miércoles, 10 de marzo de 2010

SOLIDARIDAD CON EL FISCAL FEDERAL DE TUCUMAN-ANTONIO GOMEZ

El Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez es de ir al fondo con las investigaciones aunque éstas toquen a personas influyentes y poderosas. Eso por supuesto lo ha llevado a ganarse “muchos enemigos” ya que según afirman por los pasillos del Tribunal Federal, “A Gómez es imposible comprarlo”.

Un fuerte empresario con inversiones en Tucumán y Santiago, fue investigado por el Doctor Gómez por “supuesta evasión impositiva y posible lavado de dinero”, tras lo cuál denunció al Fiscal Gómez por considerar que incurrió “en una intromisión indebida en la competencia que la ley le otorgaba al fiscal de primera instancia”. Esto valió que el Procurador general de la Nación le haga un fuerte llamado de atención que podría interpretarse como una presión al Fiscal Federal y que recién se hizo pública esta semana.

Tras conocerse por los medios la decisión del Procurador General de la Nación de hacer un “severo llamado de atención” al Fiscal General Antonio Gustavo Gómez, la preocupación invadió a los tucumanos. Quienes conocen a Gómez saben que no le tiembla el pulso a la hora de investigar y confían en la rectitud de su accionar. Sus enemigos estarían entre algunos de los investigados e incluso, se comenta, dentro mismo de la Justicia ya que Gómez no hace concesiones a los amigos del poder.

Hay mucho “ronroneo” en los corrillos de Tribunales y suena con fuerza la versión de que magistrados de la Justicia Penal sufrirían diferentes grados de presiones cuando actúan especialmente en torno a temas de Derechos Humanos. Por eso cuando hoy se conoció que a Gómez también quieren cortarle las alas en casos penales, la opinión pública comenzó a tomar partido y muchos fueron los que se acercaron a apoyar al Fiscal y hasta circularon fuertes versiones de que se organizaría una marcha pública, como la que en su momento respaldó al Fiscal Anticorrupción Esteban Jerez o las que se hicieron cuando se pretendió hacer juicio político al vocal de la Corte René Goane por haber sido “funcionario en la época del proceso”, para defender la independencia de la Justicia y apoyar al Fiscal Antonio Gustavo Gómez.

En junio de 2009, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, había efectuado un “severo llamado de atención” a Antonio Gustavo Gómez, titular de dicha Fiscalía General. Por medio de la Resolución 42/09, Righi concluyó que no existían elementos suficientes que justificaran la iniciación de un sumario ni la apertura de la instancia correspondiente ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Sin embargo, consideró que era conveniente “recomendarle (a Gómez) que, en lo sucesivo, adecue su actuar a las prescripciones legales relativas a la recepción de denuncias e iniciación de investigaciones preliminares, a los efectos de evitar posteriores y eventuales planteos de nulidad que deban ser resueltos por los órganos jurisdiccionales”.

El origen había sido la presentación formulada contra Gómez por el abogado Carlos Miguel Gordillo. Según este, el fiscal general, al haber llevado a cabo una determinada investigación preliminar, incurrió “en una intromisión indebida en la competencia que la ley le otorgaba al fiscal de primera instancia” (se trataba de Carlos Brito).

Como consecuencia, se formó el Consejo Evaluador (integrado por cinco fiscales generales), en cuya opinión se basó Righi para llamarle la atención a Gómez.

No fue el único llamado de atención a la Justicia federal en Tucumán. A fines de febrero también el Consejo de la Magistratura de la Nación apercibió al camarista federal Raúl David Mender, como consecuencia de un intercambio de palabras que, en enero de 2008, el magistrado había mantenido con un abogado que se encontraba desempeñando funciones en la Secretaría Ad-Hoc de la Fiscalía General Federal.

Luego de que se hicieran públicos estos llamados de atención desde la Nación, creció la preocupación de Magistrados y funcionarios judiciales así como la de los ciudadanos en general. Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige a la presidenta que respete la independencia de poderes y los deje trabajar tranquilos, en Tucumán urge tener la seguridad de que en la Justicia cada uno podrá trabajar libremente y a conciencia, sin recibir presiones ni amenazas de nadie.

Flor de festín se habrán hecho todos los que por alguna razón son investigados por la Justicia, sabiendo que con sólo hacer una denuncia contra quien los investiga pasarán de victimarios a víctimas.

Es inaceptable pensar que los jueces y Magistrados puedan trabajar condicionados por diferentes circunstancias o necesidades y mucho menos que si no “obedecen” puedan ser apercibidos o hasta separados del cargo. La justicia es un poder absolutamente independiente y quienes investigan delitos, defienden a imputados de manera oficial ó imparten justicia deben a su vez gozar de respeto y tener la libertad de hacer lo que les parezca correcto.

Sólo así seremos un país respetable que garantice a sus habitantes que las leyes están hechas para cumplirlas, que las buenas acciones se premian y los delitos se castigan. Será la única forma también de que la Justicia recupere su brillo y vuelva a ser confiable y creíble.

Ya decía el Papa Juan Pablo II en repetidas oportunidades que “Sólo con Justicia se logra la paz”.

Por favor entonces, a todos aquellos que trabajan por y para la Justicia, les rogamos que no se dejen amedrentar ni tampoco amedrenten y a quienes tengan la mala suerte de recibir presiones de algún tipo, que tengan el suficiente coraje como para defender aquello que les parezca justo y correcto porque tener la conciencia tranquila, de verdad será una satisfacción muy superior a cualquier premio, dádiva o ascenso.

Luz García Hamilton

Periodista

Articulo sacado de - http://www.periodismodeverdad.com.ar

ENVIADO POR

Elisa Sementuch

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  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
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  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
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