viernes, 20 de noviembre de 2009

Viejo canal de la Universidad, nuevo brazo del oficialismo

CANAL 10: OTRO ESTALLIDO EN LA INTERNA DEL RECTORADO

ImageEn vistas a las próximas elecciones de Rector, las disputas en el seno del Rectorado rompen los bloques monolíticos de complicidad y sacan a la luz temas que, en tiempos de paz, son acallados por las autoridades. Hoy, en el Consejo Superior están presentes tanto los reclamos ambientalistas contra la explotación de la Alumbrera como la lucha de los autoconvocados de la Salud y la ominosa complicidad del canal de la Universidad con el oficialismo alperovichista. Sesiones con la presencia de ambientalistas y autoconvocados. CONTRAPUNTO EDICIÓN IMPRESA.

Durante la última sesión del Consejo Superior (C.S.) de la Universidad Nacional de Tucumán (U.N.T.), el canal de la Universidad (Canal 10) fue un nuevo campo de batalla para las facciones que se disputan el poder en el seno del Rectorado.
Durante los últimos meses, en el período en que se desarrolló la lucha de los autoconvocados, el canal de la Universidad ignoró casi por completo este movimiento social y se consolidó como brazo defensor del oficialismo.
Por ello, los autoconvocados reclamaron al C.S. que pidiera un informe a los directores de canal 10 donde se explicara esta situación de desentendimiento hacia la lucha de los trabajadores de la salud.
Hace dos semanas, y en presencia de ambientalistas y autoconvocados, el C.S. rechazó un informe de uno de los tres directores de Canal 10 y, además, solicitó al rector Cerisola la rendición de cuentas de los fondos provenientes de la Alumbrera.
En una directa confrontación con el actual rector, por una diferencia de tres votos, el C.S. rechazó un informe de tres páginas presentado por Eduardo Torrego, uno de los tres directores de Canal 10 y ex-asesor del ministerio de economía de José Alperovich.
El informe de Torrego debía explicar por qué Canal 10 otorgó al conflicto de la salud con tan poca relevancia, sin embargo, pidió plazo hasta noviembre, ya que uno de los integrantes del directorio, Oscar Fiorito, se encontraba fuera de la Argentina. Se limitó a informar las fechas en que los autoconvocados habían salido en pantalla.
Con el rechazo del pseudo-informe de Torrego, la oposición a Cerisola intentó demostrar que el actual rector está ligado al gobernador y que su gestión no puede sino ser funcional a los intereses del justicialismo alperovichista. De hecho, estudiantes de Franja Morada se dirigieron al rector durante la reunión en tono sarcástico agradeciéndole por adjuntar con la Orden del Día un folleto del movimiento justicialista.
Asimismo el nombre del periodista Julio Valenzuela circula extraoficialmente como posible reemplazante de Torrego en el directorio de canal 10.
Por su parte, Cerisola se encargó de quitar de su gabinete a los secretarios afines a la vicerrectora Rossi de Hernández una vez que ésta anunció sus intenciones de competir por el rectorado en 2011. De esa manera consiguió quitarle protagonismo político a su rival. Sin embargo, en estos últimos meses, Rossi de Hernández ha intentado a través de sus aliados, entre los cuales se destaca José Hugo Saab y siete de los trece decanos, obstruir al máximo las estrategias del actual rector y utilizar en su beneficio los problemas derivados de la aceptación del dinero de la alumbrera o el abierto oficialismo alperovichista del canal de la universidad (tradicionalmente dominada por radicales).
¿Quién maneja Canal 10?
Canal 10 es una SAPEM, (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria). Pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán, aunque actualmente la parte de contenidos es gerenciada por una empresa privada. Su señal cubre casi la totalidad de la provincia de Tucumán y parte de las provincias de Catamarca, Santiago y Salta. Actualmente retransmite programación de Canal 13 de Buenos Aires, formando parte del Grupo Clarín y Artear Argentina.
Exclusivamente de la Universidad, comenzó a transmitir en 1966 durante el gobierno de facto de Onganía y el rectorado de Eugenio Flavio Virla. Al principio se transmitían sólo dos horas diarias de programas culturales, pero al poco tiempo se ampliarían doce horas más por día, sin avisos publicitarios.
En 1977, el gobierno de la provincia se sumó al emprendimiento, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y Bussi como gobernador de nuestra provincia, al conformar la sociedad anónima Televisora de Tucumán S.A, que pasó a gerenciar el 30% de las acciones del canal.
En 1998, con un balance sumamente negativo en la administración del canal, durante la presidencia de Carlos Menem y rectorado de Mario Marigliano, la UNT vendió el 34% de sus acciones a la empresa privada Newline, del empresario Alberto Llaryora, aliado y socio hasta hace pocos años de José Alperovich

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BREVE PANORAMA DEL “QUINQUENIO FATAL”

Cómo intervenir un canal para “oficializarlo”

Los últimos 5 años de Canal 10 se presentan turbulentos a los ojos de cualquier espectador que haya seguido, cuando menos, las ediciones diarias de TVPrensa. El Canal de la Universidad pasó de una virtual quiebra a la intervención judicial en 2005, luego fueron vendidas la mitad de las acciones de la UNT al grupo Newline que, al convertirse en enemigo de Alperovich, acabó fuera del negociado.

En noviembre de 2005, la jueza Graciela Dalla Fontana de Antoraz, dispuso la intervención judicial de Canal 10, solicitada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia. Como interventores fueron designados el periodista Raúl Armisen y el contador Raúl Fiorito (tesorero de la Legislatura provincial, profesor universitario y actual integrante del directorio del canal).
La intervención fue una estrategia del gobierno de Alperovich para desplazar de la conducción del canal a Alberto Llaryora, empresario que, en los últimos años, pasó de aliado a enemigo acérrimo del gobernador.
Sin embargo, la intervención no fue eterna y el canal volvió a manos de Newline en 2008. En abril de ese mismo año, una “asamblea” de dos de los socios decidió dejar afuera a Newline. Fiorito y Torrego fueron designados directores en representación de la UNT en el Canal, siendo ratificados en sus cargos en junio por el C.S, Raúl Armisen continuó representando a la provincia.
Desde ese momento, en la SAPEM la Universidad controla el 70% de las acciones (de clase B) mientras que la Provincia maneja el 30% restante (acciones de clase A). Acciones clase A son aquellas que tienen derecho a voto en la administración de la empresa, las clase B no poseen ese derecho. R.A.>>En noviembre de 2005, la jueza Graciela Dalla Fontana de Antoraz, dispuso la intervención judicial de Canal 10, solicitada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia. Como interventores fueron designados el periodista Raúl Armisen y el contador Raúl Fiorito (tesorero de la Legislatura provincial, profesor universitario y actual integrante del directorio del canal).
La intervención fue una estrategia del gobierno de Alperovich para desplazar de la conducción del canal a Alberto Llaryora, empresario que, en los últimos años, pasó de aliado a enemigo acérrimo del gobernador.
Sin embargo, la intervención no fue eterna y el canal volvió a manos de Newline en 2008. En abril de ese mismo año, una “asamblea” de dos de los socios decidió dejar afuera a Newline. Fiorito y Torrego fueron designados directores en representación de la UNT en el Canal, siendo ratificados en sus cargos en junio por el C.S, Raúl Armisen continuó representando a la provincia.
Desde ese momento, en la SAPEM la Universidad controla el 70% de las acciones (de clase B) mientras que la Provincia maneja el 30% restante (acciones de clase A). Acciones clase A son aquellas que tienen derecho a voto en la administración de la empresa, las clase B no poseen ese derecho.

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VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA


Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

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