Ayer, en una sesión teñida por la coyuntura comicial, y en presencia de alumnos y ambientalistas que rechazan el uso de fondos de la minería en la Universidad, el cuerpo escuchó dos largos informes, uno por la mayoría de la Comisión de Interpretación y Reglamento y otro por la minoría. En el dictamen aprobado se pide la conformación de una comisión revisora especial, "a efectos de que en un plazo de 30 días profundice la investigación realizada por la Comisión de Interpretación y Reglamento sobre las distintas anomalías detectadas y señaladas en el presente dictamen".
En otro punto, se faculta a la comisión especial por designar "a realizar las requisitorias que correspondan a efectos de que el señor rector y los funcionarios que correspondan, aporten en plazos perentorios la información requerida para arribar a conclusiones definitivas y determinar las líneas de acción que permitan determinar las responsabilidades en los hechos investigados". La única abstención fue del consejero Ramón Torres Zuccardi, que ayer fue elegido miembro de la Junta Electoral, y que fundamentó su abstención en "la necesidad de no generar suspicacias políticas".
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