El juez Racedo se declaró incompetente para investigar cifras sobre la mortalidad infantil
La Justicia Federal no intervendrá en la denuncia formulada por el peronista disidente López.
Mario Racedo, que se desempeña durante la presente feria, declaró ayer la incompetencia de la Justicia Federal para entender en la denuncia formulada por el peronista disidente Oscar López, que ahora será girada a la Justicia provincial. El dirigente había advertido sobre la supuesta implementación de un plan destinado a registrar la muerte de quienes nacen con hasta 500 gramos de peso en La Maternidad, para que figuren como muertes fetales, con el fin de "disminuir falsamente los índices correspondientes a la tasa de mortalidad infantil de Tucumán".
López había solicitado que la cuestión, por su presunta gravedad y urgencia, fuera declarada como asunto de feria.
Racedo se pronunció en el mismo sentido en que lo había hecho en su dictamen (no vinculante) el titular de la Fiscalía Federal N 1, Emilio Ferrer. En la resolución, el magistrado subrogante concluyó que, en el caso, no se da ninguno de los supuestos que habilitan la competencia excepcional de la Justicia Federal, dado que la denuncia no involucra a funcionarios por el desempeño de cargos ni por el uso de recursos nacionales.
López, en cambio, aseguraba que la Justicia Federal es la competente para investigar los hechos que, según la denuncia, se producirían en la Maternidad, dado que los supuestos delitos "se encuadran en la tipología y en los derechos y obligaciones establecidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos, incorporados a la Constitución nacional".
El dirigente había pedido que se investigara a los ministros de Salud Juan Manzur (Nación) y Pablo Yedlin (Tucumán), y a profesionales de la Maternidad, como Roxana Chahla (directora); José Núñez (jefe de Sala de Partos); Sandra Tirado y Cristina Majul (programa Materno Infantil), y Alba Brizuela.
Que la denuncia involucre a Manzur (vicegobernador actualmente de licencia) era uno de los elementos para que el planteo se hiciera en el fuero federal. No obstante, en su dictamen, Ferrer ya había expresado: "los hechos denunciados habrían ocurrido en oportunidad en que este actuaba como funcionario provincial. La investidura federal de los funcionarios nacionales rige cuando la conducta que se le atribuye estuviera vinculada con su desempeño".
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