sábado, 19 de septiembre de 2009

Desalojo en Colalao del Valle: "Destruyeron todas las construcciones".

LA CIQ DENUNCIA PÚBLICAMENTE LA VIOLACIÓN DE LA LEY 26.160

“La medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos ”, indicó Daniel Carlorosi, de ANDHES. Denunciaron que cincuenta efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres. Producto del desalojo y sin fundamentos, la policía detuvo a dos personas de la CIQ. En este sentido, el abogado de la comunidad, Eduardo Nieva, confirmó que las dos personas ya fueron liberadas. REPRODUCIMOS COMUNICADOS DE PRENSA DE LA CIQ Y DE ANDHES.

COMUNIDAD INDIA QUILMES
PERSONERIA JURIDICA N° 441 RUTA NACIONAL N° 40 – KM 999

COMUNICADO DE PRENSA

A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los pueblos originarios de su territorio por el termino de cuatro años, y que en nuestra provincia ya se esta haciendo el Relevamiento Territorial de nuestras tierras tradicionales, en el día de hoy se realizo en Colalao del Valle, el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes, destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban.

La Comunidad India Quilmes denuncia públicamente la violación de la Ley 26.160 por parte de la justicia local en la persona del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar y el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nom. Dr. Juan Carlos Peral, quienes en todo momento desconocieron la legislación vigente y las presentaciones realizadas por nuestra Comunidad, en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando nuestros derechos adquiridos.

Hacemos responsables a los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como al Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas y las consecuencias que ello traiga para nuestros comuneros en desmedro de sus derechos individuales y colectivos.

POR NUESTROS TITAQUINES

CACIQUE - CONSEJO DE DELEGADOS

Publicado por UPND en: http://www.uniondiaguita.blogspot.com/?zx=70e08416e7475a5--
Prensa y Comunicación
- UPND -

Desalojaron a 40 familias de la Comunidad India Quilmes

La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los Pueblos Originarios de su territorio por el termino de cuatro años hasta tanto se efectúe el relevamiento territorial -el cual se esta realizando actualmente en la provincia-. A pesar de esto, en la mañana de hoy se realizo en Colalao del Valle el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes (CIQ), destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban.

Hace una semana, la Comunidad India Quilmes (CIQ) denunciaba que se reactivaba el peligro de desalojo contra las 40 familias integrantes de esa comunidad en la localidad de Colalao del Valle. Tal como lo previeron, en la mañana de hoy se efectivizó la medida.

“La medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos en pactos internacionales, constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
En igual sentido, desde la organización de Derechos Humanos denunciaron que cincuenta efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres. Producto del desalojo y sin fundamentos, la policía detuvo a dos personas de la CIQ.
Esta medida fue articulada arteramente por el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, quien a pesar de estar denunciado por la CIQ ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sigue actuando y cometiendo distintos tipos de atropellos contra la comunidad.

Asimismo, es necesario destacar que la medida fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nominación, Juan Carlos Peral, quien en todo momento desconoció la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad India Quilmes en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando los derechos adquiridos.
La medida de desalojo se encuentra apelada mediante un recurso de queja ante la Corte por inconstitucionalidad pendiente de resolución fundado, entre otras razones, en las arbitrariedades e imparcialidad que mostró el Juez de Paz en la tramitación del proceso.
“La medida de desalojo llevada adelante conlleva la responsabilidad del los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como también la responsabilidad internacional del Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas”, explicó Carlorosi.

ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
www.andhes.org.ar
Mendoza 654, Of. 410
Tel./Fax: (0381) 4305025
http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1

La policía desalojó a 40 familias indígenas en Colalao del Valle

Ayer por la mañana alrededor de 90 efectivos de la Policía de la provincia y por orden del Juez de Paz, Adolfo Salazar, fueron desalojadas 40 familias de la comunidad indígena de Colalao del Valle. La medida que venía dilatándose hace más de 8 meses se concretó con la destrucción de tres casas levantadas por la colectividad Quilmes. En este sentido, el cacique de esta comunidad Francisco Chaila, cuestionó la medida asegurando que existe la Ley Nacional 26.160 que protege de cualquier desalojo a pueblos originarios de su territoriio por cuatro años hasta que se concrete un relevamiento territorial. “Es una medida arbitraria, ilegitima que responde a intereses personales privados. Pedimos justicia y por ello pelearemos hasta el final”, dijo Chaila.

En un mega operativo sorpresa que incluyó a unos 90 efectivos de la policía de la provincia y por orden del juez de Paz, Adolfo Salazar, de la comuna de Colalao del Valle , ayer a las 8, fueron desalojados unas 40 familias de la comunidad India Quilmes que viven en la entrada a esa localidad. La medida consistió en levantar todas las pertenencias de las familias e incluso tres casas fueron tiradas.

En diálogo con primerafuente, el cacique de la comunidad Indígena Quilmes, Francisco Chaila, relató que la medida ya se venía proyectando desde hace unos 8 meses y que finalmente se concretó ayer con toda la fuerza policial. “Ingresaron unos 90 efectivos, con camiones, caballos y perros. No se hizo demasiada resistencia porque había poca gente y nos tomó por sorpresa”, contó el cacique.

Hasta pasadas las 16, los efectivos seguían sacando las pertenencias de los pobladores originarios. En tanto, a medida que la comunidad se enteraba de lo sucedido se fueron instalando en frente a las tierras que los pobladores habitaban. En las próximas horas esta comunidad decidirá las próximas acciones ya que deben realizar las correspondientes asambleas.

“Por ahora hemos preferido también sacar las cosas y no que los efectivos nos rompan las pertenencias con las maquinas que trajeron”, dijo molesto el dirigente. Al consultarle sobre quienes están interesados en esas tierras ancestrales Chaila contó que Encarnación de Colombo atribuye los terrenos a una comunidad también aborigen. “Dice que es para una comunidad indígena. Comunidad fantasma porque no se sabe que familia y además no está registrado ninguna otra comunidad. Es todo raro”, dijo el cacique.

Para el dirigente de la comunidad India Quilmes existe la Ley Nacional 26.160 de ordenamiento territorial que prohíbe cualquier desalojo a los pueblos originarios de sus territorios por el término de cuatro años hasta que se culmine con un relevamiento territorial. En la provincia este relevamiento se lleva adelante y lo ejecuta la Universidad Nacional de Tucumán.

“Esta medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden público, infringe los derechos de los pobladores originarios reconocidos en pactos internacionales, la constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

En igual sentido, desde la organización de Derechos Humanos denunciaron que los efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres y que dos personas fueron detenidas.

Para los defensores de esta comunidad, la medida fue articulada arteramente y denunciaron que el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, es el responsable máximo a pesar de estar ya denunciado por la comunidad ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Desde el organismo de Derechos Humanos también destacaron que la medida fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de la 3 º Nominación, Juan Carlos Peral, desconociendo la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad India Quilmes en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando los derechos adquiridos.

“La medida de desalojo llevada adelante conlleva la responsabilidad del los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como también la responsabilidad internacional del Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas”, explicó Carlorosi.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=52844

1 comentario:

laura arevalo dijo...

me produce una gran tristeza que se cometan estos atropellos y que no haya nadie que pueda ayudar a toda esta gente adonde va esta gente cual es su destino y su futuro

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!