miércoles, 26 de diciembre de 2007

UN VECINO PIDIÓ LA CLAUSURA DE LA FÁBRICA




Un juez pide la intervención del Estado por la contaminación del ingenio La Trinidad

El ingenio La Trinidad está otra vez en la mira de la Justicia.

Una fábrica en la mira de los vecinos

El ingenio La Trinidad es una de las fábricas más cuestionadas por los vecinos del sur de la provincia. “Es impresionante el olor a ácido que emana la fábrica en estos días, cuando se encuentra destilando sin utilizar las chimeneas con filtros. Además, tiene una cantidad importante de bagazo acumulado en el ingenio”, se quejó Gustavo Masmud, representante de la agrupación Unión Vecinos del Sur (Univec).

Durante los últimos dos años, fueron incesantes las protestas de los vecinos por la lluvia de cenizas que generaba la fábrica. Según algunos estudios, es el segundo ingenio que más contaminación atmosférica provoca en la zona.

A través de una acción de amparo, un vecino de La Trinidad le pidió a la Justicia Federal la suspensión de la actividad fabril y clausura del ingenio La Trinidad por la contaminación que genera. Antes de tomar una resolución definitiva, el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, dispuso la intervención del Ministerio Público Fiscal, los gobiernos de Tucumán y de Santiago del Estero, las Defensorías del Pueblo y de la Nación. También solicitó a la UNT que conforme una terna de peritos para que se pronuncie sobre esta cuestión. Y citó a todos, a una audiencia para el 28 de marzo del 2008.

Harto de la contaminación que genera el ingenio La Trinidad, un vecino de esa localidad sureña (aún no se conoce oficialmente su nombre) le pidió a la Justicia Federal, a través de una acción de amparo, la suspensión de la actividad y clausura de la fábrica azucarera. La decisión está en manos del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, quien antes de emitir su fallo dispuso la intervención tanto del Ministerio Público Fiscal como de los gobiernos nacional y provincial, a fin de que participen en la resolución de la medida que fue solicitada ante el peligro ambiental que representa la industria tucumana. Y, además de pedir múltiples informes a distintas dependencias oficiales y a la UNT, citó a todas las partes de la causa y a terceros a una audiencia que se realizará el 28 de marzo de 2008, en el juzgado actuante.

En su decreto emitido el 19 de diciembre pasado, Racedo no tan solo decidió pedirle participación al Ministerio Público Fiscal sino también, como terceros interesados, a las Defensorías del Pueblo de la provincia y de la Nación; y a los gobiernos de Tucumán, Santiago del Estero y hasta al Estado nacional. En este último caso, resaltó que lo convoca “como garante de los derechos relativos al medio ambiente consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en los instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22)”.

También requirió informes a los propietarios del Ingenio y Destilería La Trinidad, referidos a los líquidos que elimina en consecuencia de su actividad productiva, su volumen, cantidad y descripción, como así también emisión de gases o vertimiento de fluidos tóxicos y peligrosos en época de actividad fabril. Y que explique si existe un tratamiento de esos líquidos.

Al margen de este informe, el juez Racedo ya tiene en sus manos los resultados de los análisis referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), que realizó personal especializado de Gendarmería nacional en el marco de la causa sobre once ingenios azucareros, entre los que se encuentra La Trinidad. Estos son investigados por presunta violación a la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 (esta causa está en el marco de una denuncia del gobierno santiagueño por la contaminación a las aguas de la Cuenca Salí-Dulce). Como resultado, los análisis, que se realizaron sobre muestras de agua, revelaron que ambas demandas superan los parámetros de contaminación estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.

En el caso del gobierno provincial, el magistrado solicitó que la Secretaría de Medio Ambiente informe sobre si el ingenio demandado presentó un plan integrado que prevea la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos que emanaren de la fábrica, como así también si cumple con esos objetivos y que explique sobre los estudios de impacto ambiental de la fábrica en cuestión.

También acudió a las Facultades de Ciencias Exactas y Tecnología y de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para que propongan una terna de profesionales a fin de que se desempeñen como peritos en materia ambiental. El objetivo del Juzgado, aclara, es que se pronuncien sobre esta causa.

La medida dispuesta por Racedo también fue puesta a consideración del fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, quien dará a conocer su opinión esta semana.



http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=39247

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  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
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