domingo, 6 de diciembre de 2009

Tucumán: Brutal represión a educadores populares

Tucumán (Agencia Paco Urondo), jueves 3 de diciembre de 2009;

La policía provincial irrumpió con desproporcional violencia represiva en un comedor comunitario donde se realizaba un taller artístico del Programa Vida, del gobierno provincial, en busca de un adolescente. Sesenta uniformados de cuatro grupos distintos repartieron golpes y arrojaron gases lacrimógenos, balas de goma y de armas reglamentarias contra personas desarmadas. Las organizaciones sociales denunciaron amenazas.

Una brutal represión policial se desató en la tarde de ayer, en el barrio Juan Pablo I, más conocido como “El Sifón”, uno de los siete barrios de alta vulnerabilidad que se encuentran en el sector noroeste de la capital tucumana. Sin reparar en que en las instalaciones del comedor de la Asociación Civil Los Lapachos Tucumanos se encontraban niñas, niños y mujeres, las fuerzas policiales ingresaron a los golpes y destrozando todo lo que encontraban a su paso. Ante la sorpresa de los educadores que estaban dictando un taller de arte del Programa Vida, un proyecto para jóvenes, que impulsa el Gobierno de la Provincia por medio del Ministerio de Desarrollo Social, la policía repartió golpes a niños y mujeres, y ante la reacción vecinal pidieron refuerzos y comenzaron a arrojar gases lacrimógeno, balas de goma y luego también disparos de sus armas reglamentarias.

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La crónica de los hechos

Cuarenta minutos después de iniciado el taller, a las 19 horas y mientras un grupo de niños, adolescentes y jóvenes acompañados por talleristas y referentes territoriales del Programa Vida de la Asociación Civil Crecer Juntos, se produjo de forma inesperada la llegada de personal policial de civil, munidos de armas de grueso calibre, quienes sin mediar ninguna identificación, comenzaron una brutal golpiza contra un adolescente que en ese momento se encontraba participando del taller. Los efectivos policiales -alguno de los cuales tenían signos de estar alcoholizados- pidieron inmediatamente el refuerzo policial, por lo que acudieron personal de la comisaría 6ª, Infantería y Grupo CERO en un número aproximado de 60 uniformados.

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El operativo encabezado por personal de la Brigada de Investigaciones adquirió un nivel de violencia desmesurada consistente en golpes a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres que se encontraban en el lugar buscando parar la golpiza que los policías estaban propinando al menor. El panorama se complicó con los insultos de los policías, más golpes y el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y balas de sus armas reglamentarias contra todos los presentes en el pasaje del comedor cito a la altura de San Miguel al 1800 cuyo domicilio fue violado por el personal policial. El operativo duró aproximadamente una hora de intensa balacera y la correlativa indignación de los vecinos que respondieron a la fuerte violencia policial con una lluvia de piedras.

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En su tropelía de violencia los efectivos policiales destruyeron las instalaciones del Comedor Los Lapachos Tucumanos, sin ahorrar violencia contra su referente y presidenta, Irma Monroi, madre y educadora con años de trabajo en ese barrio, quien en medio de su crisis de nervios imploraba por el cese de la violencia y por el resguardo de las decenas de niños y niñas que se encontraban en medio de la balacera y las pedradas. A manera de intimidación toda esta fuerza policial, lejos de retirarse, una vez terminado el operativo, se apostaron a la entrada del barrio continuando con la represión y realizando todo tipo de amenazas contra las/os compañeros allí presentes entre los que se encontraban compañeras/os educadoras/es de Crecer Juntos y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en función de mediar en este grave incidente.

Responsabilidades

Desde estas Organizaciones hacemos responsables al Ministro de Seguridad Ciudadana Mario López Herrera, al Jefe de Policía Cro. Hugo Sánchez y al Juez de Instrucción de la IIIª Nominación, Dr. Francisco Pisa -quien emitió y autorizó, a decir de los efectivos, este operativo en todas sus formas- de la seguridad y la integridad física de estas/os compañeras/os amenazados.

Los medios de comunicación tucumanos, especialmente Canal 8 y la edición digital del diario El Siglo, con su política reincidente en la cobertura de este tipo de hechos reprodujeron una versión sesgada que no dio cuenta de la totalidad de la información y resaltando los estereotipos presentes en la sociedad tucumana. Mal podían estos medios tener una cobertura completa cuando nunca estuvieron presentes ni en el comienzo del operativo, ni en la brutal represión que incluyó arrojar gases lacrimógenos en las humildes viviendas del barrio donde buscaban refugio mujeres y niños y niñas que resultaron afectados por esa acción desaprensiva.

En sede de la Comisaría 6ª, el Comisario Alaniz, a cargo de dicha comisaría, admitió que él no se encontraba a cargo del operativo, que de haber estado él ese operativo no se hubiera realizado de ese modo. No encontrando seguridad e imparcialidad para efectuar declaraciones en la sede policial las/os compañeras/os decidieron dirigir la exposición de los hechos directamente a la sede de la fiscalía.

Pedido de solidaridad a las organizaciones sociales

Desde Tucumán pedimos a las compañeras y a los compañeros puedan expedirse y comunicar a la opinión pública de manera urgente este modo de operar de las fuerzas policiales tucumanas y el ministerio de “seguridad ciudadana” quienes cuentan con el segundo mayor monto asignado del presupuesto general 2010 de la Provincia, incluso más que el propio Ministerio de Desarrollo Social, dando muestras de toda una opción política explicada presupuestariamente de lo que se avecina en nuestra poblaciones y en medio de las cuales quedamos las compañeras y los compañeros de las Organizaciones de la Sociedad Civil muchas veces en la soledad de su trabajo.

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Solicitamos también a las compañeras y los compañeros que además de dar difusión de los hechos, hagan público su repudio dirigiendo notas al Ministro de Seguridad Ciudadana (seguridad@tucuman.gov.ar - Tel: 4844000 - Int.:431 - 492) explicitando la gravedad de las amenazas recibidas por las compañeras y compañeros educadoras y educadores de Crecer Juntos, del Programa Vida y de la Asociación Lapachos Tucumanos. Hacerlo responsable de cualquier situación que devenga de estas amenazas expresadas por el personal policial a su cargo.

Confiados en la fuerza que nos da la solidaridad y el sueño de otro mundo posible seguiremos caminando nuestros barrios, seguiremos atando nuestro destino al cuidado de la vida, de la no-violencia, de la inclusión plena y en definitiva seguiremos caminando negándonos a las lógicas de judicialización de la pobreza y la respuesta de la represión policial como única salida que nos quieren imponer a la sociedad tucumana. Confiamos también en la solidaridad que nos impulsa a no bajar los brazos soñando por el otro país donde la Justicia Social, el respeto por los Derechos Humanos y la Unidad Popular sean una base de construcción de esa otra manera de convivir como sociedades.

Asociación Civil Crecer Juntos www.crecerjuntos.org.ar, coordinacion@crecerjuntos.org.ar, (54) (381) 434 0944, Leonor Cruz: (54) (381) 15 4904448, Adriana Díaz: (54) (381) 15 4908413, Edmundo Dantes Ibáñez: (54) (381) 15 6026229 (Agencia Paco Urondo)

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  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
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  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
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