miércoles, 15 de agosto de 2012

Avance sojero


Desalojo y detenciones

Por Darío Aranda

“El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán”, denunció la comunidad Indio Colalao, del norte provincial, que sufrió dos represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan desde el 1600. También enfrentaron 25 pedidos de detención por no acatar el desalojo y dos miembros de la comunidad estuvieron apresados durante doce días. El motivo: 19 mil hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de soja. “Jueces y políticos violan nuestros derechos y sólo benefician a los que tienen dinero”, acusó Cynthia Ovejero, vocera de la comunidad.
La comunidad Indio Colalao vive en Riarte, norte de Tucumán, casi al límite con Salta. La historia de la comunidad incluso da nombre a la localidad (Martín Riarte, comunero diaguita del siglo XVII, es ancestro de la actual comunidad Colalao y de él proviene el nombre del lugar).
Desde la década del ’90 mantienen conflictos con privados que pretenden 19 mil hectáreas para agricultura. Enfrentaron desde amenazas y matanza de animales hasta contaminación de pozos de agua e intentos de desalojos. En 2005, el Estado provincial cerró la escuela primaria 31. Los chicos de la comunidad tienen que caminar todos los días catorce kilómetros para asistir a clase en Salta (deben atravesar el río Anta). La comunidad identifica este hecho como otra acción para que las familias abandonen la tierra.
La ley 26.160, sancionada en 2006, insta a realizar el relevamiento catastral de los territorios indígenas y suspende los desalojos. En 2010 comenzó el relevamiento en Riarte y la comunidad sindica ese hecho como el motivo que aceleró el proceso represivo.
En septiembre de 2010, el empresario Freddy Moreno Núñez Vela cerró el único camino vecinal que permitía el ingreso de vehículos. A inicios de junio pasado fue desalojado el comunero Elías Apaza, de 90 años y no vidente. La comunidad exigió explicación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al gobierno provincial, pero no obtuvo respuesta.
El 23 de junio, la policía provincial allanó la comunidad indígena por orden de la jueza Ema de Nucci y a pedido del fiscal Guillermo Herrera. Acusaron a una decena de comuneros por “usurpación” y robo al terrateniente. El 4 de julio –otra vez por pedido del fiscal Herrera y por orden del juez Juan Francisco Pisa– llegaron a la comunidad tres colectivos y 20 camionetas con policías (unos 300 efectivos) para realizar la “restitución provisoria” (según consta en el acta de desalojo) de la tierra al empresario. Luego de las 15 comenzaron la represión y el desalojo. Hubo balas de goma, corridas y palazos policiales.
La cacique María Lilia Delgado acusó a los privados Moreno Núñez Vela (titular de la firma agropecuaria Zanja Honda) y a Jorge Posee (de la empresa Agro Avance). El 25 de julio, el fiscal Guillermo Herrera solicitó la detención de 25 integrantes de la comunidad. El juez Pisa apoyó el pedido del fiscal. La acusación: “Tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros”. Dos días después detuvieron a Alberto Mercado y Manuel Pastrana. Estuvieron en prisión durante doce días.
La ONG Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos denunció la “criminalización de la lucha indígena en Tucumán”. Cuestionó al fiscal Herrera y a los jueces Nucci y Pisa. “La bochornosa actuación de la Justicia tucumana sigue dando muestras de cuán vulnerables pueden ser los principios del debido proceso”, explicó la directora, Josefina Doz Costa.
Amnistía Internacional Argentina acaba de solicitar al gobierno nacional que “respete los derechos humanos” de los pueblos originarios. “El Gobierno debe poner fin a los desalojos que se llevan adelante en distintas provincias y entregar los títulos de propiedad comunitaria de las tierras ancestrales”, reclamó. Citó como casos emblemáticos de expulsión de comunidades y “violenta represión estatal” a las provincias de Formosa, Neuquén, Salta y Tucumán.
La comunidad indígena de Colalao alertó que los pueblos originarios de Tucumán están padeciendo una “cacería que recuerda el genocidio de Julio Argentino Roca en la Campaña del Desierto”. La vocera Cynthia Ovejer adelantó qué hará la comunidad: “Seguiremos peleando por nuestros territorios”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-201006-2012-08-14.html

No hay comentarios:

VOLVER A ARGENTINA CONTAMINADA

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!