viernes, 21 de diciembre de 2007

La Comunidad Quilmes quiere saber cómo se explotará el lugar

LUCHA POR LA TIERRA

La semana pasada la policía desalojó a Cruz. Ahora, los Quilmes esperan poder explotar su Ciudad Sagrada. (Foto Comunidad Quilmes)
Varios referentes de la comunidad autóctona adelantaron que mañana se levantará el corte cuando se concrete una asamblea popular. El corte de ruta a metros del acceso a la Ciudad Sagrada (o Ruinas de Quilmes) comenzó a fines de noviembre en reclamo por el desalojo del empresario Héctor Cruz quien administró el sitio durante 15 años. Tras su desalojo, concretado la semana pasada, la continuidad de la medida de fuerza tiene como objetivo evitar robos que puedan producirse en el museo o ruinas del predio. El lugar hoy permanece bajo custodia policial y controlado por un delegado dispuesto por el Ente Tucumán Turismo. Pero, ahora los lugareños exigen reunirse con los funcionarios para avanzar en una explotación conjunta del lugar.

La Comunidad India Quilmes, podría levantar mañana el corte sobre el acceso a la Ciudad Sagrada (a 3 kilómetros del cruce entre las rutas 40 y 307) que se mantiene desde el 28 de noviembre pasado en reclamo de participación en la explotación del predio donde se halla en sitio arqueológico reclamado. La medida podría ser resuelta en una asamblea donde se definirán los pasos a seguir frente a la presente problemática.

Todo indicaba que la medida de fuerza iba a concluir el 13 de diciembre pasado cuando en el marco de un importante operativo policial, la Provincia dispuso desalojar al empresario Héctor Cruz quien administró el inmueble en conflicto desde hacía 15 años.

Sin embargo, tras concretar la medida, los lugareños optaron por mantener el piquete hasta hoy. Consultado por primerafuente, el delegado de base de Colalao del Valle, José Díaz, argumentó que el corte tiene como finalidad supervisar que se eviten saqueos de las pertenencias del sitio. Justamente, por estos días, personal dispuesto por el Ente Tucumán Turismo realizó un inventario del lugar tras la expulsión de sus anteriores ocupantes. Mientras tanto, una decena de policías custodian el predio turístico.

Por su parte, Delfín Gerónimo (representante del pueblo diaguita en el Consejo Nacional de Participación Indígena), si bien adelantó la posibilidad de finalizar el corte, reconoció que existe malestar en la comunidad debido a que, tras el desalojo –medida que venía siendo reclamado hace bastante tiempo por los habitantes originarios- ningún funcionario de Turismo se reunió con ellos para definir cómo se explotará el lugar. Se espera que durante la semana próxima ambas partes, posiblemente junto a integrantes del Instituto de Arqueología de la UNT y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se reúnan en búsqueda de avances en tal sentido. La situación confesada por Gerónimo fue corroborada por Marcos Torres, representante de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), institución que trabaja junto al pueblo autóctono. “El Ente Turismo colocó al frente del sitio a un administrador que nada tiene que ver con el Gobierno (se trata el empresario turístico de Sebastián Giobellina). Se sacó a Cruz y parece que instalaron a otro. Esperamos que la comunidad se reúna con los funcionarios prontos para avanzar en la explotación conjunta del complejo”, sostuvo Torres.
http://primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=39200

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  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
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