jueves, 2 de agosto de 2012

COMUNICADO: VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN TUCUMÁN- Comunidad Indio Colalao



 
Las organizaciones sociales, las asambleas ciudadanas, ambientalistas y ecologistas denunciamos que en Tucumán, los Pueblos Originarios son víctimas de una violación sistemática de los derechos constitucionales y los tratados internacionales que los ampara y fundamentalmente la no aplicación de la ley 26.160, la cual compromete que suspende los desalojos y todas las medidas judiciales y administrativas sobre las comunidades originarias acreditadas en el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) del Ministerio de Acción Social, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales de la Nación.

En la actualidad y en el marco de desalojos violentos, por aplicación de una estrategia persecutoria indiscriminada, coordinada con la fuerza policial de Tucumán y Salta, la Comunidad Indio Colalao desconoce quiénes son las personas que tienen orden de detención. Por trascendidos, aparentemente, serían 25 las personas que son perseguidas por la policía tanto en  Tucumán como en Salta. Sabemos que dos comuneros ya están detenidos, Beco Mercado en la comisaría de Yerba Buena; Manuel Pastrana, en la Jefatura de la capital tucumana.
 
La Comunidad Indio Colalao sufre hoy la usurpación de sus territorios ancestrales, el permanente hostigamiento del actual usurpador de miles de hectáreas en la localidad de Riarte, Trancas; con actos de violencia, acompañado de desmontes, siembra de soja, uso de agrotóxicos, contaminación del suelo y  ríos tributarios de la cuenca Salí Dulce, avanzando con desalojos violentos, aislando a la Comunidad, enajenando bienes materiales y ganado. No es un caso único ni aislado. Esta situación es generada por parte de empresarios inescrupulosos que poseen estrechos lazos con los funcionarios del Poder Judicial, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, quienes poseen, en el caso de la judicialización de comuneros de Riarte, como brazo ejecutor de esta política de persecución y continuidad de genocidio, a la figura del fiscal Guillermo Herrera y al juez Juan Francisco Pisa.
 
Asimismo denunciamos a la Opinión Pública el hecho de que los asesinos de Javier Chocobar, miembro de la Comunidad India de Chuschagasta, gozan de libertad mientras que en notas periodísticas de medios locales se informa que se persigue a  comuneros y comuneras Indio Colalao junto a su Cacique; a quienes se les adjudica supuestos hechos delictivos. Cabe destacar que en Tucumán, mientras “celebraban el día de la Independencia”, mantenían  detenidos 4 comuneros de la comunidad Diaguita Pueblo de Tolombón con similares e injustos procedimientos profundizando la política de criminalización de las personas que defienden sus derechos.
 
Ante esta grave situación, convocamos a un estado de Alerta Permanente a todas las organizaciones regionales y nacionales como así también a toda la ciudadanía.
Exijamos al gobierno provincial y nacional que cesen los atropellos, la criminalización y la inmediata aplicación de la ley 26.160.
 
 
Firman: ASANOA (Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino), Frente Popular Darío Santillán

se agradece adherir y reenviar

contactos: 0381 155589446 / 156450884

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VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

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