Durante cuatro horas, una perito judicial tomó muestras ayer en la planta de Pacará Pintado que luego servirán para determinar si el basural contamina el medio ambiente. La medida fue ordenada por la Cámara en lo Civil y Comercial Común por una acción de amparo colectivo presentada por la Federación de ONGs Ambientalistas. En ese planteo piden la clausura de la planta y la cancelación del permiso ambiental. El basural recibe diariamente alrededor de 750 toneladas de residuos, 500 de ellas de la capital.
Sospechada desde hace varios años de contaminar el medio ambiente, la polémica planta de Pacará Pintado volvió a la lupa de la Justicia provincial. Por orden de la Cámara en lo Civil y Comercial Común se realizó ayer una inspección en el predio del basural para determinar si viola los niveles permitidos de contaminación, en el marco de una acción de amparo colectivo presentada en 2007 por la Federación de ONGs Ambientalistas.
La medida judicial estuvo a cargo de la perito judicial María Luisa Genta, quien tomó, entre otras, muestras de agua en el subsuelo de la planta que luego serán analizadas por la Cámara a fin de resolver el pedido de los ambientalistas: la clausura del predio y la cancelación del permiso ambiental concedido por el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente (CPEA) a la empresa Servicios y Construcciones La Banda, a cargo del tratamiento de los residuos sólidos y urbanos.
“La planta está colmada de basura y se observa que están ampliando el radio de acción para recibir más residuos, cuando al mismo tiempo se habla de que a fin de año se trasladará la basura en un nuevo predio de Overa Pozo. Esto evidencia que no hay una política definida con respecto a qué hacer con la basura”, señaló a primerafuente el titular de la federación, Pedro Otonello, quien estuvo presente en la inspección judicial, que se repetirá el próximo martes.
La causa se reactivó luego de que la Cámara en lo Civil y Comercial Común, integrada por Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Avila, diera lugar a un recurso de apelación que presentó dicha federación en contra de la resolución del juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz. El magistrado había rechazado el planteo de los ambientalistas al considerar que no estaba acreditado el daño “actual, grave e inminente” al medio ambiente. Sin embargo, dio un plazo de 30 días a la empresa para que corrija las falencias operativas que detectó la Provincia en inspección.
El basural recibe diariamente alrededor de 750 toneladas de residuos, 500 de ellas de la capital. El resto proviene de los municipios de Lules, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Las Talitas y de las comunas de San Javier y El Manantial.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=53644
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