viernes, 20 de mayo de 2011

Un empresario procesado y otros 2 a juicio por contaminar

JUSTICIA FEDERAL DE TUCUMÁN

INVESTIGACIÓN. La Justicia Federal de Tucumán tiene en la mira al dueño del ingenio Nuñorco, al considerar que esta firma contaminó un río que tributa a la cuenca Salí-Dulce.
El juez federal Racedo resolvió el procesamiento de un industrial del ingenio Ñuñorco por violar la ley de residuos peligrosos. Además, elevó a juicio a los responsables de la citrícola La Cota por daño ambiental de la Cuenca Salí-Dulce.
La Justicia Federal asestó un fuerte golpe a los industriales de Tucumán, señalados como los responsables de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, una problemática que repercute en el ecosistema del lago del embalse Río Hondo. El Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo de Mario Racedo, resolvió procesar a Julio Colombres, propietario del ingenio Nuñorco como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos. Ese ingenio, según la Justicia, contaminó el río Pueblo Viejo que aporta sus aguas al río Salí.
También por este mismo delito, el magistrado federal de la vecina provincia resolvió elevar a juicio oral la causa contra José Trujillo y Miguel Paz Posse, directivos de la citrícola Cota, factoría que vuelca sus residuos industriales en un canal de Tafí Viejo, que también desemboca en el río Salí. Es la primera vez que poderosos industriales se ven seriamente comprometidos ante la Justicia.
Esta información fue revelada a EL LIBERAL por altas fuentes del Juzgado Federal Nº 2, las que remarcaron que hay “preocupación en la magistratura” de Tucumán para frenar el daño ambiental a la cuenca Salí-Dulce. Al respecto, señalaron que los primeros que sufren la contaminación son los propios tucumanos. En tanto, desde el fuero federal local, el fiscal Pedro Simón opinó que estas resoluciones demuestran que el Juzgado Federal de Santiago va por el camino correcto al buscar imputar a los responsables de las firmas que arrojan sus residuos al río interjurisdiccional (ver nota página 5).

Embate judicial
En la primera resolución, Racedo ordenó el procesamiento, sin prisión preventiva, del presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán (Cart), Julio Colombres, que además de ser dueño del ingenio Nuñorco, es propietario del ingenio Santa Bárbara (investigado por el juez federal local Guillermo Molinari) y administrador del Aguilares. El juez de instrucción federal también dispuso trabar un embargo de 200 mil pesos contra el empresario azucarero a los fines de garantizar las responsabilidades civiles y costas procesales derivadas de la causa.
Según explicaron a EL LIBERAL las mismas fuentes, la causa contra Colombres se inició en 2007 tras una investigación preliminar realizada por el Ministerio Público Fiscal Federal de Tucumán, que en plena zafra de ese año ordenó un allanamiento en el ingenio Ñuñorco, ubicado en la ciudad de Monteros. El objetivo de esta medida era obtener muestras de los efluentes que esa fábrica arrojaba en el río Pueblo Viejo.
Las muestras reflejaron que los desechos volcados excedían los parámetros de las demandas bioquímica y química de oxígeno y de los límites de sedimentos sólidos que prevé la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y sus anexos.

A juicio oral
En el segundo caso, el juez dio por clausurada la instrucción del sumario y elevó a juicio oral la causa en contra de José Antonio Trujillo y Miguel José Paz Posse, directivos de la citrícola Cota, al determinar que distintas pericias científicas confirmaron que la fábrica envenenó con efluentes industriales las aguas del canal a cielo abierto denominado Arroyo Tafí.
Esta causa se inició en 2006 por una denuncia de vecinos de distintos barrios de Tafi Viejo que lindan con la citrícola y que impulsó el ex defensor de Tucumán, Jorge García Mena. Para el fallo del juez, fueron importantes los informes producidos por la Dirección General de Saneamiento Ambiental del Siprosa (organismo de sanidad tucumano) y una pericia realizada por expertos de la Gendarmería Nacional, en la cual se constató que la citrícola “estaría vertiendo residuos considerados como desechos peligrosos en el canal o Arroyo Tafí”.
Por otro lado, criticaron al sector empresarial de Tucumán al indicar que “advertido el problema, las respuestas de los factores económicos que son los generadores de la contaminación, son desproporcionadas o reducidas en términos de tiempo, de investigación y de inversión”.l 


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  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
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  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
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