Publicado el: 26/10/2010 | Luego de que la Justicia provincial prohibiera una protesta en contra de la planta de residuos, vecinos de la zona analizarán alternativas para hacer sentir su malestar por el funcionamiento del vaciadero. Afirman que es un nuevo caso de criminalización de la protesta social. El viernes se reunirán en asamblea.
Foto Vecinos Autoconvocados
La medida cautelar que prohibió acercarse a los autoconvocados de zonas aledañas a la planta de Overo Pozo e impedir el paso de los camiones que provienen de la estación de transferencia de Pacará Pintado, no hizo más que acrecentar la bronca vecinal.
De hecho, el viernes, a partir de las 17, pobladores de varias localidades cercanas al basural se concentrarán en la plaza de Los Ralos para definir la continuidad de las medidas de fuerza en contra de la radicación de esa planta en la zona.
De la reunión podrían participar productores agrícolas y técnicos de diferentes áreas que explicarán por qué entienden que la instalación de un centro de recepción de residuos sólidos urbanos en ese lugar representa un serio impacto socioambiental.
La convocatoria surgió luego de que el juez de Instrucción de la III Nominación, Juan Francisco Pisa, resolviera dar curso a la citada medida cautelar que impulsó el director de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Brito, y la Dirección Provincial de Vialidad, impidiendo, de esta forma, la realización de una protesta el miércoles pasado en la que podrían haberse realizado piquetes sobre las rutas 303 y 327 que conducen al depósito de basura.
“Lo que la Justicia hace contra nosotros es aberrante. Criminaliza la protesta de los vecinos y nos rodea de policías al mismo tiempo que en toda la provincia de vive una ola de inseguridad como nunca. Nos mandan la policía a nosotros porque reclamamos pacíficamente por nuestros derechos mientras en las comisarías se vende drogas y los delincuentes nadan sueltos”, se quejó Esteban Cabrera, referente de los autoconvocados de Los Ralos, en diálogo con primerafuente.
En Overo Pozo se depositan los desechos de los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán (más de 800 toneladas diarias de basura) desde principios de octubre. La planta es operada por la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL que tiene denuncias por contaminación ambiental en el vaciadero de Pacará Pintado.
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