jueves, 7 de enero de 2010

Desalojan nuevamente familias de la Comunidad India Quilmes

COLALAO DEL VALLE, DEPARTAMENTO DE TAFÍ DEL VALLE

Hoy martes en horas de la mañana y con un importante operativo policial, fue desalojado nuevamente un territorio perteneciente a la Comunidad India Quilmes. Otra vez desconociendo las leyes vigentes como la 26.160, el juez de paz de Colalao del Valle ordenó el desalojo, en una causa en la que ya se había ordenado esta medida, pero luego la comunidad había recuperado ese lugar haciendo valer sus derechos. AMPLIAREMOS. ContraPunto.

Cerca de las seis de la mañana y sin que se notifique a la Comunidad India Quilmes (CIQ) sobre la medida, efectivos policiales desalojaron un territorio, en donde se asentaban cerca de 20 familias de la Comunidad de base de Colalao del Valle, que forma parte de la CIQ.
El juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar volvió a ordenar el desalojo, contradiciendo el marco de protección a los Pueblos Originarios y a la ley 26.160, y su prorroga por tres años, dictada por el Congreso de la Nación el año pasado, con la ley 26.554.
Las familias que hacían guardia en el lugar, que no hbían sido notificadas de la medida, se retiraron pacíficamente del lugar para evitar ser reprimidas. La policía volvió a desarmar las viviendas que ya se estaban volviendo a levantar en ese terreno desde que fue recuperado por la Comunidad.
La CIQ se encuentra evaluando las medidas a tomar a partir de ahora, ya que viene denunciando numerosas irregularidades en la causa (incluso el juez fue denunciado por parcialidad), que además desconoce a la comunidad como interlocutora, reduciendo el litigio a una cuestión de particulares.

ContraPunto – prensa alternativa
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  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

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