El informe del forense de la Corte Suprema de Justicia, Cristian Rando, que será leído en la audiencia de mañana, concluye que el represor “está imposibilitado de participar en las audiencias del actual proceso oral y público”. El derecho argentino impide que un imputado pueda ser juzgado en ausencia. Bussi está internado en el Instituto Cardiológico con pronóstico reservado. Aunque los nuevos dolores por los que fue internado la noche del domingo comenzaron el jueves 25, recién los habría notificado dos días después. Nuevamente no hubo controles sobre su estado de salud, lo que permitió llegar a esta situación. Los abogados defensores de Bussi, Pablo Lauthier y Adolfo Berttini, solicitaron al Tribunal Oral Federal que se lo separe del Juicio. Mañana, el Tribunal deberá decidir si suspende por algún plazo más el Juicio, si continúa el proceso judicial a través de Teleconferencia desde su hogar en el country de Yerba Buena o si se separa al represor del primer caso que se juzga en Tucumán por el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención. La opción de su apartamiento suena con mayor fuerza, por lo que los Organismos de Derechos Humanos convocaron a una concentración en la Chacabuco y Crisóstomo Álvarez –puerta del TOF- mañana a las 10 de la mañana. Las consecuencias de un Gobierno Nacional que no asumió una política más contundente de aceleramiento de las causas por los delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última Dictadura Cívico Militar y de una Justicia que, con su accionar, ha permitido que el temido punto final biológico comience a ser una realidad. CONTRAPUNTO
La ronda de testigos
En caso de que continúen las audiencias, los testigos que prestarán declaración mañana martes 30 de marzo serán: Carlos Soldatti, Antonio César Cerasuolo, Alejandro Sangenis, Carlos María MENA, Juan Antonio Fote, Luis Salvador Ortiz. El cronograma debió modificarse debido a la suspensión del Juicio por dos semanas.
El caso
De Igual A Igual y Contrapunto ofrecen el listado completo de las 22 víctimas por las que se sustancia el juicio oral y público en la causa de la ex Jefatura de Policía y los 7 represores que están siendo juzgados.
Las víctimas
Cerafina Rosa López, Ramón Francisco López, Juan Carlos López y Marta Angela López: fueron secuestrados el 27 de febrero de 1976. Marta fue liberada luego de haber sido torturada; sus hermanos nunca aparecieron.
Hugo Alberto Díaz: el 8 de junio de 1976 fue llevado de su domicilio (Roca 370) y permanece desaparecido.
Diana Irene Oesterheld y Raúl Carlos Araldi: eran militantes de la Juventud Peronista. En diciembre de 1975 llegaron a Tucumán desde Buenos Aires. Vivían en Frías Silva 231 con su hijo Francisco. Oesterheld estaba embarazada de entre seis y ocho meses y fue detenida en julio de 1976. Francisco fue entregado por efectivos policiales la Sala Cuna, donde fue encontrado por sus abuelos paternos. Araldi es secuestrado en agosto de 1977.
Eduardo Ramos y Alicia Cerrota: en la madrugada del 1 de noviembre de 1976, militares y policías se los llevaron de su domicilio de avenida Soldati 266. Cerrota estaba embarazada y Ramos era periodista de Canal 10.
Enrique Abdón Pastor Cerezo: fue detenido el 1 de febrero de 1977, en la confitería El Buen Gusto (entonces en 9 de Julio primera cuadra).
Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela del Valle Bustamante de Argañaraz y Ricardo Torres Correa: fueron secuestrados en la vía pública el 28 y el 29 de abril de 1977. Mitrovich y Torres Correa eran esposos. Se presume que fueron fusilados en el límite con Santiago del Estero ese 6 de junio.
Carlos Ramón Apaza: fue detenido en las cercanías de Salta y Córdoba el 7 de mayo de 1977.
Rolando y Marta Coronel: en mayo de 1977, un grupo militar irrumpió en la casa que compartían padre e hija en Chacabuco 476. Marta murió producto de las torturas que padeció y Rolando sigue desaparecido.
Daniel Fontanarrosa Larraza: fue secuestrado de su casa en San Lorenzo 1.142, el 31 de mayo de 1977. Nunca se encontró su cuerpo.
Joaquín Ariño: el 3 de junio de 1977, a la madrugada, fue llevado de su domicilio en Blas Parera 252. Permanece desaparecido.
Dante Edgardo Bordón: el 7 de julio de 1977, personas de civil armadas ingresaron en su casa de Fortunata García 1.398. No se supo nada más de él.
Raúl Mauricio Lechessi: ex diputado provincial por el PJ, fue secuestrado el 17 de junio de 1976 en Próspero García y las vías del ferrocarril Belgrano, cuando viajaba en un taxi.
Angel Garmendia: militante del partido Comunista, el licenciado en química fue detenido el 21 de junio de 1977 en su casa de avenida Roca 713. Era amigo de Torres Correa.
Los represores
Luciano Benjamín Menéndez: fue comandante del III Cuerpo del Ejército. Está acusado de violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; torturas seguidas de muerte; homicidio calificado y asociación ilícita agravada en los 22 casos investigados.
Antonio Domingo Bussi: ex gobernador de Tucumán, enfrenta las mismas acusaciones que Menéndez (salvo asociación ilícita), pero en 19 causas, ya que no fue indagado en las restantes por su precario estado de salud. Una vez que se cumpla ese trámite, podría ser imputado también en las restantes.
Roberto Heriberto Albornoz: el comisario (r) de la Policía (fue jefe del Servicio Informaciones Confidenciales -inteligencia- durante el primer tramo del proceso) deberá responder por 19 casos, con la misma acusación que pesa sobre Menéndez. Lo apodan "El tuerto".
Alberto Luis Cattáneo: el general (r), segundo de Bussi durante la primera parte del gobierno de facto, tendrá que responder por violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; homicidio calificado y asociación ilícita agravada, en seis casos.
Albino Mario Alberto Zimmermann: estuvo al frente de la Policía provincial entre 1976 y 1977. Fue imputado de violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; torturas seguidas de muerte; homicidio calificado respecto de cuatro víctimas. Murió el 4 de marzo.
Luis Armando de Cándido: está jubilado de la Policía provincial, y fue acusado por secuestro de dos personas; violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; torturas seguidas de muerte; homicidio calificado; usurpación de la propiedad de Chacabuco 476 y asociación ilícita agravada.
Carlos de Cándido: hermano de Luis y también ex policía. Fue imputado de usurpación de la casa de Jujuy 1.062 y de encubrimiento.
El represor condenado y uno de los principales responsables del Genocidio en Tucumán, Antonio Domingo Bussi, sería separado del Juicio por el Centro Clandestino de Detención, Jefatura de Policía. Así, el proceso judicial, que incluye el juzgamiento de otros cinco represores (el sexto,Albino Mario Zimemerman, murió el último 4 de marzo) por los secuestros y desaparición de 22 víctimas, podría continuar sin Bussi.
El informe del forense de la Corte Suprema de Justicia, Cristian Rando, firmado en coincidencia por los médicos Ramiro Castellanos (doctor de cabecera del represor), Jorge Luis Barrionuevo y Ricardo Jorge Lacroix (peritos de parte por la querella), concluye que Bussi está “imposibilitado de participar en las audiencias del actual proceso oral y público. El paciente, a la fecha, debe permanecer internado. Por el momento respondió favorablemente al tratamiento y su pronóstico inmediato y alejado es reservado”.
El represor “padece un cuadro de estenosis aórtica moderada a severa con insuficiencia cardíaca crónica descompensada y comportamiento refractario parcial a la medicación, por lo cual se encuentra en el presente en tratamiento intensivo”, indica el informe, que aclara que el imputado se encuentra “lúcido, orientado globalmente en tiempo y espacio. Sin foco neurológico evidente”.
Ante esta situación, los abogados de Bussi, los defensores oficiales , Pablo Lauthier y Adolfo Berttini, solicitaron que se lo aparte del Juicio. En igual sintonía se había pronunciado la querellante Laura Figueroa el último 16 de marzo, día que el Tribunal Oral Federal (TOF) decidió una nueva postergación del juicio, que se encuentra suspendido desde el 2 de marzo.
Los querellantes de HIJOS y andhes analizaban su postura ante el informe del médico y los pedidos de los abogados del genocida y de Figueroa.
Las posibilidades se acortan. El TOF deberá decidir si suspende por algún tiempo más el Juicio o si se separa definitivamente al represor del proceso judicial. Ésta última sería la opción que adoptaría el Tribunal, según versiones que circulaban entre los organismos de Derechos Humanos.
Los demás represores, en buenas condiciones
Por su parte, los representantes del genocida Alberto Luis Cattáneo también solicitaron que su defendido sea apartado del Juicio; sin embargo, Rando no le encontró nuevas patologías, por lo que su continuidad en el juicio estaría garantizada.
De igual manera, Luciano Benjamín Menéndez se encuentra recuperado del cuadro pulmonar que le impedía estar presente en la sala de audiencia.
Casi un mes de suspensión
El Juicio de Jefatura se encuentra suspendido desde el 2 de marzo, tras un informe brindado por el médico perito de la nación en el que recomendaba que el represor Bussi realice un reposo por el lapso de 10 días hábiles.
Luego de 15 días, Bussi había sido internado el último martes 16, luego de que se le detectará una “infección urinaria aún no resuelta”. En esa ocasión, el perito de parte, Alfredo Neme Sheij, había indicado que el genocida “no está debidamente atendido en su domicilio. El paciente requiere de una internación para resolver su problema urinario”; por su parte, la querellante Laura Figueroa indicó que “queda claro que la patología crónica de Bussi fue empeorando por el maltrato o descuido de las personas que lo rodean”
Finalmente, el martes 23 el TOF resolvió dictar el alta médica, por lo que Bussi permaneció en su casa hasta anoche, cuando fue internado por una patología relacionada con sus pulmones.
La dilación, el juego de la impunidad
En la jornada del 16 de marzo, Figueroa había manifestado que “voy a defender la prosecución de este juicio, para que no sufra un día más de suspensión, porque los testigos sobrevivientes están angustiados. Este juicio no debe caer en la trampa defensiva de los acusados. La dilación y la prolongación de la agonía es el juego de la impunidad”.
A dos semanas, sus declaraciones parecen cobrar mayor fuerza. Queda claro que comienzan a pagarse las demoras en juzgarse a los responsables del genocidio en la Argentina. El Gobierno Nacional no ha tenido una política más contundente para lograr el aceleramiento de las causas por los delitos de Lesa Humanidad cometidas durante la última dictadura Cívico Militar. En este sentido, el rol de la Justicia Federal tucumana ha sido fundamental en la demora de los juicios.
Sólo cabe redoblar la organización popular para garantizar que la impunidad no triunfe sobre la Verdad y la Justicia. Es necesario lograr el juzgamiento de las cadenas de mandos intermedias de las Fuerzas Armadas, de aquellos policías y de todos los civiles que participaron en los crímenes de la Dictadura, y que aún hoy siguen operando en distintos sectores de la realidad cotidiana de nuestra provincia
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