TUCUMÁN:FINALIZÓ AUDIENCIA POR EL JUICIO A TRANSNACIONALES
Juicio Ético Popular a las empresas transnacionales y nacionales megaextractivas del NOA. Sentencia. A más de 500 años de colonización y recolonización del continente, este Tribunal dice que no es lo mismo vivir de la naturaleza que vivir con y en la naturaleza. El Juicio Ético Popular a las empresas transnacionales y nacionales megaextractivas acusadas, tiene para este tribunal un sentido preciso y profundamente humano, la salvaguarda de la vida y su reproducción actual y futura en todas sus dimensiones e implicancias. El criterio de discernimiento de lo más ético o lo menos ético radica en la vida. Anti-ético es lo que puede a la corta o a la larga, liquidar la vida. Ético es lo que va por la vida. Por la vida en integridad. El objeto de este Juicio Ético Popular es que desde la ética exija al orden jurídico situarse en lo ético y que exija a todos los niveles de responsabilidad política y cualquier otro tipo de responsabilidad en incidencia en lo comunitario, sea público o privado a actuar eficazmente de modo ético o cada vez más ético. En la situación actual de la humanidad globalizada, las condiciones de posibilidad de vida sobre el planeta son convertibles con respecto a la responsabilidad ética por la tierra y por la vida en todas sus dimensiones. La separación entre lo útil y lo ético, producto del positivismo científico moderno, se torna actualmente imposible.
La única utilidad viable es la que respeta la ética. La persistencia de la separación en que se basan los modelos mega extractivos convierte a sus actividades en necesariamente anti-éticas. Atentan contra la vida. Lo ético se torna decisivo en todos los planos y tipos de la actividad humana. Su criterio valorativo final puede sintetizarse del siguiente modo: si el obrar humano defiende, sostiene y promueve la vida de la naturaleza, de las personas y de los pueblos, salvaguardando su dignidad o si por el contrario los pone en peligro sea en parte o en su totalidad, no se trata sólo de una generalidad, la responsabilidad ética incide en la posibilidad de la convivencia humana. Quien, o quienes, por razones de poder o intereses particulares, creen y actúan sin responsabilidad por la vida de la tierra y de las personas, se convierten en violentos saboteadores de la convivencia humana y de la vida de la tierra. La no responsabilidad por la vida y la convivencia conlleva la destrucción de ambas. No es posible asegurar la propia vida, destruyendo la vida del otro. Lo ético y lo útil se unen y entran en contradicción con el cálculo de utilidad y del interés propio. El peligro mayor para la supervivencia humana está hoy en la globalización fundamentalista de los mercados, preparado por las sangrientas dictaduras militares y de las cuales son continuidad. Para este modelo productivo las condiciones que hacen posible la vida aparecen como distorsión de los mercados. Los mercados neoliberales se convierten en totalitarios del sistema social y destructores de la fuente de la vida a causa de la inversión antropológica y cosmológica que los sustenta. En efecto, tal inversión consiste en una reducción de la persona humana a mero recurso humano y del cosmos, de la naturaleza a mero recurso natural. Lo que hace posible toda violación de sus respectivos derechos de vida. Estas reducciones entitativas del ser de la madre tierra y del ser de la persona humana convierten a ambos en recursos, es decir, en recurribles, en meros instrumentos utilizables, transformables o desechables, se trate de la tierra, del animal, de la planta, de la persona humana o de las comunidades. La degradación del ser de la realidad natural y la degradación del ser humano como mero individuo poderoso es la raiz de la ausencia de ética, es la raiz de toda criminalidad. Sostiene este Tribunal Ético Popular que estas acciones de saqueo de las empresas multinacionales y nacionales megaextractivas en nuestros pueblos oprimidos deben ser incluidas como delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza, es decir, la ética, sin negar el orden jurídico, exige a éste que se humanice más y por ello asegure el resguardo de modo decidido, de los ciclos vitales de la naturaleza y de la vida de las personas y comunidades. Las poderosas empresas testigo denunciadas por las fiscalías populares absorben los derechos humanos porque han sido convertidas en sujetos de derecho, en personas jurídicas con derechos casi absolutos, ya que se trata de un contexto conformado por, desde y para la empresa, para el mítico emprendimiento convertido en fetiche intocable.
En defensa de los cometidos insaciables de una empresa se puede liquidar el medio ambiente y se pueden liquidar pueblos enteros y comunidades indígenas y criollas campesinas que parecen haber sido reducidas a lo último de la sociedad. Estas “empresas sucias” como las llamó un afectado testigo, son unos de los signos de la barbarie de esta civilización. La misma consiste en desacreditar hasta negar el valor territorial y natural de los espacios donde van a hacer su explotación y con ello desmerecer globalmente a las personas, los grupos, las culturas, los países. Se trata en efecto de una nueva y más acentuada dimensión de colonización y recolonización de todo el país, el continente y el mundo. Grave responsabilidad ética recae sobre la actividad universitaria y de los demás institutos de formación superior. Normalmente sus graduados conducen los estados como presidentes, gobernadores, jefes comunales, concejales, legisladores, jueces, presidentes de comisiones, asesores políticos, proyectistas de emprendimientos, etc. Por ello, de prescindir de tal responsabilidad ética frente a la vida, las universidades e institutos superiores se pueden convertir en agentes de esta neocolonización y en semilleros de la muerte por acción u omisión desde su consciente o inconsciente sometimiento al coloniaje productivo y su implícito control epistemológico del mundo de cuño eurocéntrico. La formación profesional o es agente gnoseológico de esa colonización o de lo contrario sujeto de la urgente y necesaria desconolonización del saber y del hacer. Los medios de comunicación tienen idéntica responsabilidad ética por su masiva incidencia en la opinión pública y en el manejo de la información de los temas que afectan directamente a la vida de la comunidad, de los pueblos y de la madre tierra. También entiende este Tribunal de Juicio Ético Popular que mayor y más grave responsabilidad ética aun recae sobre las religiones y sus iglesias, por la innegable conexión de lo espiritual con las responsabilidades éticas humanas. Especialmente son más responsables las que pueden ejercer más influencia en los pueblos, en las personas, y hasta en los poderes públicos. Su legitimidad ética sólo puede justificarse en la medida en que explícitamente acompañan a la madre tierra y a sus hijos desde la denuncia anticipada, desde la condena clara y firme de todos los atropellos y abusos violatorios de sus respectivos derechos o de los proyectos cuya incidencia pueden afectarlos. El derecho positivo argentino y los de todos los sistemas jurídicos de los estados de nuestro continente tienen el deber moral de comprender que o se sitúan en la inmoralidad de un funcionalismo frente a esta barbarie o bien en la moralidad de denunciar y pronunciarse definitivamente y poner en el banquillo de los acusados a todos los responsables de los desastres ambientales, muertes y aumento de las cuotas de enfermedades evitables y otros ingentes daños que aumentan escandalosamente, los que bastarían para decidir desde la justicia ejercida con ética, que este tipo de actividad de muerte no se permite más. Durante el desarrollo de este Juicio Ético Popular NOA contra las transnacionales y una gran empresa nacional que opera al modo de las transnacionales, este Tribunal ha oído en audiencia pública a las Fiscalías Populares y los casos testigo constituidos por miembros de organizaciones sociales e integrantes de pueblos originarios, todos ellos víctimas de la presencia y las formas de operar de las corporaciones transnacionales en nuestros territorios. A su vez, ha analizado las denuncias y testimonios presentados y ha constatado que el modelo productivo provoca la explotación económica de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales en las comunidades en cuyo entorno se desarrollan sus actividades, perjuicios directos como la privación del acceso de los recursos básicos, la destrucción de los territorios y las limitaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho intrínseco a la vida. En esta audiencia en la que han sido enjuiciadas las empresas transnacionales Minera La Alumbrera-YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Grupo Repsol y Ledesma S.A. este Tribunal ha podido constatar los siguientes impactos provocados por la forma de operar de las empresas transnacionales y la empresa nacional enjuiciada y las proyecciones de esas consecuencias en los casos que se trata de proyectos de explotación: este modelo mega-extractivista genera el saqueo de los bienes comunes, la destrucción de los territorios donde operan las empresas y serios impactos negativos en el medio ambiente, incidiendo en la profundización del cambio climático y generando desertificación, deforestación, escasez y degradación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación, extinción de especies, desmonte y pérdida de ecosistema y biodiversidad. Imponentes volúmenes de energía y agua, son los insumos imprescindibles de las actividades mineras y petroleras, para efectuar dicho saqueo. Alimentan esta destrucción territorial los laxos controles estatales y las malas prácticas de las empresas, entre las cuales podemos mencionar en la explotación petrolera las averías de los poliductos y oleoductos por falta de mantenimiento y/o violación de normas de seguridad; vertido de aguas de producción, incorrecta disposición de desechos de producción que han contaminado ríos, espejos de agua, glaciares, etc.
Por las pruebas presentadas por las diferentes fiscalías y los testimonios con que las acompañaron y que integran los antecedentes en auto este Tribunal integrado por la señora Mirta Acuña de Baravalle (Madre Línea Fundadora de Plaza de Mayo), Luz María Díaz (Médicos del Mundo – Argentina), Profesor Dr. Carlos María Pagano Fernández (Universidad Nacional de Salta), Eva Gamboa (Observatorio Contra la Discriminación y el Racismo de las Mujeres y los Pueblos Indígenas) y el Dr. Eduardo Rosenzvaig (Universidad Nacional de Tucumán) resuelve de forma unánime, definitiva, inapelable y habida cuenta de la solicitud de condena presentada por la Fiscalía Audiencia NOA condenar a las empresas transnacionales aquí enjuiciadas Minera La Alumbrera – YMAD, Minera Agua Rica, Barrick Gold, Monsanto, Repsol-YPF, Ledesma S.A., a sus dueños, accionistas y socios, y a su planta gerencial; a Carlos Saúl Menem, Domingo Felipe Cavallo, José Luis Gioja, Ángel Mazza, Felipe Solá, Fernando De La Rúa, Eduardo Duhalde, Nestor Kirchner, Cristina Fernandez de Kirchner, Jorge Mayoral y a todos los demás presidentes, diputados y senadores de la Nación, gobernadores y funcionarios de las distintas áreas de gobiernos provinciales y municipales, directa o indirectamente implicados en la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo y destrucción y contaminación de los territorios de nuestros pueblos aquí enjuiciados por violación sistemática de toda ética, de los derechos humanos inalienables y de los derechos de la naturaleza.
Por responsables de los delitos de: genocidio, ecocidio y epistemocidio, crímenes de Lesa Humanidad y de Lesa Naturaleza, violación a la soberanía territorial de los pueblos, violación a la Constitución Nacional, a la legislación general y del orden jurídico, político, constitucional, y leyes y tratados internacionales. Crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza a todos los funcionarios que durante la dictadura usurparon las funciones de gobierno del estado y a los grupos de poder civiles y económicos, concentrados a través del terrorismo de Estado de los años ’70, construyeron las condiciones históricas de posibilidad del actual modelo neocolonial. Hacer extensiva esta condena a todas las empresas y organismos que participan y promueven este modelo neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios y bienes comunes. Declarar al sistema judicial de la Nación y de las provincias culpable del delito de corrupción, moral e institucional y expropiación del derecho de nuestros pueblos del acceso a la justicia. Declarar a funcionarios del gobierno Nacional y Provincial, legisladores, jueces e intendentes; rectores, decanos y concejeros superiores de las Universidades Nacionales; a autoridades y funcionarios de Salud y Educación; a obispos y párrocos; a los dueños de los medios de comunicación, sus jefes de redacción; a organizaciones no gubernamentales que por su acción y/u omisión colaboraron, promovieron, facilitaron o pretendieron justificar las acciones de las empresas aquí enjuiciadas; culpables del delito de complicidad, corrupción y participación necesaria, directa o indirecta en actos de genocidio y ecocidio, saqueo, destrucción y contaminación de los bienes comunes. Sostenemos que no hay pena, ni resarcimiento social ni penal posible que sea proporcional o equivalente a la gravedad de estos aberrantes crímenes cometidos. Ello no obstante planteamos que es imprescindible y urgente que el Estado Nacional arbitre los medios necesarios para detener inmediatamente el perverso sistema productivo genocida y ecocida de saqueo neocolonial; la impunidad y corrupción generalizada instalada que les son inherentes. En esa dirección, este Tribunal declara el reconocimiento del territorio como derecho fundamental de los pueblos. Somos territorio, pertenecemos al territorio y éste es la base de nuestra existencia y del derecho a la vida. Los derechos de la naturaleza, del derecho al territorio son derechos fundamentales que están por encima de todo derecho positivo. La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia de este modelo; la justicia y necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos: pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades; la inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala y del modelo de agricultura industrial ligado a los transgénicos y a los agronegocios de exportación. Declara la falsedad manifiesta de la biotecnología como respuesta a las necesidades alimentarias de los pueblos. Declara el rechazo al Plan Nuclear Nacional; al Plan Estratégico Alimentario y al IIRSA.
La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos. Declara la falacia del discurso del desarrollo, fundado en un modelo extractivista como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos; rechaza el discurso falaz que sostiene que tenemos que entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado nacional y extranjero para lograr adecuadas condiciones de vida.
Declara el derecho fundamental de los pueblos al buen vivir. Como pueblo tenemos el derecho, la responsabilidad y capacidades para administrar con responsabilidad y dignidad los bienes comunes de nuestros territorios. Exige el cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios; el cese inmediato de la represión, y la criminalización de la legítima protesta social; el esclarecimiento y justicia para los crímenes históricamente cometidos y aun impunes. Este Tribunal condena moralmente la vigencia, continuidad y profundización del colonialismo histórico, ahora bajo las armas de la globalización neoliberal hegemónica en curso. Este Tribunal falla en el día de la fecha, 25 de Septiembre de 2011 en la ciudad de San Miguel de Tucumán a favor de los derechos de los pueblos oprimidos de este territorio. Los firmantes del Tribunal quedan a disposición para futuros requerimientos de las comunidades que así lo soliciten.
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