El salón blanco de Casa de Gobierno de Tucumán fue, en la mañana de ayer, el escenario que dio cauce al diálogo entre representantes de los Pueblos Originarios y funcionarios públicos. Pocas respuestas arrojó el diálogo. A pesar de ser el desalojo una medida ilegal e ilegítima, se propuso instrumentar un protocolo de acción en el intento de “humanizarla”. Frente al resto de problemáticas planteadas, los gobernantes se ampararon en que exceden sus competencias. ContraPunto.
Como corolario de la manifestación realizada el año pasado en repudio al asesinato en Chuschagasta de Javier Chocobar, y a pedido de las Comunidades Indígenas de la Unión Diaguita, se abrió el diálogo con los funcionarios del gobierno. En la cita de ayer, se hicieron presentes alrededor de treinta personas entre Caciques y delegados comuneros de la Comunidades de la Angostura, Colalao del Valle, Chuschagasta, Tolombón, Rodeo, Tafí del Valle, Quilmes con miembros del INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Wenofobia y el Racismo) y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), y representantes gubernamentales de las secretarías de derechos humanos, minería, turismo, flora y fauna, seguridad ciudadana y la Defensoría del Pueblo. A pesar de haber sido invitado a esta instancia, el poder judicial estuvo ausente.“Queremos las tierras que nos corresponden”
Luego del ceremonial saludo y las disculpas por demoras, el primer planteamiento fue el pedido de tierras por la Comunidad de Chuschagasta, que ya presentó la correspondiente documentación, para establecer la personería jurídica y lograr el traspaso de tierras. En sintonía, se manifestó la Comunidad India Quilmes (CIQ) que reclama la restitución de Ciudad Sagrada y cuestiona a quien debe dirigirse por la titularidad de las tierras, ya que no es competencia de los gobernantes presentes. Asimismo, la CIQ repudia los juicios por desalojo, por ser acciones en contra de comuneros de manera individual sin reconocer la lucha colectiva de la Comunidad en su conjunto, pasando por alto la ley 26.160 que prohíbe desalojos en territorios indígenas hasta tanto se sustancie el relevamento territorial de los mismos.
Marcos Pastrana, referente de Tafí del Valle, reprodujo el documento consensuado entre diferentes Comunidades, que resume la problemática de los Pueblos en Tucumán. El escrito, que fue presentado al gobernador José Alperovich el año pasado, trata sobre la falta de ordenación territorial, los conflictos en el uso y la tenencia de la tierra, la minería contaminante, la destrucción del patrimonio histórico y la legislación actual que favorece los intereses puramente económicos en detrimento de los de la comunidad, entre otros puntos. Sumando reclamos, Sergio Condorí, de la CIQ, repudió los desmontes en el Km. 4285 perpetrados por emprendimientos privados. En respuesta, Daniel Manso de la dirección de flora y fauna, se basó en que el ordenamiento territorial que llevan adelante es desde lo ambiental y ecosistémico sin mediar el derecho a propiedad. (VER NOTA: Sin respuestas por parte del gobierno, avanza un tercer desalojo en Colalao del Valle)
Protocolizar una medida ilegal e ilegítima
“Si la justicia falla a favor de los que más dinero tienen, los terratenientes, usurpadores como nosotros los consideramos, ¿realmente que debemos hacer? Van y violan nuestra paz, nuestros derechos, como podemos reaccionar nosotros, si la justicia provincial no hace lo que tiene que hacer, que es lo que quieren de los pueblos originarios, ¿una reacción violenta también? Es una forma de defensa” vaticinó Sergio Condorí de la CIQ, abriendo la discusión frente al ensañamiento policial en los desalojos. María Clemencia Nieva, vice Cacica de La Angostura añadió “¿quien les saca a nuestros niños ese trauma, en el momento que nos sacan, nos rompen las casas, nos llevan por delante, los atropellos, a las mujeres nos golpean y los niños están mirando todo?.
Por ello, se resolvió realizar un protocolo de acción para las situaciones que requieren la participación policial, medida con el que el gobierno indirectamente continúa avalando los desalojos como medida impuesta por el poder judicial. “La justicia y los fiscales nos intiman a realizar las medidas. Nosotros nos resistimos muchísimo a hacer los operativos de desalojo, donde hay familias donde hay gran cantidad de niños. Alto la pólvora, cientos de familias viviendo, casas de materiales y la fiscal nos ha notificado y condenado a realizar la medida en 24 horas bajo amenaza de detenernos a todos, entonces el personal policial se encuentra en una situación sumamente violenta. Los ponen entra la espada y la pared, o los desalojamos o vamos adentro nosotros. Estas situaciones muchas veces no nos dan opción. Y bueno es la majestad de la justicia, que muchas veces no nos da opción” se resguardó César Nieva, subsecretario de seguridad ciudadana.
El próximo encuentro, con fecha tentativa el 10 de mayo, será una reunión con el círculo de magistrados, que intentará un acercamiento al poder judicial. El ensañamiento de los policías en los desalojos, la destrucción de viviendas y bienes personales, las persecuciones a dirigentes comunales, con agresiones y detenciones de por medio, visibiliza que se quiere desarticular la lucha por medio de la intimidación y el amedrentamiento. Esto, ¿será tenido en cuenta por el protocolo?
ContraPunto - Prensa Alternativa
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