Durante el fin de semana, los habitantes de Sur de Trejo (a 25 kilómetros de Lamadrid, en el departamento Simoca, sobre la ruta 157) perdieron otras dos vacas. Los lugareños afirman que en los últimos dos años 24 animales murieron por beber de ese arroyo contaminado.
Así, el principal sostén económico de esta comunidad de artesanos de productos lácteos se cae a pedazos. Las vacas desaparecen, tampoco tienen crías y la tierra es cada vez más infértil por la aparente afectación de las napas freáticas.
La causa del grave deterioro ambiental del Matazambi es ocasionada por los efluentes contaminantes que provienen en la planta conocida como “Laguna de Guayacanes”, ubicada a seis kilómetros al este de la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Allí van a parar los desechos industriales del ingenio Marapa y los efluentes cloacales dicha ciudad para ser sometidos a un muy rudimentario tratamiento.
Según una denuncia judicial (ver nota relacionada) el líquido circula por una veintena de piletones donde, aparentemente, se logra una decantación parcial de determinados desechos sólidos. Tras esto, los efluentes, con una altísima carga contaminante, van a parar directamente a través de dos ductos, al arroyo Matazambi, afluente de la cuenca Salí-Dulce. De esta forma se afecta a todas las poblaciones apostadas a sus orillas. Sur de Trejo es sólo un ejemplo de esto.
“Es tan potente la contaminación que tiene el arroyo que animales de más de 200 kilos caen fundidos para agonizar. ¿Acaso la Justicia espera que se muera algún niño? La causa ya lleva 720 días de estancamiento”, denunció Gustavo Masmud, referente de la ONG ambientalista Unión de Vecinos del Sur”. Por Esteban Stanich
El origen de una causa que, hasta ahora, no aportó justicia
Publicado el: 25/08/2010 |
Así es el agua que corre por el Matazambi.
La causa por la contaminación del Matazambi se abrió en septiembre de 2008 por parte de las ONG Unión de Vecinos del Sur y Pacto Verde y tomó impulso de la mano del fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez. La investigación se centró en la violación a la ley nacional 24.051, sobre residuos peligrosos, y fue a parar al Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Daniel Bejas.
En mayo del 2009, Gómez pidió al juez que se cite a prestar declaración indagatoria a Raúl Martínez Alvarado, en calidad socio gerente de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL -explota la planta de Los Guayacanes- y a Felipe Antonio Arroyo, encargado de ésta.
También solicitó que se presenten a declarar el presidente del ingenio Marapa (pertenece a la firma Atanor) Miguel Ángel González y al intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos.
En el requerimiento, que hasta la fecha no prosperó, se adjuntó entre otras pruebas, un informe técnico del Siprosa que confirma que el agua del Matazambi no es apta para consumo humano.
En septiembre de 2009, Bejas recibió en su despacho a pobladores de Sur de Trejo quienes dieron testimonio de esta realidad. En aquella oportunidad el juez prometió recorrer la zona afectada y “dar repuestas inmediatas”, según afirmaron los vecinos a primerafuente.
“Ya se cumplió casi un año desde que el juez escuchó a las victimas, pero el requerimiento a indagatorias, las pruebas documentadas y los testimonios parecen haber servido de nada. El hecho sigue sin ser investigado mientras los animales continúan muriéndose, la gente se empobrece y se afecta gravemente todo el ecosistema de la cuenca Salí-Dulce”, afirmó el dirigente ambiental de Univec, Gustavo Masmud.
“¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas pérdidas económicas más habrá que sumar para que la Justicia inicie acciones y ampare los derechos violados impunemente por industriales y un intendente? A ellos nada parece importarles el envenenamiento de cursos de agua para consumo humano y animal porque seguramente los votos de los afectados no les pertenecen”, concluyó Masmud.** Por Esteban Stanich**
FUENTE: primerafuente.com.ar
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