VÍA LIBRE A LA LEY DE BOSQUES

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Ambientalistas piden a la Nación un monitoreo para determinar qué queda de los bosques nativos

Vecinos denunciaron desde hace tiempo es constante el avance de la tala indiscriminada en el pedemonte de la localidad de Monte Bello. El Senado de la Nación sancionó el miércoles con modificaciones la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El proyecto suspende por un año el desmonte, para que cada jurisdicción defina en ese plazo el concepto de bosque nativo dentro de su territorio. “Después de ese plazo, todo desmonte requerirá una autorización de las autoridades jurisdiccionales, que será otorgada luego de un estudio de impacto ambiental”, explicó a primerafuente Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Habrá tres categorías de bosques nativos: rojos (muy alto valor de conservación), amarillos (mediano valor) y verdes (admiten transformación parcial o total). Tras la sanción con modificaciones de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos del miércoles, por parte del Senado de la Nación, desde la organización internacional ambientalista Greenpeace pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación un exhaustivo monitoreo a fin de determinar qué cantidad de bosques nativos quedan en el país. Para esto, será esencial, según afirmaron, que la Nación tome los recaudos necesarios a fin de que la iniciativa, una vez vigente, se cumpla efectivamente. Este es uno de los principales temores reconocidos desde los sectores que bregaron por la instauración del proyecto como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), la Asociación Forestal Argentina (AFOA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre, entre otros. En diálogo con primerafuente, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, reconoció que el Senado, si bien hubo alteraciones al despacho de Diputados, “no modificó el espíritu de la iniciativa que se impulsaba”. El proyecto suspende por un año el desmonte, para que cada jurisdicción defina en ese plazo el concepto de bosque nativo dentro de su territorio. “Después de ese plazo, todo desmonte requerirá una autorización de las autoridades jurisdiccionales, que será otorgada luego de un estudio de impacto ambiental”, agregó Giardini a primerafuente. Otra modificación realizada, avalada por Greenpeace, fue la de exceptuar de la prohibición de talar árboles durante un año a los pequeños productores con hasta diez hectáreas de bosques y a las comunidades indígenas. El proyecto crea un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los bosques Nativos, con recursos del Presupuesto Nacional en una proporción no inferior al 0,3 por ciento más lo obtenido mediante la recaudación del 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones de origen agrícolo-ganadero. Se estima que estos recursos podrían reunir unos 1.000 millones de pesos anuales y el proyecto propone distribuir un 70 por ciento entre los productores privados y un 30 por ciento entre los estados provinciales que hayan sancionado su ordenamiento de bosques nativos. Durante la veda, las autoridades de cada jurisdicción deberán realizar un ordenamiento de sus bosques de acuerdo con los criterios de sustentabilidad establecidos en un anexo del proyecto sancionado. El proyecto establece tres categorías de bosques nativos diferencias por colores en el mapa, donde la franja roja comprende los de muy alto valor de conservación, que no podrán ser talados. En el sector amarillo están los de mediano valor de conservación, que tampoco podrán ser sometidos a tala, y en el verde se ubican los bosques que admiten transformación parcial o total, aunque dentro de los criterios que establece la norma. El respaldo obtenido por el proyecto flexibilizado en el Senado obliga ahora a la Cámara de Diputados a obtener igual proporción para insistir con su sanción original. Denuncian tala indiscriminada en el sur de la provincia Vecinos del sur de la provincia denunciaron que desde hace tiempo es constante el avance de la tala indiscriminada en el pedemonte de la localidad de Monte Bello (14 kilómetros al oeste de Aguilares, Departamento Río Chico) causado por empresarios limoneros y azucareros. Según el ex delegado comunal de ese lugar, Pedro Ismael, se trata de desmontes que se habrían extendido por más de 200 hectáreas en las zonas de Cañada Monte Bello y Santa Ana. “El desmonte en ese lugar no tan sólo es ilegal sino que representa un grave peligro en caso de lluvias. Nadie controla como se debe y se hace la vista gorda”, denunció. Por su parte, el integrante de la agrupación ambiental Unión de Vecinos del Sur (Univec), Gustavo Masmud, advirtió que hechos similares suceden constantemente en bosques nativos de La Cocha y Alberdi. En tres meses se otorgaron permisos para desmontar mil hectáreas en Tucumán A partir de una modificación a la ley provincial Nº 7.731, declara la emergencia de las masas boscosas naturales nativas por el término de dos años en terrenos públicos y privados en toda la provincia, desde hace aproximadamente tres meses la Dirección de Flora, Fauna y Suelos de Tucumán volvió a otorgar permisos de desmontes. Consultado por primerafuente, el titular de la repartición, Juan Manuel Imbert, aclaró que todos los permisos se otorgaron previo estudio de impacto ambiental aprobado y otorgado por la Dirección de Medio Ambiente. Según el funcionario, pese a la gran cantidad de pedidos de desmonte realizados por productores (en su mayoría sojeros, agroganaderos, plantaciones mixtas) hasta ahora, en los últimos 90 días de entregaron permisos de intervención sobre, aproximadamente, mil hectáreas. “Esto no representa una cantidad importante en cuanto a superficie. Además, la mayoría de los desmontes se realizarán en zonas de llanura, aptas para ganadería. Muy pocas fueron las autorizaciones para zonas pedemontanas”, afirmó Imbert. En cuanto a detecciones de tala indiscriminada e ilegal en diferentes puntos de la provincia, aclaró que estas disminuyeron sensiblemente en comparación con años anteriores debido a que –según afirmó- “la gente prefiere trabajar en la legalidad y evitar cualquier tipo de sanciones por realizar trabajos sin permisos”.