viernes, 27 de agosto de 2010

Piden una audiencia con el Gobernador por la contaminación del Matazambi

Publicado el: 26/08/2010 | Integrantes de una fundación ambientalista solicitaron al secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, la gestión de una audiencia con el gobernador, José Alperovich, para advertirle la grave situación ambiental que se vive en las márgenes del contaminado arroyo Matazambi.
A través de una nota enviada el lunes, referentes de la Fundación Ave Fénix pidieron a Montalván una reunión urgente con el primer mandatario y los presuntos responsables de esta situación: Raúl Martínez Alvarado (socio gerente de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL -explota la planta de Los Guayacanes-), Felipe Antonio Arroyo (encargado de ese establecimiento); el presidente del ingenio Marapa (pertenece a la firma Atanor) Miguel Ángel González, y el intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos.
Sobre todos ellos pesa un pedido del fiscal general federal, Antonio Gustavo Gómez, para que se los llame a prestar declaración indagatoria. Hasta ahora, el requerimiento (de mayo de 2009) se encuentra en manos del Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Daniel Bejas. La causa se centra en la aparente violación a la ley nacional 24.051, sobre residuos peligrosos.
También se requirió que de la audiencia participen vecinos afectados por la contaminación del arroyo.
Además, los ambientalistas elevaron otro pedido a Montalván para que facilite un informe técnico y filmaciones registradas el viernes pasado cuando personal de la Secretaría de Medio Ambiente recorrió la localidad de Sur de Trejo (ubicado a 25 kilómetros de Lamadrid, departamento Simoca, sobre la ruta 157).
En ese lugar, se estima que ya murieron 24 vacas por haber consumido el líquido contaminado del Matazambi. El origen de esta situación se vincula con la planta conocida como “Laguna de Guayacanes”, ubicada a seis kilómetros al este de la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Allí van a parar los desechos industriales del ingenio Marapa y los efluentes cloacales dicha ciudad para ser sometidos a un muy rudimentario tratamiento.
Según una denuncia judicial (ver nota relacionada) el líquido circula por una veintena de piletones donde, aparentemente, se logra una decantación parcial de determinados desechos sólidos. Tras esto, los efluentes, con una altísima carga contaminante, van a parar directamente a través de dos ductos, al arroyo Matazambi, afluente de la cuenca Salí-Dulce.
La causa por la contaminación de este arroyo se abrió en septiembre de 2008 por parte de las ONG Unión de Vecinos del Sur y Pacto Verde.
En septiembre de 2009, Bejas recibió en su despacho a pobladores de Sur de Trejo quienes dieron testimonio de esta realidad.

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  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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