domingo, 5 de diciembre de 2010

Presentan una nueva denuncia en la Justicia Federal por la contaminación del agua de Concepción

Publicado el: 02/12/2010 | Dos vecinos de esa ciudad presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General Federal para investigar casos de contaminación del agua. Apuntan a la SAT y a Minera Alumbrera y piden que se llame a indagatoria a directivos de ambas empresas.
El agosto de 2007 el Gobierno obligó a Minera Alumbrera a extraer material que enterró por la rotura de su mineraloducto en 1999, en Alpachiri.
Pasaron más de once años desde que el concentrado que transporta el mineraloducto de Minera Alumbrera fuera enterrado en cercanías del dique Villa Lola, en Alpachiri (a 14 kilómetros de Concepción), pero el temor ante la posible contaminación que este hecho habría causado al agua que consume la población aún no se disipó. Posteriores nuevas roturas de este ducto no hicieron más que aumentar las sospechas.
El 19 de noviembre pasado, Eduardo Carrizo y Josefina Ferrer, integrantes de la Comisión de Padres de Alumnos de Tucumán, presentaron ante el fiscal general federal, Antonio Gustavo Gómez, una denuncia en la que solicitaron que se llame a prestar declaración indagatoria al titular de la Sociedad Aguas del Tucumán, Alfredo Calvo, a directivos de Minera Alumbrera, al Gobierno provincial y al municipio de Concepción.
Más allá de los derrames por roturas del ducto de la minera ( se extiende desde la explotación de Bajo La Alumbrera en Catamarca hasta la planta de secado en Ranchillos, Tucumán), los denunciantes pretenden que se investigue el hipoclorito de sodio que usa la SAT ya que entienden, que es otro de los factores que contaminan el agua de esa ciudad.
Además, requirieron que el Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact) efectúe permanentes controles de calidad del agua de la provincia y de los químicos que intervienen en su potabilización.
Vale recordar que en junio de 2007 el ex legislador Alejandro Sangenis denunció a la SAT por el aparente uso de cloro contaminado con mercurio.
En septiembre de 2006 un informe de la Comisión Nacioal de Energía Atómica (CNEA) encargado por la Federación de ONG Ambientalistas, determinó que el agua de la plaza Abel Peirano, del barrio El Nevado de Concepción, contenía un 160 por ciento de mercurio por arriba de los límites establecidos por el Código Alimentario Nacional para el agua potable.
A partir de estos resultados, se creó una comisión especial integrada por la Federación Ambiental, la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, el Ersact, la SAT, el Siprosa y la Intendencia local entre otros, para estudiar el estado del agua en esa ciudad y sus ríos. En tanto, la Unión de Vecinos del Sur renunció a la comisión y abrió una causa en la Justicia luego de que en dichos estudios se comprobara (en un muestro) la presencia de níquel y cromo.
Al respecto, los denunciantes también solicitaron en la presentación a Gómez la continuidad del monitoreo de agua y napas subterráneas de Concepción.
En forma paralela se pidió que la Justicia exija al Siprosa informes sobre la totalidad de los resultados del control epidemiológico en un universo de 120 niños realizado en esa ciudad.
En cuanto a Minera Alumbrera, pretenden que se realice un pedido de informes sobre las obras realizadas en el cauce del río Gastona, en septiembre del año 2009, y el destino final del concentrado minero extraído por trabajos efectuados en el mineraloducto.
Oportunamente, desde la minera se negó contaminación alguna al agua en su emprendimiento. “Minera Alumbrera es una empresa responsable en su gestión ambiental, que trabaja bajo los parámetros más estrictos en esta materia y cumple con la normativa local y las exigencias internacionales”, aseguró la firma mediante un comunicado.“La empresa no utiliza sustancias tóxicas como arsénico, mercurio o cianuro en ninguna de las instancias del proceso industrial”, concluyó entonces la compañía.
“Será en definitiva la Justicia Penal Federal, quien indague sobre una cuestión tan seria como es la contaminación por adulteración del agua para consumo humano que produjo la SAT y los distintos accidentes de Minera Bajo la Alumbrera que causaron tanto perjuicio al arruinar napas subterráneas y dañar la ecología que beneficiaba a la ciudad de Concepción en su conjunto”, agregaron los denunciantes en su presentación a la que tuvo acceso primerafuente. Por Esteban Stanich

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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