sábado, 6 de agosto de 2011

Racedo indagará al poderoso empresario Rocchia Ferro la próxima semana

IMPUTADO

El titular del grupo Los Balcanes quedó comprometido por su propia esposa, la polémica empresaria Catalina Lonac, quien se desligó de la causa señalando a su marido como el responsable del ingenio cuando ocurrió el delito ambiental.

PROCESO. Luego de ser indagado, el juez Mario Racedo deberá resolver la situación del empresario tucumano.

El titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, Mario Racedo, indagará la próxima semana al empresario Jorge Rocchia Ferro, titular del grupo Los Balcanes, acusado de ser responsable por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce que produjo el ingenio La Florida, ubicado en el departamento Cruz Alta, con vinaza. La causa data de 2006 por infracción al artículo 55 de la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y Rocchia Ferro ya fue notificado por el magistrado de su convocatoria a Tribunales.

En principio, Racedo había citado en mayo de este año a la esposa del empresario, Catalina Lonac, quien había generado una polémica cuando culpó a los santiagueños por la contaminación del embalse porque el Dique Frontal estaba mal construido. Sin embargo, los abogados de la empresaria del grupo Los Balcanes presentaron documentación señalando que era Rocchia Ferro y no Lonac, quien estaba al frente del ingenio para esa época.

Este es un nuevo revés que suma el grupo empresarial en menos de una semana. Días atrás, Racedo sacó un amparo a favor de vecinos imponiéndole al ingenio la obligación de no producir volcados de vinaza en canales, públicos y de riego, ni derramamientos de los afluentes en la cuenca.

De acuerdo con los resultados de las pericias efectuadas a las tomas de muestras que tomó Gendarmería en el lugar del vuelco de los efluentes del ingenio -tiene la mayor destilería de alcohol de caña del país-, se excedían los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 33 veces más que lo autorizado por la ley. En lo relativo a la demanda química de oxígeno (DQO), los valores permitidos llegan a los 20 mg/l y los encontrados superaban ampliamente ese límite: 1.764 mg/l. Es decir que, según las muestras recogidas, se arrojaban efluentes líquidos a los cursos de agua que desembocan en ríos circundantes, con un exceso en 88,2 veces los valores tolerados por la ley.

Con respecto a los sólidos sedimentales, los valores detectados eran 360 veces mayores que los parámetros consentidos por la legislación vigente.

Tras la indagatoria el juez federal deberá resolver la situación de Rocchia Ferro quien había mantenido un cruce mediático con el fiscal general de Tucumán, Gustavo Antonio Gómez, cuando defendió las inversiones hechas por los ingenios azucareros en materia ambiental y manifestó que las fábricas tucumanas necesitaban “un tiempo” para dejar de contaminar. El fiscal federal Antonio Gómez respondió que ese planteo era “como que un narcotraficante pida prórroga para seguir vendiendo drogas”.

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y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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