martes, 20 de septiembre de 2011

El fiscal Antonio Gómez pide definiciones en la causa contra Minera Alumbrera































El Fiscal Federal General recurrió a la Cámara Nacional de Casación Penal reclamando que se ordene un pronto despacho en el expediente, que lleva más de 13 años dando vueltas en los Tribunales Federales de Tucumán. “Las demoras en la causa violan el pacto de San José de Costa Rica”, argumentó el magistrado.


19/09/2011 11:03 PM | La demora en la resolución de la causa por contaminación contra la empresa Minera Alumbrera, que lleva más de 13 años dando vueltas en la Justicia Federal de Tucumán, llevó al fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, a elevar un planteo ante la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP).
El funcionario judicial llegó a esa instancia luego de que la Cámara Federal de Tucumán rechazara un planteo de pronto despacho por retardo de justicia promovido por la ex concejala de Termas de Río Hondo, Anita Loto, aduciendo que al no tratarse de una sentencia definitiva dicho tribunal estaba inhibido de resolver el tema.
En consecuencia, Gómez presentó un recurso en queja ante la CNCP, que la semana pasada se declaró competente en el caso y está analizando el expediente. Además, el jefe de los fiscales federales en nuestra provincia hizo las reservas correspondientes para acudir, en caso de que ese recurso sea desestimado, a la Corte Suprema de la Nación.
Según consideró el fiscal, en diálogo con EL SIGLO, "las demoras en esta causa violan el pacto de San José de Costa Rica, que es parte de nuestra Constitución Nacional". Además, advirtió que "si bien los tratados internacionales no dan un plazo específico para la resolución de causas, tanto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dicen que el tiempo máximo para que se dicte una sentencia en causas de esta naturaleza es de cinco años". Por otro lado, Gómez planteó que "el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, y claramente con esta demora en la resolución de la causa, que lleva casi 13 años, es una violación a esos derechos". 

Lento proceso

La causa contra Minera Alumbrera se inició en 1998, tras una denuncia promovida por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, quien acusó a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Años más tarde, en 2007, asumieron el rol de querellantes un grupo de organizaciones ecologistas junto a la concejala Anita Loto, quien le dio un fuerte impulso al expediente.
Por estos hechos, en 2008, luego de que distintos estudios realizados sobre muestras extraídas de ese curso de agua confirmaran el daño ambiental causado por la empresa, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso el procesamiento de Julián Rooney, directivo de la firma, por considerarlo presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley 24.051. 
No obstante, en septiembre de 2009, la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) anuló parcialmente ese fallo, por considerar que se afectó el derecho a defensa de la empresa, debido a que las pericias realizadas en el canal DP2 no se realizaron ante la presencia de un representante de la misma. La sentencia, ordenó que se deje sin efecto el procesamiento de Rooney, por considerar que la Cámara Federal de Tucumán obró arbitrariamente, al tiempo que ordenó dictar un nuevo fallo en la causa, realizando, de ser necesario, nuevas pruebas, siguiendo los pasos procesales correspondientes.

Nuevas pruebas

Ajustándose a esa decisión, el titular del Juzgado Federal II de Tucumán, Mario Racedo, ordenó realizar nuevas extracciones en el canal DP2 a los fines de recopilar nuevas pruebas para avanzar en la causa. 
Sin embargo, tanto Loto como Gómez entienden que, después de tantos años transcurridos, no es necesario realizar una nueva investigación para sancionar a la empresa de capitales extranjeros.
Según consideró Gómez, “no es razonable esta demora, sobre todo teniendo en cuenta que Minera Alumbrera informa cada dos años sobre la situación del Canal DP2, que es adonde arroja los efluentes que luego desembocan en la cuenca Salí-Dulce, y desde 1998 hasta la fecha, esos estudios revelan que la empresa está contaminando con metales pesados", expresó el fiscal federal. 
Sobre el mismo punto, Gómez aseguró que "no hace falta realizar ninguna otra nueva prueba ni muestreo para demostrar que Minera Alumbrera contamina. Eso está comprobado desde hace años", recalcó. 

A un tribunal internacional

Debido a este evidente retardo de Justicia, Loto, junto a las demás organizaciones ecologistas que integran la querella y a comunidades aborígenes de la región, con el apoyo de Gómez, expondrán el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos.
La audiencia ante dicho tribunal internacional está programada para febrero de 2012 y genera gran expectativa entre los impulsores de la demanda contra la empresa Minera Alumbrera. 
Todas estas actuaciones apuntan a que la Justicia Federal de nuestro país resuelva la situación procesal de Rooney y eleve la causa a juicio oral.
http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=77970

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  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
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