jueves, 11 de junio de 2009

El PE pagará el traslado de la basura a Overa Pozo

Alperovich anticipó que el Gobierno ofrecerá el subsidio, que rondará los $ 500.000 mensuales, a los municipios del Gran San Miguel. El mandatario admitió que la erogación no estaba prevista y que deberán realizar ajustes. “Es un tema muy serio que debemos resolver definitivamente”, afirmó.

La Provincia subsidiará el costo del traslado de los residuos sólidos urbanos de los municipios del Gran San Miguel de Tucumán, cuando se concrete la suspensión en la recepción de la basura en la planta de tratamiento en Pacará Pintado y se la lleve a Overa Pozo (Monte Redondo). El transporte a esa mayor distancia (más de 30 km) insumirá $ 500.000 por mes, como mínimo.
Este es el principal argumento que esgrimirá el Gobierno para conseguir el aval de los intendentes, quienes deben autorizar el cambio porque a ellos le corresponde la administración del destino final de la basura, según la Ley 8.177. Ayer, el gobernador, José Alperovich, se mostró confiado en que nadie se opondrá.
“Creo que todos lo avalarán, no quedan muchas alternativas y, sí o sí, hay que hacerlo. Ya empezamos a trabajar y no se demorará menos de 120 días el traspaso. Nosotros vamos a afrontar la diferencia con recursos propios, porque la Nación no va a poner ningún aporte, y los municipios seguirán gastando el monto que tienen comprometido ahora”, dijo.
El mandatario aclaró que los contratos vigentes con la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL seguirán cumpliéndose y negó que se vayan a producir reclamos judiciales. Insistió en que todos los interesados en este tema quieren una solución de fondo, y no descartó que la firma que administra Pacará Pintado pueda mudarse a Overa Pozo y estar a cargo del nuevo emprendimiento.
Alperovich recordó que hay presentaciones en la Justicia por contaminación de la planta donde está ubicada actualmente, aunque no se pronunció sobre si tenían razón los denunciantes. “Este es un tema muy serio, que debemos resolver definitivamente desde la Provincia”, insistió.
El gobernador reconoció que la nueva erogación no estaba prevista, y que obligará a otro ajuste en las cuentas, similar a los que vienen registrándose desde noviembre por la caída en la coparticipación federal ante la crisis financiera internacional.
“Estamos cuidando cada peso para que hacia afuera no se note, pero con muchos menos recursos que en otros años. Recibimos $ 110 millones menos de coparticipación en los últimos cinco meses y $ 170 o $ 180 millones menos desde que comenzó el conflicto con el campo , y en mayo serían unos $ 15 millones menos que los previstos. Estamos compensando los recursos para que no falten remedios, comida o material escolar y sigan las obras públicas, que es trabajo. Apruebo personalmente gasto por gasto”, resaltó.

Aval de Amaya
El intendente de la capital, Domingo Amaya, fue el primero en consentir públicamente la mudanza: “nosotros tenemos que llevar a cabo lo que la autoridad de aplicación (depende de la Provincia) nos indique, porque es ella la que aconseja, aprueba y define el procedimiento que se debe seguir y dice cuáles son los lugares con apto técnico y ambiental”.
El funcionario municipal reconoció que la ley vigente le confiere la potestad sobre el destino de los residuos, pero advirtió que el régimen depende de las autoridades del Gobierno central provincial. Incluso señaló que no haría falta una ordenanza específica, ya que se adhirieron a la ley provincial.
“Los fondos serán aportados por la Provincia, con la que tenemos firmado el Pacto para el Crecimiento, que nos limita. Luego veremos si es una deuda que se la descuenta o devuelve”, concluyó.

NOTA ORIGINAL

No hay comentarios:

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!