miércoles, 21 de octubre de 2009

Hartos de la impunidad y el desalojo de sus tierras, los pueblos originarios bramaron por justicia


La Cámara Federal de Apelaciones fue una de las principales destinatarias de la bronca expresada por las comunidades autóctonas en el marco de una masiva movilización realizada ayer. Acusan a camaristas de no respetar una ley que frena el desalojo de los pueblos originarios de sus tierras. “Con sus fallos, ellos pusieron las armas en manos de los asesinos para que gatillen”, acusó Demetrio Valderrama, cacique de la Comunidad de Chuschagasta, donde terratenientes asesinaron a un referente local. Temen que la impunidad impida que la Justicia provincial condene a los ex policías acusados del crimen, por aparentes vínculos con políticos y altos mando de la fuerza.

Provenientes desde cada rincón de la provincia, huipalas en mano, representantes de diversas comunidades indígenas realizaron ayer una histórica marcha en reclamo al respeto de sus derechos. Los destinatarios de los reclamos, el Gobierno y la Justicia, fueron responsabilizados por la impunidad y la crisis social que históricamente vienen padeciendo los pueblos originarios en esta parte del país. Es que la sensación de abuso y desprotección que las comunidades transmiten a partir de la innumerable cantidad de atropellos que vienen padeciendo, obliga en forma indefectible a responsabilizar a funcionarios políticos y judiciales ante semejante situación. Desalojos de tierras ancestrales, contaminación ambiental por proyectos de diversa índole avalados por el Estado, represión policial al servicio de terratenientes y el reciente asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar, estuvieron presentes en cada reclamo y testimonio que la multitud dirigió al Gobierno y los funcionarios judiciales locales y federales, en el transcurso de la movilización. Frente a los Tribunales de Las Piedras y 9 de Julio, la bronca de los manifestantes se depositó en la Cámara Federal de Apelaciones. A sus integrantes se los acusa de haber revocado una medida cautelar dictada juez subrogante Nº 2, Mario Racedo, que impedía la expropiación de las tierras de la Comunidad de Chuschagasta, (localidad de El Chorro, departamento Trancas) de la que dependen alrededor de 2 mil personas. Justamente, se sostuvo que el polémico fallo de los camaristas dio impulso para que los terratenientes intenten arrebatar las tierras indígenas. Un ejemplo que dieron fue el asesinato del Chocobar (se desempeñaba como vocal primero de la comunidad) el pasado 11 de octubre. “En realidad fueron ellos –por los camaristas federales- los que pusieron las armas en manos de los asesinos para que gatillen”, acusó Demetrio Valderrama, cacique de la Comunidad de Chuschagasta. Ese día, el terrateniente Darío Amín, junto a los exonerados ex policías Luis "el niño" Gómez y José Valdiviezo, irrumpieron violentamente en las tierras comunitarias causando la muerte de Chocobar –recibió un disparo en su abdomen- y cuatro heridos de bala. En la protesta también se exhortó a los magistrados judiciales a que de una vez se haga cumplir la ley federal 26.160 que prohíbe cualquier tipo de desalojo a los pueblos originarios de sus territorios hasta que se culmine con un relevamiento territorial. “Nuestra comunidad está destrozada. Hubo varios intentos por querer apoderarse de nuestras tierras –suman aproximadamente 11 mil kilómetros cuadrados- pero nunca creímos que lleguen a tanto. El dolor que sentimos por la muerte de nuestro hermano es enorme. Nos sentimos desprotegidos y tememos que los contactos de los asesinos con el poder los deje en la calle de nuevo. La vida que tenemos la dejaremos en defensa de nuestras tierras”, manifestó a primerafuente Balderrama. El reclamo de los indígenas también fue llevado ante los Tribunales locales y ante La Corte de Suprema Justicia para que los asesinos, a los que se les atribuyen fuertes contactos con legisladores y altos jefes policiales, sean condenados. En tanto, al máximo organismo de Justicia provincial se le pidió una pronta resolución en cuanto a la causa por el desalojo de 40 familias de la Comunidad India Quilmes, en Colalao del Valle. De la marcha participaron referentes de varias pueblos indígenas de la región (principalmente diaguita y lule), referentes de Madres de Plaza de Mayo, de organizaciones de izquierda, agrupaciones estudiantiles universitarias y ONG ambientalistas, entre otros. Durante la movilización, una comisión mantuvo un encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse. Por Esteban Stanich
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=53503

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VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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