denunciaron amenazas.

Una brutal represión policial se desató en la tarde de ayer, en el barrio Juan Pablo I, más conocido como “El Sifón”, uno de los siete barrios de alta vulnerabilidad que se encuentran en el sector noroeste de la capital tucumana. Sin reparar en que en las instalaciones del comedor de la Asociación Civil Los Lapachos Tucumanos se encontraban niñas, niños y mujeres, las fuerzas policiales ingresaron a los golpes y destrozando todo lo que encontraban a su paso. Ante la sorpresa de los educadores que estaban dictando un taller de arte del Programa Vida, un proyecto para jóvenes, que impulsa el Gobierno de la Provincia por medio del Ministerio de Desarrollo Social, la policía repartió golpes a niños y mujeres, y ante la reacción vecinal pidieron refuerzos y comenzaron a arrojar gases lacrimógeno, balas de goma y luego también disparos de sus armas reglamentarias.

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La crónica de los hechos

Cuarenta minutos después de iniciado el taller, a las 19 horas y mientras un grupo de niños, adolescentes y jóvenes acompañados por talleristas y referentes territoriales del Programa Vida de la Asociación Civil Crecer Juntos, se produjo de forma inesperada la llegada de personal policial de civil, munidos de armas de grueso calibre, quienes sin mediar ninguna identificación, comenzaron una brutal golpiza contra un adolescente que en ese momento se encontraba participando del taller. Los efectivos policiales -alguno de los cuales tenían signos de estar alcoholizados- pidieron inmediatamente el refuerzo policial, por lo que acudieron personal de la comisaría 6ª, Infantería y Grupo CERO en un número aproximado de 60 uniformados.

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El operativo encabezado por personal de la Brigada de Investigaciones adquirió un nivel de violencia desmesurada consistente en golpes a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres que se encontraban en el lugar buscando parar la golpiza que los policías estaban propinando al menor. El panorama se complicó con los insultos de los policías, más golpes y el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y balas de sus armas reglamentarias contra todos los presentes en el pasaje del comedor cito a la altura de San Miguel al 1800 cuyo domicilio fue violado por el personal policial. El operativo duró aproximadamente una hora de intensa balacera y la correlativa indignación de los vecinos que respondieron a la fuerte violencia policial con una lluvia de piedras.

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En su tropelía de violencia los efectivos policiales destruyeron las instalaciones del Comedor Los Lapachos Tucumanos, sin ahorrar violencia contra su referente y presidenta, Irma Monroi, madre y educadora con años de trabajo en ese barrio, quien en medio de su crisis de nervios imploraba por el cese de la violencia y por el resguardo de las decenas de niños y niñas que se encontraban en medio de la balacera y las pedradas. A manera de intimidación toda esta fuerza policial, lejos de retirarse, una vez terminado el operativo, se apostaron a la entrada del barrio continuando con la represión y realizando todo tipo de amenazas contra las/os compañeros allí presentes entre los que se encontraban compañeras/os educadoras/es de Crecer Juntos y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en función de mediar en este grave incidente.

Responsabilidades

Desde estas Organizaciones hacemos responsables al Ministro de Seguridad Ciudadana Mario López Herrera, al Jefe de Policía Cro. Hugo Sánchez y al Juez de Instrucción de la IIIª Nominación, Dr. Francisco Pisa -quien emitió y autorizó, a decir de los efectivos, este operativo en todas sus formas- de la seguridad y la integridad física de estas/os compañeras/os amenazados.

Los medios de comunicación tucumanos, especialmente Canal 8 y la edición digital del diario El Siglo, con su política reincidente en la cobertura de este tipo de hechos reprodujeron una versión sesgada que no dio cuenta de la totalidad de la información y resaltando los estereotipos presentes en la sociedad tucumana. Mal podían estos medios tener una cobertura completa cuando nunca estuvieron presentes ni en el comienzo del operativo, ni en la brutal represión que incluyó arrojar gases lacrimógenos en las humildes viviendas del barrio donde buscaban refugio mujeres y niños y niñas que resultaron afectados por esa acción desaprensiva.

En sede de la Comisaría 6ª, el Comisario Alaniz, a cargo de dicha comisaría, admitió que él no se encontraba a cargo del operativo, que de haber estado él ese operativo no se hubiera realizado de ese modo. No encontrando seguridad e imparcialidad para efectuar declaraciones en la sede policial las/os compañeras/os decidieron dirigir la exposición de los hechos directamente a la sede de la fiscalía.

Pedido de solidaridad a las organizaciones sociales

Desde Tucumán pedimos a las compañeras y a los compañeros puedan expedirse y comunicar a la opinión pública de manera urgente este modo de operar de las fuerzas policiales tucumanas y el ministerio de “seguridad ciudadana” quienes cuentan con el segundo mayor monto asignado del presupuesto general 2010 de la Provincia, incluso más que el propio Ministerio de Desarrollo Social, dando muestras de toda una opción política explicada presupuestariamente de lo que se avecina en nuestra poblaciones y en medio de las cuales quedamos las compañeras y los compañeros de las Organizaciones de la Sociedad Civil muchas veces en la soledad de su trabajo.

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Solicitamos también a las compañeras y los compañeros que además de dar difusión de los hechos, hagan público su repudio dirigiendo notas al Ministro de Seguridad Ciudadana (seguridad@tucuman.gov.ar - Tel: 4844000 - Int.:431 - 492) explicitando la gravedad de las amenazas recibidas por las compañeras y compañeros educadoras y educadores de Crecer Juntos, del Programa Vida y de la Asociación Lapachos Tucumanos. Hacerlo responsable de cualquier situación que devenga de estas amenazas expresadas por el personal policial a su cargo.

Confiados en la fuerza que nos da la solidaridad y el sueño de otro mundo posible seguiremos caminando nuestros barrios, seguiremos atando nuestro destino al cuidado de la vida, de la no-violencia, de la inclusión plena y en definitiva seguiremos caminando negándonos a las lógicas de judicialización de la pobreza y la respuesta de la represión policial como única salida que nos quieren imponer a la sociedad tucumana. Confiamos también en la solidaridad que nos impulsa a no bajar los brazos soñando por el otro país donde la Justicia Social, el respeto por los Derechos Humanos y la Unidad Popular sean una base de construcción de esa otra manera de convivir como sociedades.

Asociación Civil Crecer Juntos www.crecerjuntos.org.ar, coordinacion@crecerjuntos.org.ar, (54) (381) 434 0944, Leonor Cruz: (54) (381) 15 4904448, Adriana Díaz: (54) (381) 15 4908413, Edmundo Dantes Ibáñez: (54) (381) 15 6026229 (Agencia Paco Urondo)

El poder detrás del poder

Cuando hablamos de la minería en la Argentina de hoy debemos tener en cuenta algunos elementos centrales de este tema mucho más allá de la cuestión meramente económica. En las últimas décadas en toda América Latina la minería vuelve a desempeñar el rol que tuviera en siglos pasados y que tan brillantemente describiera Eduardo Galeano en sus “Venas abiertas de América Latina”. La significancia política de esta actividad atraviesa en muchas direcciones la realidad de todos los países donde las grandes empresas hacen las veces de cabecera de playa de una invasión disfrazada de inocente inversión. Las mineras desembarcan tomando posesión territorial, comprando leyes, corrompiendo políticos y digitando comunidades enteras en una nueva versión, siglo XXI, de la conquista registrada hace mas de 500 años en todo el subcontinente.
No solamente se trata de una explotación irracional de los recursos naturales sino de una estrategia a largo plazo de transformación de la república en dócil instrumento de los designios imperiales. Como ejércitos de ocupación de nuevo cuño, construyen un Estado dentro de otro Estado. En las minas como La Alumbrera las reglas que rigen son las de la empresa, los ciudadanos no pueden ingresar allí con libertad, pierden sus derechos sobre el suelo, el subsuelo, el aire y hasta se transforman en rehenes de la actividad minera que terminan viviendo de la riqueza que se derrama de la extracción del oro maldito obnubilando conciencias por medio de la pérdida de identidades culturales, costumbres y modos de vida. Se trata de una corrosiva penetración que junto con el medio ambiente destruye el paisaje humano, su riqueza y su dignidad.
En el caso de Minera Alumbrera, la historia no sólo demandará su responsabilidad a la UNT y sus funcionarios, todos vilmente corrompidos por las migajas de la opípara mesa de las empresas, sino también a por lo menos tres gobernadores que, sin distinguirse, entregaron la provincia a este moderno ejército invasor. Las leyes mineras argentinas se promulgaron durante la presidencia de Carlos Ménem y el fue el primer “facilitador” del ingreso de estos ejércitos predadores. Pero Antonio Domingo Bussi, Julio Miranda y José Alperovich en sucesión continua, se ocuparon convenientemente de disponer tantas resoluciones como la minera necesitó para perfeccionar y consolidar su dominación.
En primer lugar el entonces Ministro de la Producción Franco Augusto Fogliata mediante Resolución Ministerial designó como Autoridad de Aplicación de los temas ambientales derivados de la Minería a la entonces Dirección de Minería. Todo este procedimiento fue convalidado por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 551/3 del 3 de abril de 1996. En ese momento el titular de la Dirección de Minería fue el geólogo Hernando Lisiak. Lisiak luego de dejar el cargo de Director de Minería fue nombrado como Gerente de Asuntos Corporativos de Minera Alumbrera.
Luego se atacó por el lado de las leyes, decretos y resoluciones. Una primera movida partió del mismo General Bussi que “invitó” al entonces Secretario de Medio Ambiente
de la Provincia Ing. Hugo Bardera y al entonces titular de la Dirección General de Saneamiento Ambiental Ing. Juan Carlos Luján a cambiar algunos parámetros físico
–químico en la Resolución Nº 1219-CPS-85. En efecto, en esta última se establecía que el elemento arsénico no debía pasar de un valor de 0,05 miligramos por litro de
agua. Luego de la “sugerencia” del gobernador Bussi el valor de arsénico se hace “más permisible” y pasa a ser de 0,5 miligramos por litro (¡se le sacó un 0! Haciéndolo 10 veces mayor), y así nace la resolución 1219-CPS-97. O sea, se flexibiliza a favor de alguna empresa sin duda, y ¡oh casualidad! la única que podría tener arsénico en sus efluentes era precisamente Minera Alumbrera.
Esta última resolución “además” expresa que el parámetro denominado Conductividad Eléctrica “se estudiará y se definirá según el caso”. Aquí conviene recordar que la conductividad eléctrica de un efluente es el primer síntoma de que puede haber contaminación inorgánica, como es el caso de Minera Alumbrera, ya que valores altos de conductividad indican una contaminación por algún elemento químico.
No conforme con esta “adecuación” de la ley a favor de la Empresa Minera Alumbrera y sobre todo porque los valores de conductividad eléctrica seguían apareciendo con valores muy altos, lo que indicaba a todas luces un alta contaminación, se dio el siguiente paso: adecuar los valores de la conductividad: Con fecha 28 de Julio de 1997 el Director de Medio Ambiente de la Pcia Ing. Hugo Bardera contesta una nota al entonces Director de Saneamiento Ambiental Lic. Juan Carlos Luján que “…esta de acuerdo con su criterio de flexibilizar el límite admisible del parámetro conductividad para efluentes industriales…” (Expte Nº 638-620 del 21 de Julio de 1997) y aclara que esto era a los efectos de vuelco de los efluentes de Minera Alumbrera.
Luego, durante el gobierno de Julio Miranda y como la minera seguía violando los niveles dispuestos en las resoluciones del Siprosa, el entonces Ministro Juan Masaguer dicta una nueva resolución Nº 1265/CPS. En ella se vuelven a cambiar los máximos establecidos dejando sin efecto todas las resoluciones anteriores y ya en clara violación de la Ley Nacional que establece parámetros mucho más estrictos. Tucumán se transforma así en la Republiqueta Minera que hoy es, cosa que fuera denunciada en la legislatura local con abundante documentación por el ex legislador y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Alejandro Sangenis.
Sin embargo y no obstante todas las concesiones de Bussi y Miranda, la minera seguía violando las disposiciones medioambientales del Siprosa. Alperovich y su Ministro Juan Manzur, hoy nada menos que Ministro de Salud de la Nación, terminan con la sucesión de cambios con una corta resolución, la Resolución Nº 937/SPS. Fiel a los principios de administración empresario-gubernativa, básicamente esta resolución establece la permanente excepción para Minera Alumbrera dejando sin efecto los valores límite de contaminación establecidos por la resolución de Masaguer, el ministro de Miranda. Alperovich y Manzur logran por fin una resolución que garantiza incluso la violación permanente de leyes nacionales con simples disposiciones ministeriales de la provincia.
Como se ve, la universidad tiene cómplices fieles. No es casual la productiva sociedad política Cerizola-Alperovich, es una sociedad con muchos ceros a la cual le hacen honores los ex rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano. Eso explica también que un hombre del peronismo menemista como Florencio Aceñolaza sea hoy Secretario General de la UNT y se cuente entre sus asesores al Ingeniero Julio Díaz Lozano. Peronistas en la supuesta universidad radical. Ambos eran Diputados Nacionales al momento de la sanción de las leyes de minería. Díaz Lozano presidía la Comisión de Obras Públicas y Aceñolaza es un geólogo tenido por el hombre que mas sabe de minería en Tucumán y uno de los pocos que en el Congreso tenía idea clara de lo que se estaba votando. La identidad peronista o radical no cuenta a la hora de enrolarse en el ejército mercenario de las mineras. Sólo basta apuntar que en la declaración de bienes de Fernando De La Rua, el monto mayor de su patrimonio pertenece a acciones mineras.
Como se ve, las empresas multinacionales todas, pero en especial las empresas mineras, cumplen no solamente la función de esquilmar los recursos naturales sino además la de corromper tan profundamente el sistema político que puede equiparársela al narcotráfico. El manejo de enormes sumas de dinero y la necesidad de desmantelar las instituciones para que el negocio sea posible los transforma en el sector ideal por medio del cual se contamina por dentro una república. No sólo el medio ambiente.
Téngase en cuenta que según datos aportados por confiables informantes, en los tres vuelos diarios que despegan directamente desde la Minera Alumbrera al exterior sin aduana alguna, se transportan entre 120 y 150 kilos de oro. Sin tener en cuanta los demás metales que se extraen, ese oro significa algo así como 23 millones de pesos diarios. Y según la ley menemista, las mineras “blanquean” su extracción por declaración jurada. Es decir, no existen controles legalmente establecidos. Disponen por tanto, al igual que el narcotráfico, de enormes cantidades de dinero negro para comprar presidentes, gobernadores, diputados, senadores, legisladores, y por supuesto comprar también el silencio de la prensa.
La heroica resistencia de los ambientalistas deberá incorporar elementos mucho más políticos si pretende algún éxito. En primer lugar no será el Consejo Superior de la UNT ni sus autoridades las que resuelvan nada a su favor. Los privilegios de los cargos ya están vendidos tal y como sucede con las autoridades provinciales. Sus patrones no somos nosotros, los ciudadanos. Son ellos, las mineras, los Call Center o cualquier empresa que tenga la necesaria moneda de cambio los que sancionan leyes y redactan decretos y resoluciones. Es el poder el que debe cambiar de manos.
http://www.elperiodico.com.ar/verarticulo.php?id=96116282&fecha_edicion=06/12/2009

UNT - ALPEROVICH - ALUMBRERA: "DEL MISMO PALO"


El Consejo Superior tuvo que informarse de los daños que ocasiona la minera Alumbrera en las poblaciones. Los expositores les hicieron recordar que la UNT es socia de las mineras. Escasa participación.
Tal como estaba previsto, el martes pasado se realizó la sesión extraordinaria solicitada por la Asamblea Socio Ambiental del NOA (Asanoa) al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Tanto el Rector, Juan Cerisola, como el resto del Consejo, tuvieron que escuchar la realidad más allá de lo que digan Marigliano o Campero con respecto a la responsabilidad que le cabe a la UNT en la minera Alumbrera. Además, se solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos que elabore un informe sobre las atribuciones legales de YMAD y de la UTE que conforma con la Alumbrera.
La sesión arrancó con la exposición de la docente e investigadora de la facultad de Artes, Miryam Genisans, quien señaló que la problemática socio ambiental, como consecuencia del saqueo que provoca la minera Alumbrera es preocupante. “El tipo de modelo es extractivo, que significa volar montañas, consumir muchísima cantidad de agua, mucha energía. Todo esto está amparado por unas leyes que están al servicio de las mineras, especialmente trasnacionales”, expresó. Los “trabajos” que realiza la minera están destruyendo todo el sistema del Aconquija, según alertó Genisans quien, además, es militante del grupo ecologista ProEco. “Entendemos que, si los animales e mueren, si la producción de frutas cayó, es porque los niveles de contaminación son muy altos. Venimos, además, a contradecir las versiones mediáticas de que Alumbrera no contamina en el DP2; Alumbrera contamina en el DP2 y en toda la zona, incluso en el puerto de Santa Fe”, disparó. La ambientalista también denunció que se dan casos de lluvia ácida en la zona de los valles Calchaquíes, como producto del accionar contaminante de la minera y denunció también a las autoridades de la provincia, como partícipes de esta situación, ya que el proyecto de la Alumbrera tiene un respaldo profundo del Estado. “El problema más grave en Tucumán es la actitud del gobierno provincial, que nos entrega a partir de las resoluciones del Siprosa sobre los niveles de contaminación que supera los mínimos que establece la ley nacional”, dijo. Por medio de filmaciones, la licenciada demostró la situación que viven los pobladores afectados.
Tras las más de cuatro horas que duraron las exposiciones, las caras de los consejeros lo decían todo. Mientras algunos prestaban la debida atención a lo que decían las personas afectadas, se pudo apreciar a la decana de la facultad de Odontología enviando mensajes de texto desde su celular, o a un consejero estudiantil haciendo fuerzas para no dormirse. Ni las terribles denuncias lograron despertarlo de un sueño –una pesadilla, mejor dicho- que lleva 12 años y de la que la UNT cumple el rol de un Fredy Kruger con tijeras de oro. Puede llegar a ser justificable el cansancio de algunos consejeros, pero el poco interés que despertó el tema contrasta con las cuestiones relacionadas con la interna universitaria. Sin embargo, no demostraron el mismo estado de ánimo –los menos- cuando, semanas atrás, se trató lo concerniente al dinero maldito (eso sí importa) que envía YMAD. Esas cinco horas son un grano de arena –no de oro- si las comparamos con los 12 años de destrucción socio ambiental.
¿Hay vida más allá del Tupper?
Aunque algunos consejeros, como Santiago Yanotti, del estamento estudiantil, realizaron algunas preguntas sobre el marco jurídico o sobre las consecuencias socioambientales, resultó llamativo el desconocimiento del cuerpo sobre la grave situación que se vive más allá del Tupper. Las preguntas, o la ignorancia fueron explicadas en 13 oportunidades en la sala del Consejo. “Hoy estamos hablando con la UNT, que es el socio de la Alumbrera. Ustedes no preguntan, porque deben ser conocedores de esto. Supongo que ustedes deben saber lo que pasa con el agua y cuáles son las consecuencias que trae”, expresó Roque Chaile, Autoconvocados de Santa María, Catamarca. Lo que, seguramente desconocen los consejeros es que minera la Alumbrera consume cinco millones de litros de agua por hora y tanta electricidad como la que emplea toda la ciudad de Neuquén, como lo explicó el fiscal Federal Gustavo Gómez en una radio de Neuquén. “Hace 15 años el campo de El Arenal –Catamarca- era un lugar de pastoreo; hoy no existe el pasto. Ustedes son socios, lo deben saber, ¿no?”, preguntó, para luego definir otra realidad: “La Universidad de Tucumán es socia, solamente de la plata que les llega, pero no van a hacerse cargo de los daños que sufrimos”. Aunque la minera sabe lo que quiere, los pobladores de las zonas afectadas, y no sólo (otras universidades no quieren saber nada con el dinero sucio), saben qué es lo que no quieren. “Nuestra gente vivía sin pedirle agua a nadie; hoy dependemos de un bolsón o de un plan social y no queremos eso. Como Universidad no pueden desconocer esta situación”, concluyó. Por lo visto, nuestros queridos consejeros tampoco conocen sobre los casos de criminalización de las protestas.
Horacio Machado Aráoz, otro de los oradores, docente de la Universidad de Catamarca expuso sobre la historia del saqueo y de la concomitancia de los gobiernos para con las trasnacionales. “Cuando se creó el YMAD, existía un artículo que prohibía que los recursos fuesen explotados por empresas extranjeras. Los sucesivos gobiernos lo cambiaron y así permitieron la instalación de estas grandes empresas”, aseveró.
Otra de las voces que escuchó el Consejo Superior fue la de Marcos Pastrana, de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Calchaquí, quien solicitó al cuerpo que sigan el legado que dejó Abel Peirano, cuando fundó el YMAD. “Lamentablemente su legado se dilapidó”, expresó.
Luego de las exposiciones, fue el turno de los agobiados consejeros quienes, apoyaron la moción de Raúl Torres Zuccardi de encargarle el tema a Asuntos Jurídicos para ver “cuál es el encuadre que le podemos dar y que nos lo explique. Una vez que tengamos el marco jurídico correspondería ver las decisiones del cuerpo”, dijo. Finalmente, a solicitud del Rector se dispuso que lo que determine Asuntos Jurídicos pase directamente para que lo analice una comisión que estaría compuesta por expertos de algunas facultades. Recién entonces volvería a ser tema del Consejo Superior.
En la misma bolsa
Sin embargo, no sólo las autoridades viven en una burbuja, desconocen la situación o no quieren hacerse cargo de la misma. Resulta lamentable ver siempre a las mismas caras en las actividades en contra de los efectos nocivos de la Alumbrera. La comunidad universitaria está compuesta, no sólo por sus gobernantes, sino por miles de docentes, de no docentes y de estudiantes. Ninguno de estos estamentos, sólo algunas agrupaciones, por medio de sus gremios, ha dicho una sola palabra al respecto y ni siquiera ha estado presente en las reuniones para tratar la temática. Esto, lamentablemente, los convierte en cómplices de la contaminación, tal vez un grado menor que las cabezas de la UNT, pero no muy distintas de ellos.
El año que viene, luego de las elecciones, las figuras serán prácticamente las mismas, salvo algunas caras nuevas. La contaminación seguirá, el daño, también, y la indiferencia de más del 90 por ciento de la comunidad universitaria.
http://www.elperiodico.com.ar/verarticulo.php?id=96116148&fecha_edicion=06/12/2009

miércoles, 2 de diciembre de 2009

“Su instalación es una burla que pone en riesgo la salud de 25 mil personas”

Los residuos de la basura impactarán directamente en la salud de las personas de ambas provincias.

Ampliar imagen | Vista del basural de Pacará Pintado.

Respecto al problema que generará a corto plazo el traslado e instalación del basurero en la localidad de Overá Pozo, en Tucumán, vecinos de la zona mostraron su preocupación.
En este sentido, Esteban Cabrera, representante de la comisión de autoconvocados de la zona, comentó en exclusiva a Nuevo Diario que “es necesario que nuestras autoridades provinciales reflexionen con celeridad y de una vez por todas den una solución definitiva al destino final de la basura y a su procesamiento”.
Añadió que “no hace falta demasiada inteligencia ni estudios científicos para darse cuenta de que un vaciadero nunca puede estar en las cercanías de un curso de agua como lo está actualmente el Pacará Pintado y como pretenden que éste lo esté, teniendo en cuenta que en la zona está uno de los acuíferos más importantes, dado que el agua es la más pura del país”.
“De hecho, este concepto lo vienen repitiendo los expertos desde desde hace mucho tiempo ya”, expresó Cabrera, y al tiempo remarcó que “por una cuestión ambiental y de salud, es hora de que la basura y por ende la contaminación, dejen de ser un tormento para los tucumanos y que eso genere consecuencias para las provincias vecinas, como lo es en este caso Santiago del Estero”.
En la oportunidad remarcó que “desde el comienzo que vinimos presentando notas, pedidos de audiencias, enviamos cartas documento, solicitamos informes, pero no fuimos escuchados ya que los municipios prefirieron no involucrarse”.
Con referencia a esto, este lugareño señaló: “Principalmente buscamos que este basurero no se instale en la zona” y al tiempo expresó: “Pero lamentablemente con estas cuestiones, Tucumán desde hace años está perdiendo la oportunidad de dar un gran debate dado que esta es una cuestión que nos preocupa a todos y el tema es algo fundamental, porque estamos hablando del ambiente”.

“Es una burla”
Por otra parte, Esteban Cabrera contó al medio, que Overá Pozo y las zonas aledañas son lugares absolutamente agrícolas en donde la gente vive de lo que produce.
Además agregó que “es por ello que consideramos que es una burla la instalación de un basurero en esta zona, ya que pone en riesgo la salud de cerca 25.000 habitantes que están comprendidos en un rango de 10 km a la redonda”. “Son poblaciones que viven de la agricultura, del maíz, soja, trigo, cría de animales, que como consecuencia de la instalación de este lugar de descarte de residuos, sufrirá un impacto ambiental muy grande y grave, tanto para la salud humana como la de los animales”, sentenció.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/148143/Locales/%E2%80%9CSu_instalaci%C3%B3n_una_burla_pone_riesgo_salud_25_mil_personas%E2%80%9D.html

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!