miércoles, 24 de agosto de 2011

A casi dos años del asesinato, la causa Chocobar se eleva a juicio oral


COMUNIDAD INDÍGENA DE CHUSCHAGASTA
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Según el fallo emitido hoy por la jueza de Instrucción Emma de Nucci hay material suficiente para elevar la causa del asesinato de Chocobar y heridas de bala de otras 2 personas ocurrida en la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Trancas, Tucumán) el 12 de octubre de 2009. Son 3 los imputados en los delitos de  homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa: Darío Amín y los ex policías Luis Humberto "el niño" Gómez y José Valdivieso. Fueron dejados en libertad a principios de este año a la espera del juicio, a pesar de que los dos últimos integraban el Comando parapolicial "Atila" a las ordenes del Malevo Ferreyra. Por ContraPunto - RNMA.
"Su único propósito era acabar con la vida de los indígenas que se interpusieran en el dominio de dichas tierras", dijo el Fiscal a cargo de la investigación Arnoldo Suasnabar  en su pedido de elevación a juicio el 20 de mayo del año pasado. A más de un año de esa solicitud, la justicia tucumana falló hoy a favor de la misma, definiendo que hay pruebas suficientes para elevar a juicio la causa. (VER El fiscal de Instrucción pidió el juicio para los asesinos de Javier Chocobar)
La jueza Emma de Nucci hizo propia la acusación del fiscal, y definió que los tres imputados serían partícipes criminales necesarios en el delito, por lo que a todos ellos le cabría la misma condena en caso de ser declarados culpables.
El fallo no hace lugar a los planteos de nulidad, oposición y pedido de sobreseimiento que presentaron desde las defensas de Amín, Gómez y Valdivieso.
Ahora se abren instancias en donde seguramente la defensa de los imputados apelarán la medida, de manera que el inicio del juicio podría dilatarse hacia fines de este año o al que viene.
Desde la defensa de los imputados siempre se alegó que lo que se produjo fue un enfrentamiento ese 12 de octubre de 2009 en la comunidad, lo que fue desestimado por todos los testigos y por el contundente video filmado por el propio Amín. (VER El video del ataque en Chuschagasta)
La Comunidad Indígena de Chuschagasta viene exigiendo justicia y elevación a juicio oral desde que ocurrió el hecho, y denuncian a la familia Amín por reclamar tierras que no le corresponden en terrenos fiscales en los que viven la mayor parte de las familias en El Chorro. Agregan que la delegada de Ancajuli Silvia Chiarello tiene intenciones de abrir un camino por dentro de la Comunidad para vender y quedarse con tierras que actualmente se encuentran como parte de la misma.
La utilización de las fuerzas represivas y la justicia contra los reclamos de los Pueblos Originarios en Tucumán viene constituyéndosa en corriente en Tucumán. En este marco el uso de parapolicías con vínculos a actividades delictivas como en el caso Chocobar no puede dejar de ser juzgado y repudiado por toda la sociedad. En la actualidad son fuertes las presiones de terratenientes y empresarios vinculados al gobierno de José Alperovich y se multiplican las causas judiciales y amenazas contra las comunidades que integran la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule. Un paso necesario para que la justicia deje de mirar para otro lado.
 
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Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
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  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
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