jueves, 29 de noviembre de 2007

RECLAMO IGNORADO















El empresario Héctor Cruz administraría ilegalmente un hotel con la vista gorda del Estado.


http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=38711

Los Quilmes, en pie de lucha para recuperar su Ciudad Sagrada




Las ancestrales tierras de los Quilmes hoy están en manos de un empresario al que el Estado no quiere desalojar. Al fondo de la imagen se visualizan un hotel y el museo.







El valor de la Ciudad Sagrada
“La Ciudad Sagrada es el lugar de la última resistencia a la invasión española y fue el centro de la organización social y cultural de nuestra comunidad. Por lo tanto aquí se encuentran concentrados las personas, elementos y sabiduría ancestrales con que se rigieron. También representa los centros ceremoniales más importantes. Aquí descansan los restos de nuestros antepasados y queremos recuperarlos. La idea es administrar el lugar en conjunto con el Estado y la Universidad”, afirmó a primerafuente el cacique de Quilmes, Francisco Chaile.




La nota en imágenes
Iniciaron ayer un corte sobre la ruta 307 que impide el acceso a lo que se conoce como Ruinas de Quilmes. Intentan recuperar sus tierras y administrar el complejo turístico que allí funciona. Denuncian que hace 5 años que se venció el permiso de explotación a los actuales concesionarios. Pese a los constantes decretos del Gobierno que disponen la restitución de las tierras, hasta ahora, se hizo la vista gorda hacia las comunidades autóctonas. Petitorios en Fiscalía de Estado y el Ente Tucumán Turismo.

Desde la mañana de ayer, un centenar de integrantes de la Comunidad India Quilmes mantienen un corte sobre la ruta 307 (desvío de la ruta 40, sobre el kilómetro 999) para impedir el acceso a su Ciudad Sagrada (conocida como Ruinas de Quilmes). Reclaman la restitución inmediata de este territorio en cumplimiento con el decreto Nº 2731. A partir del mismo, el 20 de julio pasado Poder Ejecutivo instruyó al Ente Tucumán Turismo para que proceda a la recuperación del predio (fue la tercera vez que lo hizo) pero, hasta hora, los años de reclamo no fueron atendidos por el Estado. En el lugar, funciona un complejo denominado “Ruinas de Quilmes” donde, junto a la réplica de construcciones indígenas, funciona un museo y un hotel perteneciente a la Provincia. En marzo de 1992, el entonces gobernador Ramón Ortega, concedió al empresario Héctor Cruz la concesión del predio por 10 años con un ínfimo canon de sólo 110 pesos, según denunciaron integrantes de la Comunidad India Quilmes (CIQ) compuesta de 600 familias y habitantes del lugar desde hace más de 11 mil años. Una vez finalizado el permiso, el 23 de diciembre de 2002, el Estado dispuso mediante el decreto Nº 2723 finalizar el contrato de concesión dada la caducidad del plazo acordado y el poco apego de Cruz por cumplir con los pagos correspondientes de la irrisoria suma. Así, a través de la Secretaría de Turismo se dictó una resolución para hacer efectiva la restitución del mencionado complejo turístico. El intento de desalojo de Cruz por entonces fue realizado con el auxilio de la Policía de Tucumán y con la intervención del Juez de Paz de Colalao del Valle. Sin embargo, y a pesar de dos intentos formales de recuperación de ese lugar Cruz siguió ocupando y explotando el predio de forma manifiestamente ilegítima e ilegal, según sostiene un relato cronológico realizado por los habitantes originarios al que tuvo acceso primerafuente. Posteriormente, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán ordenó al Gobierno que resolviera el pedido de desalojo y recuperación efectuado por la CIQ. De esa manera y con fecha 10 de abril de 2006, el PE dictó el decreto Nº 935 que autorizó a Fiscalía de Estado a iniciar las correspondientes acciones judiciales de desalojo lo que tampoco se concretó. Recién el pasado 20 de julio, y ante nuevas presentaciones de la CIQ, Fiscalía de Estado ordenó al Ente Tucumán Turismo (ETT) que efectivice finalmente el desalojo de Cruz. Justamente, mientras se realizaba la protesta, dos delegados de la comunidad Sergio Condolí (Quilmes Bajo) y Delfín Gerónimo (El Paso) se acercaron ayer hasta la sede del Ente Tucumán Turismo y hasta Fiscalía de Estado, para presentar un petitorio asentando sus reclamos. Gerónimo confirmó a primerafuente que hoy, en horas del mediodía, serán recibidos por autoridades del ETT.

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VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!