El juez federal de feria, Daniel Bejas ordenó el viernes a la SAT proveer en forma urgente de agua potable a los pobladores de la localidad de El Rodeo. El magistrado analizó un informe elaborado por el Siprosa que da cuenta del estado de insalubridad del agua en la zona y sobre la contaminación del arroyo Matazambi, del cual dependen las 30 personas que residen en el lugar. Se sospecha que la contaminación del arroyo (además posee un alto índice de arsénico) que afecta a la cuenca Salí-Dulce, estaría causa por efluentes provenientes de piletones de tratamiento ubicado en la localidad cercana de Los Guayacanes.
Un informe del Siprosa fue clave para que el viernes el juez federal de feria, Daniel Bejas, resolviera ordenar a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) a que en forma urgente provea de agua potable a las familias instaladas a orillas del arroyo Matazambi de la localidad de El Rodeo en la comuna de Lamadrid (Juan Bautista Alberdi).
El juez (originalmente a cargo de la subrogancia del Juzgado Federal Nº1) aseguró en diálogo con PRIMERA FUENTE que dispuso la medida tras constatar mediante un estudio realizado por el Siprosa que el agua de la zona no es apta para su consumo.
La medida de Bejas se enmarca en la causa iniciada por las ONG ambientalistas Uni.Vec (Concepción) y Pacto Verde (Monteros) e impulsada durante la semana pasada por el entonces fiscal federal de feria, Antonio Gómez (a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán).
Los estudios del Siprosa realizados en diciembre confirmaron la contaminación del Matazambi y la presencia de arsénico en un nivel superior al 170 por ciento (según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud). Sin embargo, aún no se determinó quiénes son los responsables del daño de origen antrópico del arroyo (el arsénico tiene origen natural).
Hasta ahora, se sospecha que la contaminación sería causada por líquidos provenientes de diez piletones destinados al tratamiento de efluentes ubicados a pocos kilómetros de allí, en el paraje denominado Los Guayacanes (a seis kilómetros al este de la ciudad Alberdi). Se trata de piletas de tierra los cuales, según los ambientalistas denunciantes, no contarían con dispositivos de seguridad y monitoreo, donde se trata la vinaza proveniente del ingenio Marapa y los desechos cloacales de Alberdi.
Por este motivo, Gómez solicitó a Bejas que se cite a indagatoria a Raúl Martínez Alvarado, en calidad socio gerente de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL que explota la Planta de Tratamiento de Efluentes Los Guayacanes, y a Felipe Antonio Arroyo, encargado de esta planta.
Además, el fiscal general federal (reemplazó durante dos días al fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer) también solicitó que se presenten ante el magistrado el presidente del ingenio Marapa (pertenece a la firma Atanor) Miguel Ángel González y al intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos.
Ambientalistas celebran la disposición de Bejas
El referente de Uni. Vec, Gustavo Masmud, elogió la medida del juez Bejas de asistir con agua potable a las familias del El Rodeo. “A diferencia de la Justicia provincial, los funcionario federales sí actuaron con la premura que esta situación demanda. El agua potable para ese poblado era algo esencial”, sostuvo Masmud, quien además, destacó la labor del fiscal a cargo de la causa en los Tribunales de Concepción, Edgardo Sánchez. El docente critió a los jueces provinciales y afirmó que "trabajan con temor y condicionados por otros intereses más allá de la justicia".
Un juez provincial se declaró incompetente en la causa Matazambi
El juez de feria Pedro Roque Arnedo (Juzgado de Menores del Centro Judicial de Concepción) se declaró incompetente en la causa por el estado sanitario y ambiental de un grupo de personas que viven a orillas del arroyo Matazambi, en la comuna de Lamadrid.
El juez sostuvo que la causa es de jurisdicción federal debido a que la contaminación del arroyo afecta a la cuenca Salí-Dulce por lo que la audiencia de avenimiento convocada por el magistrado para ayer finalmente no se realizó.
De este encuentro debían participar cada una de las partes involucradas en la causa: representantes de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL (explota los piletones de tratamiento de efluentes de Los Guayacanes que afectarían el arroyo); dirigentes de Atanor (administra el ingenio Marapa), de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), del municipio de Juan Bautista Alberdi y los referentes de Uni.Vec. Gustavo Masmud y Claudia Cecilia Noguera.
http://www.argenpress.info/2009/01/argentina-tucuman-la-justicia-federal.html
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