El empresario Héctor Cruz administraría ilegalmente un hotel con la vista gorda del Estado.
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Los Quilmes, en pie de lucha para recuperar su Ciudad Sagrada | |||||||||||||||||||||||||
Desde la mañana de ayer, un centenar de integrantes de la Comunidad India Quilmes mantienen un corte sobre la ruta 307 (desvío de la ruta 40, sobre el kilómetro 999) para impedir el acceso a su Ciudad Sagrada (conocida como Ruinas de Quilmes). Reclaman la restitución inmediata de este territorio en cumplimiento con el decreto Nº 2731. A partir del mismo, el 20 de julio pasado Poder Ejecutivo instruyó al Ente Tucumán Turismo para que proceda a la recuperación del predio (fue la tercera vez que lo hizo) pero, hasta hora, los años de reclamo no fueron atendidos por el Estado. En el lugar, funciona un complejo denominado “Ruinas de Quilmes” donde, junto a la réplica de construcciones indígenas, funciona un museo y un hotel perteneciente a la Provincia. En marzo de 1992, el entonces gobernador Ramón Ortega, concedió al empresario Héctor Cruz la concesión del predio por 10 años con un ínfimo canon de sólo 110 pesos, según denunciaron integrantes de la Comunidad India Quilmes (CIQ) compuesta de 600 familias y habitantes del lugar desde hace más de 11 mil años. Una vez finalizado el permiso, el 23 de diciembre de 2002, el Estado dispuso mediante el decreto Nº 2723 finalizar el contrato de concesión dada la caducidad del plazo acordado y el poco apego de Cruz por cumplir con los pagos correspondientes de la irrisoria suma. Así, a través de la Secretaría de Turismo se dictó una resolución para hacer efectiva la restitución del mencionado complejo turístico. El intento de desalojo de Cruz por entonces fue realizado con el auxilio de la Policía de Tucumán y con la intervención del Juez de Paz de Colalao del Valle. Sin embargo, y a pesar de dos intentos formales de recuperación de ese lugar Cruz siguió ocupando y explotando el predio de forma manifiestamente ilegítima e ilegal, según sostiene un relato cronológico realizado por los habitantes originarios al que tuvo acceso primerafuente. Posteriormente, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán ordenó al Gobierno que resolviera el pedido de desalojo y recuperación efectuado por la CIQ. De esa manera y con fecha 10 de abril de 2006, el PE dictó el decreto Nº 935 que autorizó a Fiscalía de Estado a iniciar las correspondientes acciones judiciales de desalojo lo que tampoco se concretó. Recién el pasado 20 de julio, y ante nuevas presentaciones de la CIQ, Fiscalía de Estado ordenó al Ente Tucumán Turismo (ETT) que efectivice finalmente el desalojo de Cruz. Justamente, mientras se realizaba la protesta, dos delegados de la comunidad Sergio Condolí (Quilmes Bajo) y Delfín Gerónimo (El Paso) se acercaron ayer hasta la sede del Ente Tucumán Turismo y hasta Fiscalía de Estado, para presentar un petitorio asentando sus reclamos. Gerónimo confirmó a primerafuente que hoy, en horas del mediodía, serán recibidos por autoridades del ETT. |
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