lunes, 29 de octubre de 2007

EN LA MIRA DE LA JUSTICIA

http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=37997
Juan Orellana, otro intendente cerca de un juicio por contaminación
Gracias a la reforma contitucional, Juan Orellana también tendrá privilegios como intendente de Famaillá.
La existencia de un basural contaminante a cielo abierto durante su gestión como intendente de Famaillá, entre 1999 y 2003, depositaría a Juan Enrique Orellana en el banquillo de los acusados. Según el Código Penal el ex legislador podría sufrir una pena máxima de hasta 10 años de cárcel por violación a la ley federal de residuos peligrosos. Sin embargo, al contar con fueros tras ser reelegido como intendente, la última palabra la tendría el Concejo Deliberante.

Así como el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, podría contar sus días en prisión por violación a la ley nacional de residuos peligrosos (Nº 24.051), el recientemente reelegido jefe municipal de Famaillá, Juan Enrique Orellana, también podría soportar un juicio en su contra por contaminación ambiental.

Durante su primera gestión al frente de la Intendencia famaillense, entre 1999 y 2003, Orellana fue denunciado por el entonces director de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, como presunto responsable de la existencia de un basural municipal a cielo abierto. A partir de ello, la Justicia Federal inició una investigación y lo procesó como supuesto autor del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Esta disposición legal sostiene que será reprimido -con las mismas sanciones establecidas en el artículo 200° del Código Penal- “el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo el agua la atmósfera o el ambiente en general”. En otras palabras, el legislador provincial saliente podría ser reprimido con tres a diez años de reclusión o prisión en caso de que la Justicia lo encuentre culpable de haber puesto en peligro la salud pública a través de la contaminación ambiental causada por el basural que dispuso el municipio mientras él estuvo a cargo.

La causa contra el intendente ultra alperovichista se encuentra ahora en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal que debe resolver los planteos presentados por la defensa en cuanto a la incompetencia de la Justicia Federal y la nulidad e inconstitucionalidad de la causa.

Cuando el expediente pasó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal, se abrió la polémica por su desafuero ya que en ese entonces Orellana se desempeñaba como legislador provincial (periodo 2003-2007). De esta forma, los magistrados federales solicitaron su desafuero ante la Legislatura provincial, paso que no llegó a concretarse por los planteos interpuestos por la defensa.

Posteriormente, el fiscal general del Tribunal Federal, Alfredo Miguel Terraf, apeló esta decisión al considerar que se podía continuar con la causa sin necesidad de quitarle la inmunidad al entonces parlamentario, en base a la Ley 25.320, más conocida como la Ley Carrió (Elisa Carrió fue quien la impulsó). Esta norma, que se publicó el 13 de setiembre de 2000, derogó varios artículos del Código Procesal Penal de la Nación y dispuso que cuando se abra una causa penal a un legislador, el Tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. En definitiva, el caso todavía espera una resolución en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Sin embargo, tras el nombramiento de Orellana nuevamente como intendente de Famaillá, se abre un panorama diferente pero con la misma complejidad. Tras la reforma constitucional impulsada a beneficio del gobernador José Alperovich y su séquito, se dispuso a través del artículo 138º, que los intendentes cuenten con idénticas prerrogativas procesales a las del titular del PE provincial. De esta forma, se extendió el privilegio constitucional a los jefes municipales que sólo podrán perderlos en caso de que una mayoría calificada del Concejo Deliberante lo disponga en sesión.

Por lo pronto, el 6 de noviembre el ex intendente de Concepción entre 1999 y 2003, Octavio Muedra, deberá afrontar en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán un juicio en su contra por su presunta responsabilidad en la violación de la ley Nº 24.051 sobre desechos peligrosos, como consecuencia del ilegal manejo de residuos patógenos y sólidos urbanos en el basural dependiente de ese municipio. Este será el primer juicio contra un ex intendente por un delito ambiental.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
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