El poder detrás del poder

Cuando hablamos de la minería en la Argentina de hoy debemos tener en cuenta algunos elementos centrales de este tema mucho más allá de la cuestión meramente económica. En las últimas décadas en toda América Latina la minería vuelve a desempeñar el rol que tuviera en siglos pasados y que tan brillantemente describiera Eduardo Galeano en sus “Venas abiertas de América Latina”. La significancia política de esta actividad atraviesa en muchas direcciones la realidad de todos los países donde las grandes empresas hacen las veces de cabecera de playa de una invasión disfrazada de inocente inversión. Las mineras desembarcan tomando posesión territorial, comprando leyes, corrompiendo políticos y digitando comunidades enteras en una nueva versión, siglo XXI, de la conquista registrada hace mas de 500 años en todo el subcontinente.

No solamente se trata de una explotación irracional de los recursos naturales sino de una estrategia a largo plazo de transformación de la república en dócil instrumento de los designios imperiales. Como ejércitos de ocupación de nuevo cuño, construyen un Estado dentro de otro Estado. En las minas como La Alumbrera las reglas que rigen son las de la empresa, los ciudadanos no pueden ingresar allí con libertad, pierden sus derechos sobre el suelo, el subsuelo, el aire y hasta se transforman en rehenes de la actividad minera que terminan viviendo de la riqueza que se derrama de la extracción del oro maldito obnubilando conciencias por medio de la pérdida de identidades culturales, costumbres y modos de vida. Se trata de una corrosiva penetración que junto con el medio ambiente destruye el paisaje humano, su riqueza y su dignidad.

En el caso de Minera Alumbrera, la historia no sólo demandará su responsabilidad a la UNT y sus funcionarios, todos vilmente corrompidos por las migajas de la opípara mesa de las empresas, sino también a por lo menos tres gobernadores que, sin distinguirse, entregaron la provincia a este moderno ejército invasor. Las leyes mineras argentinas se promulgaron durante la presidencia de Carlos Ménem y el fue el primer “facilitador” del ingreso de estos ejércitos predadores. Pero Antonio Domingo Bussi, Julio Miranda y José Alperovich en sucesión continua, se ocuparon convenientemente de disponer tantas resoluciones como la minera necesitó para perfeccionar y consolidar su dominación.

En primer lugar el entonces Ministro de la Producción Franco Augusto Fogliata mediante Resolución Ministerial designó como Autoridad de Aplicación de los temas ambientales derivados de la Minería a la entonces Dirección de Minería. Todo este procedimiento fue convalidado por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 551/3 del 3 de abril de 1996. En ese momento el titular de la Dirección de Minería fue el geólogo Hernando Lisiak. Lisiak luego de dejar el cargo de Director de Minería fue nombrado como Gerente de Asuntos Corporativos de Minera Alumbrera.

Luego se atacó por el lado de las leyes, decretos y resoluciones. Una primera movida partió del mismo General Bussi que “invitó” al entonces Secretario de Medio Ambiente

de la Provincia Ing. Hugo Bardera y al entonces titular de la Dirección General de Saneamiento Ambiental Ing. Juan Carlos Luján a cambiar algunos parámetros físico

–químico en la Resolución Nº 1219-CPS-85. En efecto, en esta última se establecía que el elemento arsénico no debía pasar de un valor de 0,05 miligramos por litro de

agua. Luego de la “sugerencia” del gobernador Bussi el valor de arsénico se hace “más permisible” y pasa a ser de 0,5 miligramos por litro (¡se le sacó un 0! Haciéndolo 10 veces mayor), y así nace la resolución 1219-CPS-97. O sea, se flexibiliza a favor de alguna empresa sin duda, y ¡oh casualidad! la única que podría tener arsénico en sus efluentes era precisamente Minera Alumbrera.

Esta última resolución “además” expresa que el parámetro denominado Conductividad Eléctrica “se estudiará y se definirá según el caso”. Aquí conviene recordar que la conductividad eléctrica de un efluente es el primer síntoma de que puede haber contaminación inorgánica, como es el caso de Minera Alumbrera, ya que valores altos de conductividad indican una contaminación por algún elemento químico.

No conforme con esta “adecuación” de la ley a favor de la Empresa Minera Alumbrera y sobre todo porque los valores de conductividad eléctrica seguían apareciendo con valores muy altos, lo que indicaba a todas luces un alta contaminación, se dio el siguiente paso: adecuar los valores de la conductividad: Con fecha 28 de Julio de 1997 el Director de Medio Ambiente de la Pcia Ing. Hugo Bardera contesta una nota al entonces Director de Saneamiento Ambiental Lic. Juan Carlos Luján que “…esta de acuerdo con su criterio de flexibilizar el límite admisible del parámetro conductividad para efluentes industriales…” (Expte Nº 638-620 del 21 de Julio de 1997) y aclara que esto era a los efectos de vuelco de los efluentes de Minera Alumbrera.

Luego, durante el gobierno de Julio Miranda y como la minera seguía violando los niveles dispuestos en las resoluciones del Siprosa, el entonces Ministro Juan Masaguer dicta una nueva resolución Nº 1265/CPS. En ella se vuelven a cambiar los máximos establecidos dejando sin efecto todas las resoluciones anteriores y ya en clara violación de la Ley Nacional que establece parámetros mucho más estrictos. Tucumán se transforma así en la Republiqueta Minera que hoy es, cosa que fuera denunciada en la legislatura local con abundante documentación por el ex legislador y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Alejandro Sangenis.

Sin embargo y no obstante todas las concesiones de Bussi y Miranda, la minera seguía violando las disposiciones medioambientales del Siprosa. Alperovich y su Ministro Juan Manzur, hoy nada menos que Ministro de Salud de la Nación, terminan con la sucesión de cambios con una corta resolución, la Resolución Nº 937/SPS. Fiel a los principios de administración empresario-gubernativa, básicamente esta resolución establece la permanente excepción para Minera Alumbrera dejando sin efecto los valores límite de contaminación establecidos por la resolución de Masaguer, el ministro de Miranda. Alperovich y Manzur logran por fin una resolución que garantiza incluso la violación permanente de leyes nacionales con simples disposiciones ministeriales de la provincia.

Como se ve, la universidad tiene cómplices fieles. No es casual la productiva sociedad política Cerizola-Alperovich, es una sociedad con muchos ceros a la cual le hacen honores los ex rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano. Eso explica también que un hombre del peronismo menemista como Florencio Aceñolaza sea hoy Secretario General de la UNT y se cuente entre sus asesores al Ingeniero Julio Díaz Lozano. Peronistas en la supuesta universidad radical. Ambos eran Diputados Nacionales al momento de la sanción de las leyes de minería. Díaz Lozano presidía la Comisión de Obras Públicas y Aceñolaza es un geólogo tenido por el hombre que mas sabe de minería en Tucumán y uno de los pocos que en el Congreso tenía idea clara de lo que se estaba votando. La identidad peronista o radical no cuenta a la hora de enrolarse en el ejército mercenario de las mineras. Sólo basta apuntar que en la declaración de bienes de Fernando De La Rua, el monto mayor de su patrimonio pertenece a acciones mineras.

Como se ve, las empresas multinacionales todas, pero en especial las empresas mineras, cumplen no solamente la función de esquilmar los recursos naturales sino además la de corromper tan profundamente el sistema político que puede equiparársela al narcotráfico. El manejo de enormes sumas de dinero y la necesidad de desmantelar las instituciones para que el negocio sea posible los transforma en el sector ideal por medio del cual se contamina por dentro una república. No sólo el medio ambiente.

Téngase en cuenta que según datos aportados por confiables informantes, en los tres vuelos diarios que despegan directamente desde la Minera Alumbrera al exterior sin aduana alguna, se transportan entre 120 y 150 kilos de oro. Sin tener en cuanta los demás metales que se extraen, ese oro significa algo así como 23 millones de pesos diarios. Y según la ley menemista, las mineras “blanquean” su extracción por declaración jurada. Es decir, no existen controles legalmente establecidos. Disponen por tanto, al igual que el narcotráfico, de enormes cantidades de dinero negro para comprar presidentes, gobernadores, diputados, senadores, legisladores, y por supuesto comprar también el silencio de la prensa.

La heroica resistencia de los ambientalistas deberá incorporar elementos mucho más políticos si pretende algún éxito. En primer lugar no será el Consejo Superior de la UNT ni sus autoridades las que resuelvan nada a su favor. Los privilegios de los cargos ya están vendidos tal y como sucede con las autoridades provinciales. Sus patrones no somos nosotros, los ciudadanos. Son ellos, las mineras, los Call Center o cualquier empresa que tenga la necesaria moneda de cambio los que sancionan leyes y redactan decretos y resoluciones. Es el poder el que debe cambiar de manos.
http://www.elperiodico.com.ar/verarticulo.php?id=96116282&fecha_edicion=06/12/2009