La Provincia subsidiará el costo del traslado de los residuos sólidos urbanos de los municipios del Gran San Miguel de Tucumán, cuando se concrete la suspensión en la recepción de la basura en la planta de tratamiento en Pacará Pintado y se la lleve a Overa Pozo (Monte Redondo). El transporte a esa mayor distancia (más de 30 km) insumirá $ 500.000 por mes, como mínimo.
Este es el principal argumento que esgrimirá el Gobierno para conseguir el aval de los intendentes, quienes deben autorizar el cambio porque a ellos le corresponde la administración del destino final de la basura, según la Ley 8.177. Ayer, el gobernador, José Alperovich, se mostró confiado en que nadie se opondrá.
“Creo que todos lo avalarán, no quedan muchas alternativas y, sí o sí, hay que hacerlo. Ya empezamos a trabajar y no se demorará menos de 120 días el traspaso. Nosotros vamos a afrontar la diferencia con recursos propios, porque la Nación no va a poner ningún aporte, y los municipios seguirán gastando el monto que tienen comprometido ahora”, dijo.
El mandatario aclaró que los contratos vigentes con la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL seguirán cumpliéndose y negó que se vayan a producir reclamos judiciales. Insistió en que todos los interesados en este tema quieren una solución de fondo, y no descartó que la firma que administra Pacará Pintado pueda mudarse a Overa Pozo y estar a cargo del nuevo emprendimiento.
Alperovich recordó que hay presentaciones en la Justicia por contaminación de la planta donde está ubicada actualmente, aunque no se pronunció sobre si tenían razón los denunciantes. “Este es un tema muy serio, que debemos resolver definitivamente desde la Provincia”, insistió.
El gobernador reconoció que la nueva erogación no estaba prevista, y que obligará a otro ajuste en las cuentas, similar a los que vienen registrándose desde noviembre por la caída en la coparticipación federal ante la crisis financiera internacional.
“Estamos cuidando cada peso para que hacia afuera no se note, pero con muchos menos recursos que en otros años. Recibimos $ 110 millones menos de coparticipación en los últimos cinco meses y $ 170 o $ 180 millones menos desde que comenzó el conflicto con el campo , y en mayo serían unos $ 15 millones menos que los previstos. Estamos compensando los recursos para que no falten remedios, comida o material escolar y sigan las obras públicas, que es trabajo. Apruebo personalmente gasto por gasto”, resaltó.
Aval de Amaya
El intendente de la capital, Domingo Amaya, fue el primero en consentir públicamente la mudanza: “nosotros tenemos que llevar a cabo lo que la autoridad de aplicación (depende de la Provincia) nos indique, porque es ella la que aconseja, aprueba y define el procedimiento que se debe seguir y dice cuáles son los lugares con apto técnico y ambiental”.
El funcionario municipal reconoció que la ley vigente le confiere la potestad sobre el destino de los residuos, pero advirtió que el régimen depende de las autoridades del Gobierno central provincial. Incluso señaló que no haría falta una ordenanza específica, ya que se adhirieron a la ley provincial.
“Los fondos serán aportados por la Provincia, con la que tenemos firmado el Pacto para el Crecimiento, que nos limita. Luego veremos si es una deuda que se la descuenta o devuelve”, concluyó.
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