Publicado el: 14/08/2010 | En un fallo sin precedentes, la Cámara de Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de tres directivos de la empresa Azucarera Argentina, propietaria del ingenio La Corona. Se los acusa de haber contaminado con efluentes industriales a la cuenca Salí-Dulce. Además, se trabó embargo por un millón de pesos a cada uno de los acusados, quienes podrían ser condenados hasta 10 años de prisión.
De esta forma, sólo resta que el juez federal Nº 1, Daniel Bejas, (a requerimiento del fiscal Nº 1 Emilio Ferrer) disponga la elevación de la causa a juicio oral por los delitos previstos en los artículos 55 (fija las mismas penas a quienes con desechos envenenan o contaminan “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general ”); 57 (establece que las penas se aplicarán a los directores, gerentes, síndicos y administradores de una persona jurídica) y 200 del Código Procesal Penal, el cual fija penas de reclusión o prisión de tres a diez años, al “que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”.
A diferencia de sus colegas, Mender, Wayar y Fernández Vecino sostuvieron la interjurisdiccionalidad del daño causado por el ingenio. Advirtieron que los fluidos que genera el ingenio La Corona (ubicado en Concepción) desembocan en el río Gastona, afluente de la cuenca Salí-Dulce “por lo que estaría afectando el ambiente o las personas más allá de los límites de esta Provincia…”
Las pruebas que justificaron el procesamiento
En forma conjunta, los tres camaristas rechazaron de plano la apelación realizada por la empresa y ratificaron el procesamiento de los tres imputados tal como lo había dispuesto originalmente Bejas. “Las aguas contaminadas llegan hasta la provincia de Santiago del Estero, con grave peligro a la salud, lo cual asevera la posibilidad de daño que requiere este delito, ya que dicha agua sirve de fuente de agua para animales, riego de hortalizas y eventualmente bebida de personas”, alegó el juez federal en su dictamen del 10 de julio de 2008.
Esto no sólo fue ratificado por la Cámara, sino que en el reciente fallo también asentó que el ingenio arroja vinaza por canales pluviales a cielo abierto afectando varios barrios de la ciudad sureña y los ríos Gastona y Medinas.
Además, se recordó que el análisis de muestras obtenidas arrojó parámetros de contaminación muy por encima de lo permitido hasta por normas flexibles como la resolución 1265/03 del Siprosa.
“La Corona ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado, y el resultado es la realización de ese mismo peligro”, se sostiene en el fallo al que tuvo acceso primerafuente.
La causa la inició un vecino de Concepción y la impulsó Fiscalía Federal
La causa contra el ingenio se inició tras la demanda del vecino de Concepción, Carlos Gabriel Fernández, quien denunció que la empresa fabril estaba causando “daños a la salud de la población”.
Paralelamente, el fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez inició de oficio una investigación preliminar el 18 de agosto de 2006, en período de zafra azucarera, a fin de determinar la veracidad de las distintas denuncias por contaminación ambiental.
Gómez determinó que no cabían dudas de que el Ingenio La Corona contaminaba la atmósfera (por medio de partículas en suspensión) y el agua (mediante líquidos no tratados, cachaza y vinaza). Por Esteban Stanich
http://www.primerafuente.com.
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