domingo, 23 de octubre de 2011

Procesaron a empresario tucumano por contaminar la cuenca Salí-Dulce

MEDIDA JUDICIAL

El juez dispuso un embargo de $ 150 mil para el administrador de Citromax, ubicada en Tafí Viejo, tras comprobarse que la firma arrojó desechos por encima de los valores permitidos por ley.

AFECTADOS. La causa se originó por una denuncia de vecinos de Tafí Viejo donde está ubicada la firma.

La Justicia asestó un nuevo golpe a los responsables de industrias tucumanas que contaminan los ríos y arroyos que desembocan en el embalse Río Hondo, tras conocerse el fallo del titular del Juzgado Federal 2 de Tucumán, Mario Racedo, donde procesó y embargó por $ 150 mil al gerente general de la citrícola Citromax, Eduardo Lucas Fornaciari, luego de comprobar que la planta arrojó sus desechos a un canal que atraviesa la ciudad de Tafí Viejo y que luego desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Además, esta firma es investigada por la Justicia Federal local en la causa que impulsa el fiscal Simón.
Según informaron fuentes del Juzgado de Tucumán a EL LIBERAL, la causa se originó por denuncias de vecinos y abarcaba también a la citrícola Cota, pero luego el magistrado dispuso separar las causas, porque las industrias arrojan sus residuos a dos cursos hidrológicos distintos. Tras ser citado a indagatoria, el investigado Eduardo Lucas Fornaciari se presentó ante el juez Racedo, para declarar como imputado por infringir el artículo 55 de la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Pruebas contundentes
En los considerandos, el magistrado federal hizo hincapié en que la empresa arrojó sus desechos con los valores de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), de Demanda Química de Oxígeno (DQO), y de sólidos sedimentales, por encima de los parámetros que fija la ley nacional. Esto, de acuerdo con los resultados de los análisis a las muestras tomadas en la zona de descarga de la firma. Tras esta decisión de la Justicia, la causa está más cerca de ir a un juicio oral.
Cerco judicial
La citrícola Citromax lidia con otra causa judicial por contaminación, impulsada por el fiscal federal local, Pedro Simón, en el expediente 4166/10 caratulado “Denuncia Luis Saleme sobre envenenamiento de aguas y daño en el lago contra autores desconocidos”. En ella se investiga la responsabilidad de varias industrias tucumanas en la polución del embalse Río Hondo y sus afluentes.
Como se recordará, el titular del Ministerio Público Fiscal tiene en su poder un informe que compromete seriamente a la firma, en el que autoridades ambientales de Tucumán señalan que los líquidos industriales violan las normas.
Este informe fue incorporado a la causa por Simón como prueba, y contiene datos precisos de cómo contaminaban esta empresa y otras 16 industrias tucumanas. Dicha documentación había sido elaborada por la Dirección de Fiscalización Ambiental de Tucumán (DFA), que a su vez depende de la secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Alfredo Montalván.l
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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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