sábado, 12 de noviembre de 2011

Las pesquisas por la contaminación del río Salí "salpican" a 23 firmas tucumanas

Sábado 12 de Noviembre de 2011 | Un sector significativo de la economía tiene procesos judiciales en trámite por supuesta violación de la Ley de Desechos Peligrosos. El vertido de efluentes industriales compromete a ingenios, citrícolas, concesionarias de servicios públicos, frigoríficos, una minera y una papelera


La problemática de la contaminación de los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce involucra a un volumen relevante de empresas tucumanas y a la mayor parte de los grandes actores industriales. Al menos 23 establecimientos fabriles tienen procesos en trámite en la Justicia Federal por supuesta transgresión a la Ley de Desechos Peligrosos Nº 24.051, según el listado confeccionado por LA GACETA en el contexto de la cobertura de las causas ambientales iniciadas a partir de la denuncia que presentó el Gobierno de Santiago del Estero en el año 2005. 

Los procesos judiciales alcanzan a 14 ingenios, dos empresas concesionarias de servicios públicos, tres frigoríficos, dos citrícolas, una fábrica de papel y una minera. En todos los casos, el Poder Judicial investiga si el vertido de los efluentes que provienen de esas industrias es susceptible de envenenar, adulterar o contaminar el tramo tucumano de un río que nace en Catamarca y Salta, atraviesa Santiago y termina en la provincia de Córdoba. 

La mayor parte de los expedientes son instruidos en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo del magistrado subrogante Mario Racedo -hasta que asuma Fernando Poviña, el nuevo juez-, de turno en la época en que las autoridades santiagueñas dedujeron su denuncia. 

En los cinco años transcurridos desde el desglose de aquella presentación, la unidad judicial de Racedo llevó adelante pesquisas en 19 empresas: Construcciones y Servicios La Banda SRL y Sociedad Aguas del Tucumán -firmas concesionarias respectivamente de la planta de tratamiento de residuos Pacará Pintado, y del servicio de cloacas y de agua potable-; las citrícolas Cota y Citromax; los ingenios Santa Rosa, Nuñorco, La Trinidad, Cruz Alta, La Florida, Aguilares, Fronterita, Santa Bárbara, San Juan y La Providencia; Papelera del Tucumán; los frigoríficos Moderno, La Barraca y Fidensa, y Minera Alumbrera. 

Por la excusación del juez federal Nº 2, tres causas por supuesta contaminación del Salí recayeron en el Juzgado Federal Nº 1 que encabeza el magistrado Daniel Bejas: se trata de las investigaciones de la conducta de los ingenios Concepción, Marapa y Leales. Ese despacho sustancia también los expedientes del ingenio La Corona, y los iniciados por la supuesta contaminación del arroyo Calimayo y de la laguna de Guayacanes, causas donde concurren industrias mencionadas en el párrafo anterior. 

La Justicia Federal dictó procesamientos en 11 de estas causas. Las resoluciones afectan a 14 industriales imputados en 10 procesos que tramitan en el Juzgado Federal Nº 2: Mario Delfor Criado (Construcciones y Servicios La Banda SRL); Miguel Paz Posse y José Antonio Trujillo (Cota); José Antonio Fernández (Santa Rosa); Julio Colombres (Nuñorco); Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep (La Trinidad); Jorge Velasco y Adrián Leopoldo Conde (Papelera Tucumán); Manuel Aarón Bliman (La Barraca); Jorge Javier Rodríguez Arreyes y Héctor Eduardo Lavaguetti (Moderno); Leopoldo Domingo Uciardello (Cruz Alta), y Eduardo Lucas Fornaciari (Citromax). 

El juez Bejas, por su parte, ordenó procesar a Enrique Fausto GonzálezHéctor Gregorio Mateos y Silvio José Peluffo, todos directivos del ingenio La Corona. Este expediente tiene un requerimiento de elevación a juicio oral y una audiencia fijada para el 30 de noviembre donde se tratará la "probation" (suspensión del juicio a prueba previsto en el artículo 76 ter. del Código Penal) que los procesados ofrecieron para evitar una eventual sentencia condenatoria. 

Matices procesales 

Las otras causas radicadas en el Nº1 transitan por la etapa previa a la resolución de la situación procesal de los imputados, acto donde el juez define si hay pruebas suficientes para dictar el procesamiento o si, por el contrario, corresponde disponer la falta de mérito o el sobreseimiento. 

Aunque con matices, en esa misma situación se hallan las investigaciones que el Juzgado Federal Nº 2 lleva adelante respecto de los ingenios La Florida, Aguilares, Fronterita, Santa Bárbara y La Providencia; el frigorífico Fidensa y la Sociedad Aguas del Tucumán. Con mayor dificultad avanzan las causas que involucran a Minera Alumbrera y al ingenio San Juan. En el primer caso, el progreso accidentado obedece al fallo de 2009 de la Cámara Nacional de Casación Penal que resolvió anular el procesamiento de Julián Rooney y que, en los hechos, obligó a iniciar nuevamente la compleja pesquisa. En cuanto al ingenio San Juan, resulta que el Juzgado Federal Nº2 citó dos veces a indagatoria al directivo Roberto Mario Ortiz y dos veces la audiencia no pudo ser celebrada por la incomparecencia del imputado. 

A mediados de este año, el Juzgado Federal N° 2 resolvió elevar a juicio oral a dos de sus 10 causas con procesados: frigorífico La Barraca y citrícola Cota. Papelera del Tucumán, por su parte, fue la primera empresa tucumana en pedir -y obtener- la "probation" ambiental. Racedo (o, en su defecto, Poviña) debe analizar si los procesados cumplieron el programa de acciones propuesto oportunamente para librarse de una posible sanción penal.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/464629/Economia/pesquisas-contaminacion-rio-Sali-salpican-23-firmas-tucumanas.html

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  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
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  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
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