CONCEPTO. El funcionario judicial afirmó que la Justicia "debe evitar la comisión de delitos".
Publicado el 01/03/2012 - El fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Tucumán, Antonio Gómez, se mostró escéptico del acuerdo firmado entre la vecina provincia, Santiago y Secretaría de Ambiente, al considerar que “la única forma de que no haya vuelco de vinaza, es meter preso a un empresario”.
Gómez recibió a EL LIBERAL en Tucumán luego de haber encabezado diversas conferencias referidas a daños ambientales, oportunidad en la que destacó los avances de la Justicia Federal en materia de contaminación, aunque advirtió que “si el juez (Guillermo) Molinari no concreta las indagatorias y ordena las detenciones de los empresarios que no quieren concurrir, si no ocurre esto en los próximos 15 o 20 días, toda esa vinaza que las industrias tienen acumulada en piletones va a ir a parar al río Salí”.
El fiscal enfatizó que “los únicos que lo pueden impedir son los jueces federales de Tucumán y Santiago del Estero; y el que creo que tiene una intención más demostrada es juez Molinari, a partir de las citaciones a indagatorias”.
El letrado añadió que “la única forma de que no haya vuelco de vinaza, es meter preso a un empresario; hasta que esto no suceda, los vuelcos van a continuar; pero el día que la Justicia actuó y ordenó la detención de un empresario, el resto recién ahí comenzará a tener un poco más de respeto por el medio ambiente”.
El titular del Ministerio Público fiscal advirtió que “si no hay concreción de esas indagatorias y órdenes de detención para los remisos, yo creo que eso va ir a parar al río sin ninguna duda; la administración de Justicia tiene que dar una demostración concreta de que está para evitar la comisión de delitos, si somos incapaces y corremos detrás de los resultados, somos un fracaso”.
Acuerdos
El fiscal ahondó sus conceptos sobre el acuerdo firmado a fines del año pasado, afirmando que “todo lo que sea Plan de Reconversión Industrial, como el PRI, planes como Vinaza Cero; planes como Contaminación Cero, son todos planes a los que los tucumanos estamos muy habituados, históricamente fueron cambiando de nombres, pero fueron siempre los mismos”.
Consideró que “la intencionalidad sigue siendo la misma, evitar que las causas penales prosperen” y recordó que algunos años atrás “los legisladores Gerónimo Vargas Aignase y Beatriz Rojkes de Alperovich hicieron un proyecto de ley para suspender el trámite de estas causas penales por el término de cinco años; entonces todo esto conlleva un mismo objetivo y es parar estas causas penales”.
Por último, el fiscal reiteró que “detrás de cada delito ambiental, hay un funcionario público corrupto y todas las investigaciones penales han sido enderezadas en ese sentido, por eso en Tucumán se condenó a tres años de prisión a los propietarios de un sanatorio por tirar residuos patológicos al río y a un año de prisión al intendente que permitió este tipo de contaminación”.
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