miércoles, 15 de diciembre de 2010

Plantean elevar a la Corte Suprema el conflicto por los desalojos en Colalao del Valle

 Así lo adelantaron desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tras una reunión realizada ayer en la Defensoría del Pueblo luego del violento desalojo a un dirigente de la Comunidad India de Colalao del Valle.
Según confirmó a primerafuente el técnico territorial de este organismo, Federico Casinelli, se esperan los resultados provenientes del relevamiento territorial elaborado por la UNT como paso previo para realizar un planteo ante la Corte Suprema de Justicia.
En la posible presentación se denunciarán presuntas irregularidades en torno al violento desalojo que sufrió el martes pasado, Benito Toledo, delegado de base de la Comunidad India de Colalao del Valle.
Se entiende que el juez de Paz de Trancas que dio la orden de la medida de fuerza, Ciro Castro, se extralimitó en sus funciones ya que el territorio en disputa -ubicado en la localidad de Riarte Norte, Choromoro, en el límite con Salta- se encontraría fuera de su jurisdicción.
Por otra parte, la secretaria de la comunidad, María Lilia Delgado, aseguró que Toledo fue desalojado bajo amenazas de muerte por tres presuntos policías de la comisaría de San Pedro de Colalao Uno de ellos, que se habría identificado con un nombre falso, apuntó con un arma de fuego al referente indígena.
A todo esto se suma el aparente incumplimiento de la ley nacional Nº 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades originarias hasta noviembre de 2013.
Todo esto se definirá en una reunión que hoy, desde las 8.30, mantendrán todas las partes que intervienen en la problemática y que ayer formaron parte de un encuentro en la sede de Defensoría del Pueblo: el INAI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, junto a referentes de diferentes comunidades indígenas.
En total, se disputan 19.700 hectáreas en las que viven 17 familias. “Estas tierras nos pertenecen ancestralmente como pueblos originarios, Generaciones enteras las ocuparon por siempre”, afirmó Delgado. El latifundio es reclamado por el empresario agrícola Fredy Moreno Núñez Vera quien asegura tener papeles que avalan su propiedad.

http://www.primerafuente.com.ar/index.php/noticia/plantean-elevar-a-la-corte-suprema-el-conflicto-por-los-desalojos-en-colalao-del-valle

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VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

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