Miembros de la Comunidad Indígena de Chuschagasta fueron las nuevas víctimas del sistemático avance de la justicia y los terratenientes contra los Pueblos Originarios de nuestra provincia. La agresión perpetrada el 12 de octubre pasado por Darío Amín y dos policías retirados, dejó como resultado un muerto y cuatro heridos. Pero también la movilización de todos los Pueblos, que exigen justicia por Javier Chocobar, el cese de las persecuciones y el cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos. En la foto, se ve a Amín, apoyado en la camioneta de Gómez, con cámara de fotos en mano, instantes antes del asesinato. INFORME ESPECIAL ContraPunto EDICIÓN IMPRESA.
El 12 de octubre de 2009, se asesinó a Don Javier Chocobar, de 68 años, y se hirió gravemente a otras cuatro personas, una de ellas (Andrés Mamani) en gravísimo estado. Todas integrantes de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, ubicada en el Chorro, Trancas. 517 años después, en la provincia de Tucumán se volvió a la misma codicia, el mismo genocidio de la conquista española.
Un día después, el noticiero de Canal 10 de Tucumán presentaba una nota policial, en donde se afirmaba que había ocurrido un “confuso enfrentamiento” en Trancas, entre “personas” y “lugareños”, con el saldo de una persona muerta y cuatro heridos. Como testimonio presentaban a un comisario que relataba el hecho, sin dar mayores precisiones.
Ese mismo día, en su sección policiales, el diario La Gaceta titulaba escuetamente: “Un asesinato”, levantando la teoría de enfrentamiento, que aún sostienen al cubrir las alternativas del hecho, claramente político.
¿Defensa propia?
Tres personas de civil llegan armados a un lugar, alegan ser dueñas del lugar que ocupa la comunidad desde hace años, y al comenzar el diálogo, disparan armas de fuego a quemarropa contra personas indefensas no es un enfrentamiento, es un ataque, un homicidio.
Darío Amín se presentó en el lugar con dos secuaces, Jorge Valdivieso y Luis Gómez, éstos últimos ex policías dados de baja de la fuerza.
Los abogados defensores de los imputados declararon que ellos "se defendieron del ataque de un grupo de hombres", y que "no querían causar problemas" pero que "mientras estaban trabajando fueron agredidos por los comuneros con piedras lajas, palos y machetes". Alegaron defensa propia, aunque para considerarlo, la defensa tiene que ser proporcional al ataque, y quienes tenían armas de fuego y dispararon contra los miembros de la comunidad fueron los tres imputados.
¿Cómo se considera una situación en la que tres personas llegan armados a un lugar, y, luego de una discusión, disparan armas de fuego contra otras? Resulta irrisorio, ingenuo, creer que esto fue un “encuentro”, o un “enfrentamiento”. Esto fue un ataque, un homicidio
Luego del hecho, se habrían secuestrado en el lugar una Pistola Taurus 40; una Pistola Ametralladora Beretta, una pistola calibre 32 y una cachiporra.
Parapoliciales a la sombra del “Malevo”
"Los agresores eran legionarios al mando del tristemente célebre “Malevo Ferreira”, enlistados en el Comando Atila”, denunciaron desde la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita, que nuclea a los Pueblos de Tucumán y de otras provincias del NOA.
Referentes de la Comunidad de Chuschagasta denunciaron que esto no es nuevo, que "los poderosos siempre tienen la justicia a favor de ellos" y hoy siguen recibiendo amenazas por mensajes de texto con rumores de desalojos. Este conflicto viene desde 1960, y además de terratenientes como Amín, "Personas del mismo gobierno son las que están actuando para apropiarse de nuestras tierras", según el Cacique de Chuschagasta, Don Demetrio Valderrama.
Como ejemplo de esto nombraron a Silvia Chiarello, delegada de Ancajuli que busca hacerles firmar papeles de propiedad a ancianos y miembros de la Comunidad, hostigándolos permanentemente para después presentarse como dueña de esas tierras o venderlas a testaferros.
“Solamente con el reconocimiento de nuestros derechos no es suficiente. Exigimos al Gobierno que en forma inmediata, por intermedio de sus poderes, dentro de sus competencias, realicen todas las medidas necesarias concretas para asegurar las tierras tradicionales y en particular hagan las investigaciones del caso a fin que sean eficaces y transparentes, para que este hecho sea esclarecido a la mayor brevedad, aplicándose las sanciones máximas pertinentes los responsables”, sostienen desde la Comunidad.
La abogada querellante, Margarita Moreno relató que “esta causa tiene su historia, desde el año 2005. Se inicia el conflicto con un pedido de adjudicación porque esas tierras, gran parte, 3800 hectáreas, fueron expropiadas por el Gobierno para ser adjudicadas”.
Para que la justicia no mire para otro lado
El 20 de octubre, las Comunidades Indígenas de Tucumán movilizaron por las calles de San Miguel de Tucumán para exigir justicia por Javier Chocobar y para que se cumplan las leyes que los protegen. Tuvieron reuniones con funcionarios del gobierno provincial, como el secretario de derechos humanos Daniel Posse, quién se comprometió a avanzar para asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente. Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos acompañaron el reclamo de justicia que sumó numerosas voces, como la del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel o las Madres de Plaza de Mayo.
Asimismo en Buenos Aires hubo una movilización a la Casa de Tucumán, y una entrevista con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuyo titular, Daniel Fernández se comprometió a ser querellante en el caso.
En medio del dolor por el ataque y la pérdida de Chocobar, la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita retoma fuerzas para conseguir justicia, y avanzar en el cumplimiento de sus derechos como Pueblos Originarios, 517 años después.
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