El fiscal Gómez no tiene dudas que Moreno cometió cohecho y que Cerisola sabía todo lo que hacía

La investigación en torno al video que muestra a un funcionario universitario intentando comprar la el voto de un consejero estudiantil, quedó en manos del Juez subrogante, Mario Racedo, y del fiscal Federal Nº1 Emilio Ferrer. Los que estarían en condiciones de citar en calidad de imputados a Ramiro Moreno y al empleado Damián Conde. La defensa del secretario de Bienestar Estudiantíl cuestionaría la autencidad de la filmación.

Para el fiscal Antonio Gómez, hay elementos suficientes para indagar en calidad de imputado a Ramiro Moreno.

El fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, dejó todo listo para que el juez subrogante, Mario Racedo y el fiscal Nº1, Emilio Ferrer, concreten las últimas medidas del procedimiento penal para indagar en calidad de imputados a los empleados de la Universidad Nacional de Tucumán, que fueron grabados en un video comprando voluntades para que voten a la fórmula Alberto Cerisola-Alicia Bardón, en la próxima asamblea universitaria. El representante del ministerio público, viajó ayer a la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde brindará una serie de conferencias. Pero antes de partir, cumplió con poner en manos del fiscal Ferrer todos los antecedentes del caso y además, recomendó una serie de medidas tendientes a corroborar la veracidad del video, un informe de las empresas telefónicas para establecer las llamadas entrantes al celular de no de los denunciantes (Gustavo Pedraza), ocasión en el que este prestaba declaración testimonial y además, Gómez recomendó realizar una reconstrucción de los hechos y circunstancias que rodean la filmación para dar respaldo objetivo al mismo.

Antes de partir, el fiscal Gómez dedicó tiempo para atender los requerimientos de la prensa, donde expuso con lujos de detalle distintos aspectos que lo llevan a sugerir que está probado el intento de comprar voluntades y que por lo tanto, el delito de cohecho estaría configurado y que por lo tanto, para él, el caso está cerrado. Donde el secretario de Bienestar Estudiantil, Ramiro Moreno, y el empleado universitario Damián Conde, serían los principales imputados, aunque el fiscal Gómez, aseguró que en caso de avanzar la investigación se podría establecer la responsabilidad del mismo rector Cerisola. De comprobarse la existencia de una importante cantidad de contratos firmados por el mismo rector, en los últimos 6 meses. “El no podía desconocer lo que hacía su secretario Estudiantil”, dijo Gómez, para subrayar que “por lo menos debió sospechar que se trataba de contratos que lo favorecerían en las elecciones”. Además, apuntó que Cerisola “debería haberse preguntado porqué firmaba tantos contratos y de dónde salió la plata”. El fiscal General también indicó que el comportamiento del consejo Superior de la UNT, en todo este tiempo, resultó un tanto “displicente”.

En tanto, el apartado secretario Moreno, quien se resiste a renunciar a pesar de las pruebas que obran en su contra, habría decidido por contratar los servicios profesionales del abogado Arnoldo Ahumada. Este junto a un grupo de colaboradores, estaría analizando la autencididad del video que subieron a YouTube. La defensa sospecha que la filmación fue lograda por expertos en la materia y para ello, demostrarían que contaron con la colaboración de un ex agente de los Servicios de Inteligencia del Estado (SIDE). Pero además, plantearían ciertas incongruencias para tratar de "voltear" la única prueba que habría en la causa para implicar a Moreno y a Conde.

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