lunes, 11 de octubre de 2010

Presentan un amparo para intentar frenar al vaciadero de Overo Pozo

Publicado el: 09/10/2010 | Vecinos de varias localidades cercanas a la planta de residuos de Overo Pozo presentaron el viernes, a través de los abogados Raúl Moreno y Oscar López, una acción de amparo colectivo, para frenar el funcionamiento de este vaciadero. Denunciaron un negociado millonario. Advierten que se afectará a agricultores de la zona debido a que existen normas internacionales que prohíben la exportación de productos originados en zonas cercanas a basurales. Respaldo de la diputada nacional, Fernanda Reyes (Coalición Cívica – ARI), vicepresidenta de la comisión de Medioambiente.





Los letrados sostuvieron en su presentación que la empresa concesionaria de este centro de disposición final de residuos sólidos urbanos, Servicios y Construcciones La Banda SRL, es la misma que está siendo investigada por la Justicia Federal por la contaminación detectada en la cuenca del río Salí, a partir de la planta Pacará Pintado.
En la presentación, a la que tuvo acceso primerafuente- se solicitó que se restablezca el derecho de los vecinos afectados de Tucumán y de Santiago del Estero a ejercer el debido procedimiento preventivo ambiental planteado por la ley 25.675, “que obliga inexcusablemente a quien vaya a realizar una acción que puede afectar el ambiente, a hacer participar en la información y en el proceso de toma de decisión de la totalidad del proyecto”, explicó Oscar López quien junto a Moreno y la diputada nacional Fernanda Reyes (ARI) se reunieron con el fiscal general federal, Antonio Gustavo Gómez.
“Presentamos el amparo porque la Provincia, el consorcio metropolitano que han creado las seis municipalidades individualmente (Capital, Yerba Buena, de Banda del Río Salí, de Las Talitas, Lules, y de las comunas de San Javier y de El Manantial) y la empresa (Servicios y Construcciones La Banda SRL) han violado esta disposición. Pedimos por medio medida la cautelar innovativa que, hasta tanto se realice este proceso legal, cese absolutamente la disposición de la basura”, explicó Raúl Moreno, ex concejal capitalino por la UCR.
Según los abogados, “con total mala fe y dolo administrativo” la Provincia nombró administradora a la misma empresa que hoy gestiona la basura en Pacará Pintado “en donde se ha comprobado judicialmente por un proceso penal en la Justicia Federal y por un juicio civil en la Justicia provincial que se ha montado una bomba ecológica”.
En diálogo con primerafuente, los letrados denunciaron que detrás de todo el manejo de los residuos hay un negociado de 120 millones de dólares calculado en veinte años. “Es hora de que los municipios y el gobernador José Alperovich se pongan serios porque hay lugares aptos en la provincia para colocar la basura; obviamente no es Overa Pozo”.
En tanto, Esteba Cabrera, vecino de Los Ralos, advirtió que la planta afectará a agricultores de la zona “porque las normas internacionales prohíben la exportación de productos que estén a 16 kilómetros de basurales a cielo abierto”. Todo esto no cumple con las disposiciones específicas que hay acá ni mucho menos con los tratados que establecen como obligatorios las audiencias públicas. Las cosas no son transparentes”, se quejó.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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