viernes, 10 de julio de 2009

La quema de cañaverales se hace imparable y el Gobierno debió acudir a la Justicia


Muchos se preguntan qué deberá pasar para que alguien vaya preso por quemar cañaverales.

Ya se efectuaron tres denuncias penales por quema ilegal de cañaverales. Mientras, desde el Ministerio de la Producción aseguran que se aplicaron 50 multas que rondan apenas los $10 mil. Ayer se realizaron controles aéreos y se detectaron seis focos de quema de rastrojos. Un par de policías motorizados recorrerán la ruta 38 realizando tareas de prevención.

El ministro de la Producción, Jorge Gassembauer, confirmó que entre el martes y ayer se realizaron tres denuncias penales por violación a la ley que prohíben la quema de cañaverales: el artículo 38 de la Ley 6.253, (y su modificatoria la ley 7.459). Las denuncias fueron realizadas en la Fiscalía IX de Instrucción por parte de efectivos de la Policía Ecológica. En forma paralela, el ministro afirmó que desde el año pasado ya se van aplicando unas 50 multas administrativas que rondan la irrisoria cifra de 10 mil pesos (el valor de la sanción se relaciona al precio del litro gasoil que oscila los 2,40 pesos). La gran mayoría de estas multas son recurridas en la Justicia. Gassembauer informó que debido a la quema intencional de pastizales y cañaverales ya se registraron tres caídas de torres de alta tensión, que se superaron sin causar grandes perjuicios. “Esto es un perjuicio no sólo para Tucumán sino que dejamos sin energía al país”. También aseguró que, tras reunirse con el ministro de Seguridad, Mario López Herrera, se dispondrán de dos efectivos motorizados que recorrerá la ruta 38, entre Famaillá y Juan Bautista Alberdi. Por lo pronto, dijo que insistirá a los ingenios para "darle prioridad a la caña ubicada bajo las líneas de tensión y pedirle a los productores colaboración apelando a la responsabilidad".
A través de controles aéreos detectaron seis focos de quema
El secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, junto a integrantes de la Dirección de Fiscalización Ambiental en conjunto con Defensa Civil, el Ministerio de Seguridad Ciudadana y la Policía Ecológica realizaron participaron ayer de controles aéreos y terrestres para detectar quemas de caña y rastrojos. “Hoy (por ayer) se realizó un importante operativo tendiente a la identificación de infractores a la ley que prohíbe la quema de cañaverales en la provincia”, expresó Montalván. Con el apoyo de un helicóptero Montalván y el titular de Defensa Civil, Fernando Torres, y provistos de un GPS y equipos fotográficos procedieron a sobrevolar las zonas que en ese momento se encontraban con restos de cañaverales en ignición. La información obtenida desde el aire se transmitió por celular a un grupo terrestre integrado por personal técnicos de Medio Ambiente, Policía Ecológica, Defensa civil, Bomberos y Ministerio de Seguridad Ciudadana para llegar al lugar de la quema. Por un lado, los bomberos combatieron el fuego y por el otro se identificaron los predios, se hizo un relevamiento de la superficie afectada, se interrogó a eventuales autores y se hizo la posterior identificación catastral con las bases de datos geográficas que posee la provincia. “Todo esto tiende a la identificación del propietario, labrado de actas según la legislación vigente, y posterior denuncia ante la Fiscalía de turno”, explicaron ambos funcionarios. “En este vuelo hemos detectado seis focos de quema en rastrojo de cañaverales, uno al este y otro al sudeste del aeropuerto, otros dos en la zona de La Aguadita , uno en San Pablo, otro en Manantial. Estos operativos se repetirán pues la ley que prohíbe la quema de cañaverales esta vigente y vamos a hacer que se cumpla”, finalizó Montalván.

“Mientras no vaya preso ningún industrial o cañero costará instalar conciencia”

"El secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, es consiente que tanto él como mucha gente tendrá menos problemas cuando los industriales no reciban más caña quemada.

Pero es imposible pensar que los industriales impidan la quema cuando son ellos mismos los promotores de esto. Si el problema son los costos de la cosecha que no pueden asumir los cañeros chicos la solución sería subsidiar ese costo para que ya no quemen cañaverales.

Mientras no vaya preso ningún industrial o cañero por la quema de caña, costará instalar la conciencia y la sensibilidad ambiental que se necesita para ser respetuosos".

Por Gustavo Masmud, ambientalista de la agrupación Unión de Vecinos del Sur de Tucumán. Esta opinión fue enviada ayer por los propios ambientalistas al secretario de Medio Ambiente,Alfredo Montalván.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
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