Las organizaciones sociales, las asambleas ciudadanas, ambientalistas y ecologistas denunciamos que en Tucumán, los Pueblos Originarios son víctimas de una violación sistemática de los derechos constitucionales y los tratados internacionales que los ampara y fundamentalmente la no aplicación de la ley 26.160, la cual compromete que suspende los desalojos y todas las medidas judiciales y administrativas sobre las comunidades originarias acreditadas en el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) del Ministerio de Acción Social, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales de la Nación.
En la actualidad y en el marco de desalojos violentos, por aplicación de una estrategia persecutoria indiscriminada, coordinada con la fuerza policial de Tucumán y Salta, la Comunidad Indio Colalao desconoce quiénes son las personas que tienen orden de detención. Por trascendidos, aparentemente, serían 25 las personas que son perseguidas por la policía tanto en Tucumán como en Salta. Sabemos que dos comuneros ya están detenidos, Beco Mercado en la comisaría de Yerba Buena; Manuel Pastrana, en la Jefatura de la capital tucumana.
La Comunidad Indio Colalao sufre hoy la usurpación de sus territorios ancestrales, el permanente hostigamiento del actual usurpador de miles de hectáreas en la localidad de Riarte, Trancas; con actos de violencia, acompañado de desmontes, siembra de soja, uso de agrotóxicos, contaminación del suelo y ríos tributarios de la cuenca Salí Dulce, avanzando con desalojos violentos, aislando a la Comunidad, enajenando bienes materiales y ganado. No es un caso único ni aislado. Esta situación es generada por parte de empresarios inescrupulosos que poseen estrechos lazos con los funcionarios del Poder Judicial, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, quienes poseen, en el caso de la judicialización de comuneros de Riarte, como brazo ejecutor de esta política de persecución y continuidad de genocidio, a la figura del fiscal Guillermo Herrera y al juez Juan Francisco Pisa.
Asimismo denunciamos a la Opinión Pública el hecho de que los asesinos de Javier Chocobar, miembro de la Comunidad India de Chuschagasta, gozan de libertad mientras que en notas periodísticas de medios locales se informa que se persigue a comuneros y comuneras Indio Colalao junto a su Cacique; a quienes se les adjudica supuestos hechos delictivos. Cabe destacar que en Tucumán, mientras “celebraban el día de la Independencia”, mantenían detenidos 4 comuneros de la comunidad Diaguita Pueblo de Tolombón con similares e injustos procedimientos profundizando la política de criminalización de las personas que defienden sus derechos.
Ante esta grave situación, convocamos a un estado de Alerta Permanente a todas las organizaciones regionales y nacionales como así también a toda la ciudadanía.
Exijamos al gobierno provincial y nacional que cesen los atropellos, la criminalización y la inmediata aplicación de la ley 26.160.
Firman: ASANOA (Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino), Frente Popular Darío Santillán
se agradece adherir y reenviar
contactos: 0381 155589446 / 156450884
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