La contaminación a la cuenca Salí-Dulce necesita del compromiso de todos
Pacará Pintado vuelve a estar en el tapete, ya que luego de 45 días de retraso se lo analizaráEl basural de Pacará Pintado sigue siendo un problema ambiental, no sólo para la vecina provincia de Tucumán, sino para Santiago del Estero. Los ambientalistas locales remarcan que en el lugar que está actualmente, contamina gravemente la cuenca Salí-Dulce y reclaman al gobierno tucumano que solucione la situación. Aunque tampoco aceptan que sea trasladado a Overá Pozo, un lugar al límite de Santiago del Estero, ya que consideran que también contaminará las napas de la provincia. “Debe haber una respuesta a este problema, que sea pensada, estudiada y tenga todos los estudios del impacto ambiental, al igual que se cumpla con las normas exigidas para colocar un basural”, puntualizan los ambientalistas.
El tema vuelve a estar en la queja de los ambientalistas, ya que se conoció ayer, a través de los medios tucumanos, que para conocer si la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado contamina el medio ambiente habrá que esperar hasta agosto. Según lo que indican los medios tucumanos, una vez que las muestras de agua, de suelo y de sedimentos tomadas del predio sean retiradas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, una ingeniera química dispondrá de 30 días corridos para elevar el informe a la Justicia. El último paso que se debía cumplir para que se avanzara con la causa se concretó durante la semana pasada. Luego de haber sido intimado por la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la vecina provincia, el gobierno tucumano depositó los $11.900 que faltaban para costear el procesamiento de las muestras tomadas en el predio, en el que seis municipios depositan sus desechos.
Se debe indicar que ahora los vocales Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila deberán resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de ONG de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, pero la medida fue rechazada en julio de 2008 por el extinto juez Juan José Aráoz.
La ingeniera química María Luisa Genta recogió las pruebas y las giró al laboratorio de la Estación Experimental para su análisis. En su momento, la Cámara dispuso que el costo fuera afrontado en partes iguales por la federación y por el Estado provincial, como parte demandada. La federación ambientalista hizo efectivo el depósito el lunes 21 de diciembre. El Ejecutivo fue notificado de que debía asumir el pago el 18 de mayo y lo efectivizó un mes y medio más tarde. Antes del inicio de la feria judicial, la perito deberá retirar los estudios, tras lo cual contará con 30 días para elevar su dictamen a la Cámara en lo Civil y Comercial Común.
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